SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 13/2015-L.

Sucre, 24 de febrero de 2015.

Expediente: CBBA.287/2010.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 50, interpuesto por la empresa Lloyd Aéreo Boliviano S.A. (LAB), representado por Grover Villanueva Tapia, impugnando el Auto de Vista Nº 046/2010 de 2 de marzo de 2010 de fs. 46 a 47, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social de pago de beneficios sociales, que se tramita en liquidación, seguido por Jorge Boza Mancilla contra la empresa recurrente, la respuesta de fs. 53, el auto de fs. 54 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social, el Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, pronunció Sentencia el 3 de abril de 2008 de fs. 31 a 33, declarando probada en parte la demanda de fs. 1, subsanada a fs. 5, e improbada la excepción perentoria de pago de fs. 23, disponiendo que la empresa demandada, dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia, pague al demandante, la suma de Bs.195.452,28.-, de acuerdo a la liquidación efectuada, más los reajustes previstos por el DS Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992.

Contra la sentencia, la empresa demandada, formuló recurso de apelación de fs. 37 a 38, que fue resuelto por Auto de Vista Nº 046/2010 de 2 de marzo de 2010 de fs. 46 a 47, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior de Distrito de Cochabamba, confirmando la Sentencia de 3 de abril de 2008, con la modificación de que debía excluirse de la parte resolutiva el concepto de prima, estableciendo que al actor solo le corresponde el equivalente a 31 días de vacación, de acuerdo a los fundamentos expuestos, quedando como monto a cancelar en favor del trabajador, la suma de Bs.169.981,47. Sin costas por las modificaciones.

El auto de vista referido, motivó el recurso de casación y/o nulidad de fs. 50, interpuesto por el representante de la empresa Lloyd Aéreo Boliviano, expresando en síntesis los siguientes agravios:

Que, el tribunal de apelación a tiempo de emitir el auto de vista impugnado, realizaron una valoración e interpretación errónea y aplicación indebida de la ley y de la prueba aportada al proceso, infringiendo lo establecido en el art. 253.1) y 3) del CPC, toda vez que consintieron la ilegal determinación de otorgar al trabajador demandante, el aguinaldo correspondiente a la gestión 2005 en forma doble, por incumplimiento, y del art. 64, consiguientemente, su mala aplicación, toda vez que esta norma establece que el juez de primera instancia podrá condenar por pretensiones distintas de las pedidas, cuando se trata de salario básico, vacaciones y otros; sin embargo, la norma no comprende el aguinaldo o las primas por utilidades, por lo cual no hay razón para que se aplique tal disposición a los conceptos referidos, más aún si no consta que hubiese sido demandando por el actor, consiguientemente, el juez extralimitó su competencia al otorgar beneficios no demandados, incurriendo en exceso de poder o competencia, infringiendo además el principio de congruencia, al aceptar y reconocer por una parte, la validez del texto de dicho artículo, y por otro lado, de manera contradictoria, ratifican y consienten su pago ilegal.

Alega que el auto de vista impugnado, incurre en la causal de casación en la forma, establecida en el art. 254, al no haber cumplido con la pertinencia de la resolución prevista por el art. 236 del CPC, pues no se pronuncia sobre todos los puntos objeto de la apelación.

Finalmente, acusa la nulidad del fallo recurrido, señalando que este fue pronunciado, alterando el orden cronológico de resolución y sin ceñirse estrictamente a su fecha de ingreso, vulnerando el orden establecido para las resoluciones de la Sala Social, infringiendo normas de orden público como el art. 267 de CPC y fuera de plazo legalmente establecido por ley.

En mérito a lo expresado, solicita se conceda el recurso para que el Tribunal de Casación, case o anule el auto de vista impugnado, con costas.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, analizado el contenido del mismo se establece lo siguiente:

De la lectura y análisis del memorial de recurso de casación y/o nulidad, se establece que el mismo carece de técnica jurídica y recursiva, además de que en el desarrollo de sus argumentos no individualiza los fundamentos correspondientes al recurso de casación en el fondo y en la forma, ni considera lo establecido para ambos recursos en los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con esos argumentos impetra en su petitorio que este Tribunal Supremo “…CASE o en su caso ANULE su injusto Auto de Vista”. Al respecto, cabe aclarar que el recurso de casación en el fondo y en la forma o de nulidad, tienen efectos distintos, pero de ninguna manera puede producirse una resolución alternativa o complementaria la una de la otra. No obstante de las deficiencias enunciadas, se pasa a fundamentar a efectos de resolver la causa y dar una respuesta a las partes en litigio.

Referente a la denuncia de que el tribunal ad quem al emitir el auto de vista recurrido infringió el art. 253.1) y 3) del Código de Procedimiento Civil, referente al recurso de casación y/o nulidad que señala: "Procederá el recurso de casación en el fondo: 1) Cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley… 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador".

De la norma descrita precedentemente, se establece que esta denuncia de infracción es incorrecta, por tratarse de una disposición que se limita a describir las causales de procedencia del recurso de casación en el fondo que interpone justamente el recurrente para abrir la competencia en el Tribunal de Casación, por lo que, mal podría ser infringida, en el entendido que infringir significa, no cumplir una norma o ley, o actuar en contra de ellas, entonces como podría el tribunal de alzada haber actuado en contra de dichas disposiciones o de qué manera no las hubiera cumplido.

En relación a la acusación formulada respecto de la supuesta nulidad del auto de vista impugnado, en virtud a que el mismo hubiera sido pronunciado alterando el orden cronológico de resolución de la causa y sin ceñirse a la fecha de ingreso, infringiendo normas de orden público como el art. 267 del Código de Procedimiento Civil; de la lectura de ésta norma se tiene que la misma dispone que la distribución de causas y tablilla se efectúa mediante sorteo ciñéndose estrictamente a la fecha de ingreso, distribución que se hará pública en Secretaría de cada Sala. Es así que en la especie, de la revisión de antecedentes se observa que una vez radicado el proceso en la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, el 28 de julio de 2008 (fs. 43 vta.), y notificado a las partes en fecha 30 de julio de 2008 (fs. 44); se advierte que pasado el periodo de los cinco días establecido para la presentación de nuevos documentos o la solicitud de la apertura de plazo probatorio por las partes, en fecha 19 de febrero de 2010 (fs. 45), se dictó el Decreto de Autos para Resolución, con el que fueron notificadas las partes procesales el 19 de febrero de 2010 (fs. 45), efectuándose el sorteo en fecha 22 de febrero de 2010, tal como evidencia la diligencia de fs. 45 vta., emitiéndose el auto de vista ahora recurrido el 2 de marzo de 2010; es decir, dentro de los 10 días que determina el art. 209 del Código Procesal del Trabajo, inicialmente referido; no existiendo evidencia de que se hubiera modificado el orden del aludido sorteo que conforme se verifica a fs. 45 vta., se sujetó a las formalidades previstas en los arts. 267 del Código de Procedimiento Civil y 122 de la Ley de Organización Judicial (Ley Nº 1455) vigente al momento en que fue efectuado; asimismo, es oportuno recordar que el recurrente se encuentra obligado a señalar cómo, por qué y de qué manera se produjo la vulneración que acusa, tal como dispone el inciso 2) del art. 258 del Código Adjetivo Civil, lo que en autos no sucedió.

Como se tiene señalado en el párrafo anterior, el art. 267 del Código de Procedimiento Civil indica: “Semanalmente (…) se procederá a la distribución mediante sorteo, ciñéndose estrictamente a su fecha de ingreso. Esta distribución se hará pública en la secretaría de cada sala.” En este sentido, lo anterior constituye una temeridad de parte del recurrente el no señalar como, por qué y de qué manera se produjo la vulneración que acusa, pues quien acusa se encuentra obligado a probar; no obstante, en el caso en análisis, se efectuó la acusación, más no se probó y ni siquiera se señaló referencia alguna al respecto.

Por otro lado, la empresa recurrente cuestiona el fallo de segunda instancia, acusando que dicha resolución, contiene valoración e interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, infringiendo lo establecido en el art. 253.1) y 3) del Código Civil, al haber confirmado la determinación de otorgarle el pago doble del beneficio de aguinaldo por la gestión 2005, realizando una interpretación errónea del art. 64 (no señala de que norma), más aun tomando en cuenta que dicho beneficio, no fue demandado por el trabajador, lo que implica que el juez de la causa, extralimitó su competencia al otorgar beneficios no demandados; además de infringir el principio de congruencia al reconocer inicialmente la validez de la normativa señalada precedentemente y sin embargo de manera contradictoria, ratificar el pago del beneficio de aguinaldo.

En ese contexto, de la revisión de obrados, propiamente de la demanda de fs. 1, se advierte que el actor, solicitó el pago del beneficio de aguinaldo por duodécimas en la suma de Bs.3.866,35.-, mismo que fue otorgado por el juez a quo, correspondiente a 8 meses y 26 días por la gestión 2005, en forma doble por su incumplimiento, amparando esa disposición en aplicación de los arts. 62 y 64 del Código Procesal del Trabajo; determinación que fue ratificada por el tribunal de alzada, por haberse dictado en aplicación a la normativa señalada y con las formalidades del art. 202 del Código Procesal del Trabajo.

El art. 64 del Código Procesal del Trabajo, cuestionado por la empresa recurrente en cuanto a su errónea interpretación y aplicación por los de instancia, si bien en la primera parte otorga al juez la posibilidad de condenar por pretensiones distintas de las pedidas, cuando se trata de salario mínimo, salario básico, vacaciones, declaraciones o condenas sustitutivas, la segunda parte de la misma normativa señala claramente que “Podrá también condenarse al pago de sumas mayores que las pedidas en la demanda, cuando en el proceso se establezca que estos son inferiores a las que corresponden al demandante de conformidad con la Ley”; fue en ese entendido que el juez a quo, pese a no haberse solicitado el pago doble del aguinaldo, es que dispuso su pago con la multa establecida por ley, porque el Decreto Ley Nº 229 de 18 de diciembre de 1944, establece en su artículo primero, la obligación que tienen todo empleador de reconocer en favor de sus empleados, el pago de un mes de sueldo como aguinaldo, disponiendo taxativamente en su artículo segundo que el incumplimiento a esa disposición, será penada con el pago doble de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior.

       De ahí que los jueces de grado reconocieron el pago doble del aguinaldo por incumplimiento, correspondiente a 8 meses y 26 días de la gestión 2005; además por un principio de justicia y en aplicación de la tutela judicial que todo ciudadano exige cuando acude ante el órgano jurisdiccional, se reconoció este derecho inalienable y adquirido de aguinaldo; derecho que al ser inherente a la naturaleza del hombre no pueden dejar de asignarse. En consecuencia, no habiendo sido desvirtuada la pretensión del trabajador de pago de aguinaldo doble por incumplimiento, ni demostrado la interpretación y aplicación errónea del art. 64 del Código Procesal del Trabajo, del cual convenientemente la empresa recurrente solo transcribe la primera parte, para demostrar que no es aplicable al caso, dejando de lado la segunda parte, que se adecúa claramente a la problemática planteada, corresponde el pago doble del aguinaldo por la gestión 2005, como derecho adquirido el pago del aguinaldo de conformidad a lo dispuesto por el art. 2 del DS Nº 229 de 21 de diciembre de 1944, derecho correctamente asignado por los tribunales de instancia.

Corresponde manifestar además, que en el marco del principio de legalidad de la sentencia judicial, ciertamente en materia civil, la misma debe dar solución al conflicto en la medida de lo demandado por las partes (art. 190 del CPC); empero por el principio de especialidad contenido en el art. 5 de la LOJ, la sentencia en materia del trabajo debe comprender lo preceptuado en el inc. c) del art. 202 del CPT, que dispone: "La Parte resolutiva también comprenderá aquello que el trabajador hubiese omitido reclamar en el demanda y que en el curso del proceso se hubiera evidenciado y tenga conexitud"; de ahí que el aguinaldo al constituirse en un derecho adquirido e inalienable, inherente a la condición humana de toda persona debe cancelarse en el monto determinado por el tribunal de apelación ya que fue un hecho asignado porque se demostró que debía ser pagado a favor de la demandante. Por consiguiente, no es evidente que el auto de vista ahora recurrido hubiera sido pronunciado en forma ultra petita, sino que por el contrario reconoció un derecho de manera legítima.

Por lo que ésta Sala concluye que, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso que se examina, y que el auto de vista no transgredió ni vulneró ninguna norma, por el contrario, se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, menos acreditó causal válida para disponer la nulidad del proceso, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la permisión prevista del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación y/o nulidad de fs. 50, interpuesto por Grover Villanueva Tapia, apoderado legal Lloyd Aéreo Boliviano; con costas.

Se regula el honorario del abogado en Bs.500.-, que mandará hacer efectivo el tribunal de alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez