SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 37/2015-L.

Sucre, 2 de abril de 2015.

Expediente: CBBA.319/2010.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 113 a 115, interpuesto por la Empresa Técnica Constructora y de Servicios Olmedo Ltda. Empresa Líder del Consorcio KANATA del Proyecto de Electrificación Rural Fase III a través de su representante Alfredo Rómulo Olmedo Zegarra contra el Auto de Vista Nº 066/2010 de 24 de marzo, cursante de fs. 108 a 110, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, en el proceso laboral que se tramita en liquidación seguido por Ramiro Terrazas Ortuño contra la entidad recurrente, la respuesta de fs. 117, el auto de fs. 117 vta. que concedió el recurso, los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la causa, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, emitió Sentencia el 14 de mayo de 2008, cursante de fs. 81 a 85, declarando probada en parte la demanda en lo que respecta al pago de beneficios sociales: indemnización, desahucio, aguinaldo del año 2006 por 9 duodécimas y 2 días, doble por incumplimiento, del 2007 por 7 duodécimas y 29 días doble por incumplimiento, vacaciones por una gestión y 5 duodécimas, sueldos adeudados medio mes de mayo 2007, junio, julio y 29 días el mes de agosto de 2007, e improbada en los demás puntos demandados; disponiendo la cancelación de Bs.95.673.-, conforme a la liquidación inserta; más la actualización y la multa del 30% conforme dispone el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Que en grado de apelación de fs. 93 a 95 interpuesto por la empresa demandada representado por Alfredo Rómulo Olmedo Zegarra, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 066/2010 de 24 de marzo, cursante de fs. 108 a 110, confirmó la sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

Contra la resolución de segunda instancia, mediante memorial de fs. 113 a 115 la Empresa Técnica Constructora y de Servicios Olmedo Ltda. Empresa Líder del Consorcio KANATA del Proyecto de Electrificación Rural Fase III por intermedio de su representante Alfredo Rómulo Olmedo Zegarra, interpone recurso de casación en el fondo, denunciando lo siguiente:

1.- Que, en el ámbito y efectos que previenen los arts. 450 y 732 del Código Civil, se ha suscrito entre partes, el contrato de prestación de servicios profesionales, que siendo de tracto sucesivo, las partes han adquirido prestaciones y contraprestaciones recíprocas; entre las adquiridas por la empresa, la obligación de pagar por los servicios prestados contra la prestación por parte del contratista (demandado) de planilla de avance de obra y factura de la empresa (no la persona), por su parte el contratista asume las obligaciones de la cláusula octava del contrato; agrega que lo manifestado en el auto de vista que el demandante desempeñaba su trabajo de acuerdo a instrucciones impartidas por el contratante y bajo su estricta vigilancia, hecho que significaría relación de subordinación; al respecto refiere que no es más que una errónea interpretación del contrato, violando el art. 738 del Código Civil, que se incurrió además en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba citada.

2.- De otro lado señala que, el hecho de que se fije el pago de honorarios por servicios profesionales en forma mensual, que no fueron fijos sino variables según avance de obra, no puede interpretarse como pago dentro del marco previsto en el art. 1 de la LGT y art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, máxime si dichos pagos conforme a lo convenido en la cláusula octava del contrato están sujetos a avance de obra, por cuya razón se dio un anticipo a momento de contratar, situación que no fue objeto de análisis; como tampoco fue tomado en cuenta que las facturas de fs. 12 a 14 y de fs. 36 a 43 no solo fue el pago por la relación de servicios, sino además por el alquiler de un vehículo; por esta razón el recurrente considera que no se puede aplicar el principio de primacía de la realidad, interpretándose erróneamente el art. 5 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, solo a favor del demandante.

3.- Expresa que el auto de vista al basarse solo en las declaraciones testificales y sostener que estaría demostrado de que el actor cumplía un horario de trabajo, incurre en error de hecho y de derecho en la apreciación de dicha prueba, que resulta ser insuficiente, puesto que no demostró con libro de asistencia al respecto.

