TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA

ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y

ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA N° 81/2017

EXPEDIENTE                        : 02/2016

DEMANDANTE        : Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales                                                        

DEMANDADO (A)                        : Autoridad General de Impugnación Tributaria   

TIPO DE PROCESO                : Contencioso Administrativo

RESOLUCION IMPUGNADA        : AGIT-RJ 1742/2015 de 5 de octubre.

MAGISTRADO RELATOR        : Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

LUGAR Y FECHA                        : Sucre, 3 de abril de 2017


VISTOS EN SALA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 2 a 6,  interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Cristina Elisa Ortiz Herrera, en virtud de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0759 -15 de 20 de noviembre de 2015 de fs. 1, impugnando la Resolución  de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1742/2015 de 5 de octubre, el apersonamiento y contestación  a la demanda por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, representada por Daney David Valdivia Coria de fs. 71 a 81,  la réplica de fs. 95 a 98, dúplica de fs. 102 a 103, el Decreto de Autos de fs. 104, los antecedentes del proceso, y;

CONTENIDO DE LA DEMANDA.

I. Antecedentes de la Demanda.

El contribuyente José Orlando Mayorga Vidal, manifiesta que tuvo conocimiento por la Oficina Virtual del reporte de Declaraciones Juradas con Pago en Defecto, referente al Impuesto a las Utilidades de las Empresas I.U.E., de la Gestión 2004, ante lo cual, por memorial de 25 de noviembre de 2014, al amparo del art. 59 parágrafo I del Código Tributario, Ley Nº 2492 y art. 5 del D.S. 27310, solicitó la prescripción de la acción. Al efecto, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, por Auto Administrativo Nº 65/2015 de 9 de abril, rechazó la solicitud del contribuyente, bajo el argumento que la Administración Tributaria no emitió Acto Administrativo conforme a los requisitos previstos en el art. 27 y siguientes de la Ley Nº 2341, que establezca una obligación tributaria y tampoco inició proceso sancionador o de determinación, notificado con el mismo el 15 de abril de 2015, según consta a fs. 9 vta. 

Deducido el  recurso de alzada por el contribuyente, la ARIT por Resolución ARIT-LPZ/RA 0618/2015  de 27 julio, anuló obrados hasta el Auto Administrativo Nº 65/2015 de 9 de abril, inclusive. Impugnada la Resolución por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, la AGIT por Resolución AGIT-RJ 1742/2015 confirmó la Resolución emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria ARIT-LPZ/RA 0618/2015  de 27 julio.

I.1 Fundamentos de la Demanda.

De la revisión del contenido de la demanda, se extraen como fundamentos los siguientes:

La demandante identifica como leyes vulneradas por la AGIT el art. 5 parágrafo II y 8 parágrafo III de la Ley 2492 que por analogía se recurre al art. 1497 del Código Civil, que refiere que la prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, aún en ejecución de sentencia y el numeral 9) del art. 336 del Código de Procedimiento Civil que regula a la prescripción como una excepción y medio de defensa y el art. 59 de la Ley Nº 2492 modificado por la Ley Nº 291 y la Ley Nº 317 que establecen el plazo y las acciones, no se dieron en el caso de autos, por ello, la Autoridad General de Impugnación Tributaria al confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 0618/2015 que anuló obrados hasta el Auto Administrativo CITE:SIN/GDLPZ/UTJ/AUTO/065/2015 de 9 de abril, no realizó una apreciación correcta de los antecedentes y su decisión causa daño a los intereses del Estado, toda vez que no se notificó a José Orlando Mayorga Vidal con ningún actuado administrativo que determine deuda tributaria o se imponga sanción ya sea por Omisión de Pago o Incumplimiento de Deberes Formales, ante lo cual por su naturaleza no procedía la excepción de prescripción, que -en su criterio- procede solamente cuando existe una vista de cargo o un Auto Inicial de Sumario Contravencional que determine tributos y que hubiese sido notificado el contribuyente. 

I.1.2 Petitorio

Concluye solicitando se emita sentencia declarando probada la demanda y revocando totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1742/2015 de 5 de octubre, dejando  firme y subsistente el Auto Administrativo Nº 065/2015 de 9 de abril de 2015.

I.2 Admisibilidad

De antecedentes se tiene que por Decreto de  27 de enero de 2016 de fs. 9, se admitió la demanda contencioso administrativa de  conformidad a los arts. 327, 379 y 380 del Código de Procedimiento Civil y 2-2) de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, corriéndose traslado a la entidad demandada y al tercer interesado conforme a ley, ordenando se remitan los antecedentes de la Resolución Impugnada. Asímismo, se dispuso la emisión de provisión citatoria para el demandado y provisión compulsoria para el tercer interesado, encomendando su cumplimiento al Tribunal Departamental de La Paz, a efecto que se apersonen y asuman defensa. 

I.3 Citación al demandado.

Cumplida la diligencia de notificación a la Autoridad General de Impugnación Tributaria por diligencia de fs. 64 y al sujeto pasivo José Orlando Mayorga Vidal, según diligencia de fs. 48 de obrados, devueltas por memorial de fs. 66, por decreto de fs. 67, previa aceptación de la personería del representante legal de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, se dispuso se adjunte al expediente.

II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Daney David Valdivia Coria en su condición de Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, por memorial de fs. 71 a 81, previo apersonamiento contestó negativamente a la demanda, señalando que:

1.- Respecto al supuesto daño que se hubiese causado a los intereses de la Administración Tributaria y por ende al Estado, señaló que el Estado lo constituye el pueblo boliviano, es decir que el sujeto pasivo es parte del Estado, entonces al aplicar mal la normativa, la propia Administración estaría causando indefensión al Estado, incluso causando costos administrativos innecesarios por no aplicar de manera correcta la normativa que atinge a los procedimientos emitidos por la misma administración, ante lo cual, la Autoridad General de Impugnación Tributaria al ser un Ente que administra justicia tributaria vela por la correcta aplicación de la normativa tributaria incluso a la emitida por la misma Administración Tributaria, cuida los derechos que tiene el Estado y por ende las obligaciones que tiene el contribuyente con el Estado, velando que no se incurra en excesos por la Administración Tributaria, por lo que concluye que no es cierto el argumento de la demandante.  Respecto a la prescripción que por su naturaleza no puede plantearse sin la existencia de una acción; indicó que de la revisión de los antecedentes se advierte el Aviso referente al IUE correspondientes a la declaración jurada Formulario 80 de la gestión 2004 de fs. 3 de antecedentes administrativos, es decir, impuesto y objeto de la solicitud de prescripción, conminando al sujeto pasivo a pagar la deuda tributaria detallada, para evitar la ejecución tributaria y la imposición de sanciones; con lo que quedaría desvirtuado el hecho de que no existe ninguna acción o pretensión de cobro que aduce la institución demandante.

2.- En cuanto al argumento de la Administración Tributaria, que el contribuyente no fue notificado con ningún acto que determine deuda tributaria o imponga una sanción, por tanto no correspondía el pronunciamiento en el fondo sobre la prescripción, respondió que el mismo no es evidente, porque el contribuyente en ejercicio de su derecho a la petición previsto en el art. 24 de la Constitución Política del Estado, merecía una respuesta formal y pronta sobre la solicitud formulada en base a los arts. 131 de la Ley Nº 2492, 4 numeral 3) de la Ley Nº 3092 y 5 del D.S. 27310 en sede administrativa e interponer Recurso de Alzada contra el acto que rechazó la solicitud de extinción de la obligación tributaria por prescripción; al no hacerlo puso en evidencia el incumplimiento, que además correspondía hacerlo en el marco de los arts. 17, 28 y 51 de la Ley 2341 que por cierto tampoco cumplió la Administración Tributaria al emitir el Auto Administrativo Nº 065/2015, cuyo antecedente tuvo como base el conocimiento por el sujeto pasivo mediante la Oficina Virtual, del reporte de Declaración Jurada con Pago en Defecto por el IUE de la gestión 2004, la Administración Tributaria se limitó a rechazar la solicitud, sin exponer causa o fundamentación sobre la prescripción, no consideró los hechos y antecedentes, ni el derecho respecto si operó o no la prescripción, por lo que vulneró el derecho a la petición, contenido en el derecho al debido proceso, previsto en el parágrafo II, art. 115 y art. 24 de la C.P.E. concordante con los numerales 2) y 6) del art. 68 de la Ley 2492, colocando en indefensión al sujeto pasivo, derecho que se encuentra desarrollado en la  SC-Nº 532/2014  de 10 de marzo de 2014.

4.- No obstante que la Administración Tributaria indicó que habría respondido de forma oportuna y pertinente la petición del sujeto pasivo, según el art. 16 inc. h) de la Ley 2341, sin vulnerar derecho a la petición; señala que la Resolución Jerárquica resguarda el debido proceso para garantizar justicia al  sujeto pasivo, reconociendo que tiene derecho a un proceso justo y equitativo, conforme al art. 115 de la C.P.E., porque la potestad tributaria no es  ni puede ser absoluta, sino que se halla sometida a la ley.

5.-  Prosiguiendo con la contestación a la demanda, señala que los arts. 212 parágrafo I, inc. c) y 201 del Código Tributario, establecen que las Resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico podrán ser también anulatorias con reposición hasta el vicio más antiguo, siendo que a falta de disposición expresa, pueden ser aplicadas supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo, así el art. 36 dispone las causales de anulabilidad y de manera reglamentaria el art. 55 del D.S. Nº 27113, establece que puede disponerse la anulación de obrados de oficio o a petición de parte, cuando los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. En ese sentido, al ser un derecho de los administrados efectuar solicitudes ante la Administración Tributaria, las cuales merecen respuesta fundamentada en los hechos y el derecho aplicable y no como lo hizo la Administración Tributaria al emitir el Auto Administrativo Nº 65/2015 sin fundamentación de hecho y derecho sobre el pedido, basando su decisión de forma genérica en la falta de acción iniciada por esa Administración Tributaria, señalando que la prescripción es una excepción y no una acción, demostró que hubo infracción a la norma causando indefensión en el contribuyente, al carecer el Auto Administrativo de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin y por tanto correspondía la anulación de obrados según el art. 36 de la Ley 2341, aplicable conforme a lo previsto por el num. 1 del art. 74 de la Ley 2492 al evidenciarse la vulneración de los derechos del sujeto pasivo a la petición, a un debido proceso, a la defensa y el principio de congruencia,  previsto en el art. 24 y 115, parágrafo II de la C.P.E., y 68, numerales 2 y 6 de la Ley 2492 por incumplimiento de los arts. 17, parágrafo I y 28 incs. b) y e) de la Ley 2341. Principios y derechos que fueron desarrollados en la SC-532/2014 de 10 de marzo de 2014, que en lo sustancial de la parte transcrita señala: “…en virtud a este principio, las autoridades judiciales o administrativas están obligadas a observar que en sus determinaciones exista una estricta relación entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, circunstancia que no solo obliga a la concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva, sino que su materialización se refleje en el transcurso de todo su contenido, en el que resulta lógico, deben citarse las disposiciones legales que sirvieron de base para asumir tal razonamiento  y por ende la decisión respeto del proceso en litigio…” , por lo que la respuesta del Servicio de Impuestos Nacionales al sujeto pasivo, se traduce en una respuesta ambigua, imprecisa, incongruente, según los términos que describe la SC-0034/2014 de 20 de octubre, 992/2005 de 19 de agosto y 176/2003 de 17 de febrero.

Haciendo mención a la Doctrina Tributaria SIDOT V 3 con relación al caso, entre otras Resoluciones Jerárquicas,  señaló la Resolución AGIT-RJ 1362/2014 de 23 de septiembre, sobre la prescripción para respaldar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1742/2015 de 5 de octubre de 2015, que fue dictada en sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa legal aplicable, concluyendo que la demanda contencioso administrativa es la que carece de sustento jurídico tributario, siendo evidente que no se causó agravio o lesión de derechos con la misma.                                  

