SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 55/2015-L.

Sucre, 6 de abril de 2015.

Expediente: CBBA.359/2010.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación o nulidad a fs. 67, interpuesto por el Lloyd Aéreo Boliviano S.A. a través de su representante Grover Villanueva Tapia, y el recurso de casación a fs. 71 interpuesto por Andrea Verushka Gonzales Vides contra el Auto de Vista Nº 043/2010 de 2 de marzo, cursante de fs. 63 a 65, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, en el proceso laboral que se tramita en liquidación seguido por Andrea Verushka Gonzales Vides contra el Lloyd Aéreo Boliviano S.A., los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la causa, el Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, emitió Sentencia el 28 de mayo de 2008, cursante de fs. 42 a 44, declarando probada la demanda en lo que respecta a los conceptos de desahucio, indemnización por tiempo de servicios (4 años, 9 meses y 17 días), aguinaldo de la gestión 2007 (12 meses) doble por su incumplimiento en su pago oportuno, vacación de la gestión 2007 a 2008 (15 días) y salarios devengados, e improbada en lo que respecta al 50 % del salario del mes de diciembre del año 2005. Declarando asimismo, improbada la excepción perentoria de pago y prescripción; disponiendo que la empresa demandada cancele la suma de Bs.137.243,61.- a favor de Andrea Verushka Gonzales, más actualización y multa del 30%.

Que en grado de apelación interpuesto por Lloyd Aéreo Boliviano S.A. a través de su representante Grover Villanueva Tapia, cursante de fs. 47, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 043/2010 de 2 de marzo de 2010, cursante de fs. 63 a 65, resolvió confirmar la sentencia apelada, con la modificación inserta en dicha resolución, al disponer la cancelación de la suma de Bs.79.424,48.-, sin costas.

Contra esta resolución ambas partes interponen recurso de casación; así el Lloyd Aéreo Boliviano S.A. a través de su representante Grover Villanueva Tapia, por memorial de fs. 67, planteó recurso de casación y/o nulidad, denunciando lo siguiente:

Que el tribunal ad quem, a momento de emitir el auto de vista recurrido, realizó una valoración e interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, así como de la prueba aportada al proceso, infringiendo lo establecido en el art. 253.1) y 3) del CPC, al consentir la falta de pago oportuno de salarios como causal de retiro indirecto; por cuanto el Decreto Supremo de 9 de mayo de 1937 refiere única y exclusivamente a la rebaja de sueldo; no estando legislada la figura del retiro indirecto por falta de pago oportuno de sueldos, que no puede aplicarse preferentemente al caso presente la jurisprudencia, que es supletoria a la norma jurídica por mandato del art. 228 de la Constitución Política del Estado, que establece la jerarquía normativa en su aplicación.

Que, corresponde dejar sin efecto la actualización y multa prevista en el DS Nº 28699 de 01/05/06 dispuesta en sentencia, toda vez que la actora no acompañó prueba que advierta que el Ministerio de Trabajo, hubiese aprobado el reglamento específico que respalde los procedimientos establecidos conforme establece el art. 13 del mencionado decreto supremo.

Finalmente acusa la nulidad del auto de vista, al considerar que fue pronunciado alterando el orden cronológico, sin ceñirse a su fecha de ingreso, infringiendo normas de orden público (art. 267 del CPC) y fuera del plazo establecido por ley.

Concluye solicitando, que se conceda el recurso para que el Tribunal de Casación, case o en su caso anule el auto de vista.

A su vez, la demandante Andrea Verushka Gonzales Vides, por escrito de fs. 71 interpuso recurso de casación, denunciando en síntesis:

Que el auto de vista lesiona sus legítimos derechos causándola agravios y perjuicios, al haber modificado la liquidación los beneficios sociales, en base a una supuesta demanda realizada por la Federación Sindical de Trabajadores del LAB, en la cual su persona nunca autorizó que se plantee demanda alguna a su nombre.

En base a esos argumentos, denuncia que el ad quem, excluye de su liquidación, los salarios de enero a junio del 2006, de noviembre de 2006 a abril del 2007 y de octubre de 2007 a febrero del 2008 cuando los mismos fueron reconocidos en la demanda que interpuso la federación; asimismo excluye sus duodécimas de aguinaldo de enero a marzo de 2007, que fueron reconocidas en sentencia; siendo que su persona trabajó en la entidad demandada por el tiempo de 4 años, 9 meses y 17 días, que está demostrado documentalmente a tenor de los arts. 151 y 159 del CPT.

