SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 11/2015-L.

Sucre, 24 de febrero de 2015.

Expediente: CBBA.285/2010.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación y/o nulidad de fs. 159, interpuesto por la empresa Lloyd Aéreo Boliviano S.A., representada por Grover Villanueva Tapia, contra el Auto de Vista Nº 020/2010 de 3 de febrero de 2010 de fs. 155 a 157, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso social que se tramita en liquidación, seguido por David Naim Asbun, representado legalmente por Sergio Iván Coca Céspedes, contra la empresa recurrente, el memorial de respuesta de fs. 163, el auto de fs. 164 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

       CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Primero de Partido de Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Cochabamba, emitió Sentencia el 5 de junio de 2007 de fs. 118 a 122, declarando PROBADA en parte la demanda de fs. 35 a 39, en lo que respecta al pago de los beneficios sociales de desahucio, indemnización por tiempo de servicios de 4 años, 7 meses y 10 días, aguinaldo por el año 2006 por 8 duodécimas y 6 días, vacaciones por una gestión y 7 duodécimas, sueldos adeudados de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2005 enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 6 días del mes de septiembre de 2006, e IMPROBADA la excepción perentoria de pago opuesta por la parte demandada por memorial de fs. 51 a 52 de obrados; conminando en consecuencia a la empresa demandada para que a través de sus representantes legales, Antonio Chiquie Dippo y Norma Deissy Flores Zabalaga en su condición de Presidente del Directorio y Directora Secretaria, respectivamente, pagar al actor dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia y bajo conminatoria de ley, la suma de $us.76.540,00.- (setenta y seis mil quinientos cuarenta 00/100 dólares americanos).

       En grado de apelación formulada de fs. 140 a 141 por la empresa demandada, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 020/2010 de 03 de febrero de 2010 de fs. 155 a 157, confirmó la sentencia apelada, con la modificación que se debe deducir la suma de $us.3.188,19.- del rubro sueldos adeudados de la liquidación constante en la parte resolutiva de la sentencia, conforme a lo establecido en el punto 6 del único considerando, ordenando el pago de la suma de $us.73.351,81.- (setenta y tres mil trescientos cincuenta y uno 81/100 dólares americanos), por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacaciones y sueldos adeudados. Sin costas por la modificación.

       Que, el referido auto de vista, motivó el recurso de casación y/o nulidad de fs. 159 interpuesta por la Empresa Lloyd Aéreo Boliviano S.A. representada por Grover Villanueva Tapia, en el que señala lo siguiente:

Acusó que el tribunal ad quem infringió lo establecido en los incisos 1) y 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, al realizar aplicación indebida e interpretación errónea de la ley, al haber consentido la existencia de una relación civil y comercial al descontar el monto pagado al actor por concepto de “honorarios”, lo que hace contradictorio e incongruente al auto de vista.

Señaló además que no puede darse aplicación al principio de primacía de la realidad previsto en el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, puesto que la ley laboral es retroactiva únicamente en los casos específicos previstos en la misma situación, que en este caso no se consideró que se trata de un contrato celebrado con anterioridad a la vigencia del citado decreto supremo.

Refirió que no corresponde la actualización y multa prevista en el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, como se dispuso en la sentencia, por lo que en estricta aplicación de los principios de justicia y equidad se debe dejar sin efecto la aplicación de dicha sanción, toda vez que el actor no habría acompañado prueba que advierta que el Ministerio del Trabajo hubiese aprobado el Reglamento específico que respalde los procedimientos establecidos, conforme previó el art. 13 del indicado decreto supremo, conforme se estableció en procesos similares, concluyendo que no es aplicable al presente caso.

También acusó que, al considerar procedente el pago de aguinaldo teniendo certeza de que los honorarios eran pagados en moneda extranjera se violó el art. 3 de la Ley de 18 de diciembre de 1944, porque no existe estipulación en contrario; asimismo señala que el auto de vista no se pronunció sobre todos los puntos apelados, en particular sobre la relación civil existente entre LAB S.A. y el demandante.

Por otra parte, en la forma acusó que se incurrió en la causal de casación establecida en el art. 254, por no cumplir la resolución de alzada con la pertinencia prevista en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente acusó que el fallo fue pronunciado alterando el orden cronológico de resolución y sin ceñirse estrictamente a la fecha de ingreso, vulnerándose el art. 267 del Código de Procedimiento Civil, infringiendo normas de orden público.

Concluye solicitando al Supremo Tribunal, case o en su caso anule el auto de vista recurrido, con costas.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los argumentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

En relación con la acusación de que el tribunal de apelación infringió lo establecido en el art. 253.1) y 3) del Código de Procedimiento Civil, por realizar una indebida y errónea interpretación de la ley; cabe señalar que el citado artículo expresa: incs. “1) Cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley. 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador”. Es decir éstas disposiciones legales simplemente prevén algunas de las causales descriptivas para la procedencia del recurso de casación en el fondo, y de ninguna manera significa que la violación se encuentre directamente en esa misma norma legal, por lo que, quienes recurren en casación amparados en estos preceptos legales, tienen el deber de fundamentar cuáles de las demás disposiciones legales fueron errónea o indebidamente aplicadas por los jueces de instancia, y sobre todo especificar en qué consiste esa violación, falsedad o error, tal como exige el art. 258.2) del Código de Procedimiento Civil.

Respecto a que se hubiese consentido la existencia de una relación civil y comercial al descontar el monto pagado al actor por concepto de “honorarios” y que no se puede dar aplicación al principio de primacía de la realidad previsto en el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006; cabe señalar que de los antecedentes del proceso, se advierte que por las literales de fs. 17 a 20 la empresa ahora demandada suscribió contratos de prestación de servicios entre el actor y el representante legal de la empresa demandada, contratos que se encontraban con la denominación de prestación de servicios; sin embargo, bajo el principio de primacía de realidad y en aplicación de los arts. 1 y 2 del Decreto Supremo Nº 23570 se cumplió con las características esenciales de la relación laboral como a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; b) La prestación de trabajo por cuenta ajena; y c) La percepción de remuneración; y al concurrir las características señaladas, el actor se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo y goza de todos los derechos reconocidos en ella, más aun cuando en materia laboral rige el principio de “primacía de la realidad”, que importa en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos suscritos entre las partes, debe otorgarse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos.

Referente a la denuncia de que no corresponde la aplicación de la actualización y multa prevista por el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, dispuesta en la sentencia, porque atentaría los principios de justicia y equidad; es preciso señalar que de la revisión de la misma, no consigna la actualización y multa, en consecuencia este motivo no fue recurrido en apelación en tal virtud no procede su impugnación en la vía de la casación.

Con relación a que no correspondería el pago de aguinaldo por percibir sus salarios en moneda extranjera, es necesario remitirnos a la Ley de 22 de noviembre de 1950 que en su artículo único señala: Interpretando la Ley de 18 de diciembre de 1944 se reconoce el derecho, de empleados y obreros, sin exclusión, al aguinaldo anual…”, (las negrillas son añadidas) es decir que el aguinaldo al pagarse sin exclusión corresponde a todos los trabajadores sean estos remunerados en moneda nacional o extrajera, por ser un derecho adquirido no admite discriminaciones ni privilegios de donde se colige que no es evidente lo denunciado por la empresa recurrente.

Asimismo con relación a que el tribunal de alzada no se pronunció sobre todos los puntos apelados en particular a la relación civil existente entre LAB S.A. y el demandante; de la revisión del auto de vista se evidencia que el tribunal de segunda instancia si realizó la debida fundamentación resolviendo todos los puntos en términos claros, positivos y precisos, que fueron objeto de la apelación, advirtiéndose con claridad que al momento que se emitió tanto la sentencia como el auto de vista, se cumplió los requisitos previstos en el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y la pertinencia prevista en el art. 236 del citado Código Adjetivo Civil; en consecuencia, el auto de vista se ajustó a los principios de pertinencia, exhaustividad y congruencia resolviendo el fondo de la causa en estricta sujeción a las disposiciones laborales en vigencia.

Por otra parte, sobre la casación en la forma reclamando la supuesta nulidad del auto de vista impugnado, en virtud a que el mismo hubiera sido pronunciado alterando el orden cronológico de resolución de las causas y sin ceñirse a la fecha de ingreso, infringiendo normas de orden público como el art. 267 del Código de Procedimiento Civil; corresponde señalar que dicho artículo refiere que los sorteos se realizaran semanalmente y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 72 de la Ley de Organización Judicial (Ley Nº 1455), se procederá a su distribución ciñéndose estrictamente a su fecha de ingreso y esta distribución se hará pública en la secretaría de cada sala, procedimiento al que se ajustó el proceso según los datos del mismo, por lo que, la denuncia del recurrente sobre este punto no es evidente y menos se incurrió en la infracción de normas de orden público, tampoco se advierte de obrados que exista alguna causal de nulidad, como pretende el recurrente.

De todo lo expuesto, se concluye que las afirmaciones realizadas en el recurso de casación y/o nulidad de fs. 159, carecen de sustento legal; que el auto de vista recurrido emitido por el tribunal ad quem se sujeta a las normas legales en vigencia, donde no se observa violación de norma legal alguna, al contrario existió correcta valoración, interpretación y aplicación de la ley por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso deducido a fs. 159, con costas.

Se regula honorario profesional para el abogado en la suma de Bs.500,00.- que mandará a pagar el tribunal de alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez