SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 04/2015-L.

Sucre, 24 de febrero de 2015.

Expediente: LP.293/2010.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de nulidad de fs. 642 a 643, interpuesto por el Colegio de Ingenieros Civiles de La Paz representado por Jaime Zuleta Iturry, contra el Auto de Vista Nº 21/10 de 6 de febrero de 2010, emitido por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz de fs. 638, dentro del proceso social que se tramita en liquidación, seguido por Mario Ignacio Gutiérrez Altamirano contra la entidad recurrente, el memorial de respuesta de fs. 645 a 646, el auto de fs. 647 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de La Paz, emitió la Sentencia Nº 046/2009 de 15 de mayo, de fs. 611 a 616, declarando PROBADA en parte la demanda de fs. 19, disponiendo que el Colegio de Ingenieros Civiles La Paz a través de su representante legal, cancele al actor la suma de Bs.29.159,00.- (veintinueve mil ciento cincuenta y nueve 00/100 bolivianos), por concepto indemnización, desahucio, aguinaldo de navidad por duodécimas, vacación por duodécimas, sueldo devengado, más la multa del 30%.

En grado de apelación interpuesta por el representante legal del Colegio de Ingenieros Civiles La Paz de fs. 619 a 620, la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, por Auto de Vista Nº 21/10 de 6 de febrero de 2010 de fs. 638, CONFIRMÓ en su totalidad la Sentencia Nº 046/2009 de fecha 15 de mayo de 2009 cursante de fs. 611 a 616 de obrados. Sin costas.

Contra el referido auto de vista, el Colegio de Ingenieros Civiles de La Paz a través de su representante legal, interpuso recurso de nulidad de fs. 642 a 643, en mérito a los siguientes argumentos:

Que tanto el juez a quo como el tribunal ad quem, tienen claro que el demandante ha sido miembro del Directorio del Colegio de Ingenieros Civiles de La Paz, por lo tanto, no se puede justificar la situación laboral del mismo como empleador (miembro del directorio) y empleado a la vez, no obstante en el auto de vista se omite las particularidades que se destacan como el principio jurídico “a confesión de parte relevo de prueba”, que es de aplicación en el caso del juicio, en razón de que la parte contraria en el Otrosí de su memorial de fs. 393 expresamente confesó haber girado a favor del Ing. Luis Ángel Rodríguez y en favor de sí mismo los cheques: 0000048, 0000049, 0000063, 0000064, 0000083 y 0000084, lo que demuestra que el mismo demandante se pagaba sus supuestos haberes y pagaba a terceros, particular que es irregular dentro del orden de que no se puede concentrar en una misma persona la calidad de empleado y empleador.

Prosiguió indicando que el tribunal de apelación reconociendo la existencia de los contratos a plazo fijo y objeto determinado de fs. 68 a 69, 106 a 109, les resta valía a los mismos, al omitir destacar que caducaron expresamente el 31 de diciembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2006, respectivamente, y para que tengan valor debían estar respaldados por Resoluciones de Asamblea o de Directorio, lo cual no ocurrió, y por otro lado no se puede, pretender la tácita reconducción de los indicados contratos en razón de que la estipulación tercera de los destacados convenios, literalmente destaca: “la presente relación contractual será computable a partir del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005 y del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, por lo que a la finalización del mencionado plazo, el Colegio de Ingenieros Civiles queda liberado de cualesquier responsabilidad laboral y/o carga social”.

Señaló también que el tribunal de alzada no se pronunció respecto al Informe de Auditoria de 04 de julio de 2008, donde el demandante, adeuda al Colegio de Ingenieros Civil La Paz, el importe de Bs.34.667,00.

También denunció que tanto la sentencia como el auto de vista contienen violación, interpretación errónea o aplicación de la ley indebida, que desconocen lo estipulado en el art. 5 de la Ley General del Trabajo, así como respecto de la apreciación de la prueba; que el tribunal ad quem incurrió en error de hecho y de derecho, en razón de que no consideraron que por la prueba aportada de descargo y por la propia de cargo, establece que el demandante, no ha tenido calidad de empleado, más por el contrario ha sido Directivo, al extremo de haberse pagado él sus propios haberes girando cheques discrecionalmente.

Concluyó solicitando de manera incongruente que “…se dicte Auto Supremo declarando procedente el recurso y casando el Auto de Vista recurrido, determinando la nulidad de obrados hasta la presentación de la demanda inclusive”.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los argumentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Antes de ingresar en el análisis de la problemática planteada, se debe dejar establecido que la entidad demandada recurre de nulidad al amparo de los arts. 210 a 212 del Código Procesal del Trabajo, sin tomar en cuenta que el recurso de casación en la forma, se funda en errores in procedendo (de procedimiento), que tiene relación con la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, especificadas en el art. 254 del Código Adjetivo Civil, en tanto que para el recurso de casación en el fondo debe fundarse en errores in judicando (de derecho) en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, debiendo estar identificadas en las causales señaladas en el art. 253 de la misma norma legal, sin embargo el memorial de interposición del recurso carece de técnica jurídica y pericia procesal, efectuando una relación de hechos que se produjeron durante la tramitación del proceso y en consecuencia carente de relevancia jurídica.

Aún más, al manifestar en su petitorio que “…se dicte Auto Supremo declarando procedente el recurso y casando el Auto de Vista recurrido, determinando la nulidad de obrados hasta la presentación de la demanda inclusive” (sic), incurriendo en una grave contradicción en su petición, pues solicita se case el auto de vista determinando la nulidad de obrados, olvidando que el recurso de casación en la forma, o de nulidad propiamente dicho, persigue la nulidad de la resolución impugnada a diferencia de la casación en el fondo. No obstante de las deficiencias enunciadas, se pasa a fundamentar a efectos de resolver la causa y dar una respuesta.

En cuanto a la denuncia de que el tribunal de segunda instancia no justificó la situación laboral del demandante como empleador (miembro del directorio) y empleado a la vez, pagándose salarios así mismo y a terceros; al respecto cabe señalar que, de los antecedentes que cursan en el proceso el demandante evidentemente cumplió las funciones de Directivo y de Revisor de Proyectos de la entidad demandada, sin embargo, el cargo de Directivo era ad honorem, es decir esta actividad se llevaba a cabo sin percibir ninguna retribución económica y esta condición no le impedía al demandante ejercer el cargo de Revisor de Proyectos, en el que trabajó por 6 años, 2 meses y 12 días, y que a pesar de existir contratos a plazo fijo el último hasta el 31 de diciembre de 2006 continuó trabajando hasta la notificación con el Memorándum CITE:CIC L.P. 0205/08 de fecha 16 de junio de 2008; asimismo se debe tener presente que en materia laboral rige el principio de “primacía de la realidad”, que importa en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos suscritos entre las partes, debe otorgarse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos, por lo que el tribunal ad quem por la fundamentación expresada en el auto de vista ha considerado demostrada la relación laboral existente y en este contexto, no se evidencia la vulneración acusada por el recurrente.

Respecto a la denuncia de que el tribunal de alzada reconociendo la existencia de los contratos a plazo fijo y objeto determinado les resta validez y que estos debían estar respaldados por resoluciones de Asamblea o de Directorio, además que estos en su cláusula tercera quedaban liberados de cualesquier responsabilidad laboral y/o carga social; es menester señalar que el contrato de trabajo a plazo fijo es aquel en el que las partes acuerdan que la relación laboral tendrá una vigencia determinada, cumplida la cual, se entiende, cesarán los efectos de tal relación; en el caso de autos, si bien el actor tuvo dos contratos a plazo fijo, empero continuó prestando sus servicios más allá del plazo inicial pactado entre partes tal como se evidencia a fs. 74, habiéndose establecido la existencia de una tacita reconducción prevista en el art. 21 de la LGT, concordante con la Resolución Ministerial Nº 283/62 de 13 de junio de 1962, y conforme establece el art. 2 del Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979 “No está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo. …En caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato de tiempo indefinido.”, debiendo entenderse por tanto, que la relación se transformó en relación laboral indefinida, por lo que se deduce que el trabajo desplegado por el actor como Revisor de Proyectos, no era provisional como alega la parte recurrente al evidenciarse que las actividades que desempeñó en el Colegio de Ingenieros Civiles de La Paz fue desde el 2002 hasta el 16 de junio de 2008 y el hecho de que los contratos no estén respaldados por resoluciones de asamblea o de directorio, no afecta su validez toda vez que en materia laboral los contratos pueden ser por escrito o verbales tal como establece el art. 6 de la LGT. Por otra parte, conforme previene también el art. 6 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo “El contrato individual de trabajo constituye la ley de las partes, a reserva de que sus cláusulas no impliquen una renuncia del trabajador a cualquiera de los derechos que le son reconocidos por las disposiciones legales…”, por lo que la entidad demandada no puede liberarse de la responsabilidad laboral y/o carga social como pretende, pues las normas laborales son de orden público y cumplimiento obligatorio.

En cuanto al Informe de Auditoria Nº 101/2008 donde se establece la deuda del demandante al Colegio de Ingenieros Civiles La Paz en la suma de Bs.34.667,00.-, cabe señalar que, en la presente demanda se esta resolviendo cuestiones propias de la relación laboral que por su naturaleza son inembargables, por lo que no amerita su consideración.

Por otra parte, en cuento a la acusación que efectúa el recurrente de interpretación errónea y aplicación indebida del art. 5 de la Ley General del Trabajo, el mismo señala: “El contrato de trabajo es individual o colectivo, según que se pacte entre un patrono o grupo de patronos y un empleado u obrero, o entre un patrono o asociación de patronos y un sindicato, federación o confederación de sindicatos de trabajadores.”; al respecto, cabe señalar que el recurrente simplemente hace una mención de dicho articulado sin fundamentar ni demostrar de manera precisa y concreta de qué manera se interpretó o aplicó indebidamente el mismo, aspecto que impide su consideración.

Con relación a la denuncia de que el tribunal ad quem hubiese incurrido en error de hecho y error de derecho; cabe señalar que en materia laboral, la apreciación de las pruebas, es una atribución privativa de los jueces de grado e incensurable en casación, a menos que se hubiese demostrado el error de hecho o de derecho, y que el control de la misma puede hacérsela en el marco del art. 253.3) del Código de Procedimiento Civil, aplicable al análisis por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo, aspecto que no observó el recurrente a tiempo de formular su recurso limitándose a señalar que el tribunal de alzada incurrió en error de hecho y en error derecho sin la debida fundamentación, omisión que impide a este tribunal emitir pronunciamiento al respecto.

En virtud a lo expresado se concluye que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso interpuesto, por lo que corresponde dar aplicación a la disposición contenida en el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

       POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso deducido a fs. 642 a 643. Con costas.

Se regula honorario profesional para el abogado en la suma de Bs.500,00.- que mandará a pagar el tribunal de alzada.

SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  SEGUNDA


                                            

                                                                             



Auto Supremo Nº 294/2014.

Sucre, 21 de octubre de 2014.

Expediente: SSA.II-LP.306/2014.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 237 a 238, interpuesto por la Sociedad de Responsabilidad Limitada “Plástica 2000 S.R.L.”, representada por José Luís Payi Chambi, contra el Auto de Vista Nº 73/2014 SSA.I de 1 de abril, cursante a fs. 233 a 234, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justica de La Paz, dentro del proceso laboral seguido por Isidoro Walter Rivadeneyra Vargas, contra la sociedad que representa el recurrente, el auto de fs. 241 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, la Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de El Alto de La Paz, emitió la Sentencia Nº 190/2013 de 15 de octubre de 2013 (fs. 204 a 218), declarando probada en parte la demanda de fs. 20 a 21, subsanada a fs. 30 a 32, sin costas, disponiendo que la empresa demandada, a través de su representante legal, pague al actor la suma de Bs.82.852,60.-, por concepto de indemnización, salarios devengados, comisiones, horas extras y multa del 30%, montos que deberán ser actualizados en ejecución de sentencia conforme al D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. 

En grado de apelación formulada por el representante legal de la empresa demandada (fs. 223), la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 73/2014 SSA.I de 1 de abril, (fs. 233 a 234), confirmando la Sentencia Nº 190/2013 de 15 de octubre, de fs. 204 a 218.

Dicho fallo motivó el recurso de casación de fs. 237 a 238, interpuesto por el representante legal de la empresa demandada, señalando que el tribunal de apelación, al confirmar la Sentencia Nº 190/2013, con el pretexto de que el tiempo de servicios de 8 años y 3 meses computado desde el 1.10.2002, hasta el 31.12.2010, estaría aceptado tácitamente, demuestra que los juzgadores de instancia no analizaron la totalidad de la prueba en la medida que el caso requería, vulnerando los principios de igualdad jurídica y legalidad, al reconocer derechos que no se hallan justificados adecuadamente, puesto que de acuerdo a la literal de fs. 108, se demostró que el actor presto servicios desde el 01.04.2003 hasta el 31.12.2010, violando el principio de inversión de la prueba, al aplicar una supuesta confesión de parte, cuando de modo alguno se consignó este reconocimiento, deduciéndose que el cálculo de los años de servicio que figura en la liquidación, es erróneo, generando un perjuicio manifiesto a la parte demandada al obligarla a pagar la suma de Bs.82.852.60.-, violando con esta determinación el principio de la primacía de la realidad.

Por otra parte manifestó errónea aplicación del D.S. Nº 1592 de 19 de abril de 1949, al establecer la suma de Bs.5.111.45.- como sueldo promedio indemnizable, cuando las pruebas demuestran que el mismo es sólo de Bs.4.831.10.-, de donde se deduce que el monto establecido en sentencia y confirmado en el auto de vista recurrido es ilegal.

Por último, respecto a las comisiones, reconocidas por los de instancia en base a las papeletas de pago adjuntadas, señaló que, se incurrió en errónea apreciación de dichas boletas de pago cursante a fs. 109 a 132, evidenciándose del fallo impugnado que se consolida un reconocimiento exacerbado en favor del trabajador que genera daño económico a la empresa demandada.             

Concluyó solicitando se case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo, revoque la sentencia de primera instancia y se efectué una nueva liquidación de acuerdo a los montos legales correspondientes.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, previo análisis de los antecedentes, se establece lo siguiente:

En el caso presente, la parte recurrente cuestiona el fallo del tribunal de segunda instancia que emitió el auto de vista impugnado, por haber confirmado la sentencia de primera instancia, en la que se declaró probada en parte la demanda y se dispuso el pago por concepto de indemnización, salarios devengados, comisiones, horas extras y multa del 30%, manifestado su desacuerdo con la decisión asumida, acusando que, el tiempo de servicios de 8 años y tres meses prestados, así como el cálculo del sueldo promedio indemnizable practicado en la liquidación de los beneficios sociales no son correctos, así como tampoco es correcto el pago de comisiones por los meses de agosto a diciembre de 2010, hecho que motivó a presentar el recurso de casación que se analiza, denunciado la vulneración de los principios de igualdad judicial y legalidad, de inversión de la prueba y de verdad material, por haber realizado una mala apreciación de la prueba, de cuyo análisis se concluye.

1).- Con relación al primer punto, relacionado con el tiempo de servicios prestados por el trabajador, revisada la documentación aparejada durante la tramitación del proceso, s evidencia que el actor manifiesta en su demanda que, ingresó a trabajar en la Empresa Plástica 2000 S.R.L., el 1 de octubre de 2002, hasta el 31 de diciembre de 2010, por un tiempo de 8 años y 3 meses, extremo corroborado con la reliquidación o prefiniquito cursante a fs. 19 de obrados.

En este sentido, la parte demandada a fin de desvirtuar estos hechos, entre otros documentos, presenta la documental cursante a fs. 108 de obrados, donde se consigna como fecha de ingreso del trabajador a la empresa demandada 1 de enero de 2004, en tanto que en el memorial de 27 de enero de 2012 de fs. 137, a través del cual la parte demandada adjunta pruebas de descargo, en el inciso a) punto 1. Señalo que con el Kardex personal, se demostraría que el demandante ingresó a la Empresa Plástica 2000 S.R.L., el 1 de abril de 2003”, prueba que incluso no cursa en obrados, existiendo inconsistencia y contradicción en cuanto a la fecha de ingreso por parte del demandado y lo afirmado por el actor, quien como se invocó ut supra, manifiesta que ingresó a trabajar en dicha empresa, el 1 de octubre de 2002, hecho que es reconocido por el propio demandado, cuando en el memorial de fs. 40, señala que el actor trabajó en la Empresa Plástica 2000 S.R.L., por en tiempo de 8 años, 2 meses y 30 días, tiempo que coincide con la fecha de ingreso y la fecha de retiro del actor y el computarizado en la sentencia y confirmado en el auto de  vista recurrido, debiendo tomarse en cuenta el aforismo que reza: “a confesión de parte relevo de prueba”, hechos que desvirtúan lo aseverado por la parte recurrente en sentido de que el actor habría ingresado a trabajar desde el 1 de abril de 2003.

2).- Respecto al reclamo de que el cálculo del sueldo promedio indemnizable de Bs.5.111.45.- efectuado en sentencia y confirmado por el tribunal ad quem, estaría errado, toda vez que de acuerdo a la prueba ofrecida, se habría demostrado que el salario promedio indemnizable alcanzaba a Bs.4.831.10.-

Al respecto, si bien el recurrente manifiesta que de acurdo a las pruebas y demás elementos de convicción se habría demostrado este extremo, sin embargo, lo hace de manera general, sin especificar de manera precisa con que prueba y elementos de convicción se demostraría este hecho, advirtiéndose que el recurrente persigue se efectué una nueva valoración de la prueba ofrecida sobre este tema, sin percatarse que esta situación ya fue dilucidada por la juez a quo como por el tribunal de apelación, siendo preciso aclarar que la valoración y compulsa de las pruebas, es una atribución privativa de los juzgadores de instancia e incensurable en casación, a menos que demuestre con precisión y de manera fehaciente la existencia de error de hecho que se da cuando se considera que no hay prueba suficiente sobre un hecho determinado, o que se hubiere cometido error de derecho que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le hubieran dado un valor distinto, aspectos que en la especie no concurrieron, al evidenciarse que tanto la juez a quo como el tribunal de alzada, para arribar a la decisión asumida, valoraron correctamente las pruebas aportadas por las partes durante la tramitación de la causa, conforme determina el artículo 3. j), 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo, en virtud a la cual no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la prueba y, por lo tanto, puede formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, apreciando los indicios en conjunto, teniendo en cuenta la gravedad, concordancia y convergencia, y las demás pruebas que obran en el proceso, aspecto que fue cumplido por los juzgadores de instancia al momento de emitir sus fallos.

3).- Finalmente, sobre el pago de comisiones concedidas a favor del demandante y que según el demandado no correspondería su pago, cabe señalar al respecto que, de acuerdo a lo aseverado por el actor en su memorial de demanda cursante a fs. 20 a 21, subsanada a fs. 30 a 32 de obrados, manifiesta que se le deben sueldos devengados por los meses de agosto a diciembre de 2010, hecho que es admitido por el representante legal de la entidad demandada conforme consta a fs. 40 de obrados; en este sentido, al haber reconocido que se adeuda al actor por esos meses, por lógica consecuencia, también se adeudan las comisiones por dichos periodos, puesto que las papeletas de pago cursantes a fs. 109 a 132, con las cuales el demandado pretende justificar que no se debería por este concepto; no cuentan con ninguna firma, lo que da a entender que estas no fueron cancelas a favor del actor.

En este contexto, al no haber desvirtuado la parte demandada los fundamentos de la presente acción como correspondía hacerlo, en virtud de lo previsto en los arts. 3. h), 158 y 200 del CPT., hecho que valió también como fundamento para que los de instancia arriben a la decisión asumida y en virtud al principio de la verdad material previsto en los arts. 180. I de la CPE y 30. 11 de la Ley de Organización Judicial, que prevé que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y como ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales, es decir, dando cumplimiento a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir su accionar en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia, principio aplicado por los de instancia a momento de emitir sus fallos; corresponde reconocer a favor del actor, los derechos y beneficios sociales concedidos en sentencia y confirmados en el auto de vista recurrido, los cuales son irrenunciables conforme lo determinan el art. 48. III de la CPE, concordante con el art. 4 de la LGT.

En consecuencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas y al no existir mérito para disponer la casación del auto de vista recurrido, corresponde fallar conforme disponen los arts. 271. 2) y 273 del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los artículos 184.1 de la CPE y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 237 a 238. Con costas. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez