TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

                       SEGUNDA



SENTENCIA Nº 103/2017

EXPEDIENTE                       : 105/2015.

DEMANDANTE                     : YPFB Andina S.A. 

DEMANDADO(A)                     : Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 

TIPO DE PROCESO           : Contencioso Administrativo.

RESOLUCIÓN IMPUGNADA: RM RJ 018/2015 de 21 de enero.

MAGISTRADO RELATOR           : Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

LUGAR Y FECHA           : Sucre, 20 de abril de 2017

VISTOS EN LA SALA: La demanda contencioso administrativa de fojas 126 a 133, impugnando la Resolución Ministerial R.J. Nº 018/2015 de 21 de enero, pronunciada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, el memorial de contestación de 182 a 189, el memorial de fs. 172 a 174 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como tercero interesado, el decreto de “Autos” de fs. 275, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA:

I.1.- Antecedentes de la demanda.

Que, en la demanda interpuesta por YPFB Andina, a través de su representante legal, solicita se declare Probada la demanda y se revoque parcialmente la Resolución Ministerial R.J. Nº 018/2015 de 21 de enero, emitida por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, solo en lo que respecta a la parte que mantiene firme y subsistente lo determinado respecto al periodo de depreciación, dejando firme y subsistente, bajo el principio de economía procesal, la parte que revocó parcialmente la Resolución Administrativa ANH Nº 2424/2014 y RA 307, conforme los parámetros técnicos y legales establecidos para el caso en concreto, específicamente confirmando la parte relacionada al tema presupuesto de inversiones de capital; exponiendo los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

I.2.- Fundamentos de la demanda.

Inició su demanda desarrollando una relación de los antecedentes administrativos hasta la emisión de la resolución impugnada, señalando que la Resolución recurrida le generó un completo estado de indefensión, vulnerando el debido proceso constitucionalmente consagrado, quebrantando los principios de congruencia y sometimiento pleno a la ley, afirmación realizada porque la autoridad jerárquica solo valoró y en consecuencia solo revocó la resolución de alzada en el tema de presupuesto de inversiones de capital, dejando firme la interpretación respecto a la depreciación.

Al respecto expresa que la Resolución Administrativa SSDH Nº 274/2002 de 21 de junio, que otorgó la Concesión Administrativa a la antes denominada Empresa Petrolera Andina S.A., ahora YPFB Andina SA, para la operación del Ducto de 12”, resolvió en el punto tercero que, “La información relativa a los aspectos económicos y financieros, como ser los montos de la inversión, costos y otros aspectos financieros, cursan en el expediente de la concesión”, documentación que incluye el flujo de caja o Modelo Tarifario de 20 años, correspondiendo una tasa de depreciación de 4%, bajo la metodología de línea recta; criterios estos que fueron utilizados para calcularla tarifa de transporte vigente y que no pueden ser desconocidos menos modificados por el ente regulador y/o Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

También señala que no corresponde utilizar un periodo de depreciación de 35 años, porque YPFB Andina para obtener la concesión, propuso un periodo de depreciación de 25 años como parte de su flujo de caja y el ente regulador previo análisis y revisión le otorgó la misma en apego al art. 83 del DS 26116, aclarando que el primer párrafo de éste artículo tiene dos partes, refiriéndose concretamente a la segunda parte.

Sostiene que por mandato del parágrafo II del art. 44 del DS 26116, para fines de seguimiento y cálculo de tarifas basadas en la estructura de flujo de caja o modelo tarifario, para la aprobación del presupuesto ejecutado de la gestión 2002 el regulador debe tomar como referencia comparativa el presupuesto programado 2002, que forma parte del flujo de caja inicial incluido en la información relativa a los aspectos económicos y financieros que cursan en los expedientes de concesión y a su vez integrante de la RA SSDH Nº 274/2002, presentado por YPFB Andina, cuando solicitó la concesión del Ducto de 12”; termina señalando que el flujo de caja de 20 años, dan como resultado una tarifa de transporte de 0.0002 $us/Millar de Pies Cúbicos, aprobado por el Regulador, en base a 25 años de depreciación bajo la metodología de línea recta; en caso de modificar a 35 años la depreciación, el resultado de la tarifa de transporte ya no sería el aprobado por la ANH, modificación de tarifa normado por el art. 46 del DS 26116 y no por el trámite que generó el recurso.

I.3.- Petitorio.

Por los fundamentos expuestos, concluye solicitando se declare probada la demanda contenciosa administrativa, disponiendo revocar parcialmente la Resolución Ministerial R.J. Nº 018/2015 de 21 de enero, solo en lo que respecta a la parte que mantiene firme y subsistente lo determinado respecto al periodo de depreciación, dejando firme y subsistente, bajo el principio de economía procesal, la parte que revocó parcialmente la Resolución Administrativa ANH Nº 2424/2014 y RA 307, conforme los parámetros técnicos y legales establecidos para el caso en concreto, específicamente confirmando la parte relacionada al tema Presupuesto de Inversiones de Capital.

II. DE LA CONTESTACION A LA DEMANDA.

Que, admitida la demanda por providencia de fs. 135, citada la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponde en razón de la distancia, habiéndose ordenado asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada, se apersona el Ministerio de Hidrocarburos y Energía representado legalmente por el Ingeniero Luis Alberto Sánchez Fernández, contestando en forma negativa la demanda, mediante memorial de fs. 182 a 189 y señalando lo siguiente:

Desarrolla con carácter previo al análisis de los fundamentos de la demanda, los antecedentes del proceso administrativo, para luego en base a los fundamentos planteados por la empresa demandada, desarrollar sus argumentos en los siguientes términos. Respecto a la supuesta ausencia de respaldo con normas jurídicas, deja claro que el presente proceso nace a raíz de la aprobación del Presupuesto Ejecutado de la gestión 2002, de la concesión del Ducto de 12” a la empresa YPFB Andina, presupuesto aprobado por Resolución Administrativa RA ANH Nº 307/2014 y conforme el art. 44 del DS 26116 de 16 de marzo de 2001 “Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos”, en base a la documentación entregada por la empresa y la auditoría técnica, económica y financiera, sobre los que la ANH aplicó los principios de racionalidad y prudencia, como facultad discrecional que asiste al Regulador. Señala que el inciso b) del art. 64 del DS 26116 establece que la carga de la prueba es de los concesionarios, quienes deben demostrar al ente regulador que las inversiones y los costos de operación, reflejan una administración racional y prudente, además competitiva en el mercado libre. En éste sentido, aplicando el art. 83 del citado decreto, determina una tasa de depreciación de 35 años para el ducto nuevo.

Para mayor abundamiento sobre la facultad discrecional que reviste la actividad de la Administración Pública, con mayor incidencia en materia regulatoria de servicios públicos, cita y desarrolla la Sentencia Constitucional 2252/2010-R de 19 de noviembre.

Respecto a la falta de motivación y fundamentación, sostiene que, revisada la Resolución Ministerial demandada se verifica que las acusaciones son infundadas, porque en el Considerando Cuarto la decisión se encuentra totalmente fundamentada, con una exposición clara de los motivos para rechazar el punto de depreciación, efectuando una relación de la norma vigente a la fecha de solicitud de la concesión y su otorgación, fundamentos congruentes con la opinión de la auditoría regulatoria de carácter técnico, económico y financiero, y con el informe DRE 0471/2013 de 20 de diciembre, de aprobación del presupuesto ejecutado gestión 2002 del Ducto de 12”.

Aclara que el elemento “Motivación” si bien implica la necesidad de la existencia del desarrollo fáctico y normativo que motiva la determinación de la Administración Pública, pero en el supuesto que el mismo no sea acorde con el razonamiento del administrado o no satisfaga el interés reclamado, no significa de ninguna manera la ausencia de dicho elemento.

Respecto a la fundamentación técnica manifiesta, el argumento que comprende la estructura tarifaria presentada con datos y variables, no fue expuesto en vía administrativa y no existe dentro del expediente administrativo, documentación que por mandato del art. 64 inc. b) del DS 26116 debía ser adjuntado por YPFB Andina, al ser el concesionario quien tiene la carga de la prueba, por ser ellos quienes deben probar y demostrar que el gasto es racional y prudente.

Sostiene que YPFB Andina no pudo proponer una depreciación de 25 años en aplicación de la segunda parte del primer párrafo del art. 83 del DS 26116, porque a momento de su solicitud de concesión (19 de abril de 1999), sencillamente el referido decreto no estaba vigente, estando en vigencia el DS 24398 que en su art. 79 consideraba un periodo de depreciación de 25 años para los nuevos ductos; entonces, al no existir en el expediente administrativo documentación que evidencie que la concesión otorgada mediante Resolución Administrativa SSDH Nº 0274/2002 de 21 de junio, fue con una depreciación de 25 años; ratifica que la misma se otorgó en aplicación del art. 83 del DS 26116.

II.1.- Petitorio.

Por lo expuesto, solicita se dicte sentencia declarando improbada la demanda y sea con costas, en virtud a que YPFB Andina no ha desvirtuado la legalidad de la Resolución Ministerial RJ Nº 018/2015 de 21 de enero.

II.2.- Contestación Tercero Interesado.

Que, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH en su condición de tercero interesado responde a la demanda en forma negativa, con los argumentos expuestos en el escrito de fs. 172 a 174 de obrados.

II.3.- Réplica y Dúplica.

En la Réplica y la Dúplica formuladas por el demandante y la autoridad demandada, se reiteraron los argumentos anteriores.

A fs. 275 cursa resolución judicial por la cual la presente causa se encuentra en estado para emitir sentencia.

III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

Que, de la compulsa de los datos del proceso como la resolución administrativa impugnada, se establece los siguientes hechos:

De fs. 106 a 107 de obrados, cursa la Resolución Administrativa ANH Nº 0307/2014 de 10 de febrero, que aprobó sobre la base de los principios de racionalidad y prudencia el Presupuesto Ejecutado de la Gestión 2002 correspondiente a la concesión Ducto 12” de la empresa YPFB ANDINA S.A., de acuerdo al anexo adjunto que forma parte integrante e indivisible de la referida Resolución Administrativa.

Esta resolución fue objeto de Recurso de Revocatoria planteado por YPFB Andina y resuelto mediante la Resolución Administrativa ANH Nº 2424/2014 de 10 de septiembre, confirmando la Resolución Administrativa ANH Nº 0307/2014 de 10 de febrero, (fs. 102 a 103 de obrados).

Deducido el Recurso Jerárquico por YPFB Andina (fs. 99 a 101 de obrados), fue resuelto por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía mediante Resolución Ministerial R.J. Nº 018/2015 de 21 de enero, cursante de fs. 91 a 98 de obrados; aceptando el recurso, en consecuencia revocando parcialmente el acto administrativo impugnado y la resolución administrativa de instancia; además instruye a la ANH emita una nueva resolución, en lo concerniente al tema “Presupuesto de Inversiones de Capital”.

Contra esa determinación, YPFB Andina, a través de su representante legal, formuló demanda contenciosa administrativa conforme consta de fs. 126 a 133 de obrados.

III.1.- Sobre la competencia para la resolución de la causa.

Que, el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, el art. 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que “El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado”.

Que, así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con el numeral 2 del art. 2 y el art. 4 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancia con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece:

Que la presente controversia consiste en establecer si la Resolución Administrativa ANH Nº 0307/2014 de 10 de febrero, que aprobó sobre la base de los principios de racionalidad y prudencia el Presupuesto Ejecutado de la Gestión 2002 correspondiente a la concesión Ducto 12” de la empresa YPFB ANDINA S.A., de acuerdo al anexo adjunto que forma parte integrante e indivisible de la referida Resolución Administrativa; debía considerar un periodo de depreciación de 25 años, concordante con la Resolución Administrativa SSDH Nº 0274/2002 de 21 de junio, que otorgó a YPFB Andina la Concesión Administrativa para la Operación de un Ducto Menor.

V. ANALISIS DEL PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO.

Lo precedentemente glosado y efectuado el análisis correspondiente, permite concluir lo siguiente:

La Constitución Política del Estado en el art. 8 define los valores de la sociedad, disponiendo que el Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta entre otros, en el valor de la justicia social, para vivir bien; consecuentemente, la administración de justicia se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de partes ante el juez.

Siendo uno de los elementos esenciales del debido proceso, la motivación de las resoluciones, entendida ésta como un derecho fundamental de todos los justiciables y administrados constituyéndose en una de las garantías que forma parte del contenido adjetivo del ya referido “debido proceso”; siendo también un presupuesto fundamental del correcto ejercicio a la tutela judicial efectiva.

En este contexto normativo, la certidumbre de los criterios vertidos en el ámbito constitucional resultan plenamente ajustables al proceso contencioso administrativo, cuyo fin vislumbra que las personas o entidades a quienes va dirigida la norma, conozcan el rango y los límites de protección jurídica de sus actos, por lo que en el caso de autos, conforme a las atribuciones de control de legalidad de éste Tribunal, de antecedentes y del análisis realizado, se tiene que, en cuanto a la falta de fundamentación y motivación sobre lo reclamado en el recurso jerárquico, se advierte que dicho aspecto no es evidente; toda vez que el memoria de recurso jerárquico se estableció como agravio que la RA ANH Nº 2424/2014 de 10 de septiembre, dispuso que el nuevo Ducto de 12” de YPFB Andina comienza a funcionar, es activado y comienza a depreciarse a partir de junio de la gestión 2002, momento en el que regía el DS 26116 que claramente establece en el art. 83 una tasa de depreciación para el cálculo de las Tarifas de Requerimiento de Ingresos, se aplicará la metodología de depreciación sobre una base lineal, debiendo considerarse un periodo de vida útil de 35 años para ductos nuevos, disposición válida para tarifas de requerimiento de ingreso y no de flujo de caja, estableciendo además el citado artículo que se considerará un periodo de vida útil menor o mayor en los casos en los cuales el solicitante pueda demostrar una vida útil mayor o menor, señalando la RA SSDH Nº 274/2002, donde se aprobó la estructura de flujo de caja y no de requerimiento de ingresos y un periodo de depreciación de 25 años, aspecto que fue considerado por la autoridad jerárquica al emitir la RM de Recurso Jerárquico Nº 018/2015 conforme se desprende del cuarto considerando que precisó que el Ducto 12” inicio sus operaciones durante la gestión 2002, en plena vigencia del DS 26116 que en su art. 83 establece una depreciación de 35 años para ductos nuevos y para estaciones de compresión y bombeo y si bien la normativa describe que la misma corresponde a la tarifa de requerimiento de ingreso, siendo que la empresa aplicó tasas de depreciación diferentes a las establecidas y sobre el mismo no se cuenta con aprobación de parte del regulador y además que el art. 79 del reglamento señala que al haberse incluido las inversiones en el flujo de caja en el art. 74.b), no deberá incorporarse la depreciación en dicho flujo, excepto en el cálculo de impuestos, por lo que debe considerarse el art. 83 en su totalidad, debido a que en el párrafo segundo señala que el concesionario podrá utilizar para el cálculo de tarifas y contabilidad en libros, el periodo de depreciación establecido precedentemente además del periodo de depreciación establecido para fines del pago de impuestos, observándose que se resolvieron todos los puntos, en términos claros, positivos y precisos, que fueron objeto del recurso jerárquico, advirtiéndose con claridad que el proceso se ha desarrollado sin vicios de nulidad, en el marco del debido proceso y que el interés del administrado ha sido debidamente sustanciado, por cuanto, al momento de la dictación de la referida resolución, se otorgó a la misma, la tutela judicial efectiva, siendo necesario en el caso que se analiza conservar el acto, en razón a que dicho actuado sí se pronunció respecto al recurso jerárquico, pues lo contrario significaba simplemente, satisfacer aspectos formales, bajo una exigencia de excesiva solemnidad y un formalismo vacío, sin cumplir los requisitos señalados por la doctrina como: alegar el daño o perjuicio sufrido, mencionando expresamente las defensas de que se ha privado oponer con oportunidad, acreditando además dicho perjuicio, para finalmente individualizar el interés jurídico que se procura subsanar con la invalidez señalada; exigencias que no fueron satisfechas por la parte demandante, al margen de ello, tampoco se individualizó los aspectos que a criterio de la parte demandante habrían sido omitidos por el referido Ministerio.

Ahora bien la demanda traída a contención exige a este Tribunal verificar el periodo de depreciación para ductos nuevos, ante lo cual se hace preciso referir previamente el procedimiento de aprobación de presupuesto ejecutado que deben seguir los operadores del servicio de transporte de hidrocarburos por ducto, señalándose al efecto el art. 44 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ducto, aprobado por el DS 26116 de 16 de marzo de 2001 que dispone: “Para fines del cálculo de la cuenta diferida establecida en el artículo siguiente, el concesionario presentará información anualizada de su presupuesto de inversiones y de operaciones, para su revisión y aprobación por parte de la Superintendencia, la misma que se sujetara al siguiente procedimiento: b) Cuarenta y cinco (45) días calendario después de finalizado el año, el concesionario presentará a la Superintendencia el presupuesto ejecutado para su aprobación de acuerdo a los “Requisitos de Presentación de Presupuestos” aprobados periódicamente por la Superintendencia. Dentro del plazo de cinco (5) Días Hábiles Administrativos, la Superintendencia determinará si la información presentada por el concesionario incumple con dichos requisitos o su información es inconsistente con los datos presentados, la Superintendencia conminará su subsanación y/o complementación dentro de un término perentorio. Una vez que la documentación haya sido entregada en su integridad y de conformidad con los requerimientos de la Superintendencia, el ente regulador pondrá en conocimiento de los Cargadores el presupuesto, mediante notificación por cédula dentro de los cinco (5) días calendario siguientes. Los Cargadores tendrán el término improrrogable de treinta (30) días calendario para hacer llegar sus comentarios a la Superintendencia, Una vez recibidos los comentarios y sin más trámite, el ente regulador deberá aprobar un presupuesto razonable y prudente de manera fundada…”, normativa que faculta al ente regulador la potestad de aprobar los presupuestos que a criterio suyo sean considerados racionales y prudentes.

Revisado el expediente sobre la base de lo anteriormente expuesto, se advierte que mediante RA SSDH Nº 274/2002 de 21 de junio, se otorgó la concesión administrativa a la empresa Petrolera Andina S.A. señalándose en el punto séptimo de la parte resolutiva que: “La presente CONCESION ADMINISTRATIVA que se otorga en favor de la EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A. no tiene carácter de exclusividad y queda sometida por tanto a las previsiones y alcances contenidos en la Ley del Sistema de Regulación Sectorial Nº 1600 de 28 de octubre de 1994, en la Ley de Hidrocarburos Nº 1699 de 30 de abril de 1996, en el Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos en Bolivia, en el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, en la normativa vigente aplicable dentro del plazo de su duración y en la presente Resolución Administrativa.” Por lo que en mérito al normativa regulatoria, se advierte conforme se estableció en la RM de Recurso Jerárquico Nº 018/2015 emitida el 21 de enero por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, que al haberse otorgado la Licencia de Operación el 13 de noviembre de 2003 se encontraba en plena vigencia el DS 26116 que en su art. 74 párrafo segundo prevé que: “El flujo de caja deberá ser calculado tomando en cuenta los siguientes conceptos:

  1. Los ingresos brutos como resultado de las operaciones en base a las tarifas propuestas.
  2. Las inversiones que deben realizarse.
  3. Los costos de operación, mantenimiento y administración.
  4. Los costos financieros.
  5. Los impuestos y tasas aplicables.
  6. Valor residual de las instalaciones al final del flujo de caja.
  7. Volúmenes de trasporte acordados entre Concesionario y cargadores mediante contratos en firme y cartas de intención, más los pronósticos de la demanda de mercado. Estos volúmenes se tomaran en cuenta para la revisión establecida en el artículo 48 de este reglamento.”

Como también en su art. 79 párrafo segundo establece que: “Al haberse incluido las inversiones en el flujo de caja en el inciso b) del artículo 74, no deberá incorporarse la depreciación en dicho flujo, excepto en el cálculo de impuestos.”, de donde se infiere que la depreciación tiene efecto en el cálculo del impuesto que debe incluirse en el flujo de caja, señalándose además en el art. 83 de la misma norma que: “En la determinación de la tasa de depreciación para el cálculo de las Tarifas de Requerimiento de Ingresos, se aplicará la metodología de depreciación sobre una base inicial, debiendo considerarse un periodo de vida útil de 20 años para ductos y estaciones de compresión y bombeo existentes, 35 años para los ductos nuevos y para nuevas estaciones de compresión y bombeo. Se considerará un periodo de vida útil menor o mayor en los casos en los cuales el solicitante pueda demostrar a la Superintendencia una vida útil física y/o económica menor o mayor para el ducto o estación en consideración. En estos casos la tasa de depreciación anual deberá ser aprobada por la Superintendencia.

El concesionario podrá utilizar para el cálculo de tarifas y contabilidad en libros, el periodo de depreciación establecido precedentemente, además del periodo de depreciación establecido para fines del pago de impuestos”, en consecuencia concluimos, que en la tarifa de flujo de caja se debe aplicar la vida útil determinada para la depreciación de los activos, por lo que al evidenciarse mediante auditoria regulatoria que el Ducto 12” empezó sus operaciones durante la gestión 2002, encontrándose en plena vigencia el DS 26116 que establece que la depreciación es de 35 años para ductos nuevos, máxime si se entiende que en el proceso de aprobación de presupuestos ejecutados corresponde a la empresa concesionaria demostrar la racionalidad y prudencia de los costos e inversiones realizadas a fin de considerar un periodo de vida útil física y/o económica menor o mayor para el ducto, aspecto que fue señalado en la resolución impugnada por tanto no resulta ser evidente lo reclamado en el proceso contencioso administrativo, habiendo el Ministerio demandado considerado adecuadamente la RA SSDH Nº 274/2002 como también la segunda parte del art. 83 del DS 26116.

VI. CONCLUSIONES.

En consecuencia, el Ministro de Hidrocarburos y Energía, aplicó correctamente la normativa pertinente, realizando el análisis, valoración y compulsa respecto a todos los elementos de prueba producidos en sede administrativa, por lo que no es evidente la infracción de las normas acusadas en la demanda.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 778 y 780 del Código de Procedimiento Civil, numeral 2 del art. 2 y art. 4 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, y en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda en la que impugna la Resolución Ministerial RJ Nº 018/2015 de 21 de enero, pronunciada por el Ministro de Hidrocarburos y Energía y en consecuencia mantiene firme y subsistente la resolución ministerial impugnada.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la Autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.