Concluye señalando, que el auto de vista ha violado los arts. 450, 519, 732 y 738 del Código Civil, al interpretar erróneamente y aplicar indebidamente los arts. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, art. 1 de la Ley General del Trabajo y art. 5 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, por aplicar indebida y erróneamente el principio de primacía de la realidad, se vulneró el debido proceso, incurriendo en error de hecho y de derecho en la apreciación del contrato de fs. 57 a 62 y las pruebas testificales de fs. 26 a 31 y fs. 35, por lo que solicita al Tribunal Supremo de Justicia case el auto de vista y revoque la sentencia, declarando improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, se pasa a considerar el mismo, de donde se establece lo siguiente:

Con relación al primer punto denunciado, tiene que ver con la problemática traída en casación sobre la existencia o no de la relación obrero patronal, bajo las características de dependencia y subordinación laboral, debido a que la empresa recurrente sostiene que la relación entre partes conforme al documento suscrito, se encuentra dentro del ámbito civil.

En principio todo trabajo, más allá del grado de preparación técnica o experiencia requerida para cada profesión u oficio, constituye una prestación a favor de otro, por lo cual existe siempre la realización de un acto, la prestación de un servicio o bien la ejecución de una obra; en este marco legal, el DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, establece las características esenciales de la relación laboral, entre ellas: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; b) La prestación del trabajo por cuenta ajena; y, c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación. Con similar entendimiento el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, previene que en las relaciones laborales dónde concurran aquellas características esenciales precedentemente citadas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo.

En ese contexto, se tiene que el elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y el contrato civil de prestación de servicios, radica en que el trabajo se preste dentro o fuera del ámbito de organización y dirección del empresario; puesto que en ambos supuestos las partes convienen la realización del servicio que constituye el objeto del contrato a cambio de un precio cierto. Así en el contrato de arrendamiento de servicios, lo característico es la prestación de estos últimos mediante la contrapartida de un precio o remuneración pactada; en cambio, en el contrato de trabajo laboral, se produce también ese intercambio de prestación de servicios, por el consiguiente pago de un salario, a través de ciertas condiciones específicas de ajenidad y dependencia, que son precisamente, las que permiten su encuadramiento en el ámbito de la legislación laboral.

En efecto, en el contrato de trabajo, el trabajador utiliza los medios propios de la empresa, donde el empleador ejerce facultades de control sobre su ejecución, como de ingreso y salidas, este requisito de dependencia se acredita fácilmente cuando el trabajador tiene un puesto en la empresa, sometido a un horario fijo y a las instrucciones del empleador sobre el modo de realizar el trabajo, salario mensual, así como puede ser sancionado el trabajador por hechos relacionados con la prestación del servicio. En cambio en los contratos civiles, el personal contratado realiza el servicio con sus propios medios, organizándose autónomamente, sin que el empresario disponga de facultades de control y dirección del mismo.

En ese sentido, también deben considerarse en la relación laboral otros aspectos, como ser: la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario, el desempeño personal del trabajo, la adopción por parte del empleador de las decisiones concernientes a las relaciones con los asegurados, el pago de un sueldo, aspectos que manifiestan la existencia de trabajo por cuenta ajena.

Ahora bien, analizando los antecedentes que informan el proceso bajo la perspectiva de la norma glosada, este Tribunal Supremo considera que los tribunales de instancia, con la facultad privativa de la libre valoración de la prueba aportada al proceso, que es incensurable en casación, establecieron que el actor trabajó bajo una relación obrero patronal, por haber concurrido las características esenciales de la relación laboral, previstas en el art. 1 del Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993, ratificado en la actualidad por el art. 2 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, en vista de que no existió medio de prueba suficiente que demuestre lo contrario y menos la existencia de una relación civil o comercial regido por el art. 738 del Código Civil, sustentado por la empresa recurrente con el propósito de eludir el pago de beneficios sociales.

Sin embargo, consta de obrados que tanto el juez a quo como el tribunal ad quem han arribado correctamente al convencimiento que sí existió relación laboral, en función a la facultad conferida por los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT; por lo que no es cierto ni evidente las infracciones de las disposiciones acusadas, ni mucho menos que el tribunal de alzada hubiera incurrido en error de hecho o derecho en la apreciación de la prueba citada por la parte recurrente, por cuanto tampoco se ha demostrado conforme exige la última parte del art. 253.3) del CPC, la existencia de error de hecho y error de derecho en la apreciación de las pruebas.

En cuanto a la denuncia en el punto dos, en sentido de que el pago mensual fue de honorarios no fue fijo sino variable, por cuya razón se hubiera entregado un anticipo que no fue objeto de análisis, ni tampoco fue tomado en cuenta las facturas que también comprende el pago de alquiler de un vehículo; al respecto, es necesario tener presente que la forma de pago de la remuneración o los requisitos exigidos en torno a tal remuneración no resultan indicadores válidos para establecer o descartar una relación de dependencia laboral, por cuanto el sueldo percibido viene a resultar el efecto de la prestación del servicio mas no la causa, este último, como se tiene expuesto en el caso presente, debe examinarse en el marco del principio de realidad que debe primar sobre la relación aparente; así se encuentra establecido en el art. 5 del DS Nº 28699, que en virtud al principio pro operario y de inversión de la prueba, establecido en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, corresponde interpretar la citada norma sobre los hechos acontecidos a favor del trabajador, máxime si los derechos laborales se encuentran protegidos por los arts. 48.II de la CPE y 4 de la LGT, que de manera textual disponen que, “los derechos y beneficios que la ley reconoce a favor de los trabajadores son irrenunciables, siendo nulas las convenciones en contrario que tiendan a burlar sus efectos”; criterio rector con el que imperativamente, los jueces, deben interpretar las disposiciones procesales laborales y aplicar los principios del derecho laboral, así se halla previsto en los arts. 3 y 59 del CPT.

Por esta razón, se concluye que tampoco es evidente que el tribunal de apelación hubiera incurrido en interpretación errónea de la ley acusada en el recurso.

Respecto a la denuncia en el punto tres, en cuanto al horario de trabajo del demandante; al presente, resulta intrascendente lo extrañado por la empresa recurrente, en consideración a la existencia de la relación obrero patronal, por haber concurrido las características esenciales de una verdadera relación laboral; a tal punto que, los de instancia han determinado que la asistencia del actor estaba sujeto a horario, situación que no fue desvirtuada con ninguna prueba, como era su obligación en virtud a lo dispuesto en los arts. 3.h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo; en consecuencia este Tribunal concluye que carece de asidero legal las acusaciones formuladas por la parte recurrente.

Por último, si bien la empresa recurrente sostuvo que, en el contrato sobre prestación de servicios profesionales suscrito entre partes, no existió relación laboral; sin embargo, no objetó oportunamente menos impugnó en la vía incidental, ni opuso las excepciones que establecen los arts. 143 y 127 del Código Procesal del Trabajo, entre ellas, la de incompetencia, lo que significa que voluntariamente consintió el hecho, actitud que importa aceptación tácita de su parte y un reconocimiento implícito de someterse a la jurisdicción laboral

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto precedentemente, se establece que el tribunal ad quem, al confirmar la sentencia de primera instancia, actuó acertadamente observando las normas que rigen la materia, no siendo evidente las infracciones acusadas por el representante de la empresa recurrente, deviniendo estas en infundadas, correspondiendo en consecuencia resolver el recurso de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, cursante de fs.113 a 115. Con costas.

Se regula honorario profesional de abogado en la suma de Bs.500.- que mandará a pagar el juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.