SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 20/2015-L.

Sucre, 24 de febrero de 2015.

Expediente: LP.277/2010.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 159 a 163 interpuesto por Demetrio Blas Medina Chávez, Director Regional, en representación de “PRO MUJER EL ALTO” contra el Auto de Vista Nº 201/09 de 26 de agosto de 2009 cursante a fs. 152 emitido por la Sala Social Administrativa Tercera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral que se tramita en liquidación, seguido por Jorge Antonio Ross Mollard, contra la institución recurrente, la respuesta de fs. 167, el auto de fs. 168 que concedió el recurso, los antecedentes procesales y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Primero de Trabajo y Seguridad Social de El Alto de La Paz, emitió la Sentencia Nº 55/2008 de 26 de noviembre, de fs. 126 a 133, declarando probada en parte la demanda de fs. 35 a 37, e improbada las excepciones por falta de acción y derecho de fs. 49 a 52, sin costas, ordenando a la ONG “Pro Mujer” a través de su representante legal, cancelar en favor del actor la suma de Bs.16.361,11.- (dieciséis mil trescientos sesenta y uno 11/100), por concepto de indemnización, desahucio y aguinaldo de la gestión 2004, más la actualización según el DS Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992.

En grado de apelación de fs. 138 a 139, deducida por Pro Mujer, representado por Gladys Gabriela de los Ángeles Calderón Mariaca de Isijara, así como la apelación de fs. 143 a 144 por el actor, la Sala Social Administrativa Tercera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 201/09 de 26 de agosto 2009 de fs. 152, confirmó la Sentencia Nº 55/2008 de 26 de noviembre de 2008 cursante a fs. 126 a 133, sin costas por ser ambas partes apelantes.

Dicho fallo motivó el recurso de casación o nulidad en el fondo de fs. 159 a 163, interpuesto por Pro Mujer, representado por Demetrio Blas Medina Chávez, en base a los fundamentos que se sintetiza a continuación en el recurso de casación en el fondo, la empresa recurrente cuestiona el fallo del tribunal de apelación, expresando lo siguiente:

Que se incurrió en interpretación y aplicación errónea de la norma laboral vigente, (art. 253.1) del Código de Procedimiento Civil, al respecto argumenta que en el auto de vista se cuestiona que no se ha pactado de propia voluntad de las partes la prórroga de 6 meses más de trabajo y por lo tanto no puede aducirse el cumplimiento del contrato de trabajo sucesivo a plazo fijo; en contrapartida refiere que no es evidente tal situación porque en el contrato de trabajo del año 2003, el demandante fue contratado para el cargo de administrador regional de Pro Mujer El Alto por 6 meses como consta la cláusula cuarta del referido contrato, permitiendo discernir el plazo fijo de 6 meses a partir del 22 de abril de 2003 al 22 de septiembre del mismo año, estableciendo expresamente sin perjuicio de ampliar o cambiar sus labores a requerimiento del empleador, cuya relación contractual admitida y conocida por el trabajador, por lo que la entidad en aplicación de la cláusula cuarta permitió que el ex trabajador continúe sus servicios por otros 6 meses más produciéndose la renovación tacita del contrato por un periodo similar, sin vulnerar horario, salario ni condiciones, dentro de los alcances del art. 21 de la Ley General del Trabajo, con respecto al derecho laboral se admite que el contrato de empleo puede prorrogarse una vez vencido el termino expresamente estipulado, sea por tácita reconducción o por un nuevo contrato, se observa el consentimiento de las partes lo que no fue aplicado por el tribunal ad quem.

Que el auto de vista, determina que el referido contrato de fs. 2 a 4 reiterado de fs. 44 a 46 de obrados, establece el tiempo fijo de servicios, los mismos que no han sido cumplidos por la entidad demandada, que toda vez que la notificación de prórroga al trabajador se efectuó vencido el término estipulado en el contrato de trabajo, conforme se desprende del memorándum de fs. 13 comunicándole que se da por finalizado el contrato, lo cual no es evidente porque el primer contrato fue objeto de renovación tácita por otros seis meses bajo las mismas condiciones; que la Directora Regional de PRO MUJER de EL ALTO, expidió dicho memorándum de comunicación en fecha 21 de abril de 2004 dirigida al señor Jorge Ross Mollard cursante en fs. 13, haciéndole conocer el cumplimiento del contrato es decir antes de la fecha de vencimiento de la renovación tácita, quedando por tanto extinguida toda relación laboral; que esa documentación desvirtúa el pago del desahucio por no existir despido sino el cumplimiento del contrato, de acuerdo al art. 13 de la Ley General de Trabajo.

Que el auto de vista determino que el contrato de trabajo se convirtió en indefinido al haberse demostrado la continuidad y no haber oposición de la parte empleadora; al respecto considera tal aseveración como interpretación errática del fallo de segunda instancia por la figura jurídica la reconvención del contrato a plazo fijo en contrato indefinido y al concluir qué esta situación solo se opera en forma automática a la celebración de un tercer contrato como prevé el art. 2 del DL Nº 16187, por lo que no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, por lo que emitido un tercer contrato a plazo fijo automáticamente se convierte en indefinido, lo que no sucedió en la especie. Por otra parte señalo que, el tribunal ad quem aplicó de forma simple el art. 1 del DL Nº 16187, que a falta de estipulación escrita se presume que el contrato es por tiempo indefinido salvo prueba en contrario.

Que, el tribunal ad quem determinó en el auto de vista, que la ruptura del vínculo laboral fue de carácter unilateral e intempestivo, no habiendo comunicado esta determinación mediante pre aviso, por lo que corresponde aplicar lo establecido por el art. 13 de la Ley General del Trabajo, resultando procedente el pago del desahucio y desestimando el pago propuesto por la parte patronal de fs. 6 de obrados. Sobre el particular, considera que esta conclusión errónea permite discernir la certeza de su argumento sobre la inexistencia del desahucio al verificarse el cumplimiento del contrato, con fecha determinada de conclusión, previa renovación tacita libre y consentida entre partes, lo que demuestra que no existió despido forzoso, justificado, injustificado, directo, indirecto, si no el cumplimiento por parte de PRO MUJER a la alternativa observada en la cláusula cuarta del contrato referida a la ampliación, conforme a los arts. 12 y 13 de la Ley General del Trabajo.

Que existe error de hecho en apreciación de las pruebas (art. 253.3) del Código de Procedimiento Civil, porque el tribunal ad quem considero erróneamente la prueba de fs. 13 consistente en el memorándum de comunicación de fecha 21 de abril de 2004, por el cual se hizo conocer al demandante el cumplimiento del contrato antes de la fecha de vencimiento de aquella renovación tacita, y antes que opere la conversión de una relación de carácter indefinida por un tercer contrato, confundiendo con lo supuesto determinado en auto de vista, que la notificación de prorroga se efectuó vencido el termino estipulado en el contrato de trabajo, conforme se desprende del memorándum de fs. 13, donde recién se le comunica que dan por finalizado el contrato de trabajo. El recurrente por su parte señala que esta apreciación de los hechos no coincide con la realidad ni considera el primer contrato de 6 meses que ha sido objeto de tacita renovación y o ampliación, recalcando que no fue valorado correctamente y debe ser analizado por la máxima Autoridad de Justicia.

Concluyó solicitando, a la Corte Suprema de Justicia, que case el auto de vista recurrido, en forma total de acuerdo a lo previsto por el art. 274 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto el recurso, corresponde su análisis y consideración, en base a los antecedentes del proceso:

En ese contexto, de la revisión exhaustiva de los datos del proceso y del contenido del recurso de casación en el fondo, el recurrente cuestiona el fallo del tribunal ad quem en la que resuelve y confirma la sentencia, que dispuso cancelar a favor del actor, el salario correspondiente a 11 meses 29 días, en base al salario promedio indemnizable Bs.3.800.-, por concepto de indemnización, desahucio y aguinaldo.

En la especie, de acuerdo a los datos del proceso, corresponde establecer si el señor Jorge Antonio Ross Mollard, a la conclusión del contrato de trabajo escrito que data de fecha 22 de abril 2003 hasta el 22 de septiembre del mismo año, continuó en funciones hasta el 21 de abril del 2004, es decir, se encontraba sujeto a un contrato indefinido de trabajo o por el contrario, sujeto a una renovación tacita de su primer contrato, tal como alega ampliamente la parte demandada; al respecto consta de obrados que vencido el termino estipulado en el contrato de trabajo, el trabajador se mantuvo en su fuente laboral, subsistiendo su actividad con el consentimiento de la parte empleadora, hecho previsto en el art. 21 de la Ley General del Trabajo.

En efecto, conforme a los precedentes y teniendo en cuenta que vencido el termino estipulado en el contrato de trabajo de fs. 44 a 46, el actor continuo trabajando, por lo que, en virtud a la figura legal de tácita reconducción, se establece que el actor al vencimiento del primer contrato se encontraba sujeto a contrato de plazo indefinido, en la forma convenida en la cláusula cuarta de dicho documento, donde las partes estipularon como fecha de vencimiento del contrato de trabajo el 22 de septiembre 2003, porque no obstante de haberse determinado de forma expresa la prohibición de renovación del contrato de trabajo en forma tácita, al señalar: que una vez concluida la fecha de conclusión del presente contrato, no se producirá la renovación tacita extinguiéndose indefinidamente en la fecha señalada. Si bien sobre este extremo el recurrente refiere que no se puede alegar la renovación tacita del mismo, cuando se encuentra prohibida expresamente por acuerdo de partes; sin embargo al respecto ningún precepto legal otorga la posibilidad de sobreentender ni la prohibición o posibilidad de otro contrato que no fuera el que acordaron las partes en fecha 22 de abril 2003, al contrario la RM Nº 283/62 de 13 de junio de 1962, establece claramente, la modalidad del contrato a plazo fijo, requiere indefectiblemente la forma escrita, y el vencimiento del primer contrato de trabajo.

En el caso de autos, se establece que, el actor al vencimiento del contrato de trabajo (fs. 44 a 46) se encontraba al amparo de la RM Nº 283/62, gozando de un contrato de forma indefinida, norma que a la fecha de su despido se encontraba en vigencia, por lo que, el despido realizado por la entidad “PRO MUJER EL ALTO”, se realizó de manera forzosa y unilateral, intempestiva y en contra de la voluntad del trabajador sin antes cumplir lo que estipula el DS Nº 6813, de 3 de junio de 1964 en su artículo único previene el preaviso de retiro, para obreros será de 90 días, después de 3 meses de trabajo ininterrumpido, al igual que para los empleados.

En cuanto a la relación laboral, cuyo inicio fue desde el 22 de abril de 2003 hasta el 21 de abril 2004, conforme concluyeron de manera acertada los tribunales de instancia, al establecer como tiempo de servicio 11 meses y 29 días, con las características esenciales de una verdadera relación laboral, como es la dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador, trabajo por cuenta ajena y la percepción de una remuneración o salario mensual, de conformidad al art. 2 de la Ley General del Trabajo, concordante con el Decreto Supremo Nº 23579 de 26 de julio de 1993, por consiguiente, no existe documentación contraria que modifique la pretensión del trabajador. En este sentido, se puede señalar que no es posible desconocer el derecho del trabajador a percibir los beneficios sociales que por ley le corresponde, los mismos que son irrenunciables e inembargables conforme prevé el art. 48.III de la Constitución Política del Estado y art. 4 de la Ley General del Trabajo, por lo tanto corresponde el pago de los derechos reconocidos en sentencia de primera instancia y confirmados en el auto de vista recurrido.

       De todo lo expuesto, se concluye que las afirmaciones realizadas en el recurso de casación de fs. 159 a 163, carecen de sustento legal; ya que el auto de vista recurrido emitido por el tribunal ad quem se sujeta a las normas legales en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna, al contrario existió correcta valoración, interpretación y aplicación de la ley por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución prevista con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado, y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 159 a 163, con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en Bs.500.- que mandará pagar el Tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez