TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



SENTENCIA Nº 79/2017


EXPEDIENTE                        : 266/2015

DEMANDANTE                        : Víctor Alberto Urzagasti Fuentes

DEMANDADO                        : Autoridad General de Impugnación Tributaria

TIPO DE PROCESO                : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA        : RJ AGIT-RJ 1388/2015 de 03/08/2015

MAGISTRADO RELATOR        : Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

LUGAR Y FECHA                        : Sucre, 3 de abril de 2017



VISTOS EN SALA:

La demanda contenciosa administrativa de fs. 11 a 15 vta., interpuesta por Víctor Alberto Urzagasti Fuentes que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1388/2015 de 3 de agosto, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la contestación de fs. 62 a 68, réplica de fs. 92 a 93 vta., dúplica de fs. 97 a 98 vta., argumentos del tercero interesado de fs. 23 a 25, los antecedentes del proceso; y

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1. Antecedentes de la demanda

El 14 de julio de 2014, mediante memorial de 7 de julio de ese mismo año, peticionó ante la Gerencia Regional Santa Cruz (GR-SCZ) de la Aduana Nacional (AN), la declaratoria de nulidad de las diligencias de notificación con el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0043/08 de 23 de octubre de 2008, practicada en tablero de la GR-SCZ de la AN y con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-164/2012 de 26 de diciembre, practicada mediante edictos.

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (ARIT-SCZ), pronuncia la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0417/2015 de 11 de mayo, anulando obrados hasta el vicio más antiguo y rechazando el recurso de alzada.

Interpuesto el recurso jerárquico, la AGIT, confirma la Resolución de Alzada mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1388/2015 de 3 de agosto.

I.2. Fundamentos de la demanda

Que, interpone la demanda contenciosa administrativa por no haber efectuado una correcta interpretación, debida aplicación de las leyes y normas en vigencia, menos valorado las pruebas de cargo, extremos que fueron expuestos tanto en el recurso de revocatoria como jerárquico y respectivamente.

Que, nunca fue notificado en forma personal con el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0043/08 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-164/2012, contraviniendo lo establecido por la Ley 2492 (CTb).

Que, la GR-SCZ de la AN, no emitió pronunciamiento alguno dentro del plazo de 6 meses previsto por el art. 17.II de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), computables desde el inicio del procedimiento; el parágrafo III de la citada norma, determina que transcurrido dicho plazo sin que exista resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, situación que aconteció en el presente caso; formulado el recurso de alzada, la ARIT-SCZ, pronuncia la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0417/2015 de 11 de mayo, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que se notifique en forma legal los actos administrativos y rechaza el recurso de alzada sin tomar en cuenta que la GR-SCZ de la AN, al momento de responder al recurso aclaró que se brindó respuesta al memorial de solicitud de nulidad de notificación por medio de un proveído, conforme establece el escrito de respuesta.

Que, interpuesto el recurso jerárquico bajo el argumento que la GR-SCZ de la AN al momento de responder el recurso, reconoció que se dio respuesta a la nulidad de notificación suscitada y que en su respuesta indicó que el Acta de Intervención se notificó en tablero de la GR-SCZ de la AN sin mencionar día, mes y año, menos quién la hubiera practicado; y, respecto a la Resolución Sancionatoria, que la misma se notificó al representante de la Agencia Despachante (ADA) LOMALTA S.R.L. y sobre la notificación a su persona, de los antecedentes se advierte que no se dio cumplimiento de los arts. 83.1 y 84 de la Ley 2492, es decir, no se notificó personalmente el Acta de Intervención, normas concordantes con el art. 33.I de la LPA; no existen actos que precedieran a la notificación mediante edictos, afectando sus derechos al debido proceso y defensa protegidos constitucionalmente y contenido en el art. 68 num. 6 del citado CTb que consagra el principio de legalidad.

Que, la AGIT erróneamente y sin considerar la falta de notificación personal con el Acta de Intervención y con la Resolución Sancionatoria en Contrabando, confirma la Resolución de Alzada.

Que, con base en el principio de prelación normativa previsto en el art. 5 del CTb, las autoridades administrativas en instancia de alzada y jerárquico deben aplicar y resolver este punto conforme a lo dispuesto por el art. 33 inc. c) de la LPA, razón por la que primero se aplica la Constitución, luego las leyes, después los decretos y finalmente las Resoluciones Normativas de Directorio que sólo son normas reglamentarias que no pueden legislar derechos en observancia del principio de legalidad.

Finalmente, en el presente caso, existe vulneración del derecho a la defensa y al  debido proceso, por falta de notificación personal con el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria en Contrabando, situación que genera nulidad de los actos.

I.2.Petitorio.

Concluyó solicitando se pronuncie sentencia declarando probada la demanda y revocando totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1388/2015 de 3 de agosto, pronunciada por la AGIT dentro del recurso de alzada interpuesto contra la GR-SCZ de la AN; por ende, nula y sin valor legal el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0043/08 de 23 de octubre de 2008 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-164/2012 de 26 de diciembre.

II. De la contestación a la demanda.

Daney David Valdivia Coria, en representación legal de la AGIT, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda con memorial presentado el 22 de febrero de 2016, que cursa de fs. 62 a 68, con base a los siguientes argumentos:

En cuanto a la falta de notificaciones con el Acta de Intervención y con la Resolución Sancionatoria, corresponde resaltar que el fundamento de los memoriales de recurso de alzada presentados por el sujeto pasivo el 19 de enero y el 4 de febrero de 2015, fue el silencio administrativo de la GR-SCZ de la AN al no haber emitido respuesta alguna al memorial de 14 de julio de 2014 por el cual argumenta la nulidad de obrados precisamente por falta de dichas notificaciones, alegando la vulneración de sus derechos al debido proceso, defensa y petición, solicitando que se anule obrados hasta el vicio más antiguo, para que se notifique el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0043/08; efectivamente, conforme manifiesta el sujeto pasivo, la Administración Aduanera no emitió pronunciamiento alguno respecto a petición de la nulidad de obrados por falta de notificaciones y transcurrido el plazo de 6 meses previsto al efecto de consideró por desestimada la misma por silencio administrativo; es respecto al silencio administrativo negativo de la GR-SCZ de la AN que el sujeto pasivo interpone los recurso de revocatoria y jerárquico, no así contra los actos administrativos en sí como ser el Acta de Intervención y la resolución Sancionatoria en Contrabando; las pretensiones expuestas en la presente demanda son incongruentes con los datos del proceso y lo resuelto por la AGIT.

Resulta necesario hacer mención al principio de convalidación de los actos, entendiendo por éste como que toda nulidad se convalida por el consentimiento aún en el supuesto de concurrir los presupuestos de la nulidad, así lo establece la doctrina y la jurisprudencia; en cuanto al principio de congruencia, el art. 198.I del CTb, prevé que la obligación de expresar los agravios de manera correlativa y congruente, además la Sentencia Nº 228/2013 de 2 de julio, de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, señala que cuando el demandante incorpora elementos no invocados en la etapa recursiva jerárquica, al no haber sido planteados oportunamente como agravio, los puntos señalados en la demanda contenciosa administrativa se tienen como actos consentidos libre y expresamente, habiendo el demandante renunciado al ejercicio  de impugnar estos hechos; no impugnó los actos administrativos que hoy observa en demanda contenciosa administrativa, sino únicamente el silencio administrativo negativo por falta de respuesta a su solicitud de 14 de julio de 2014; y, conforme al art. 143 del CTb, el silencio administrativo no es un acto impugnable recurrible impugnable a través del recurso de alzada y tampoco está previsto en el art. 4 de la Ley 3092.

En cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso por falta de notificación con el Acta de Intervención y Resolución Sancionatoria en Contrabando, la SCP 0347/2012 de 22 de junio establece que los elementos que componen dicho derecho son el derecho a un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, la presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, el principio non bis in ídem, derecho a  la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; ninguno de ellos fue vulnerado por la instancia jerárquica, conforme consta en los antecedentes del presente proceso; no se causó indefensión alguna al demandante, por ello presentó sus recurso de revocatoria y jerárquico y la norma tributaria vigente es clara en cuanto a la notificación de ciertos actos en forma personal y en secretaría, y no es permisible a través del proceso contencioso administrativo, salvar la negligencia o descuido del ahora demandante.

Finalmente, la demanda es contradictoria, además de contener afirmaciones generales e imprecisas, por cuanto en el petitorio se indica textualmente declarar nula y sin valor legal el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria en Contrabando, empero los fundamentos expuestos refieren a la nulidad de las notificaciones con dichos actos administrativos, por lo que no existe un nexo de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y al lesión causada al derecho o garantía y esa exigencia no se limita a enumerar artículos sino a explicar desde el punto de vista causal, cómo esos hechos han lesionado el derecho en cuestión, situación contenida en amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

II.1.Petitorio.

La AGIT solicita que se declare improbada la demanda interpuesta por Víctor Alberto Urzagasti Fuentes, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1388/2015 de 3 de agosto.

III. INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO

Guadalupe Orellana Medrano y Andreyna Karla Arraya Bernal, en representación legal de Willan Elvio Castillo Morales, Gerente Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda con memorial presentado el 11 de enero de 2016, que cursa de fs. 23 a 25, con base en los siguientes argumentos:

El procedimiento administrativo se encuentra en etapa de ejecución del adeudo tributario, habiendo sido remitidos los antecedentes a la Supervisora de Ejecución Tributaria de la Aduana Nacional que lleva en custodia el expediente con código SET 70/2014 para la aplicación de medidas coactivas, por cuanto la Resolución Sancionatoria en Contrabando, adquirió calidad de firmeza constituyéndose en título de ejecución tributaria conforme establece el art. 108 del CTb.

En cuanto a la nulidad de las notificaciones alegada por el demandante, el art. 68 inc. 8) de la Ley 2492 reconoce el derecho del sujeto pasivo a ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria y el art. 90 del citado texto legal, prevé que los actos administrativos que requieran notificación personal serán notificados en Secretaría y el sujeto pasivo tiene la obligación de asistir los miércoles de cada semana para notificarse con todas las actuaciones y su inconcurrencia no impide que se practique la diligencia de notificación y en caso de contrabando, el Acta de Intervención y Resolución Determinativa serán notificados bajo ese medio.

La Administración Aduanera cumplió plenamente la notificación con el acta de intervención en tablero de Secretaría, sin negar el derecho a la información que le asiste al sujeto pasivo, más aún porque su conducta fue calificada como contrabando contravencional previsto en el art. 181 del CTb, por cuanto el art. 56 de la Ley Financial de la gestión 2009, incorporó la ampliación del monto para sustanciar el contrabando por la vía contravencional a 200.000.- UFV, sin competencia del Ministerio Público.

El sujeto pasivo no hizo uso de los 3 días hábiles administrativos para presentar sus descargos ante la Administración Aduanera, por tanto se emite la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-164/2012, notificada el 31 de diciembre de 2012 mediante edicto de ley practicado conforma derecho y tampoco fue impugnado por la vía correspondiente, ello implica el consentimiento y validación  de todos actuados y la preclusión del derecho a recurrir oportunamente de ellos. La jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0554/2010-R de 12 de julio y la SCP 0187/2014-S1, entre otras, establece que el sujeto pasivo no puede alegar desconocimiento de las notificaciones practicadas en Secretaría de la Administración Aduanera.

Respecto a la falta de actuados que precedan notificaciones por edictos, el demandante alega que no existe ninguna notificación personal, tampoco de avisos de visita, mucho menos una representación para cumplir con una notificación mediante cédula o procedimiento que diera lugar a la notificación mediante edicto con Resolución Sancionatoria; el art. 83 de la Ley 2492, reconoce válidamente como un medio legítimo de notificación el edicto de prensa, que cumple la finalidad de hacer público el acto administrativo a objeto que el sujeto pasivo tome conocimiento de la existencia de un proceso en su contra, por desconocimiento de su domicilio, con publicaciones en dos oportunidades con intervalo de por lo menos tres días corridos entre la primera y segunda, en medio de prensa de circulación nacional, elementos que fueron debidamente cumplidos por la Administración Aduanera; y, en todo caso, el demandante reclama situaciones que no fueron observadas en las instancias respectivas y de considerarse que el proceso es de puro derecho.

Sobre el silencio administrativo, el art. 143 del CTb, claramente prevé los actos administrativos que pueden ser objeto de impugnación mediante recurso de alzada, entre los cuales no se encuentra el silencio administrativo al no considerarse un acto recurrible; la demanda resulta confusa, por cuanto se invoca la nulidad de actuados consentidos al no haber sido oportunamente impugnados y sobre los cuales acertadamente falló la Autoridad de Impugnación Tributaria.

