TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



SENTENCIA Nº 078/2017


EXPEDIENTE        : 350/2015

DEMANDANTE        : Altifibers S.A.

DEMANDADO(A)        : Autoridad General de Impugnación Tributaria

TIPO DE PROCESO        : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA : R.J.AGIT- Nº 1466/2015 de 10/08/2015

MAGISTRADO RELATOR        : Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

LUGAR Y FECHA        : Sucre, 3 de abril de 2017


VISTOS EN LA SALA: La demanda contencioso administrativa de fs. 91 a 95 vta., interpuesta por Carlos Romero Mallea, representante legal de Altifibers S.A., impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1466/2015 de 10 de agosto, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la contestación de fs. 108 a 118, réplica, dúplica, argumentos del tercero interesado, los antecedentes del proceso; y

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1. Antecedentes de la demanda.

El  16 de septiembre de 2014, se notificó al sujeto pasivo con las Órdenes de Verificación Externa Nos. 14990200604, 0012OVE01744, 0012OVE0395, 0012OVE03809, 0012OVE03903, 0012OVE03969, 0012OVE04602, 0012OVE04100, 0013OVE00008, 13990200344, 03990200345, 013990200396 y 1399200783, cuyo alcance es el Crédito Fiscal comprometido.

El 29 de enero de 2015, se notificó a la empresa demandante con la resolución Determinativa de Devolución Indebida Nº 21-0001-2015 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RADI7/00101/2015 de 20 de enero de 2015, emitida como resultado de la solicitud de Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM) de los periodos fiscales septiembre, octubre y diciembre de 2011, enero a septiembre de 2012 y abril 2013, en relación al IVA, en la modalidad de verificación previa, contra la cual se interpuso recurso de alzada.

El 27 de mayo de 2015, la ARIT La Paz, notificó al contribuyente con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT LPZ/RA 0466/2015 de 25 de mayo de 2015, en la que se ratifica los cargos y omite pronunciarse ilegalmente sobre varias facturas que componen el cargo, contra dicha resolución se interpuso Recurso Jerárquico.

El 14 de agosto de 2015, la AGIT, los notificó con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1466/2015 de 10 de agosto de 2015, que confirmó lo dispuesto por la ARIT La Paz La Paz mediante la Resolución de Alzada ARIT LPZ/RA 0466/2015 de 25 de mayo de 2015, causándoles graves agravios al no haber anulado la mencionada resolución de lazada por la omisión de pronunciamiento en la instancia de lazada.  

I.2. Fundamentos de la demanda.

Señaló que, en su Recurso Jerárquico, denunció la nulidad de la Resolución de Alzada Nº 00466/2015, porque ilegalmente la ARIT LPZ, se abstuvo de pronunciarse sobre diversas facturas “depuradas”, por la Administración Tributaria, bajo el argumento de que Altifibers en su recurso de alzada impugnó la depuración de crédito fiscal por conceptos, sin especificar los números e importes de las facturas, efectuando la tabulación de las notas fiscales cuyos conceptos no fueron objeto de observación por parte del recurrente.

Señaló que, a pesar de reconocer que la impugnación fue “por “conceptos”, la resolución de alzada no resolvió también “por conceptos” absteniéndose y omitiendo su pronunciamiento sobre  todas las facturas que están incluidas en cada concepto impugnado, aclarando que los dos conceptos impugnados, respecto a las facturas depuradas, fueron la ilegal calificación de gasto no vinculado y gasto sin medio fehaciente de pago, extremo que fue rechazado categóricamente en el recurso jerárquico interpuesto.

Adujo que, la impugnación mediante el recurso de alzada, fue total, es decir, se impugnó íntegramente la Resolución Administrativa Nº 21-0001-2015, señalando que en dicho recurso, se especificó mediante un cuadro la totalidad de los cargos impugnados, consignado los montos respectivos de cada uno de los periodos observados, para tal fin, expone el cuadro con el detalle de los cargos impugnados.

Que, a pesar que la Resolución Jerárquica reconoce que se impugnó todos los cargos, ratifica erróneamente la ilegal abstención de pronunciamiento de la ARIT, incurriendo en una evidente interpretación incorrecta y aplicación indebida de le Ley, ratificando sin mayor análisis, una omisión de pronunciamiento, sabiendo y reconociendo que si se impugnó, pero supuestamente no se alegó sobre lo impugnado.

En el Recurso Jerárquico se destacó la diferencia fundamental entre error de interpretación de la ARIT, sin embargo, en la Resolución Jerárquica, no existe ningún análisis al respecto, hecho que también es causal de nulidad de la Resolución Jerárquica ahora impugnada, puesto que este aspecto es un punto central de la controversia y al no existir fundamento alguno, han quedado en indefensión.

Como denunció en su recurso jerárquico, existe una gran diferencia entre haber impugnado toda la Resolución Administrativa y desarrollar fundamentos generales  comunes para cada concepto impugnado (gastos no vinculados y gestos sin medios fehacientes de pago) y desarrollado también fundamentos específicos respecto a varias facturas y, algo que es muy diferente es no haber impugnado algunos cargos como aduce la ARIT y equivocadamente convalida la AGIT, dicho de otro modo, es incorrecto que se señale que existen “conceptos no impugnados” por el hecho de que no se haya identificado “los números e importes de las facturas”, pues esto no significa ni es equivalente a que los cargos hayan no sido impugnados.

Esta exigencia de pedir que cada una de las facturas estén expresamente identificadas en el memorial del recuro de Alzada es ilegal, ya que cada uno de los conceptos observados tiene su fundamentación de impugnación, razón por la que no correspondía omitir pronunciamiento, en todo caso si la ARIT La Paz, hubiese entendido que los argumentos eran insuficientes, debió analizarlos y decir que son insuficientes pero, no correspondía que se abstenga de resolver.

Como se puede observar, la Resolución Jerárquica, los dejó en indefensión, al no haber anulado la Resolución de Alzada que omitió pronunciarse sobre todos los puntos impugnados.

Manifestó que la Resolución Jerárquica ha interpretado incorrectamente los arts. 68, 115 y 198 de la CPE, puesto que para justificar la ratificación de la depuración del crédito fiscal establecido en la Resolución Administrativa de devolución Indebida Nº 21-001-2015, incurrió en error de interpretación y aplicación indebida de las normas citadas.

Sobre los cargos ratificados erróneamente calificados como “gastos sin medios fehacientes de pago”, sostuvo que, todos los gastos observados cumplen con los requisitos legales para ser sujeto de crédito fiscal IVA y por tanto, están vinculados a la actividad gravada generadora de ingresos de la empresa, además tienen su respaldo original, y la transacción ha sido efectivamente realizada y, en todos casos cuentas con medios fehacientes de pago, razón por la que todas las facturas observadas cumplieron con el criterio jurisprudencial asumido por la Autoridad Tributaria para ser válidas.

Bajo este concepto de gastos sin medios fehacientes de pago, se ratificó el cargo sobre una póliza de importación cuyo IVA se encuentra debidamente empozado y que en caso del contribuyente, se debe considerar que al ser su actividad  principalmente exportadora, todos los gastos están vinculados a la exportación de su producción y por lo tanto sujetas a devolución impositiva                            

I.2.Petitorio.

Concluyó solicitando se pronuncie sentencia declarando probada la demanda y revocando parcialmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1466/2015 de 10 de agosto, pronunciada por la AGIT.

II. De la contestación a la demanda.

Daney David Valdivia Coria, en representación legal de la AGIT, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda con memorial presentado que cursa de fs. 108 a 117, con base a los siguientes argumentos:

Que la demanda contencioso administrativa, no se traduce en una copia textual de los supuestos agravios formulados en el Recurso Jerárquico, que en el presente caso no se advierte que el demandante haya expresado agravios que le hubieren provocado indefensión o de qué manera se hayan violado o conculcado determinadas normas.

De tal manera la instancia jerárquica de manera fundamentada y motivada señaló claramente que, de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el Recurso de Alzada, el recurrente impugnó la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Nº 21-0001-2015, de 20 de enero de 2015, refiriéndose en cuanto a los aspectos de forma a) La nulidad del acto administrativo por incongruencia (como elemento esencial del debido proceso), en razón a que la Resolución Administrativa Impugnada, hiciera referencia a una supuesta devolución indebida y en cuanto a los aspectos de fondo los 12 puntos descritos en el memorial cursante de fs. 110 a 111.

En este contexto señaló que, Altifibers S.A., en su recurso de alzada impugnó de forma puntual cada concepto observado por la AT, sin embargo, cabe dejar establecido que dentro del recurso de alzada analizado, no se encuentran como conceptos impugnados, las facturas de compras observadas por la AT de los proveedores HIPERMAXI SA, YPFB, EUSEBIO CARDOZO AGUILAR, MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES, CASA RADIOL LTDA., y ATIMEX BOLIVIA SRL, por lo que según la empresa recurrente, la instancia de alzada no habría emitido pronunciamiento, es decir, no existe fundamento de los agravios que pudiera causar la depuración de las facturas de dichos proveedores.

Que, sobre la depuración de las facturas de compras de los proveedores citados, la empresa recurrente no las impugnó; por tanto, la instancia de alzada, en  cumplimiento de la normativa y doctrina, de forma correcta en la Resolución del Recurso de Alzada, señaló que se encuentra impedida de emitir pronunciamiento; si bien la empresa recurrente aduce que en su memorial de señaló que interpone recurso de alzada, impugnando la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Nº 21-0001-2015 y que se habría detallado los importes impugnados en un cuadro especificando los cargos, empero, esto no se equipara con la fundamentación de un agravio, sino únicamente dio cumplimiento con los requisitos establecidos en los incisos c) y d) Parágrafo I , art. 198 del CTB y no así con el requisito establecido en el inciso e) de dicha normativa, referido a la exposición de la fundamentación de los agravios que se invoquen.

En consecuencia, la instancia de alzada, en observancia del principio de congruencia y conforme con lo dispuesto en los arts. 198. I e) y 211 del CTB, emitió pronunciamiento únicamente en función a los puntos planteados  por la empresa recurrente en el memorial de Recurso de Alzada, citando al respecto jurisprudencia contenida en la SCP 0532/2014 de 10 de marzo, referida al principio de congruencia.

Por lo expuesto, señaló que se ratifican en todos y cada uno de los fundamentos de la Resolución Impugnada, que fue emitida en estricta sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso, en este sentido citó la Resolución Nº STG-RJ/0121/2008 emitida por el Sistema de Doctrina Tributaria SIDOT V.3., que expresa que los puntos no impugnados en instancia de alzada no podrán ser resueltos en instancia jerárquica, también la SC Nº 0632/2014 de 10 de marzo de 2014, referente al debido proceso y los principios de fundamentación y motivación en las resoluciones.

II.1.Petitorio.

Concluyó solicitando se declare improbada la demanda interpuesta por Altifibers S.A., manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1466/2015 de 10 de agosto.

III. INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO.

Juan Carlos Mendoza Alvares, en representación legal de la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestas Naciones (SIN), en su calidad de tercer interesado se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda con memorial presentado el 11 de enero de 2016, que cursa de fs. 23 a 25, solicitando se emita sentencia revocando parcialmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1466/2015 de 10 de agosto 2015 y se mantenga firme y subsistente la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Nº 21-0001-2015 de 20 de enero de 2015.   

IV. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

IV.1. El 16 de septiembre de 2014, la AT, notificó a Altifibers S.A., con las Ordenes de Verificación que establecen la verificación del IVA por los periodos fiscales, septiembre, octubre, diciembre 2011, enero a septiembre de 2012 y abril de 2013, en la modalidad de Verificación previa CEDEIM  con un alcance en los hechos, elementos e impuestos relacionados al crédito fiscal comprometido en los periodos y formalidades  del Gravamen Arancelario (GA), asimismo, notificó los Requerimientos  F. 4003 y anexos al requerimiento, en los cuales se solicitó, la presentación de las declaraciones Juradas del IVA, Form. 210, Libros de ventas y compras entre otra documentación.

El 3 de octubre de 2014, la At, emitió el Acta de Recepción de Documentación detallando documentación presentada por Altifibers S.A.

El 4 de diciembre de 2014, la AT, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, por no haber registrado el Sujeto pasivo en el Libro Auxiliar -  Módulo de Bancarización Da Vinci, de las Pólizas de Importación  Nos. C-36022, C48229, C-43113, C-2495, C-2733, C-3696, C-13402 y C-19908, de los periodos fiscales  octubre, diciembre  de 2011, enero, febrero, mayo y julio de 2012, habiendo contravenido lo dispuesto en el art. 8  de la RND Nº 10-0011-11; por lo que sanciona con la multa de 450 UFV, por cada póliza no registrada, en aplicación del Sub numeral 4.8.2, Numeral 4, Anexo Consolidado RND Nº 10-0030-2011, haciendo un total de 3.600 UFV.

El 29 de diciembre de 2014, la AT, emitió el Informe CITE: SIN/GGLP/DF/SVE/INF/03953/2014, en el que se descríbelas observaciones de las facturas de compras cuyo Crédito Fiscal depurado alcanza a Bs. 68.603.-, por no estar vinculadas a la actividad exportadora; por otro lado se señala que observó la Póliza de Importación cuyo crédito alcanza a Bs. 6.857.-, por no contar con medio fehaciente de pago, ni registro contable.

El 29 de nero de 2015, la AT, notificó a Altifibers S.A., con la resolución Administrativa Nº 21-0001-2015, que establece como importe no sujeto a devolución por el IVA de los periodos fiscales septiembre, octubre y diciembre de 2011, enero a septiembre de 2012 y abril de 2013, el importe de Bs. 75.461.-, y por importe a devolver Bs. 373.768.-, por el mismo impuesto y los mismos periodos fiscales.                       

V. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Que, de la compulsa de los datos procesales y la Resolución de Recurso Jerárquico  impugnada, se concluye que la problemática radica en determinar si corresponde la nulidad de la resolución del recurso de Alzada Nº 00466/2015, porque supuestamente según afirma la parte recurrente, la ARIT LPAZ, se abstuvo de pronunciarse sobre diversas facturas depuradas por la Administración Tributaria, omisión ratificada por la AGIT.   

VI. ANALISIS DEL PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO.

En ese contexto y reconocida la competencia de la Sala Especializada de éste Tribunal para conocer y resolver la controversia, conforme la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo como un proceso de puro derecho, en el que el Tribunal únicamente analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por el demandante; corresponde realizar el control judicial sobre los actos ejercidos por la AGIT.

VI.1. En este contexto, analizado los antecedentes que informan al proceso, se evidencia que, la Administración Tributaria emitió de la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Nº 21-0001-2015 de 20 de enero de 2015, en la que se estableció como monto no sujeto a devolución por el Impuesto Al valor Agregado IVA al contribuyente ALTIFIBERS S.A. emergentes de las Ordenes de Verificación CEDEIM descritas en dicho acto administrativo, de los periodos fiscales septiembre, octubre y diciembre de 2011, enero a septiembre de 2012 y abril de 2013 el importe de Bs. 75.461.

Como consecuencia de la citada resolución, el contribuyente Altifibers interpuso recurso de alzada conforme se evidencia a fs. 72 a 81 vta., del anexo dos, acto administrativo resuelto por la ARIT mediante Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0466/2015 de 25 de mayo de 2015, cursante de fs. 151 a 165 del anexo 2, revocó parcialmente la Resolución de Devolución Indebida  Nº 21-0001-2015 de 20 de enero de 2015, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Altifibers S.A., en consecuencia deja sin efecto  el importe de Bs. 2.407.-, establecido como no sujeto a devolución impositiva mediante CEDEIM´s, acto Administrativo que fue motivo de la interposición del Recurso Jerárquico por parte del contribuyente Altifibers S.A., solicitando la nulidad de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0466/2015 de 25 de mayo de 2015, por haber omitido pronunciamiento sobre aspectos impugnados en el Recurso de Alzada, emitiendo la AGIT la Resolución hoy Impugnada que resolvió confirmar la resolución emitida por la ARIT.

Ahora bien, sobre el caso objeto de análisis, cabe manifestar que el sujeto pasivo, en su recurso de alzada, a tiempo de impugnar la resolución emitida por la ARIT, en cuanto a los problemas de fondo entre sus agravios expresó los siguientes aspectos:

1.- Que, los servicios de consultoría en sistemas observados por el SIN corresponder a una consultoría contratada para mejorar el sistema contable.

2.- Que, la factura que detalla la compra del ventilador, no corresponde a la actividad.

3.- Que la factura con fecha sobre escrita Estación de Servicio Tarapacá, Factura Nº 46071 compra de gasolina.

4.- Compra de material de limpieza.

5.- Compra de distintos accesorios para movilidad y vehículos.

6.- Detalle de la factura no especificada y no vinculada a la actividad.

7.-Nota que detalla servicio de Courier nacional.

8.- Nota fiscal facturada por la compra de empaque neopreno, producto no vinculado a la actividad.

9.- Pago de pasajes Línea Aérea, no especifica destino, no vinculada a la actividad.

10.- Servicio de seguros no vinculados a la actividad.

11.- Notas fiscales por compra de gasolina, no justificadas.

Aspecto que han sido objeto de observación por parte de la Administración Tributaria, observaciones que según el contribuyente han sido desvirtuadas, fundamentando cada uno de los aspectos invocados.

Sin embargo, al margen de los 11 puntos expresados como agravios en el recurso de alzada, el sujeto pasivo Altifibers S.A., cabe destacar que dentro del recurso de alzada, revisado el contenido textual del mismo, no se encuentran como agravios, los conceptos referentes a las facturas de compras observadas por la Administración Tributaria de los proveedores Hipermaxi S.A., YPFB, Eusebio Cardozo Aguilar, Ministerio de salud y Deportes, Casa Radiol Ltda., y Atimex Bolivia SRL, extremos sobre los cuales la instancia de alzada no se habría pronunciado, es decir, que no existe argumentación alguna sobre estos puntos traídos hoy a colación.

En este contexto, se puede evidenciar que el contribuyente ahora demandante Compañía Altifibers S.A., respecto a la depuración de las facturas por las compras de los aludidos proveedores, no fueron objeto de impugnación o expresión de agravios; por lo que la ARIT, a tiempo de emitir su resolución, actuó correctamente, puesto que se encuentra impedida de emitir pronunciamiento sobres aspectos que no han sido reclamados en su momento, precluyendo su derecho de hacerlo.

En consecuencia, la Autoridad regional de Impugnación Tributaria, al emitir la Resolución de ALZADA ARIT-LPZ/RA 0466/2015 de 25 de mayo de 2015, emitió un fallo conforme a lo previsto en el art. 198. I del CTB que señala: Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener: e) “Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide”  Por su parte, el art. 221. I del mismo cuerpo legal establece: “Las resoluciones se dictaran en forma escrito y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas”. No siendo por tanto lo afirmado por la parte demandante.

Sobre el instituto de la nulidad debemos referirnos a los arts. 105 y 106 del Código Procesal Civil (CPC), determinan que ningún acto o trámite será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley, además, que el acto es inválido cuando carece de requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y que será válido cuando a pesar de su irregularidad, con él se cumpla el objeto procesal al que estaba destinado, salvo en caso de existir indefensión; de ello se infiere que la nulidad de oficio se encuentra vinculada a las infracciones que interesan al orden público en resguardo del derecho al debido proceso en todos sus elementos configurativos, tales como el derecho a la defensa y a la motivación y fundamentación de las resoluciones, entendimiento concordante con el art. 36 de la (LPA).

Razón por la que con base a dicha normativa, resulta inviable la nulidad por la nulidad misma, y exige a las autoridades que tienen a su cargo la solución de una problemática, realizar un análisis con base a los principios rectores del proceso; en consecuencia, en caso de no verificar la existencia de una situación de orden público o indefensión, la nulidad de las actuaciones procesales no tendrá sustento legal; de ello se infiere que las autoridades judiciales y administrativas, al momento de conocer y resolver las controversias sometidas a su jurisdicción, tienen plena facultad-deber para velar porque el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad que perjudiquen el normal desarrollo del mismo y/o porque no se incurra en vulneración de derechos fundamentales o garantías constitucionales que impliquen nulidad.

Por su parte, el tratadista Eduardo Couture en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil, expresa que: “frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho.

En cuanto a la garantía del debido proceso, se encuentra consagrado y reconocido en el art. 115.II de la CPE, cuyo texto expresa que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, precisado en el art. 117.I de la Norma Fundamental que dispone: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”; además, el debido proceso, se encuentra reconocido como un derecho humano por instrumentos internacionales en la materia como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), que conforme al art. 410.II de la CPE, forman parte del bloque de constitucionalidad; en definitiva, el debido proceso es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las normas jurídicas aplicables a casos similares, implica el conjunto de requisitos a observar en las instancias procesales, con la finalidad de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus intereses o derechos, principio que fue debidamente aliado por las autoridades administrativas a tiempo de emitir sus resoluciones, no siendo por tanto evidente su incorrecta aplicación.

Por todo lo referido anteriormente, este Tribunal con la facultad conferida para realizar el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos ejercidos en sede administrativa, concluye que la AGIT, al pronunciar la Resolución impugnada, no incurrió en conculcación de normas legales, al contrario realizó correcta valoración e interpretación; máxime si los argumentos expuestos en la demanda por la entidad demandante no desvirtúan de manera concluyente, los fundamentos expuestos en la resolución administrativa impugnada.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, por disposición de los arts. 2.2 y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda cursante de fs. 91 a 95 vta., de obrados, manteniendo firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico N° AGIT-RJ 1466/2015 de 10 de agosto de 2015.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.