SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 21/2015-L.

Sucre, 24 de febrero de 2015.

Expediente: LP.259/2010.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de nulidad o casación de fs. 225 a 227 interpuesto por la Caja Nacional de Salud representado por Abdón Ramiro Laora Blanco, contra el Auto de Vista Nº 38/2010 SSA-II de 18 de febrero de 2010 cursante a fs. 223 emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito de La Paz, dentro del proceso laboral que se tramita en liquidación,  seguido por Luis Romero Flores, contra la Caja Nacional de Salud, la respuesta de fs. 230 a 231, el auto de fs. 232 que concedió el recurso, los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO I : Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Sexto de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, en fecha 5 de octubre del 2009, pronunció la Sentencia Nº 123/2009 de fs. 203 a 207, declarando probada en parte la demanda de fs. 01 de obrados, ordenando a la Caja Nacional de Salud, cancelar en favor del actor la suma de Bs.112.478,18.- (ciento doce mil cuatrocientos setenta y ocho 18/100 bolivianos), por concepto de multa del 30%, al haberse cancelado el monto de Bs.374.927,27.-, de acuerdo al finiquito de fs. 24.

En grado de apelación de fs. 210 a 212 deducida por la Caja Nacional de Salud representada legalmente por Abdón Ramiro Laora Blanco, por Auto de Vista Nº 38/2010 SSA-II de 18 de febrero de 2010 de fs. 223, la Corte Superior de Justicia de La Paz, confirmó la Sentencia Nº 123/2009 de fecha 5 de octubre del 2009 de fs. 203 a 207.

Dicho fallo motivó el recurso de nulidad o casación de fs. 225 a 227, interpuesto por la Caja Nacional de Salud representada legalmente por Abdón Ramiro Laora Blanco, expresando en síntesis:

I.- De la Relación Laboral, que la controversia nace en consideración a la verdadera relación laboral de Luis Romero Flores y la fecha oficial de su retiro; cuestionantes que los jueces de primera y segunda instancia no habrían logrado percibir por lo que pretende que se reconsideren las siguientes pruebas literales: a) El Memorándum Nº 1515 de fecha 14 de diciembre de 2007 de fs. 55, donde el demandante acusa haber recibido en fecha 19 de diciembre de 2007, b) El Control de asistencia correspondiente a Luis Romero Flores de fs. 117, por el mes de diciembre de 2007, donde claramente se establece que el demandante marco tarjeta de asistencia hasta el 19 de diciembre de 2007.

Agrega que de acuerdo a lo manifestado por el mismo demandante, quien admitió que su relación laboral con dependencia subordinación, prestación de trabajo y salario fue hasta el 19 de diciembre de 2007, fecha que no guarda relación con el Memorándum Nº 1515 (17 de diciembre de 2009) debiendo considerarse para efecto de fecha de retiro el último día de trabajo y de recepción del Memorándum Nº 1515, en honor a los elementos característicos dispuestos por el art. 2 del Decreto Supremo Nº 28699 es 19 de diciembre de 2007.

II.- De la Vacación Colectiva; asimismo indica que el art. 1 del Estatuto Orgánico de la Caja Nacional de Salud, define a su institución como descentralizada de derecho público, esa cualidad los obliga a acatar las disposiciones y determinaciones del Ministerio del Trabajo, por lo que es su obligación acatar la Resolución Ministerial Nº 664/07 de 14 de diciembre de 2007 (fs. 46), como evidencia la circular Nº 094 de fs. 45; que el art. 1 de la Resolución Ministerial Nº 664/07 de 14 de diciembre de 2007 dispone: “Conceder vacación colectiva del 24 al 31 de Diciembre del 2007, a los servidores públicos que prestan servicios bajo relación de dependencia en todas las instituciones públicas y que tengan vacaciones pendientes de uso, debiendo retornar a sus funciones el 2 de enero del 2008..”, por consiguiente, expresa que se sobreentiende y evidencia que los días entre el 24.12.07 al 02.01.08, no pueden considerarse para efectos del cómputo de pago de beneficios sociales, porque las actividades en la Caja Nacional de Salud se paralizaron y que debía existir interrelación entre varios departamentos para el trámite de pago, siendo técnicamente imposible dejar a cargo a unos cuantos funcionarios para que realicen el pago de beneficios sociales a Luis Romero Flores.

III.- Sobre la confesión provocada del demandante, el recurrente refiere que en la pregunta uno el demandante en su respuesta habría indicado que debía haberse cancelado sus beneficios sociales hasta el último día de diciembre. Nada más falso si se toma en cuenta que su último día de trabajo laboral (Con marcado de tarjeta de asistencia) fue el 19 de diciembre de 2007, debiendo tomarse en cuenta además la vacación colectiva por la gestión 2007 del Ministerio del Trabajo. En las preguntas dos y tres también el trabajador falto a la verdad cuando dice no conocer sobre las vacaciones colectivas de la CNS, al respecto realiza la siguiente cuestionante: ¿que según declaración del demandante dice haber visitado las oficinas nacionales de la CNS en varias oportunidades, cómo no pudo percatarse de las vacaciones colectivas si según su declaración fue los últimos días de diciembre en la cual las oficinas estaban cerradas?.

