SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 16/2015-L.

Sucre, 24 de febrero de 2015.

Expediente: CBBA.283/2010.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de nulidad o casación en la forma y en el fondo de fs. 95 a 100 interpuesto por la Empresa Nacional de Ferrocarriles “ENFE” a través de su representante José Manuel Pinto Claure contra el Auto de Vista Nº 028/2010 de 17 de febrero de 2010, cursante de fs. 89 a 90, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Cochabamba, en el proceso laboral que se tramita en liquidación, seguido por Silvana Leonor Aramayo Paz contra la empresa recurrente, el auto de fs. 102 que concedió el recurso, los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la causa de referencia, el Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, emitió Sentencia el 24 de marzo de 2008, cursante de fs. 60 a 62, declarando probada en parte la demanda en lo que respecta a los conceptos de indemnización por tiempo de servicios de la gestión 2005 (4 meses y 15 días), desahucio e indemnización por tiempo de servicios de la gestión 2006 (6 meses y 15 días), aguinaldo por el tiempo trabajado el año 2006 (6 meses y 4 días), doble por su incumplimiento en su pago oportuno y salarios devengados de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2006 y 11 días del mes de enero del año 2007 e improbada en lo que respecta a la indemnización por tiempo de servicios correspondiente del 1 de enero del 2006 al 25 de junio del año 2006 y al concepto de vacación; por lo que ordena que la Empresa Nacional de Ferrocarriles Residual “ENFE”, representada por Gregorio Condori Herrera, cancele dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia, la suma de Bs.36.416,60.- (treinta y seis mil cuatrocientos dieciséis 60/100 bolivianos), a favor de la actora Silvana Leonor Aramayo Paz, bajo conminatoria de ley, más reajustes y actualizaciones previstos por el DS Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992

Que en grado de apelación de fs. 79 interpuesto por la Empresa Nacional de Ferrocarriles “ENFE” a través de su representante Hernán Duran Lazo, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 028/2010 de 17 de febrero, cursante de fs. 89 a 90, confirmó la sentencia apelada; sin costas.

Contra la resolución de segunda instancia, la empresa demandada por memorial de fs. 95 a 100 planteó recurso de nulidad o casación expresando en síntesis lo siguiente:

En el recurso de casación en la forma, el recurrente denuncia:

A) En consideración a los antecedentes que constan en las literales de fs. 1 a 6; de fs. 21 a 31; fs. 32; fs. 37; fs. 40 y fs. 41, la demanda no podía iniciarse contra una persona carente de representación legal de la empresa; toda vez que la actora no fue contratada por un coordinador de ENFE Cochabamba, sino por los presidentes ejecutivos que a su turno suscriben los contratos de trabajo, por cuanto de acuerdo al DS Nº 23631 cursante a fs. 76 y 77, art. 2.a) son los únicos que ejercen la representación legal de la empresa en los actos administrativos, a quienes debería haberse notificado, por lo que, el auto de vista al desestimar este aspecto, incurre en errónea aplicación del art. 72 del Código Procesal del Trabajo y al haber dado por válida la citación a Gregorio Condori que nunca fue personero legal de la empresa, violó las formas esenciales del proceso, prevista como causal por el art. 254.7) del CPC, y por otra, el auto de vista al fundar su decisión en lo previsto por el art. 73 del CPT también violó lo previsto en los arts. 90, 252, inc. f) del art. 3 del CPT en los alcances del art. 127.II del CPC, arts. 71, 72 y 73 del Código Procesal del Trabajo.

B) Denuncia que, el auto de vista al sostener que la notificación al ministerio público, está condicionada a la imposibilidad de citación de sus personas; esta interpretación importa errónea e ilegal aplicación del art. 73 del Código Procesal del Trabajo y art. 127 del Código de Procedimiento Civil, fue modificado por la disposición final quinta de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

C) Que el auto de vista omitió pronunciarse respecto a la causal de nulidad invocada referente a infracciones procesales, sobre la falta de citación con la demanda laboral al representante legal de la empresa, por lo que acusa la infracción por omisión de los arts.7, 90, 127 y 128 del Código de Procedimiento Civil, con relación a los arts. 3.f), 71, 72, 73 del CPT y 257 de la Ley de Organización Judicial; infringiéndose además los arts. 30 de la Ley de Organización Judicial, cuya infracción consiste en no haber valorado la prueba presentada por la misma demandante, ni la presentada en apelación, cuando debió cumplirse los arts. 90, 127 (modificado por disposición final quinta de la Ley Nº 2175), 128, 252, 254 del Código de Procedimiento Civil, 71,72 y 73 del CPT, 247 de la Ley de Organización Judicial.

Con estos argumentos, solicita que se anule el auto de vista, por existir infracciones que interesan al orden público.

En cuanto al recurso de casación en el fondo; el recurrente, denuncia que conforme a la prueba de fs. 76 y 77, literales de fs. 1 al 6, 8, 21 al 31, 32, 37 que reviste la fuerza probatoria del art. 154 del CPT, se advierte que Gregorio Condori Herrera no podía ser demandado ni debía admitirse la demanda porque carecía de personería jurídica al no ser autoridad jerárquica superior, ni representante legal de la empresa ENFE., persona que no le contrato a la actora ni tampoco la despidió, sino que siempre fue el presidente ejecutivo a su turno que tomó dentro sus facultades estas determinaciones; por lo que el auto de vista, interpreta erróneamente y aplica indebidamente los arts. 72 y 73 de la LGT al considerar válida la citación a esta persona, lo que importa violación de los arts. 90, 127, 128, 252, 254 del Código de Procedimiento Civil, arts. 71, 72 y 73 del CPT, Ley Nº 2175 en su Disposición final quinta y art. 247 de la Ley de Organización Judicial, por no reparar el vicio de nulidad.

Concluye solicitando que se anule obrados o se case el auto de vista, declarando improbada la demanda, por inexistencia de la personería del demandado, disponiendo no haber lugar al pago de los beneficios sociales a la demandante.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso de casación se ingresa a su consideración por separado:

Sobre la casación en la forma, su objetivo final está orientado a precautelar el derecho de defensa en juicio como elemento del debido proceso. Por ello, si bien es cierto que el cumplimiento de las normas procesales respeto a las formas instituidas es de orden público, por mandato del art. 90 del Código de Procedimiento Civil, no es menos evidente que el quebranto de dichas normas se sanciona con nulidad solamente por vía de excepción.

Con respecto a la denuncia en el inc. A), se advierte de la revisión de antecedentes que, interpuesta la demanda por la actora (fs. 41 a 42) contra la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE, señalando a Gregorio Condori Herrera como representante regional en el departamento de Cochabamba, quien ejercía el cargo de Coordinador Regional de ENFE Cochabamba, según la literal de fs. 67, sustituido por el que resulta interponiendo la apelación (fs.79), validando de esta manera a través de dicho recurso como funcionario legal para representar departamentalmente a la Empresa.

De lo expuesto se tiene que, resulta totalmente válida la citación realizada al anterior representante regional de la empresa Gregorio Condori Herrera, por cuanto su sustituto en su condición también de representante regional, es quien interpone el respectivo recurso de alzada, siendo así no resulta coherente, honesto ni legítimo que ahora la institución demandada pretenda negar la citación con la demanda, sin considerar que en materia laboral la citación se practicará a los funcionarios que legalmente los represente conforme determina el art. 73 del Código Procesal del Trabajo, que en el presente caso, es la norma especial y específica. En todo caso, no obstante que la empresa tenía pleno conocimiento de la existencia de la demanda, no objetó oportunamente menos impugnó en la vía incidental, ni opuso las excepciones que establecen los arts. 143 y 127 del Código Procesal del Trabajo, entre ellas, la de impersonería en el demandado lo que significa que voluntariamente consintió el hecho.

Lo sostenido precedentemente, también se corrobora con el hecho de que la apelante, aun cuando dice contradictoriamente que no podía asumir defensa por la empresa demandada dado que no fue citada con la demanda en la persona de su representante. De otro lado, señala que la persona que fuera citada como representante, es una persona carente de representación legal de la empresa; de ser así, Hernán Duran Lazo tampoco estuviese facultado para asumir defensa a través del incidente de fs. 71 y el recurso de apelación por memorial de fs. 79, de modo que la empresa jamás estuvo en indefensión; toda vez que se le permitió todos los recursos que la ley franquea al demandado, se respetaron los plazos y, en definitiva, se cumplieron todos los presupuestos formales que hacen al debido proceso, a tal grado que incluso ahora se encuentra ejercitando su derecho de recurrir en casación; constituyendo dichas gestiones plenamente válidas dentro del proceso y en representación legal de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE, por imperio de lo dispuesto por el art. 120 del Código Procesal del Trabajo; consecuentemente, el proceso ha sido substanciado sin vicios de nulidad, conforme al art. 3.1) del Código de Procedimiento Civil; razonamiento por el cual, se hace aplicable por este Tribunal Supremo lo dispuesto por los arts. 3.e) y 57 del Código Procesal del Trabajo con relación a la preclusión procesal se refiere, evitando de tal manera retrotraer el proceso a las etapas concluidas, que además por el principio de trascendencia como uno de los que sustentan las nulidades procesales, dicha desviación procesal debe ser de tal magnitud que ocasione a la parte solicitante de tal sanción de nulidad, el perjuicio real ocasionado como la violación del derecho a la defensa o el debido proceso; de lo que se tiene que en la solicitud de nulidad tanto el interés como el perjuicio deben ser fehacientemente demostrados por ser indispensable que la irregularidad coloque a la parte en estado de indefensión, lo que no ocurrió en el caso presente; de lo que se concluye que, el auto de vista impugnado, no ha vulnerado las normas denunciadas como violadas o infringidas.

Por otra parte, en cuanto a la denuncia en el inc. B), de no haberse notificado al Ministerio Público; se tiene que tal observación no es atendible, por cuanto de acuerdo con el precepto del art. 73 del Código Procesal del Trabajo, el Fiscal de Distrito solo será notificado ante la imposibilidad de notificar a los representantes legales, supuesto que no se da en la especie; por cuanto conforme a la conclusión arribada en el anterior punto, la empresa demandada, fue citada legalmente en la persona de su representante, por consiguiente no es evidente la denuncia que el tribunal de alzada hubiera infringido las normas acusadas de violadas.

En cuanto a su denuncia del inc. C), de que el auto de vista omitió pronunciarse respecto a la causal de nulidad invocada referente a infracciones procesales por falta de citación con la demanda laboral al representante legal de la empresa y, no haberse valorado las pruebas presentadas por ambas partes.

Al respecto, en principio debe dejarse claramente establecido que, cuando el tribunal de segundo grado no se pronunció sobre algún punto apelado, corresponde a la parte - de acuerdo a lo establecido por el art. 196.2) con relación al art. 239 del Código de Procedimiento Civil - solicitar la complementación del referido fallo, sobre cuya base, puede recurrir de casación; sin embargo de aquello se tiene que el tribunal de apelación al dictar el auto impugnado ha circunscrito la resolución precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que han sido objeto de apelación conforme a la expresión de agravios que imponen los arts. 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil; asimismo, la empresa recurrente formula denuncias sobre la falta de valoración de la prueba, fundamento que tiene que ver más bien con los alcances dentro de un recurso de casación en el fondo, al tenor del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que en su ordinal 3) expresamente determina “Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho…”.

En virtud de los criterios expuestos, se concluye que el tribunal de apelación en su resolución, ha observado las disposiciones legales pertinentes, no siendo ciertas las infracciones de los preceptos citados por la recurrente.

En consecuencia, no existe ningún motivo para anular obrados, porque en la tramitación de la causa no existe ninguna violación al derecho de defensa de las partes y el debido proceso, ni menos que el auto de vista haya violado el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual el recurso de casación en la forma deviene en infundado.

Resolviendo el recurso de casación en el fondo; el recurrente señala como punto controversial, la falta de personería de Gregorio Condori Herrera para ser citado con la demanda; al respecto, el art. 72 del Código Procesal del Trabajo, establece: “… tratándose de personas jurídicas, esta citación se efectuará válida e indistintamente a sus presidentes, gerentes, administradores o personeros legales…”, complementado por el art. 73 del mismo Código, que previene de que la citación al tratarse de Ministerios, Prefecturas, Municipalidades y demás personas jurídicas de derecho público, se la practicará a los funcionarios que legalmente los represente.

Consiguientemente, de la interpretación sistematizada de dichos preceptos y en consideración que tal aseveración, se advierte ha sido resuelta precedentemente en el recurso de casación en la forma en respuesta a la denuncia en el inc. A), de lo que se tiene que la citación con la demanda en la persona de Gregorio Condori Herrera en su condición de Coordinador Regional de entonces de ENFE, es válida; al margen que dicha citación cumplió con su objetivo, cuál era el de poner en conocimiento efectivo de la referida entidad la demanda incoada por el actor, evidenciándose incluso que esta actuación judicial no le causó indefensión alguna, pues en virtud a ella ejerció plenamente su derecho a la defensa planteando los recursos que le franquea la ley (apelación y casación); por lo que mal podría reclamar la entidad recurrente en esta etapa procedimental la impersonería, siendo que conforme a lo establecido por los arts. 127.a) y 128 del Código Procesal del Trabajo, dicha impersonería al constituirse en una excepción previa, debió presentarse antes de contestar a la demanda, situación extrañada en la especie, aplicándose de tal forma el principio de preclusión conforme lo dispone el art. 3.e) en relación con el art. 57 del Código Adjetivo Laboral, teniéndose por convalidada en los hechos dicha citación en base al principio de convalidación.

Que, en el marco legal descrito, el Tribunal de Alzada no incurrió en trasgresión, violación o errónea aplicación de normas, ni en la interpretación errónea y aplicación indebida de la ley al confirmar la Sentencia de primera instancia como se acusó en el presente recurso, que en tal sentido también deviene en infundado.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos corresponde resolver ambos recursos conforme a la previsión de los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso presente, en virtud a lo dispuesto por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y el fondo de fs. 95 a 100. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez