SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 34/2015-L.

Sucre, 23 de marzo de 2015.

Expediente: LP.111/2011.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y la forma deducido por Oscar Gustavo Navarro Apaza representante legal de la Empresa Constructora “CONCORDIA” S.A. de fs. 812 a 815, contra el Auto de Vista 020/2011 de 22 de febrero, dictado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, de fs. 781 a 782, dentro del proceso contencioso tributario, que se tramita en liquidación instaurado por la empresa recurrente contra Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz, del Servicio de Impuestos Nacionales “GRACO”, representada legalmente por Edgar Abraham Altamirano Celis, la respuesta de fs. 819 a 828, el auto de fs. 830, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso contencioso tributario, la Juez Segundo de Partido Administrativo, coactivo, fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 07/2009 de 6 de junio (fs. 726 a 737), declarando probada en parte la demanda de fs. 91 a 92, por el Ing. Freddy Barea Vargas, en representación de la Empresa Constructora Concordia S.A., disponiéndose:

Primero.- Se dejan nulas y sin efecto legal las resoluciones Sancionatorias Nº 15-122-07 de 16 de mayo de 2007 y Nº 15-143-07 de 16 de mayo de 2007, por haberse operado el arrepentimiento eficaz, toda vez que la empresa contribuyente ha cancelado la totalidad de la deuda tributaria antes de existir una actuación de la Administración Tributaria.

Segundo.- Se anula obrados hasta las Resoluciones Sancionatorias inclusive, Nº 15-176-07, Nº 15-177-07, Nº 15178-07, Nº 15-179-07, Nº 15-180-07, Nº 15-181-07 y 15-182-07, todas del 31 de mayo de 2007, por las que se han sancionado la conducta de la empresa contribuyente, tipificándola como contravención de omisión de pago, y estableciendo la sanción conformidad al art. 168 del Código Tributario, con una multa del 100% sobre la deuda tributaria, sin haberse considerado la facilidad de pago otorgada mediante Resolución Administrativa Nº 15-2-108-05 de 14 de julio de 2005, y su incidencia en la aplicación de sanciones; debiendo la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitir nuevas Resoluciones Sancionatorias que consideren estos extremos.

Tercero.- Se anula obrados hasta las Resoluciones Sancionatorias inclusive Nº 15-142-07, Nº 15-145-07, Nº 15-146-07, Nº 15-147-07, Nº 15-148-07, Nº 15-149-07, Nº 15-151-07, Nº 15-153-07, Nº 15-154-07 y Nº 15-155-07, todas de fecha 21 de mayo de 2007, por la que se ha sancionado la conducta de la empresa contribuyente tipificándola como contravención de omisión de pago, y estableciéndose la sanción de conformidad al art. 168 del Código Tributario, con una multa del 100% sobre la deuda tributaria, sin haberse considerado la solicitud de la dación de pago y su incidencia en la reducción de sanciones establecidas por el art. 156 del Código Tributario; debiendo la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitir nuevas resoluciones Sancionatorias que consideren estos extremos.

Esta decisión propició que la entidad demandada formule recurso de alzada cursante a fs. 740 a 746, el que fue resuelto por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, a través del Auto de Vista Nº 020/2011 de 22 de febrero (fs. 781 a 782), en cuya parte dispositiva el tribunal ad quem revocó totalmente la sentencia apelada de fecha 06 de junio de 2009, cursantes de fs. 726 a 737 de obrados y deliberando en el fondo declaró improbada la demanda manteniendo firme y subsistente la resoluciones sancionatorias.

Contra esta determinación la empresa demandante, recurre de casación en el fondo y en la forma de fs. 812 a 815, conforme se sintetizan a continuación:

Recurso de casación en el fondo;

1.- El fundamento del auto de vista recurrido, se basa en que el pago de la obligación se efectuó después de haberse iniciado las acciones de cobro emergentes del TET 0000019/05 por lo que no procedería el arrepentimiento eficaz invocada por el actor, la prueba aportada en la etapa probatoria de la causa, consistente en los formularios de pago y auto de conclusión de trámite, que demuestran que la obligación tributaria se extinguió mucho antes de que los autos iniciales de sumarios contravenciones hayan sido emitidos y notificados, y con mucha mayor razón con relación a las Resoluciones Sancionatorias materia de la litis, las cuales considerando los pagos efectuados o los autos de conclusión emitidos por el propio sujeto activo, inexcusablemente debían haber dado cumplimiento a los art. 156.1 del Código Tributario, 38 del DS Nº 27310 y 8 de la RND Nº 10-0021-04.

La disposición del art. 150 de la Ley Nº 2492 pone fin a cualquier argumento contrario a la aplicación de la RND Nº 10.0004.09, ya que el art. 8 de dicha Resolución otorga un beneficio impositivo, en el cual “CONCORDIA” S.A., tiene todo derecho de ampararse, y así lo ha entendido apropiadamente la Sentencia Nº 07/2009.

2.- Respecto a las Resoluciones Sancionatoria que se hallan contenido dentro de la dación de pago ofertada, el auto de vista recurrido únicamente arguye que la sentencia tendría un contenido ultra petita, toda vez que el inferior falló fuera de lo pedido y demandado por las partes, que la sentencia apelada contenga decisiones ultra petita, no es evidente, pues la juez ha ceñido su decisión en lo establecido por los arts. 115 y 120 de la Constitución Política del Estado, y art. 1 y 192.3) del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta que en la demanda se solicitó la reducción de sanciones en virtud, “siendo dación en pago una forma de extinción de la obligación tributaria asimilable al pago, los títulos de ejecución que dieron lugar a las Resoluciones Sancionatorias citadas se consideraran pagadas y, en concordancia, las sanciones emergentes de ellos deben ser reducidas conforme a ley.” A mayor abundamiento, debemos dejar establecido que el art. 156 del Código Tributario, reconoce a favor del contribuyente un régimen de reducción de sanciones, cuando el mismo cancela la obligación tributaria antes de diferentes actuaciones de la Administración Tributaria; en este caso la solicitud de dación de pago realizada conforme a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0034-06 de fecha 16 de noviembre de 2006.

Recurso de casación en la forma;

1.- El auto de vista, vulneró las disposiciones contenidas en el art. 115 de la CPE, y los arts. 3.3), 90 y 236, en relación al art. 227 del Código de Procedimiento Civil, porque no consideró tres elementos imprescindibles para la fundamentación del fallo ni siquiera hizo referencia a ellos, cuales son: la apelación, la respuesta a la apelación y el informe técnico, vale decir, que no se ha ceñido a lo expresado en el recurso de apelación y en la respuesta al mismo, dejando de lado la opinión especializada del asesor técnico de Sala Social y Administrativa, convirtiéndose por tanto en una decisión infra petita al excluir lo alegado por una de las partes intervinientes en el proceso así como el informe técnico.

2.- Por otro lado en el auto de vista es incongruente por dos razones fundamentales:

a).- En el segundo considerando, se realizó una transcripción literal de la parte resolutiva de la sentencia apelada, donde se hace referencia a las Resoluciones Sancionatorias Nº 15-176-07, 15-177-07, 15-178-07, 15178-07, 15179-07, 15180-07, 15-181-07 y 15-182-07; sin embargo, el texto mismo de la Resolución Nº 020/2011 no guarda relación con dicha transcripción, ya que en ninguna otra parte de la misma se vuelve a mencionar las citadas Resoluciones Sancionatorias, es más, en la parte dispositiva se resuelve declarar firme y subsistente la Resoluciones Sancionatorias, por lo que se evidencia que no existe congruencia entre la parte considerativa y la parte dispositiva del fallo.

b).- El auto de vista hace mención al numeral 3 del art. 193 del adjetivo civil, cuando dicho artículo no cuenta con ningún numeral 3 y está referido a la falta de ley expresa en la dictación de los fallos, en consecuencia, el citado artículo de ningún modo puede servir de fundamento jurídico para el auto de vista recurrido, motivo por el cual además de existir una incongruencia manifiesta entre lo resuelto y su fundamentación, queda demostrado la falta de sustento legal de la Resolución del tribunal ad quem.

Concluye solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, se sirva casar o alternativamente anular el Auto de Vista Nº 020/2011 de 22 de febrero, dictada por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior de Justicia de La Paz.

CONSIDERANDO II: Que con carácter previo y antes de considerar los fundamentos del recurso planteado, corresponde señalar que el Tribunal Supremo de Justicia, tiene la obligación de examinar los procesos que llegan a su conocimiento a fin de establecer si los jueces y tribunales inferiores observaron las leyes y plazos que rigen su tramitación y conclusión para aplicar, en su caso, las sanciones pertinentes conforme establece el art. 17.I de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, y si correspondiere, disponer la nulidad de obrados de oficio, según lo prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil.

En este contexto, es menester señalar que conforme la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo, el recurso de apelación o de alzada, constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal por el que se pretende que un tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba.

Ello supone una doble instancia donde el tribunal o juez debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada sobre la base del material reunido en primera instancia, pero esto no obsta que, excepcionalmente, en segunda instancia se ofrezca y admita nueva prueba.

Bajo estas premisas, es innegable que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que se convierte en una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, más aún si lo que se pretende es modificar o revocar el fallo venido en apelación o casación, donde la motivación o fundamentación deberá ser tal, que permita vislumbrar con claridad las razones de decisión por las que se modificó un fallo de instancia.

En efecto, el Diccionario de la Lengua Española asigna a la palabra motivación la "acción y efecto de motivar", a su vez, define "motivar" como "dar o explicar la razón o motivo que ha tenido para hacer una cosa".

Esto implica que todo administrador de justicia a momento de resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, los razonamientos relacionados con el análisis y valoración del acervo probatorio, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

Consecuentemente, cuando un juez omite motivar una resolución, no sólo suprime una parte estructural de su fallo, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, en la que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo, por ello, las resoluciones judiciales deben ser lógicas y claras, no sólo para establecer la credibilidad de la sociedad civil en la jurisdicción, sino además, para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos y se aperture la competencia del superior en grado.

La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto, que podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la deducción jurídica definitoria en el caso singular.

El incumplimiento de las exigencias expuestas ameritan que el Tribunal Supremo disponga la nulidad de obrados, en aras de una correcta administración de justicia.

A su vez, el art. 190 del citado adjetivo civil, dispone que: "La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso...", esta norma de aplicación general, impone además que los tribunales de alzada ajusten sus resoluciones de segunda instancia decidiendo la controversia en función del art. 236 del Coligó de Procedimiento Civil, con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del adjetivo civil, conforme faculta el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

En cumplimiento de esta obligación procesal, velando por el acatamiento de las normas citadas, de la revisión del expediente se advierte que el tribunal de alzada al momento de emitir el Auto de Vista Nº 020/2011 de 22 de febrero (fs. 781 a 782) y revocar totalmente la sentencia apelada, disponiendo se mantenga firme y subsistente las Resoluciones Sancionatorias, emitió una resolución de “facto” sin la debida motivación y fundamentación, pues, de la lectura del auto de vista, se advierten criterios simplemente enunciativos e indicativos en cuanto a la prueba se refiere tanto de cargo como de descargo propuestas por las partes en el término de prueba, el tribunal ad quem, al revocar la sentencia debió hacer una valoración de la prueba, empero no constan las inferencias exigidas por el caso concreto, que podrían ser razonamientos, sujetos a los cánones de la lógica común o sujetos a las reglas de la lógica jurídica hasta concluir en la deducción jurídica definitoria en el caso singular, es decir, no existe un análisis pormenorizado de los presuntos agravios sufridos, de la prueba producida en el proceso, y lo resuelto en sentencia, concluyendo en definitiva que no se cumplió con el mandato del art. 236 del adjetivo civil.

A lo expuesto, se debe agregar que la resolución de vista tampoco es exhaustiva en las consideraciones y en las decisiones que asume, pues, entre otros aspectos que debía analizar el tribunal de segunda instancia de la sentencia apelada, es el hecho de que el juez a quo, declaró probada en parte de demanda al dejar nulas y sin efectos legal las “Resoluciones Sancionatorias que fueron pagadas por la empresa contribuyente”, “tampoco observó las Resoluciones Sancionatorias con solicitudes de facilidades de pagos, las mismas que han sido aceptadas por la Administración Tributaria”, e “inobservancia a títulos de ejecución tributaria con oferta de pagos en dación de pago”; por ultimo no hace mención al informe técnico de fs. 763 a 766 sobre la opinión del auditor de la Sala Social y Administrativa Lic. Moisés Arébalo Loayza, aspectos que no fueron considerados debidamente en la resolución impugnada, lo que implica la incongruencia interna del fallo incompleto, que vulnera la seguridad jurídica y el debido proceso, dejando en la incertidumbre al recurrente, por cuanto no se asumieron decisiones precisas, claras y concretas al respecto.

En suma, todos estos aspectos demuestran la existencia de incongruencia, exhaustividad, falta de motivación y pertinencia de la resolución emitida y especialmente la omisión del cumplimiento de las normas citadas precedentemente, impidiendo que este tribunal pueda analizar el recurso formulado por la parte recurrente, pues no puede emitirse criterio jurídico respecto de circunstancias de fondo que no fueron resueltas por el tribunal de alzada.

En consecuencia, al haberse incumplido normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio, corresponde resolver conforme disponen los arts. 252, 271.3) y 275 del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 214 y 297.II de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y 74.2 de la Ley Nº 2492 Código Tributario de 2 de agosto de 2003.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE, y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 779 vta., disponiendo que el tribunal de alzada, sin espera de turno y previo sorteo, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie un nuevo auto de vista que guarde congruencia entre la parte considerativa y la parte dispositiva, sea exhaustivo, motivado y resuelva la apelación en el marco del art. 236 del CPC.

Se impone multa de Bs.100.- a los Vocales signatarios del auto de vista por no ser excusables las omisiones incurridas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.