IV.- En cuanto a la inconcurrencia del demandante, el recurrente indica que de fs. 120 a 142 cursa copias legalizadas del libro de control de ingreso a la Oficina de la Caja Nacional de Salud, por los días 2 de enero de 2008 al 15 de enero del mismo año, remitido con informe de fs. 119, documentos ambos, por los que se evidencia que Luis Romero Flores nunca se apersono a realizar el cobro de sus beneficios sociales por tesorería, no como dice el demandante que procuro en reiteradas oportunidades el cobro de sus beneficios sociales, faltando a la verdad pues existe prueba documental que demuestra lo contrario.

Añade también que si bien existe la figura legal de la Consignación de los beneficios sociales, la institución para realizar cualquier acto administrativo conlleva la intervención de varias unidades o departamentos debiendo seguirse un procedimiento que requiere varias actuaciones, que la consignación de beneficios sociales no representa un asunto sencillo, sino un conjunto que interrelaciona a más de cuatro sistemas y subsistemas de la Ley Nº 1178.

Tomando en cuenta el libre consentimiento del empleado despedido, CUANDO ESTE POR PROPIA VOLUNTAD OBSTRUYE EL PAGO DE SUS BENEFICIOS SOCIALES, ya sea no realizando el cobro respectivo o poniendo trabas para efectivizar el mismo, NO PUEDE IMPUTARSE CULPABILIDAD A LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD, puesto que como se demostró fehacientemente por las literales de fs. 99 a 101 los pagos correspondiente a beneficios sociales de Luis Romero Flores ya se encontraban procesados el mes de diciembre de 2007, como se puede evidenciar el retraso de más de 15 días no se produjo por gusto o negligencia de la CNS, sino más bien por una actitud interesada del demandante, quien con esta demanda pretende realizar un cobro injusto.

Concluyó solicitando se declare Nulo el Auto de Vista Nº 38/2010 SSA-II de fecha 18 de enero de 2010 cursante a fs. 223 de obrados, debiendo declararse en el fondo improbada la demanda al no corresponder el pago del 30%, puesto que el propio demandante fue quien busco el retraso de más de 15 días en el pago de sus beneficios sociales.

CONSIDERANDO II: Que en mérito a los antecedentes del memorial del recurso de fs. 225 a 227 de obrados, corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Que de la relación laboral, el recurrente expresó que habría controversia en la fecha en que habría dejado de trabajar el demandante, por lo que, de la revisión de las pruebas literales presentadas por las partes y en especial de las cursantes a fs. 17 a 20, se evidencia que ha existido relación laboral, dentro de los alcances del art. 2 de la Ley General del Trabajo, habiéndose desempeñado el demandante como médico familiar, desde el 1 de enero de 1979 hasta el 17 de diciembre de 2007, por el tiempo de 28 años, 11 meses y 16 días, según se tiene de las literales de fs. 96, 98, 99 y 101 de obrados, por lo que el señor Luis Romero Flores habría sido reconocido como funcionario de esa entidad solo hasta el 16 de diciembre de 2007 y se le habría cancelado sus servicios solo hasta esa fecha por la entidad recurrente.

Con respecto a lo manifestado sobre la Vacación Colectiva La Caja Nacional de Salud, refiere el recurso que por determinación del Ministerio del Trabajo (RM Nº 664/07 de 14 de diciembre de 2007) se dispuso las vacaciones colectivas del 24 al 31 de diciembre del 2007, sobreentendiéndose que esos días no pueden considerarse para efectos de computo de pago de beneficios sociales; de lo antes indicado cabe señalar que el señor Luis Romero Flores al haber dejado de ser funcionario a partir del 17 de diciembre de 2007 de acuerdo a los Memorandos de fs. 96 y 98 de obrados, el pago de sus beneficios correrían a partir del día que ha cesado en sus funciones.

El art. 9.I del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, imperativamente establece la obligación que tienen los empleadores de cancelar en el plazo impostergable de quince días calendario los beneficios sociales, sueldos devengados y todos los derechos que le correspondan al trabajador que hubiese sido despedido, ante cuyo incumplimiento según establece el parágrafo II del señalado artículo, el empleador debe pagar una multa del 30% sobre el monto total a cancelarse, en este contexto, en el caso sub lite, se advierte que la Caja Nacional de Salud no canceló el monto establecido en el finiquito de fs. 24, dentro del plazo de los quince días previsto por ley, puesto que habiendo concluido la relación obrero patronal el 17 de diciembre de 2007, la Caja Nacional de Salud tenía la ineludible obligación de cancelarlo dentro de los 15 días que estipula el antes nombrado Decreto Supremo, observándose que el finiquito recién fue elaborado el 21 de enero de 2008 y fue registrado en el Ministerio del Trabajo en fecha 25 de enero de 2008, hecho que demuestra que el pago de los beneficios sociales se produjo después de los 15 días previstos por el DS Nº 28699, es decir fuera del plazo previsto por ley (fs. 24, 96 y 98).

Sobre la confesión provocada del demandante el recurrente indica que habría falsedad en las declaraciones prestadas por este, con respecto a lo aseverado por la institución recurrente, cabe mencionar que la abundante jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia y actual Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que la apreciación y valoración de la prueba es facultad privativa de los juzgadores de instancia, en cumplimiento de la disposición contenida en el art. 1286 del Código Civil y en el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, debiendo apreciarlas de acuerdo a su prudente criterio o sana crítica siendo incensurable en estas instancias.

Con respecto a la inconcurrencia del demandante al cobro de los beneficios sociales; la Caja Nacional de Salud menciona que el señor Luis Romero Flores nunca se apersono a realizar el cobro de sus beneficios sociales por tesorería indicando también que si bien existe la figura legal de la consignación de los beneficios sociales, la institución para realizar cualquier acto administrativo conlleva la intervención de varias unidades o departamentos debiendo seguirse un procedimiento que requiere varias actuaciones, por lo que la consignación de beneficios sociales no representa un asunto sencillo, sino un conjunto que interrelaciona a más de cuatro sistemas y subsistema de la Ley Nº 1178; con respecto a lo antes mencionado por la parte recurrente se tiene que; el empleador en cumplimiento de lo que la ley le ordena, debe tomar los recaudos necesarios para efectivizar el pago de los beneficios sociales y derechos laborales adeudados, más allá de ser un retiro forzoso, indirecto o voluntario, en resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo, garantizando de tal manera su subsistencia y la de su familia; de tal forma, quedando el recurrente facultado para efectuar dicho pago en calidad de depósito y/o fondos en custodia por ante el Ministerio de Trabajo, con la debida comunicación a dicha instancia de las observaciones que considere necesarias, salvaguardando además con ello, posibles acciones dilatorias que tiendan a la obtención de un beneficio indebido, como la multa del 30% por parte del trabajador; resguardando de tal forma, el equilibrio necesario entre empleador y trabajador, toda vez que al dar cumplimiento al amparo que la ley otorga al pago oportuno de lo adeudado al trabajador, a la vez también la ley precautela los derechos del empleador, siendo este quien debe hacer uso de ellos.
De tal manera en la especie, una vez efectuada la desvinculación laboral del actor con la institución demandada ahora recurrente, esta última, debió efectuar el pago de los beneficios en el plazo que señala el Decreto Supremo Nº 28699 mencionado anteriormente, no pudiendo aludir como impedimento a lo establecido por ley y de cumplimiento obligatorio; de que el demandante nunca se apersono a realizar el cobro de sus beneficios sociales por tesorería o de que para el pago de los beneficios sociales en esa institución se debe seguir un procedimiento en la que intervienen varias unidades lo que alargaría el pago de dicho beneficio, toda vez y tal cual se dijo, el empleador dando cumplimiento a la normativa vigente y aplicable al caso, cuenta con la prerrogativa de efectuar el depósito de los beneficios sociales dentro de los 15 días previstos por ley, determinación que no asumió oportunamente, toda vez que producida la desvinculación laboral del actor en fecha 17 de diciembre de 2007, debió cumplir con el pago de los beneficios sociales y derechos laborales dentro los 15 días posteriores; sin embargo, conforme a las Resoluciones de Instancia en base a los datos del proceso, dicha obligación recién se efectuó en el Ministerio del Trabajo en fecha 25 de enero de 2008; resultando la entidad demandada ante ello, ser pasible al pago del 30% como multa, tal cual debidamente se dispuso en instancia.

Asimismo, se recuerda que si bien resulta de aplicación preferente la ley especial sobre la general, conforme lo dispone el art. 15 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, no debe perderse de vista, la supremacía de la Constitución Política del Estado, tal cual prescribe su art. 410.II; por lo que, dada su prevalente y obligatoria aplicación, conforme a su mandato en la materia que hace al presente caso, las disposiciones laborales son de cumplimiento obligatorio, debiendo ser interpretadas y aplicadas bajo los principios protectivos que rigen para toda trabajadora y trabajador como principal fuerza productiva de la sociedad, siendo por ello que sus derechos son irrenunciables, tal cual se dispone en el art. 48.I.II y III de dicho texto constitucional.

De todo lo expuesto, se concluye que las afirmaciones realizadas en el recurso de Casación carece de sustento legal; que el auto de vista recurrido emitido por el Tribunal ad quem se sujeta a las normas legales en vigencia, donde no se observa violación de norma legal alguna, al contrario existió correcta valoración, interpretación y aplicación de la ley por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

       POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso deducido a fs. 225 a 227 vta. Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez