SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 30/2015-L.

Sucre, 23 de marzo de 2015.

Expediente: BNI.495/2011.

Distrito: Beni.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 342 a 343, interpuesto por Miguel Justiniano Higa a través de su representante Carmen Edith Justiniano Díaz contra el Auto de Vista Nº 50/2011 de 2 de junio, cursante de fs. 334 a 335, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia del Beni, en el proceso laboral que se tramita en liquidación seguido por el recurrente contra la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA-BOLIVIA), el auto de fs. 373 que concedió el recurso, los antecedentes procesales; y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la causa, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Riberalta-Beni, emitió la Sentencia Nº 35/2010 de 29 de noviembre de 2010, cursante de fs. 318 a 322, declarando probada en parte la demanda y probada en parte la excepción perentoria de pago, disponiendo el pago total de Bs.82.311.- por concepto de desahucio, vacación por dos gestiones, duodécimas de aguinaldo y horas extras.

Que en grado de apelación de fs. 325 interpuesto por la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA-BOLIVIA) a través de su representante Jorge Milton Becerra Monje, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia del Beni, mediante Auto de Vista de Vista Nº 50/2011 de 2 de junio, de fs. 334 a 335, resolvió confirmar parcialmente la sentencia apelada, sin costas, modificando el monto de los beneficios sociales conforme al siguiente detalle: desahucio (3 meses) Bs.6.520.-; vacaciones devengadas Bs.3.160.-; aguinaldo Bs.941.-; horas extras Bs.8.693,8.- (DS Nº 090 de 24 de abril de 1944); multa del 30% Bs.5.790.- (art. 9.I del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006). Haciendo un total de Bs.25.105,60.

Contra la resolución de segunda instancia, el demandante Miguel Justiniano Higa, a través de su representante Carmen Edith Justiniano Díaz, interpone recurso de casación en el fondo, en base a los fundamentos expuestos en el memorial de fs. 342 a 343.

CONSIDERANDO II: Que del análisis del expediente, corresponde señalar que el Tribunal Supremo de Justicia tiene la obligación de examinar los procesos que llegan a su conocimiento a fin de establecer si los Jueces y Tribunales inferiores observaron las leyes y plazos que rigen su tramitación y conclusión para aplicar, en su caso, las sanciones pertinentes conforme establece el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial y si correspondiere disponer la nulidad de obrados de oficio, según lo prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

En efecto, el art. 190 del citado adjetivo civil, dispone que: "La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso...", esta norma de aplicación general, impone además que los tribunales de alzada ajusten sus resoluciones de segunda instancia decidiendo la controversia en función del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del citado adjetivo civil, conforme faculta el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

En este contexto, es menester señalar que conforme la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el recurso de apelación, constituye el más importante de los recursos ordinarios, es el remedio procesal por el que se pretende que el tribunal de grado superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos y de la prueba, ello supone una doble instancia donde el tribunal debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada, sobre la base del material reunido en primera instancia.

En cuya consideración, es necesario que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que se convierte en una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, más aún si lo que se pretende es modificar o revocar el fallo venido en apelación o casación, donde la motivación o fundamentación deberá ser tal, que permita vislumbrar con claridad las razones de decisión por las que se modificó o confirmó un fallo de instancia.

Esto implica que todo administrador de justicia a momento de resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, los razonamientos relacionados con el análisis y valoración del acervo probatorio, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas de la parte en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia

En la especie, de la revisión de los antecedentes que informan al proceso, se verifica que la resolución emitida por el tribunal de alzada no se ajusta a los cánones anteriormente descritos, pues la parte considerativa del auto de vista, da cuenta que: " está demostrado la relación laboral existente entre el demandante y la entidad demandada”; “..el nexo laboral fue disuelto por voluntad unilateral de la parte empleadora y por causas ajenas a la voluntad del demandante, concluyendo que el despido es indirecto”; “se evidencia la temeridad y mal intencionalidad del demandante al solicitar en su memorial de demanda el pago doble de beneficios sociales”; “el empleador no colaboró con la oportuna presentación de la documentación requerida por el juzgador”; para luego en la parte resolutiva confirmar parcialmente la sentencia apelada, modificando sustancialmente el monto de los beneficios sociales dispuestos en sentencia; de lo expuesto se percata que no realiza el análisis pormenorizado de la prueba producida en el proceso, no dilucida el razonamiento del tribunal para determinar la confirmación parcial del fallo de primera instancia.

Asimismo, llama la atención que el auto de vista no obstante haber resumido in extenso en el primer considerando el tenor del recurso de la entidad apelante; sin embargo se advierte la omisión de fundamentación pertinente y congruente al respecto. En ese sentido, es ineludible el deber del tribunal de alzada de pronunciarse sobre lo resuelto en la sentencia y los agravios expresados por la entidad recurrente, con la pertinencia establecida en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Concluyendo en definitiva, que no existe fundamentación jurídica probatoria específica respecto a esa parte fundamental de la ratio decidendi del auto de vista mencionado, por el tribunal de apelación, aspecto que se torna incongruente con relación a todo el desarrollo efectuado en la parte considerativa, que importa vulneración de derechos fundamentales al debido proceso y el derecho a la legítima defensa que tienen las partes, razones por demás suficientes para justificar la nulidad de obrados y ordenar se emita nuevo auto de vista, que atienda todos los aspectos aquí extrañados.

En mérito a las consideraciones precedentes, corresponde resolver conforme disponen los arts. 271.3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso presente por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sujeción a lo estipulado por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 333 vta., disponiendo que el tribunal de alzada, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie un nuevo auto de vista con la debida fundamentación y motivación, cumpliendo el requisito de congruencia.

No siendo excusable el error en que ha incurrido el tribunal ad quem, se sanciona con multa de doscientos bolivianos a cada Vocal signatario del auto de vista, descontable por habilitación a favor del Tesoro del Órgano Judicial.

Remítase una copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura en observación al art. 17.IV) de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez