TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



SENTENCIA Nº 70/2017

EXPEDIENTE             : 168/2015

DEMANDANTE             : Administración Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional

DEMANDADO(A)             : Autoridad General de Impugnación Tributaria

TIPO DE PROCESO             : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA  : R.J. AGIT-RJ 0441/2015 de fecha 23/03/2015

MAGISTRADO RELATOR             : Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

LUGAR Y FECHA             : Sucre, 20 de marzo de 2017

VISTOS EN SALA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 17 a 26 vta., interpuesta por la Administración de Aduana Interior Cochabamba, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0441/2015 de 23 de marzo, pronunciada por el Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), el memorial de contestación de fs. 45 a 50, la réplica de fs. 76 a 78, la dúplica de fs. 81 a 83, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA:

I.1.- Antecedentes de la demanda.

Que, la Administración de Aduana Interior de Cochabamba dependiente de la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, representada legalmente por María Sonia Rojas Zambrana, en virtud a Memorandum Cite Nº 0811/2015 de 5 de mayo, se apersonó por memorial de fs. 17 a 26 vta., e interpone demanda contenciosa contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, impugnando la Resolución AGIT-RJ 0441/2015 de 23 de marzo, expresando lo siguiente:

Inició el memorial de demanda desarrollando una relación de los antecedentes administrativos hasta la emisión de la resolución impugnada, manifestando luego que la Administración Tributaria Aduanera realizó un correcto análisis de la documentación soporte de la factura comercial Nº 34 de 27 de diciembre de 2013, emitida por Antonio Servera Garcia, la cual no cumple con el art. 66 de la resolución 846 de la CAN, ni con los requisitos del inc. h) del art. 3 de la Resolución 1239 de la CAN, para efectos de la aplicación del método de valor de transacción, ya que no consigna el lugar y condiciones de entrega de la mercancía según los términos Internacionales de Comercio. Añade que la DUI 2014/301/C-25488, en el campo 20, consigna FOB BARCELONA, dato que no guarda relación con la Factura Comercial Nº 34, que no consigna ningún dato de INCOTERM, por lo que podría deducirse que la mercancía ha sido objeto de una compra nacional en el país de exportación.

I.2.- Fundamentos de la demanda

Indicó que la factura comercial Nº 34 de 27 de diciembre de 2013, fue emitida por un importe total de 11.500 Euros, que corresponde a la compra de dos ítems: Una maquinaria CASE 580K bastidor y un tractor EBRO con pala EM900 Bastidor J0261, y que contrastada con la Declaración Andina de Valor Nº 1463883, presenta inconsistencia de los datos; a) valor total y, b) ítems declarados respecto de los consignados en la factura comercial; hechos que generan duda razonable respecto de los datos consignados en la DAV Nº 1463883, respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los valores declarados respecto de la factura comercial citada.

Sostiene que la referida factura comercial Nº 34, también fue presentada como documento soporte de la DUI 2014/301/C-52176 de fecha 17 de septiembre de 2014, encontrándose asociada a la DAV Nº 14138855 de 17 de septiembre de 2014, documento distinto a la DAV Nº 1463883 de 6 de mayo de 2014, constatándose de esta manera el incumplimiento del punto 5.3 de la RD 01-010-09 de 21 de mayo de 2009, así como el numeral 4 del art. 3 de la Resolución 1239 de la CAN. Acotó que dichas observaciones no fueron aclaradas por el importador, ya que no presentó documento alguno de descargo que aclare dichas observaciones, evidenciándose el incumplimiento al art. 62 de la Resolución 846 del CAN y en aplicación de la Decisión 6.1 de la OMC al subsistir la duda razonable, se descartó la aplicación del método de valoración de transacción.

Expresó, que del aforo documental de la DAV Nº 1463883, se observa que el mismo presenta datos incompletos, ya que solo registra datos referente al ítem 1 de la factura comercial: Retroexcavador Case 580K TURBO, siendo que la referida factura comercial consiga dos ítems: 1) CASE 580K BASTIDOR JJHH0007727, 2) Tractor EBRO CON PALA EM900 BASTIDOR J0261. Asimismo declara que el importe de la factura es por un monto de 11.500,- Euros; sin embargo, en el campo 62. señala el Valor FOB total: 8232 Euros, y en el campo 62.1 Precio total pagado: 8277.57 Euros, importe inferior al declarado en el factura comercial, evidenciándose el llenado incorrecto en los datos sustanciales consignados en el Anexo 1.D de la RD 01-017-09 de 24 de septiembre de 2009 que aprueba la actualización y modificación del Anexo de clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones aprobado mediante RD 01-012-07 en lo referido a la Declaración Andina de Valor, correspondiendo la sanción de 500 UFV.

Indicó que se descartó la aplicación del Método de Valor de Transacción en aplicación del art. 5 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571-Resolución 846; arts. 18.f), 28 y 29 de la Resolución 846 en conformidad del art. 8 del Acuerdo de Valoración de la OMC; art. 66 de la Resolución 846 CAN y art. 3.h) de la Resolución 1239 de la CAN, ya que la factura comercial Nº 34, no cumple con el art. 3 núm. 4 y 5.h) de la Resolución 1239 de la CAN. Por lo que al haberse descartado la aplicación del método de valor de transacción, se valoró la mercancía por los métodos secundarios.

Manifestó que la  AGIT, desconoce el motivo y la esencia misma por la que se han establecido condiciones y requisitos mínimos para que la Administración Aduanera pueda aceptar el valor declarado por el importador, sin considerar que la carga de la prueba le corresponde al importador, en previsión del art. 76 de la Ley Nº 2492, concordante con el art. 52 de la Resolución 846, omitiendo considerar los requisitos que en cada transacción está establecida, y cuál fue el INCOTERM pactado, información que debe estar consignada en la factura comercial, entendiéndose como las reglas y usos estandarizados del comercio internacional, que tiene como objetivo fundamental establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre la parte compradora y la parte vendedora en un contrato de compra venta internacional.

Refiere que la AGIT pretende que la Aduana, infrinja la normativa aduanera, haciendo público lo que la ley nacional y supranacional dispone, contradiciendo la restricción establecida en el art. 67 de la Ley Nº 2492, respecto a la confidencialidad de la información tributaria, pues se tendría que publicar toda la base de datos, para que la AGIT se pueda cerciorar que la Aduana no cuenta con antecedentes que permitan realizar una valoración por los métodos   secundarios.

Señaló que la normativa citada por la AGIT, se refiere únicamente a que los valores de referencia usados en principio como riesgo, también pueden ser usados como base de partida para la valoración, que el caso en análisis se cumplió a cabalidad, al demostrarse que el importador soslayó los requisitos mínimos para poder aplicar el primer método de valoración, así como los fundamentos del por qué no se pueden aplicar los métodos secundarios de valoración. Añade que los valores que se encuentran en la base de datos de la Aduana, que son el resultado de los estudios de valor, que es actualizada de manera constante en el precio de las diferentes mercancías dentro del comercio internacional, que sin embargo deben tener reserva de aquella información considerada como confidencial.

Sostuvo que la AGIT no consideró que el operador no presentó prueba suficiente, pertinente e idónea para que la Administración aduanera pueda, por un lado aceptar el valor declarado y por otro aplicar un valor de sustitución por los subsiguientes métodos de valoración, conforme establece el art. 76 de la Ley Nº 2492. Agregó que la Administración Aduanera cumplió con la previsión del parágrafo II del art. 99 de la Ley Nº 2492 y art. 19 de su Decreto Reglamentario, así como el art. 260 del mismo cuerpo legal, por lo que no se vulneró los principios del derecho al debido proceso y derecho a la defensa.

I.3.- Petitorio.

Concluyó el memorial solicitando que este Tribunal Supremo de Justicia previa admisión de la demanda y correspondiente análisis de los antecedentes, se revoque la resolución impugnada AGIT-RJ 0441/2015 de 23 de marzo y en consecuencia mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº AN-CBBCI-RD 018/2014 de 31 de julio de 2014.

II.- DE LA CONTESTACION A LA DEMANDA 

Que, admitida la demanda por providencia de fs. 38, en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Se dispuso asimismo, que se libre provisión compulsoria para la notificación del tercero interesado, empresa INGA GONGORA Ltda., en el domicilio señalado al efecto, encomendándose su cumplimiento a través del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Cumplida la diligencia de citación a la autoridad demandada, como consta a fs. 68, se apersona Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria y contesta negativamente la demanda mediante memorial de fs. 45 a 50 de obrados, manifestando que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) como ente que administra justicia tributaria, vela por la correcta aplicación de la normativa tributaria, cuidando los derechos que tiene el Estado y las obligaciones que tiene el contribuyente para con el Estado. En ese entendido señaló que las afirmaciones hechas por la Administración aduanera son falsas, más aún cuando la resolución jerárquica realizó una correcta interpretación de la norma acorde a los antecedentes del proceso.

Recalcó que el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor,  establece un valor de sustitución para los ítems observados y detallados en el documento adjunto “Detalle de Mercancías en el Aforo”, y que se aplicó el Método de Valoración Aduanera del Último Recurso sobre la base de los precios referenciales prevista en el art. 53 de la Resolución 846, determinando el Valor de Sustitución de $us. 18.300, por lo que el Acta de Reconocimiento/Informe de variación de valor, no contiene el fundamento técnico- legal del rechazo para la aplicación del primer método del Valor de Transacción, conforme establecen los arts. 144 de la Ley Nº 1990 y 250 de su Decreto Reglamentario; omisiones que no permite que el sujeto pasivo asuma plena defensa de lo observado, toda vez que se limitó a señalar sin justificativo alguno que los hallazgos detallados constituyen contravención aduanera, como los motivos por los cuales desestima los requisitos del art. 5 de la Resolución 846.

Señalo que si bien el acto administrativo realiza un descarte superficial de los Métodos de Valor en Aduanas, esta figura no se ajusta a procedimiento, ya que carece de fundamentación, puesto que no fue elaborado sobre la base de datos objetivos y cuantificables, para determinar un nuevo valor de la mercancía declarada en la DUI C-25488, porque no demuestra el origen del valor aplicado que sirvió para establecer los tributos omitidos, ni el descarte sucesivo de los Métodos de Valoración Aduanera, generando incertidumbre, inseguridad e indefensión al administrado. Añadió que en ese contexto, los precios de referencia sirven únicamente como indicadores de riesgo para fundamentar las dudas que tenga la Administración Aduanera. Pero estos precios no pueden sustituir los Valores Declarados sin que previamente se haya cumplido con un estudio de valor, lo que denota una falta de fundamentación, que demuestra una evidente vulneración de los derechos constitucionales referidos al debido proceso y defensa.

Finalmente, acotó que los argumentos de la Administración Aduanera se limitan a realizar afirmaciones generales y no precisas, sin exponer razonamientos de carácter jurídico, por las cuales cree que su pretensión no fue valorada correctamente por la AGIT, por lo que no se puede pretender suplir la carencia de carga argumentativa del demandante en el proceso.

II.1.- Petitorio.

Concluyó el memorial solicitando que en mérito a los fundamentos expuestos, este Supremo Tribunal de Justicia emita sentencia declarando improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, manteniendo firme y subsistente la Resolución AGIT-RJ 0441/2015 de 23 de marzo.

III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

En el desarrollo del proceso en sede administrativa, se cumplieron las siguientes fases, hasta su agotamiento, de cuya revisión se evidencia:

La Administración Aduanera emitió Diligencia Parte I (201430125488-1463883), refiriendo que del examen documental y/o reconocimiento físico de la mercancía correspondiente a la DUI 2014/301/C- 25488, generaron duda razonable sobre el valor declarado, basado en el factor de riesgo contendido en el art. 49 de la Resolución 846 de la CAN, concerniente a la falta de correspondencia entre la declaración de aduana y la del valor frente a los respectivos documentos soporte; inexactitud en el llenado de las casillas de la DAV, tipo de mercancía y, la factura comercial no cumple con los requisitos del art. 3 de la Resolución 1239 CAN (fs. 48 de antecedentes administrativos).

En fecha 29 de mayo de 2014, la Administración Aduanera, emitió Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (201430125488-1463883) que establece un valor de sustitución, debido a datos incompletos campo 27 de la DAV Nº 1463883, no consignó el número de factura, la DAV sólo registra los datos referentes a 1 item: Retroexcavadora Case 580K Turbo, siendo que la factura comercial consigna 2 items: 1) Case 580K Bastidor JJHH0007727 y, 2)  Tractor EBRO con pala EM900 Bastidor J0261. Por otro lado la factura es por un total de 11.500 Euros y, la DAV no refleja éste importe. Establece un valor de sustitución para los ítems observados y detallados en el documento adjunto “Detalle de Mercancías en Aforo”; en aplicación del Método del Último Recurso de valoración Aduanera (fs. 58 a 59 de antecedentes administrativos).

Por informe Nº AN-CBBCI-V-863/2014, la Administración Aduanera concluye que del análisis de la documentación soporte de la DUI C-25488 y considerando que sólo se presentó descargo sobre el precio realmente pagado, observó que la factura Nº 34, incumple el art. 66 de la Resolución 486, y el inciso  h) del art. 3 de la Resolución 1239 de la CAN, para efectos de la aplicación del Método de Valor de Transacción, ya que no consigna el lugar y las condiciones de entrega según los Términos Internacionales de Comercio “INCOTERM”; y que verificada la DUI en el campo 20: Condiciones de entrega INCOTERM, consigna FOB BARCELONA, y la citada factura no describe ningún dato de INCOTERM que determine dichas condiciones por parte del vendedor, que permitan determinar de manera objetiva y cuantificable los ajustes por adiciones establecidas en el art. 18 de la Resolución 846. Por otra parte la DAV Nº 143883, no registra datos exactos ni completos; y de la revisión del Bill Of Lading ML Logistics Nº CBBA-B5B2N87 (documento de embarque) no contempla los costos de flete interno, gastos de carga, ni manipulación en el país de procedencia, gastos que forman parte del valor de acuerdo con el art. 28 de la Resolución 846 y 8 del Acuerdo de Valoración de la OMC; de igual manera hace el descarte de los métodos del valor en Aduanas, para concluir con la aplicación del Método del Último Recurso sobre la base de los precios referenciales previstos en el art. 53 de la citada Resolución (fs. 63 a 76 de antecedentes administrativos).

Mediante Resolución Determinativa Nº AN-CBBCI-RD 018/2014 de 31 de julio, la Administración Aduanera, ratificó el contenido del Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor Nº (201430125488-1463883) determinando el valor de Sustitución de $us. 18.300.00,- el Valor No Declarado en la suma de $us. 10.068,00,- y los tributos omitidos en Bs. 10.678,- equivalentes a 5.468,84 UFV, monto que será pagado en el ajuste de valor, más la sanción de 500 UFV correspondiente a la contravención por ausencia o datos incompletos o llenado incorrecto de datos sustanciales consignados en el Anexo 1.D de la RD 01-017-09 de 24 de septiembre de 2009. (fs. 77 a 96 de antecedentes administrativos).

Interpuesto recurso de alzada por Dulia Margaret Muñoz Caballero, de acuerdo al memorial de fs. 51 a 54 vta. del Anexo 2, el mismo fue resuelto a través de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0487/2014 de 8 de diciembre, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba,  disponiendo ANULAR la Resolución Determinativa Nº AN-CBBCI-RD 018/2014 de 31 de julio, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (2014430125488-1463883) de 29 de mayo de 2014, disponiendo que la Administración de Aduana Interior Cochabamba emita nueva Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor, sustentando la misma en datos objetivos y cuantificables realizando el descarte sucesivo de métodos de valoración, si corresponde, y establecer el valor de sustitución explicando el origen del mismo (fs. 124 a 136 vta. de Anexo 2).  

Como consecuencia de lo anterior, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, por memorial de fs. 153 a 164 del Anexo 2, dedujo recurso jerárquico contra la resolución pronunciada en alzada, el que fue resuelto mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0441/2015 de 23 de marzo, decidiendo confirmar la Resolución ARIT-CBA/RA 0487/2014 de 8 de diciembre; en consecuencia, anular obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (2014430125488-1463883) inclusive, debiendo la Administración Aduanera, sustentar la misma con datos objetivos y cuantificables y la normativa que corresponda para el descarte del Primer Método de Valor de Transacción, así como el descarte de los demás Métodos de Valoración, si corresponde, y establecer el valor de Sustitución explicando el origen del mismo, conforme a lo que prevé el art. 250 del Reglamento da la Ley General de Aduanas (fs. 227 a 239 vta., Anexo 1).

Contra esa determinación, la Administración Aduana Interior de Cochabamba de la Aduana Nacional, a través de su representante legal, formuló demanda contenciosa administrativa conforme consta de fs. 17 a 26 vta. de obrados.

Continuando el trámite del proceso, se presentó el memorial de réplica que cursa de fs. 76 a 78, en el que se reiteraron los argumentos expresados en la demanda; fue providenciado a fs. 79, disponiéndose su arrimo al expediente y se corrió en traslado para la dúplica.

Del mismo modo, presentada la dúplica a través del memorial de fs. 81 a 83, en el que del mismo modo se ratificó lo manifestado en el memorial de contestación a la demanda, fue providenciado a fs. 84, teniéndosela por absuelta. Asimismo cursa la orden instruida diligenciada a fs. 107 con la notificación al tercero interesado, el 5 de julio de 2016, habiéndose ordenado por providencia de fs. 108, su arrimo al expediente, con noticia de sujetos procesales intervinientes.

Concluido el trámite del proceso, se decretó Autos para Sentencia conforme la providencia de 4 de julio de 2016, cursante a fs. 84.

Que, el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, el art. 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que, así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por la demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece:

Que, el motivo de la litis, tiene relación con las supuesta vulneraciones que se hubieren producido por la Autoridad Jerárquica al pronunciar la Resolución hoy impugnada, de acuerdo al siguiente supuesto: Si la Autoridad Jerárquica, al emitir la resolución impugnada, confirmando la nulidad de obrados hasta el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (2014430125488-1463883), se ajustó o no a normas legales.

V. ANALISIS DEL PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO.

Del análisis de la demanda, la respuesta, los actos y resoluciones en sede administrativa resolución de alzada y jerárquica y los argumentos formulados por las partes en la presente controversia, se procede a revisar el fondo de la presente causa, en los siguientes términos.

Que, a efecto, de demostrar la ilegalidad de la anulación de obrados, la entidad demandante argumenta que la Factura Comercial Nº 34 de 27 de diciembre de 2013 emitida por Antonio Servera Garcia, la misma no cumpliría con el art. 66 de la Resolución 846 CAN ni con los requisitos del art. 3.h) de la Resolución 1239 de la CAN para efectos de la aplicación del Método Valor de Transacción; así como la inexactitud en el llenado de las casillas de la Declaración Andina de Valor. Que, como consecuencia de no cumplir con los requisitos descritos establecidos, se descartó la aplicación del primer método de valor de transacción; y en aplicación del art. 32° de la Resolución 846 de la CAN, se procedió a aplicar los métodos secundarios de valoración mencionados en los numerales 2 a 6 del Art. 3° de la Decisión 571, en el orden sucesivo señalado en el art. 4 de la misma norma legal, aplicándose el método de último recurso, determinando el Valor de Sustitución de $us. 18.300,00, y el Valor No Declarado en la suma de $us. 10.068,00.

Que, el motivo de la litis se circunscribe a revertir la decisión de anulación de obrados con reposición de actuados hasta el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor N° 201430125488-1463883; en ese sentido resulta pertinente realizar un análisis del marco legal aplicable; es así que el art. 410 de la Constitución Política del Estado,  instituye entre otros el sometimiento a la ley (legalidad), estableciendo que todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; asimismo, las normas infra-constitucionales como las leyes y normas de menor jerarquía forman parte del Bloque de Constitucionalidad; vale decir que en el Estado Constitucional de Derecho el principio de legalidad de la norma, es validada en subsunción de la norma en la Constitución Política del Estado y el Bloque de Constitucionalidad, conforme al principio de Supremacía Constitucional; entendimiento del cual se desprende que no solo las personas naturales y jurídicas deben ceñir sus actos en el marco de la Constitución Política del Estado, sino también, y con mayor razón los órganos públicos e instituciones, cuyos actos administrativos deben necesariamente circunscribirse en el cumplimiento de la Constitución, cuya aplicación directa conforme el art. 109 de la norma fundamental, garantiza la protección del derecho, en el cual debe ajustarse el actuar de la Administración Pública, el actuar de los órganos administrativos de impugnación y los órganos jurisdiccionales de justicia, principio que otorgará la validez correspondiente a todo acto emanado por los órganos administrativos y jurisdiccionales.

Que, en esa línea constitucional la garantía jurisdiccional otorgada por la Constitución Política y el Bloque de Constitucionalidad a todas las personas naturales y jurídicas, se traduce en el cumplimiento por parte de las autoridades públicas al derecho al debido proceso, al derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, garantía plasmada en el art. 115.I y II; prevé también la protección oportuna y efectiva por parte de jueces y tribunales del ejercicio de derechos e intereses legítimos.

En ese entendido, una de las garantías de la persona sujeta a un debido proceso es referida a la fundamentación y motivación de toda resolución ya sea administrativa o judicial, es decir, que el juzgador al momento de emitir una decisión, debe explicar de manera clara, los motivos que llevaron a tomar una decisión. Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 1469/2013de 22 de agosto, señala que: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.

(…) cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas(…)”.

Bajo ese contexto, a efectos de resolver la problemática planteada, es menester hacer mención al art. 28 incs. b) y e) de la Ley Nº 2341, el cual se refiere a los elementos esenciales del acto administrativo, entre ellos la causa, que debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de fuente y en el derecho aplicable; así como al fundamento, indicando que el acto administrativo debe ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que indujeron a emitir el acto.

De igual manera, el art. 31 del Reglamento a la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, respecto a la motivación dispone que: “Serán motivados los actos señalados en el Artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo y además los que: Decidan sobre derechos subjetivos e intereses legítimos. Resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados. Resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que resulten del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la decisión (…)”

En el contexto referido precedentemente, corresponde señalar que el fundamento legal bajo el cual la entidad demandante ampara su demanda se remite al análisis de los documentos de soporte y la documentación presentada como descargo, y como resultado de la evaluación, la Aduana Nacional descartó el primer método de valoración (Método de Transacción) en aplicación del art. 5 de la Resolución 846 - Reglamento Comunitario de la Decisión 571, y art. 3 de la Resolución 1239 de la CAN, además de no encontrarse antecedentes para la aplicación de los métodos en el orden sucesivo, por lo que se aplicó el método del último recurso sobre la base de los precios referenciales, previsto en el art. 53 de la Resolución 846, identificando además observaciones detectadas en la factura comercial Nº 34, la DUI 2014/301/C-25488, el Bill of Lading Nº CBBA-B5B2N87 y la DAV Nº 1463883.

Por otro lado, de la lectura de la transcripción normativa que efectúa la demanda, y de la compulsa de antecedentes, se advierte que los argumentos vertidos no cuentan con fundamentación ni asidero legal que justifique su pretensión, si bien señala que los valores de referencia usados en principio como riesgo también pueden ser usados como base de partida de valoración, y que el importador ha incumplido los requisitos mínimos establecidos para poder aplicar el primer método dé valoración, dicho razonamiento no desvirtúa los argumentos de la resolución impugnada, en sentido de que el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor 2014430125488-1463883, no contiene el fundamento técnico legal del rechazo para la aplicación del primer método de valor de transacción, lo que no permite que el sujeto pasivo asuma plena defensa de lo observado; toda vez que es deber del demandante establecer y demostrar con argumentos objetivos de la errada interpretación de los hechos o la violación o error en la cual habría incurrido la autoridad jerárquica en la emisión de su resolución, omitiendo señalar la entidad demandante cómo esa resolución y la nulidad determinada habría causado alguna violación o infracción a la norma, sin advertir que la demanda contenciosa constituye garantía formal en cuyo marco la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en instancia administrativa e impugnatoria administrativa en la vía de puro derecho.

En esa línea corresponde precisar que el art. 258 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, concordante con los arts. 143 y 144 de la Ley General de Aduana y arts. 250 y 251 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, exige que en el procedimiento de variación de valor de las mercancías y determinación de los tributos aduaneros aplicables, debe estar basado en datos objetivos y cuantificables, norma concordante con el art. 60.2 de la Resolución 846 de la CAN, e incisos b), y e) del art. 28 de la Ley N° 2341. Normas que exigen su cumplimiento por parte de la autoridad administrativa; instituida en los Derechos y Principios Constitucionales previstos en los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado, aspecto que debió ser advertido y cumplido por la instancia Administrativa Aduanera en su procedimiento de determinación de tributos aduaneros a través de su procedimiento de variación de valor.

Se advierte asimismo, en cuanto a las especificaciones sobre la deuda tributaria referidos al origen, concepto y determinación del adeudo tributario establecido en el art. 19 del DS Nº 27310, la Administración Aduanera determinó el valor de sustitución en $us. 18.300,00,- sin fundamentar cómo fue obtenido dicho valor reajustado, no figurando ningún dato desglosado que exprese cómo se llegó a establecer el valor de sustitución, cuál la fuente o parámetro para obtener el precio referencial de mercancías idénticas o similares a la mercancía objeto de valoración, los mismos deben ser obtenidos de fuentes especializadas, tal como prescribe el inc. g) del art. 2 de la Resolución 846, coligiéndose que la Resolución Administrativa emitida por la Administración Aduanera no cuenta con una debida fundamentación y especificación de la deuda tributaria, al no especificar el valor reajustado en base a datos objetivos y cuantificables utilizados para llegar al valor de sustitución, que permitan al sujeto pasivo conocer de forma objetiva las razones y motivos por los cuales se estableció el valor de sustitución.

Por otro lado, se advierte en la Resolución Determinativa Nº AN-CBBCI-RD 018/2014 de 31 de julio, la ausencia de fundamento técnico legal en cuanto a las razones técnicas del rechazo para la aplicación del primer método de valoración, toda vez que este ejercicio se constituía en aspecto fundamental para ingresar a realizar el descarte sucesivo de los siguientes métodos para, de esa forma, llegar al Último Recurso; es decir, que la Administración de Aduana no realizó el descarte sucesivo de los Métodos de Valoración, conforme establecen los arts.  143 y 144 de la Ley Nº 1990; 250 y 251 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, concordante con el art. 49 de la Resolución 846 de la CAN. Todos estos hechos indudablemente vulneran el derecho al debido procedimiento administrativo y derecho a la defensa, toda vez que no permite al sujeto pasivo conocer de forma cierta e indubitable el origen del impuesto a ser pagado, lo cual muestra claramente que no se determinó objetivamente de dónde se obtuvieron las diferencias para obtener el valor reajustado en base a fuentes establecidas en la normativa. 

En ese marco, la doctrina ha dejado por sentado que la determinación tributaria es quizás una de las expresiones del Derecho Tributario en que se pone de relieve con mayor ímpetu el natural conflicto de intereses entre la pretensión recaudatoria del Estado y los derechos individuales del sujeto pasivo, toda vez que es el Estado quien entra a tomar parte del patrimonio de éste, al cumplimiento del presupuesto de hecho que generará el cobro del tributo; de lo cual se deduce que la determinación tributaria, como en la especie por procedimiento de variación de valor, es un acto administrativo, como tal es un acto unilateral de la administración, lo cual no significa de manera alguna que este acto sea discrecional y menos arbitrario, en tal caso, enunciará la existencia de un hecho imponible y cuantificará el tributo correspondiente, todo conforme a derecho, siendo ésta la parte más importante del proceso de determinación de la deuda tributaria, en lo referente a la determinación variación de valor, pues se constituye en el momento en el cual la Administración Aduanera hace conocer al sujeto pasivo los resultados de su labor de control, fiscalización, investigación y verificación, que debieron ser sustentados en hechos reales, existentes, y sustentados en el cumplimiento de la ley, respetando el debido proceso, el derecho a defensa y la verdad material, principios que debieron consolidarse en la emisión del Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor N° 201430125488-1463883 y de la Resolución Determinativa Nº AN-CBBCI-RD 018/2014, en base a la recolección de pruebas y su respectiva valoración, todo ello en búsqueda de la verdad material, hecho que no aconteció en la especie.

No se debe perder de vista que la actuación de la Administración Pública conforme a lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, se rige entre otros, por el principio de sometimiento a la ley y al debido proceso, en tal sentido la Administración Aduanera tiene el deber de encaminar sus actuaciones en conocimiento cierto y directo de los elementos configurativos de la obligación tributaría, ese poder-deber conlleva la carga de fundamentar en base a prueba y sin lugar a duda y en forma transparente los hechos considerados; pues si las observaciones que la administración efectúe en su Informe de Variación de Valor son inconducentes o indeterminadas por cualquier motivo, como en el caso en estudio, éstas estarán atentando al derecho fundamental a la defensa del sujeto pasivo, pues no existe margen para la liberalidad y menos para la arbitrariedad en el marco de la Ley, vulnerando el art. 68. 6 y 7 de la Ley Nº 2492.

En el marco del razonamiento descrito, no se advierte ni en el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor N° 201430125488-1463883 ni en la Resolución Determinativa Nº AN-CBBCI-RD 018/2014 el cumplimiento de estos preceptos esenciales que atingen al debido procedimiento administrativo y al derecho a defensa del sujeto pasivo, incumplimientos que fueron advertidos por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0441/2015 emitida por la AGIT, que confirmó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0487/2014 que dispuso la anulación de obrados con reposición; interpretando y aplicando correctamente la normativa legal aplicable al caso.

VI. CONCLUSIONES

Por lo relacionado precedentemente, se establece que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al emitir la Resolución AGIT-RJ Nº 0441/2015 de 23 de marzo, realizó una correcta compulsa de los antecedentes, correspondiendo confirmar la anulación de obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor N° 201430125488-1463883 de 29 de mayo de 2014 ,emitido por la Administración Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, por lo que corresponde declarar improbada la demanda

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del Código de Procedimiento Civil, numeral 2 del art. 2 y art. 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 17 a 26 vta., interpuesta por la Administración de Aduana Interior de Cochabamba de la Aduana Nacional, consecuentemente se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 0441/2015 de 23 de marzo, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Procédase a la devolución a la autoridad demandada, de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.