En cuanto al debido proceso, no existe vulneración alguna, el sujeto pasivo tuvo la oportunidad  presentar sus descargos correspondientes y desvirtuar las faltas en las que incurrió, cada actuado fue debidamente comunicado conforme establece la norma, por lo que no es posible alegar su invalidez.

Finalmente, en materia de nulidades procesales se debe observar ciertos principios de modo que la nulidad resulte útil al proceso, restableciendo los derechos que se hubieran vulnerado, de ello se infiere que el error de procedimiento debe estar expresamente establecido y sancionado con nulidad en la ley; la Administración Aduanera se remite al ordenamiento jurídico establecido y hace conocer por Secretaría y mediante edicto de ley, las actuaciones procedimentales y el alcance de las mismas a través de las resoluciones correspondientes; la documentación presentada como de reciente obtención, carece de justificación válida y legal sobre las razones por las que no fueron presentadas en tiempo oportuno; al ser un proceso de puro derecho corresponde al demandante asumir el proceso y las determinaciones a las que se arribaron luego de su ejecución.


III.1. Petitorio

El tercero interesado solicita que se declare improbada la demanda, manteniendo firme la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1388/2015 de 3 de agosto y en consecuencia firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS 164/2012 de 26 de diciembre y el Proveído de Ejecución Tributaria AN-ULEZR-PET 375/2014 de 27 de octubre, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, a objeto de proseguir la ejecución del adeudo tributario.

IV. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

IV.1.        El 23 de octubre de 2008, la Administración Aduanera emite el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0043/08, contra el ahora demandante Víctor Alberto Urzagasti Fuentes y otros, en la cual se presume que los sindicados incurren en la comisión del delito de contrabando, el valor del vehículo automotor importado de $us6.999.- y determina el Tributo Omitido actualizado  en base a la valoración comparativa de 13.513.21 UFV (trece mil quinientos trece 21/100 unidades de fomento de vivienda), imponiendo la multa del 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando; consta en antecedentes administrativos, la notificación con dicha Acta de Intervención, se practica en tablero de la GR-SCZ de la AN, a “Víctor A. Urzagasti” entre otros sujetos pasivos, con firma y sello del responsable de la diligencia y como testigo de actuación se consigna a “Justo Mamani Riveros”, empero en la firma del mismo no se identifica nombre; dicha diligencia es practicada el 16 de febrero de 2011.

El 17 de diciembre de 2009, del análisis realizado a las investigaciones que se procesan bajo la dirección del Ministerio Público, en el proceso aduanero seguido por la Aduana Regional Santa Cruz mediante Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0043/08, se pronuncia la Resolución Fiscal de Rechazo de dicha Acta de Intervención y querella, por constituir una contravención aduanera.

El 26 de diciembre de 2012, se pronuncia la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-164/2012 de 26 de diciembre, declarando probada la comisión de contrabando contravencional contra el ahora demandante y otros, y considerando que no existe mercancía comisada, en aplicación al art. 181.II del CTb, impone la sanción de pago del 100% del valor de la mercancía descrita en el Acta  de Intervención GRSCZ-UFIZR-0043/08, equivalente a $us6.999.- (seis mil novecientos noventa y nueve 00/100 dólares estadounidenses); la notificación con dicha Resolución Sancionatoria en Contrabando, se practica mediante edictos a “Víctor Alberto Urzagasti”, publicados el 31 de diciembre de 2012 y el 8 de enero de 2013 en el periódico EL MUNDO.

El 14 de julio de 2014, Víctor Alberto Urzagasti Fuentes, argumenta ante la GR-SCZ de la AN, la nulidad de las diligencias de notificación con el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0043/08, practicada en tablero de la GR-SCZ de la AN y de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-164/2012, practicada mediante edictos.

El 6 de enero de 2015, la GR-SCZ de la AN, emite un proveído en atención al escrito presentado el 14 de julio de 2015, declarando no ha lugar la nulidad peticionada respecto a las notificaciones con el Acta de Intervención y con la Resolución Sancionatoria en Contrabando; no consta notificación alguna sujeto pasivo con dicha decisión.

Formulado el recurso de alzada por el ahora demandante, mediante escritos presentados el 19 de enero y el 4 de febrero de 2015, el ahora demandante hace referencia al silencio administrativo negativo que operó ante su solicitud de nulidad de notificaciones de 14 de julio de 2014, con el Acta de intervención y la Resolución Sancionatoria; en alzada, la ARIT-SCZ emite la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0417/2015 de 11 de mayo, anulando obrados hasta el auto de admisión del recurso de alzada de 11 de febrero de 2015 y rechaza el recurso de alzada formulado por Víctor Alberto Urzagasti Fuentes sobre la nulidad argumentada respecto a las notificaciones practicadas con el Acta de Intervención y con la Resolución Sancionatoria en Contrabando.

Interpuesto el recurso jerárquico, la AGIT, confirma la Resolución de Alzada mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1388/2015 de 3 de agosto, ordenando a la ARIT-SCZ rechazar el recurso de alzada del ahora demandante.

En cumplimiento a la decisión jerárquica, la ARIT-SCZ, emite el Auto de Rechazo de 30 de septiembre de 2015, del recurso de alzada interpuesto por Víctor Alberto Urzagasti Fuentes mediante memorial de 19 de enero de 2015. 

IV.2. La demanda contenciosa administrativa es interpuesta por Víctor Alberto Urzagasti Fuentes, el 9 de octubre de 2015, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1388/2015 de 3 de agosto, pronunciada por la AGIT, notificada al demandante el 11 de agosto de 2015 mediante cédula; la AGIT presenta la contestación de fs. 62 a 68 y el tercero interesado sus argumentos de fs. 46 a 48; se presenta la réplica, dúplica y se decreta autos para sentencia. En el curso del presente proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento señalado por los arts. 781 y 354-II y III del CPC-1975 y el Código Procesal Civil, conforme a lo establecido por la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014.

V. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Que, de la compulsa de los datos procesales y la Resolución de Recurso Jerárquico  impugnada, se concluye que la problemática radica en determinar si la AGIT aplicó correctamente la normativa contenida en la Ley 2492 Código Tributario en cuanto a notificaciones y si su accionar conlleva el respeto de los  derechos al debido proceso en sus elementos constitutivos defensa e igualdad de las partes, reconocidos por la Constitución Política del Estado; argumentando que la Administración Aduanera tramitó un proceso sumario contravencional en su contra y pronuncia el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0043/08 de 23 de octubre de 2008 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando ABN-ULEZR-RS-164/2012 de 26 de diciembre, contraviniendo los arts. 83.1 y 84 del CTb e incurriendo en vulneración de sus derechos al debido proceso, defensa e igualdad de las partes, al no haber sido debidamente notificados a efectos de presentar los descargos respectivos y de esa forma asumir la defensa necesaria.

VI. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

En ese contexto y reconocida la competencia de la Sala Especializada de éste Tribunal para conocer y resolver la controversia, conforme la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo como un proceso de puro derecho, en el que el Tribunal únicamente analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por el demandante; corresponde realizar el control judicial sobre los actos ejercidos por la AGIT.

VI.1. Sobre las diligencias de comunicación en materia tributaria

El art. 83.I del CTb, determina que los actos y actuaciones de la Administración Tributaria pueden ser notificados: 1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En Secretaría; determinando en su segundo parágrafo, la nulidad de toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas.

Por su parte, el art. 84 de la norma tributaria, expresa en cuanto a las notificaciones en forma personal:

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal.

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado.

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales”.

Con relación a las notificaciones masivas, el art. 89 del CTb, establece que:

Las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97° del presente Código que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma:

1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación.

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se tendrá por practicada la notificación”.

La norma reglamentaria, en su art. 13 del DS 27310 de 9 de enero de 2004, determina la cuantía para la validez de las notificaciones masivas, que indica:

I. Las notificaciones masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse.

II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para cualquier acto que no esté sujeto a un medio específico de notificación, conforme lo dispuesto por la Ley 2492.

III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán:

a) Para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez mil Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFVs) por cada acto administrativo.

b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la máxima autoridad tributaria”.

En ese contexto, y a efectos del análisis del presente caso, resulta necesario considerar que la notificación con el Acta de Intervención se practicó mediante cédula, el valor del vehículo automotor importado es de $us6.999.- y el monto del tributo omitido actualizado con base en la valoración comparativa establecido en la misma por la administración aduanera, asciende a 13.513.21 UFV (trece mil quinientos trece 21/100 unidades de fomento de vivienda) y se imponiendo la multa del 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando.

V.2. Sobre la nulidad alegada por el demandante y el debido proceso

Los arts. 105 y 106 del Código Procesal Civil (CPC), determinan que ningún acto o trámite será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley, además, que el acto es inválido cuando carece de requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y que será válido cuando a pesar de su irregularidad, con él se cumpla el objeto procesal al que estaba destinado, salvo en caso de existir indefensión; de ello se infiere que la nulidad de oficio se encuentra vinculada a las infracciones que interesan al orden público en resguardo del derecho al debido proceso en todos sus elementos configurativos, tales como el derecho a la defensa y a la motivación y fundamentación de las resoluciones, entendimiento concordante con el art. 36 de la LPA.

Razón por la que con base a dicha normativa, resulta inviable la nulidad por la nulidad misma, y exige a las autoridades que tienen a su cargo la solución de una problemática, realizar un análisis con base a los principios rectores del proceso; en consecuencia, en caso de no verificar la existencia de una situación de orden público o indefensión, la nulidad de las actuaciones procesales no tendrá sustento legal; de ello se infiere que las autoridades judiciales y administrativas, al momento de conocer y resolver las controversias sometidas a su jurisdicción, tienen plena facultad-deber para velar porque el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad que perjudiquen el normal desarrollo del mismo y/o porque no se incurra en vulneración de derechos fundamentales o garantías constitucionales que impliquen nulidad.

Por su parte, el tratadista Eduardo Couture en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil, expresa que: “frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho.

En cuanto a la garantía del debido proceso, se encuentra consagrado y reconocido en el art. 115.II de la CPE, cuyo texto expresa que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, precisado en el art. 117.I de la Norma Fundamental que dispone: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”; además, el debido proceso, se encuentra reconocido como un derecho humano por instrumentos internacionales en la materia como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), que conforme al art. 410.II de la CPE, forman parte del bloque de constitucionalidad; en definitiva, el debido proceso es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las normas jurídicas aplicables a casos similares, implica el conjunto de requisitos a observar en las instancias procesales, con la finalidad de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus intereses o derechos.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: “En opinión de esta Corte, para que exista ´debido proceso legal` es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional”.

La indefensión conforme expresa Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales: “Es la situación en que se encuentra quien no ha sido defendido o no se ha defendido, sin culpa por su parte, en un juicio que lo afecta. Esa indefensión vulnera el principio de inviolabilidad de la defensa, que suele representa una garantía constitucional”. 

De lo expuesto se infiere que toda autoridad judicial o administrativa tiene la facultad- deber de revisión de antecedentes de un proceso a efectos de resguardar que se desarrolle sin vicios de nulidad y en su caso, inclusive de oficio, sanear el proceso y corregir el procedimiento vulneratorio de derechos fundamentales o garantías constitucionales; en consecuencia, las autoridades judiciales y administrativas tienen atribución plena para anular obrados por indefensión o situaciones de orden público.

En ese contexto, y conforme se dirá a continuación, en el presente caso, este Tribunal advierte indefensión provocada en el sujeto pasivo al momento de practicar la diligencia de notificación mediante cédula fijada en tablero de la GR-SCZ de la AN y que amerita la declaratoria de nulidad de las diligencias de notificación observadas por el ahora demandante sobre el accionar de la Administración Aduanera.

Ahora bien, ya sobre el fondo de la problemática, tenemos:

VI.3. Sobre la notificación con el Acta de Intervención

Emitida el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0043/08 de 23 de octubre de 2008, por la Administración Aduanera, contra el ahora demandante Víctor Alberto Urzagasti Fuentes y otros, Acta que presume que los sindicados incurren en la comisión del delito de contrabando, el valor del vehículo automotor importado de $us6.999.- y determina el Tributo Omitido actualizado con base en la valoración comparativa de 13.513.21 UFV más la multa del 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando; conforme consta en antecedentes administrativos, la diligencia de notificación con la misma se practica el 16 de febrero de 2011, en tablero de la GR-SCZ de la AN, a “Víctor A. Urzagasti”, con firma y sello del responsable de la diligencia y como testigo de actuación “Justo Mamani Riveros”.

La diligencia adolece de defectos formales que justifican su inexistencia o nulidad, por cuanto no se consigna el nombre completo del sujeto pasivo ahora demandante, se omite el segundo nombre “Alberto” y el segundo apellido “Fuentes”; y, tampoco identifica con el nombre respectivo al testigo de actuación a momento de suscribir la firma en la diligencia, simplemente lleva una firma y leyenda “testigo de actuación CI 5985814 LP”.

Estas situaciones implican la invalidez de la diligencia de comunicación, más aún si consideramos que se trata de una diligencia con el Acta de Intervención que reviste vital importancia para el desarrollo del proceso administrativo, por cuanto otorga un plazo perentorio a efectos de que el sujeto pasivo presente sus descargos respectivos y de esa forma ejerza sin restricción alguna su derecho a la defensa e igualdad entre las partes como elementos constitutivos del debido proceso consagrado en la Constitución política del Estado.

En consecuencia, se inobservaron la normativa aplicable a las diligencias de comunicación en materia tributaria y en cuanto al contenido de la notificación, situación que implica la vulneración de derechos y garantías constitucionales y que justifica plenamente la nulidad de las diligencias que tampoco cumplieron su fin, poner a conocimiento del sujeto pasivo el proceso administrativo contravencional iniciado en su contra a efectos de que asuma defensa.

VI.4. Sobre la notificación con la Resolución en Contrabando

De la revisión de antecedentes se evidencia que una vez pronunciada la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-164/2012 de 26 de diciembre, que declara probada la comisión de contrabando contravencional contra el ahora demandante y otros, y considerando que no existe mercancía comisada, en aplicación al art. 181.II del CTb, impone la sanción de pago del 100% del valor de la mercancía descrita en el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0043/08, equivalente a $us6.999.-, la notificación con dicha Resolución Sancionatoria en Contrabando, se practica mediante edictos a “Víctor Alberto Urzagasti” omitiendo el segundo apellido del sujeto pasivo ahora demandante y por ende su debida identificación, mismos que son publicados el 31 de diciembre de 2012 y el 8 de enero de 2013 en el periódico EL MUNDO.

Con base en los fundamentos expuestos para el anterior punto desarrollado precedentemente, de igualo forma, resulta nula la notificación realizada al sujeto pasivo ahora demandante, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando mediante edictos asemejando la situación a una forma masiva de notificación en medio de prensa inaplicable al presente caso, por carecer de requisitos de validez que no pueden darse por bien hechos, más aun considerando que la cuantía del tributo omitido que sobrepasa los 10.000 UFV establecidos al efecto por la norma procedimental relativa a diligencias de comunicación válidas, conforme se tiene transcrito y explicado anteriormente. 

VI.5. Conclusiones

En el marco de la pretensión expresada en la demanda, los antecedentes del proceso y de la fundamentación jurídica precedente, se concluye lo siguiente:

Que, la notificación Secretaría con el Acta de Intervención, carece de requisitos para su validez y contraviene el art. 84 y 85 del CTb, situación que causa indefensión al sujeto pasivo ahora demandante y en consecuencia no es válida.

Que, la notificación mediante edictos con la Resolución Sancionatoria en Contrabando, contraviene los arts. 83.I, 84 y 85 del CTb, aspectos que no fueron observados por la Administración Aduanera y Tributaria.

Que, la falta de notificación personal con el Acta de Intervención y con la resolución sancionatoria, generan la vulneración del debido proceso en sus elementos defensa e igualdad de las partes, situación que justifica la nulidad de las mismas.

Por lo expuesto, corresponde reparar la vulneración de derechos al sujeto pasivo y dejar sin efecto las actuaciones vulneratorias de la Administración Aduanera y Tributaria.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil y arts. 2.2. y 4 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, declara PROBADA en parte la demanda contencioso administrativa de fs. 11 a 15 vta., interpuesta por Víctor Urzagasti Fuentes contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria; y en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1388/2015 de 3 de agosto, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0417/2015 de 11 de mayo, la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-164/2012 de 26 de diciembre y la diligencia de notificación con el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0043/08 de 23 de octubre de 2008, practicada mediante cédula fijada en Secretaría de la administración Aduanera al sujeto pasivo ahora demandante; y, se mantiene firme y subsistente dicha el Acta de Intervención, ordenando se proceda a la notificación legal de Víctor Urzagasti Fuentes, a efectos de que asuma defensa y presente los descargos respectivos.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada, con nota de atención.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.