Agrega, que la liquidación confirmada en sentencia, presentada al amparo del DS Nº 229 de fecha 21/12/1944 le reconoce la duodécima de aguinaldo no pagados, así como los arts. 5, 7.j) y 162 de la CPE y art. 52 de la LGT en concordancia con el art. 39 del DS Nº 224 de 23/08/1943 reconocen el pago de sus salarios devengados, que no fue desvirtuada por parte del LAB.

Finaliza solicitando que, el Tribunal de Casación case el auto de vista recurrido.

CONSIDERANDO II: Que así planteado ambos recursos, se pasa a considerar el primero interpuesto por el Lloyd Aéreo Boliviano S.A. a través de su representante Grover Villanueva Tapia, de donde se establece lo siguiente:

Con relación al primer punto denunciado, que tiene que ver con la infracción del art. 253.1) y 3) del CPC, no corresponde su acusación, toda vez que esta norma legal simplemente, se limita a describir las causales de procedencia del recurso de casación en el fondo, que justamente en base a esta norma el recurrente interpone el recurso, que constituye el límite para abrir la competencia del tribunal de casación.

De otro lado, al no haber sido motivo de análisis ni consideración por parte del tribunal de alzada, el Decreto Supremo de 9 de mayo de 1937 mencionado por el recurrente, no corresponde su consideración, en sujeción a los alcances de lo previsto en el art. 258.3) del CPC, activándose incluso el principio de preclusión estatuido en los arts. 3.e) y 57 del CPT.

Sin embargo de aquello, sobre el particular debemos puntualizar que el salario es un derecho reconocido por el art. 46 de la Constitución Política del Estado, que determina: “I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución; norma concordante con el art. 48.III de la misma ley fundamental, el cual señala que: “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”; aspectos que demuestran que todo trabajador tiene derecho a una remuneración como contraprestación por el trabajo que realiza que le permita su subsistencia y la de su familia, más aun si conforme al art. 52 de la LGT, la remuneración o salario que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo, no puede demorar su pago fuera de los plazos establecidos por ley, precisamente por su finalidad de subsistencia al que responde; así el art. 53 de la citada ley, establece: “Los períodos de tiempo para el pago de salarios, no podrá exceder de quince días para obreros y treinta para empleados y domésticos…”; por todo ello, se concluye que la renuncia presentada por la actora fue una lógica consecuencia del incumplimiento en el pago oportuno de sus salarios por parte de su empleador, produciéndose en consecuencia su despido indirecto.

Del análisis efectuado, no es evidente que se hubiere vulnerado el principio de jerarquía normativa instituido por al art. 228 de la Constitución de 1967 vigente a momento de la relación laboral, conservada en el art. 410 de la actual Constitución Política del Estado.

En cuanto al segundo punto denunciado; al respecto el art. 13 del DS Nº 28699, establece que “El Ministerio de Trabajo en un plazo no mayor a treinta días de publicado el presente Decreto Supremo, deberá aprobar mediante Resolución Ministerial el Reglamento Específico que respalde los procedimientos establecidos”, seguidamente estipula que: “Los procedimientos a establecerse en el mencionado Reglamento deberán ser simplificados y ágiles, con el objeto de evitar la excesiva burocracia y trámites costosos, largos e innecesarios”; las normas transcritas hacen referencia a la parte procedimental sobre la penalidad ante la falta de pago por parte del empleador del finiquito y demás derechos del trabajador; es decir, los procedimientos a seguir dentro la administración para materializar lo previsto en el art. 9 del decreto supremo citado, precisando además que los reglamentos deben poseer reglas expeditas a fin de evitar lasitud en su tramitación; sin embargo, tal norma no estipula la existencia de esa condición sin la cual pueda aplicarse la citada multa y actualización, cual equivocadamente sostiene el empleador en su recurso.

Referente a la denuncia, que tiene que ver con la nulidad solicitada por alteración del orden cronológico de resolución, al margen que no se encuentra debidamente fundamentado, no se justifica de manera alguna, puesto que no se adecua al principio de trascendencia, por no afectar al derecho a la defensa, al debido proceso ni a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, casos en los cuales y de comprobarse una afectación a los sujetos procesales procedería; menos se cumple con los presupuestos relativos al principio de especificidad; por lo que tampoco respecto a este punto se tiene como efectiva la vulneración del art. 267 del CPC.

En cuanto al recurso de casación planteado por Andrea Verushka Gonzales Vides, si bien no aclara ni precisa que la casación es en el fondo o en la forma, sin embargo por los reclamos expuestos, se colige que se trata de casación en el fondo, por lo que se pasa a considerar el mismo, de donde se establece lo siguiente:

En principio, es menester hacer referencia a lo previsto por el art. 236 del CPC, que obliga al tribunal de apelación a circunscribir sus resoluciones a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación conforme lo dispuesto por el art. 227 del citado procedimiento, así como el principio normativo de congruencia, según el cual la resolución judicial debe ser exacta, precisa y relacionada con la pretensión oportunamente deducida en el pleito, constituyéndose el límite de la potestad jurisdiccional del juzgador, puesto que el contenido de sus resoluciones se encuentran delimitados de acuerdo al sentido y alcance de las peticiones de las partes, a fin de que exista identidad entre la pretensión con lo resuelto.

Sobre el particular, hay que recordar que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, al fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales.

En ese contexto, de los antecedentes del proceso, se tiene que el tribunal de alzada pronunció el auto de vista, confirmando la sentencia, con la modificación de la liquidación, excluyendo los salarios y duodécimas de aguinaldo conforme al detalle figurado en dicho fallo; determinación al que llega, con los fundamentos expuestos en el numeral 4) del único considerando, donde hace referencia a un anterior proceso laboral seguido por la Federación Sindical de Trabajadores del LAB contra la misma empresa, donde se emitió Sentencia de 20 de octubre de 2007, reconociendo a favor de la actual demandante salarios adeudados que corrieron desde diciembre de 2005 hasta junio de 2006, en consecuencia en virtud del principio de concentración, no corresponde el reconocimiento de los periodos solicitados por la recurrente, sino únicamente los meses de abril 2007 y octubre de 2007 a febrero de 2008. Asimismo, habiéndose reconocido las duodécimas del aguinaldo de enero a marzo de 2007 en el indicado proceso, debe excluirse también dichas duodécimas, como se tiene referido.

Sin embargo, el tribunal de alzada de manera oficiosa refiere esta situación, sin ninguna prueba que acredite tal extremo, porque no consta en obrados la Sentencia de 20 de octubre de 2007 ni la escritura pública de reconocimiento de Derechos Laborales y Compromiso de pago de 16 de mayo de 2007, a la que hace referencia y en base a los cuales asume decisión, lo que significa que emitió ese criterio, sin base legal cierta y verificable, por cuanto, no existe dentro del proceso, prueba que desvirtúe las pretensiones del actor en cuanto a su solicitud de pago de salarios devengados por los periodos solicitados, actuando de manera ultrapetita, desconociendo los principios que rigen el derecho laboral.

Al respecto, si bien la valoración y compulsa de las pruebas, es una atribución privativa de los juzgados de instancia e incensurable en casación; sin embargo la ley impone realizar la valoración correcta e idónea de las pruebas aportadas dentro de la substanciación de los procesos judiciales que debe surgir de la actividad probatoria y los hechos probados, así lo determinan los arts. 3.j, 152, 155, 156, 157, 158 y 200 del CPT, lo que no ocurre en el caso presente; por cuanto el tribunal adquem, en la decisión de exclusión de derechos y beneficios de la demandante, aplicó erróneamente el principio de concentración establecido en el citado art. 3.i), toda vez que dicho principio tiene por finalidad concentrar el mayor número de actuaciones procesales y cuestiones a debatir en el proceso, mas no el de pretender traer a colación procesos o actuaciones procesales de otras causas que no tienen existencia real dentro del presente proceso; tampoco tomó en cuenta el principio protector o de favorabilidad, bajo la regla del in dubio pro operario, establecido por el art. 4.I.a) del DS Nº 28699.

Bajo estas premisas, y al ser los derechos de los trabajadores irrenunciables conforme determinan los arts. 162.II de la Constitución Política del Estado de 1967, vigente al momento de producirse los hechos, que establece: “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”, mantenida en el art. 48.III de la Constitución actual, corresponde casar en parte el auto de vista.

En mérito a las consideraciones precedentes, no siendo evidentes las infracciones acusadas por la empresa recurrente, deviniendo estas en infundadas, correspondiendo en consecuencia resolver el recurso de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, y con respecto al recurso de la demandante, corresponde resolver en la forma prevista por el art. 271.4) y 274.II del citado Procedimiento, casando en parte el auto de vista, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I .1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, declara:

a) INFUNDADO el recurso de casación o nulidad, cursante a fs. 67, interpuesto por el Lloyd Aéreo Boliviano S.A. a través de su representante Grover Villanueva Tapia.

b) Con respecto al recurso interpuesto por la demandante Andrea Verushka Gonzales Vides, CASA EN PARTE el auto de vista, dejando sin efecto las exclusiones determinadas; en consecuencia se confirma íntegramente la sentencia de primera instancia.

Sin costas por ser ambas partes recurrentes.

Sin multa por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.