II.3 Petitorio

Concluyó solicitando se declare improbada la demanda interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1742/2015 de 5 de octubre de 2015, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Réplica.- La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de impuestos Nacionales, previo apersonamiento del Dr. Iván Arancibia Zegarra, presentó réplica por memorial de fs. 95 a 98, en lo sustancial se ratificó en el contenido de su demanda.

Dúplica.-   La Autoridad General de Impugnación Tributaria por memorial de fs. 102 a 103, sobre los argumentos de la contestación, en el memorial de dúplica  se ratificó en los mismos.

Siendo el estado de la causa tal, no habiendo más que tramitar, se decretó Autos para sentencia, según fs. 104 de obrados.    

III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

En el desarrollo del proceso en sede administrativa, se cumplieron las siguientes fases,  hasta su agotamiento, de cuya revisión se tiene lo siguiente:

III.1 Que, revisados los antecedentes administrativos que dieron origen a la interposición de la demanda en análisis, se advierte que el sujeto pasivo mediante la Oficina Virtual, recibió un reporte referente a la Declaración Jurada con Pago en Defecto correspondiente al IUE de la gestión 2004, ante lo cual, el 25 de noviembre de 2015, solicitó la prescripción de la acción sobre el referido impuesto (fs.1 Antecedentes Administrativos del Anexo 1).

III.2 En fecha 15 de abril de 2015, la Administración Tributaria notificó en secretaria al sujeto pasivo con el Auto Administrativo Nº 65/2015  de 9 de abril, que  rechazó la solicitud indicando que la Administración Tributaria no emitió acto administrativo alguno conforme los requisitos y formalidades establecidas por los arts. 27 y siguientes de la Ley 2341 que establezca el nacimiento de la obligación tributaria, tampoco inició un proceso sancionador o de determinación. (fs. 8 a 9 de Antecedentes Administrativos Anexo 1).

III.3 Interpuesto el Recurso de Alzada por memorial de fs. 10  del anexo 2, por el sujeto pasivo José Orlando Mayorga Vidal contra el Auto Administrativo Nº 65/2015 de 9 de abril, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, por Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0618/2015 de 27 de julio del mismo año, cursante de fs. 48 a 55 de Antecedentes Administrativos, Anexo 2, anuló obrados hasta el Auto Administrativo Nº 65/2015 (CITE:SIN/GDLPZ-I/DJCC/UJT/AUTO/065/2015) de 9 de abril de 2015, inclusive, disponiendo que la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, emita uno nuevo  expresando un criterio legal fundamentado, rechazando o negando la solicitud de prescripción solicitada por José Orlando Mayorga Vidal con relación al IUE de la gestión 2004.

III.4 Deducido el Recurso Jerárquico por la Gerencia Distrital La Paz I, del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial de (fs. 59 a 62 de Antecedentes Administrativos Anexo) contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/RA 0618/2015 de 9 de abril de 2015; la Autoridad General de Impugnación Tributaria por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1742/2015 de 5 de octubre de 2015; confirmó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0618/2015 de 27 de julio, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; a fin de que la Administración Tributaria emita nuevo auto administrativo debidamente fundamentado en cumplimiento del art. 24 y 115 .II de la C.P.E., 68, numerales 2 y 6 de la Ley 2492, de conformidad al inc. b) parágrafo I, art. 212 del Código Tributario Boliviano.

V. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Que, el motivo de la demanda en el presente proceso, consiste en determinar si la Autoridad General de Impugnación Tributaria al emitir la  Resolución N° AGIT-RJ 1742/2015 de 5 de octubre, confirmando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0618/2015 que anuló obrados hasta el Auto Administrativo N° 65/2015  de 9 de abril, inclusive, disponiendo que la Administración Tributaria resuelva la prescripción en el marco del debido proceso en su elemento fundamentación y motivación, realizó una correcta valoración de los antecedentes o fue en contra de los intereses del Estado y por ende de la Administración Tributaria, como aduce la demandante, bajo el argumento que el auto anulado habría sido emitido en el marco del debido proceso y conforme a las normas tributarias.

VI. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

Que, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, según el art. 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que: "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público, el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que, así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los arts. 2.2 y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, se tiene reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Especializada  para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, por lo que corresponde a éste Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

VII. Análisis y fundamentación.

Que, analizado el contenido de la demanda, la respuesta, los actos, resoluciones administrativas, resolución de alzada, jerárquica y establecido el origen de la controversia en la presente litis, que tiene que ver si corresponde la anulabilidad de actuados, se ingresa a resolver conforme a los fundamentos siguientes:

VII.1 Que, con relación a la inexistencia de acción iniciada por la Administración Tributaria contra el sujeto pasivo que determine adeudo tributario, para resolver la  prescripción, cabe señalar que de los antecedentes administrativos de fs. 2 a 3 del Anexo 1, se evidencia que José Orlando Mayorga Vidal, tuvo conocimiento a través de la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales del reporte referente a la Declaración Jurada con Pago en Defecto,  correspondiente al IUE de la gestión 2004, Formulario 80,  con intimación de pago a fin de evitar la ejecución tributaria de la deuda y la imposición de la sanción establecida en el art. 165 de la Ley 2492  del CTB. Ante ese hecho, por  memorial de 24 de noviembre de 2014, solicitó a la Administración Tributaria  la prescripción de la acción sobre el supuesto adeudo que perseguía la Administración Tributaria. (fs. 1 Anexo 1).

No obstante de los antecedentes que motivaron la solicitud del sujeto pasivo, la Administración Tributaria, por Auto Administrativo N° 65/2015 de 9 de abril, rechazó la solicitud de prescripción de la deuda tributaria, indicando que no emitió Acto Administrativo, según las formalidades previstas en el art. 27 y siguientes de la Ley 2341, que refleje el inicio de la obligación tributaria, como tampoco inició un proceso sancionador o de determinación contra el sujeto pasivo, por tanto no corresponde la consideración en el fondo de la solicitud de prescripción. (fs. 8 y 9 del Anexo 1).

De los hechos expuestos, se establece que el sujeto pasivo por información de la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales, como titular del NIT 2219007014 estaba intimado a pagar una deuda tributaria por el periodo 2004,   bajo advertencia que se inicie en su contra el proceso de ejecución, además con la imposición de sanciones, según consta a fs. 3 de Antecedentes Administrativos, Anexo 1. Este acto, tiene por  finalidad el pago de la deuda tributaria por el sujeto pasivo,  objeto que desvirtúa el argumento de inexistencia de acción o pretensión de cobro, aducido por  la Administración Tributaria para que proceda la  solicitud de prescripción, si ello es así, la orden colgada en la Página Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales, se constituye en base o sustento para que asuma defensa y recurra a todos los medios o recursos que prevé las normas legales, por ello,  al amparo de los arts. 131 de la Ley N° 2492, 4 num. 3) de la Ley 3092 y 5 del D.S. N° 27310  por memorial de fecha 25 de noviembre de 2014, solicitó la prescripción de la acción.

VII.2 A ese efecto, es pertinente referirnos al debido proceso, en su elemento al derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones, que según la SC Nº  0275/2012 de 4 de junio, “…exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que toda autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.

Asímismo, con relación al derecho a la petición, previsto en el art. 24 de la Constitución Política del Estado, la SC- 0034/2014 S2 de 20 de octubre, refiere: “…cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho” Complementando la SC- 1159/2003-R de 19 de agosto, indicó “…Que el derecho de petición se encuentra satisfecho no únicamente por una respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya resuelto o proporcionado una solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia meramente formal y procedimental…”, y, finalmente respecto al derecho a la defensa, la SC Nº 0024/2005 de 11 de abril, señala: “(…)que el derecho de defensa en el procedimiento administrativo, la doctrina reconoce, al igual que la defensa en juicio, consagrada constitucionalmente, es también un derecho aplicable al procedimiento administrativo, comprendiendo los derechos: a) a ser oído; b) a ofrecer y producir prueba; c) a una decisión fundada; y d) a impugnar la decisión; razonamiento coincidente con el expresado por la jurisprudencia constitucional en la SC 1670/2004-R, de 14 de octubre, en la SC 1534/2003-R, de 30 de octubre”, (las negrillas son nuestras)”.

VII.3 En ese contexto, en el caso de análisis, de la revisión del contenido del Auto Administrativo Nº 65/2015 de 9 de abril, se advierte claramente que si bien la Administración Tributaria dio respuesta al contribuyente al rechazar la solicitud de prescripción, sin embargo, el mismo no expone  una parte expositiva, considerativa y resolutiva con relación a los antecedentes del caso, lo que deviene en que el rechazo carece de fundamento de hecho y de derecho, aspectos que vulneran el derecho al debido proceso en sede administrativa,  en sus elementos del derecho a la petición, falta de fundamentación y el derecho a la defensa del sujeto pasivo,  previstos en  los art. 24 y 115-II de la Constitución Política del Estado; así como del art. 68, Numerales 2 y 6 de la Ley Nº 2492, que fueron  además ampliamente desarrollados en las mencionadas  Sentencias Constitucionales.

A los fundamentos expuestos, se añade que la Administración Tributaria no dio cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 17, parágrafo 1 y 51, parágrafo 1 de la Ley Nº 2341, aplicables supletoriamente por disposición del art. 74, Numeral 1 de la Ley Nº 2492 que imponen dictar Resolución expresa en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación, que el Procedimiento Administrativo terminará por medio de una Resolución dictada por el Órgano Administrativo competente, con el contenido previsto en el art. 28 de la Ley Nº 2341 que establece como como elementos esenciales del Acto Administrativo, entre otros,  la "causa", "fundamento" y "finalidad", debiendo justificar y fundamentar concretamente las razones que lo inducen a emitirlo así como sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; lo que implica que exista un pronunciamiento sobre todas las cuestiones planteadas por el interesado, caso contrario, le estaría causando un estado de indefensión, afectando de anulabilidad del Acto emitido. Finalmente, tampoco interpretó y aplicó correctamente los arts. 131 de la Ley Nº 2492; 4, Numerales 3 y 4, de la Ley Nº 3092 y; 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que establecen que contra los Actos emitidos por la Administración Tributaria de alcance particular, podrá interponerse Recurso de Alzada, incluyendo al Acto Administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación, así como todo otro Acto Administrativo definitivo de carácter particular, de donde se establece que el Sujeto Pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria (las negrillas son nuestras), normas que claramente fueron infringidas también por la Administración Tributaria.

Consiguientemente, por todo lo expuesto se concluye que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria y  la Autoridad General de Impugnación Tributaria al emitir las Resoluciones ARIT-LPZ/RA 0618/2015 de 27 de julio y AGIT-RJ-1742/2015 de 5 de octubre, respectivamente, al disponer la anulabilidad de obrados han actuado correctamente con un criterio técnico jurídico han interpretado y aplicado las normas legales, desde y conforme a la Constitución Política del Estado,  por lo que en aplicación correcta de  los parágrafos I y II del art. 36 de la Ley del Procedimiento Administrativo y 55 del Reglamento a la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicables al presente caso por mandato del art. 74 numeral 1 del Código Tributario (Ley 2492), corresponde la anulabilidad de obrados ante la advertencia de la flagrante violación de derechos del Sujeto Pasivo, entre los que podemos señalar el derecho a la petición, al debido proceso en sus elementos a la falta de fundamentación y defensa, consagrados en los arts. 24, 115 Parágrafo II de la Constitución Política del Estado y 68, Numerales 2 y 6 de la Ley No 2492 (CTB).

POR TANTO: La Sala Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los artículos 2.2 y 4 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 2 a 6, interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, manteniendo firme y subsistente la Resolución AGIT-RJ Nº 1742/2015 de 5 de octubre, pronunciada en recurso jerárquico por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada. Sea con las formalidades de rigor.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.