TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




SENTENCIA Nº 35/2017

EXPEDIENTE             : 157/2015

DEMANDANTE             : Victor Alberto Urzagasti Fuentes

DEMANDADO(A)             : Autoridad General de Impugnación Tributaria

TIPO DE PROCESO             : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA  : R.J. AGIT-RJ 1372/2015 de fecha 03/08/2015

MAGISTRADO RELATOR             : Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

LUGAR Y FECHA             : Sucre, 20 de marzo de 2017

VISTOS EN SALA: La demanda contencioso administrativa de fs. 11 a 15 vta., interpuesta por Víctor Alberto Urzagasti Fuentes impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1372/2015 de 3 de agosto, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, el apersonamiento de la Gerencia Regional de Santa Cruz de la Aduana Nacional como tercer interesado de fs. 23 a 25, la contestación a la demanda de fs. 55 a 61, el memorial de réplica de fs. 81-A y 81-B vta., el decreto que da por renunciado el derecho a la réplica; los antecedentes del proceso; y,

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1. Antecedentes de la demanda

Que, Víctor Alberto Urzagasti Fuentes, se apersonó por memorial de fs. 11 a 15 vta., manifestando que al amparo de lo previsto en los arts. 778, 779 y 780 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por determinación del art. 74.2) de la Ley Nº 2492 interpone demanda contenciosa administrativa contra la Resolución AGIT-RJ 1372/2015 de 3 de agosto.

Expresó que presentó nulidad de notificación, respecto del Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0062/2008 de 12 de diciembre y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS 152/2012 de 26 de diciembre, ante la Gerencia Regional de Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, con los que nunca fue notificado en forma personal, contraviniendo lo establecido en la Ley Nº 2492.

Que, la Gerencia Regional Santa Cruz, no emitió pronunciamiento alguno dentro del plazo del art. 17.II de la Ley N° 2341 que regularía el plazo de 6 meses. Transcurrido el mismo podrá considerarse que fue desestimada su solicitud por silencio administrativo.

Que, el demandante interpuso el Recurso de Alzada, y fue resuelto mediante Resolución ARIT-CSZ/RA 0410/2015 de 11 de mayo, que resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, hasta el auto de admisión de 11 de febrero de 2015, inclusive rechazar el recurso de alzada interpuesto.

Que, el sujeto pasivo interpuso recurso jerárquico, con el argumento que la gerencia regional a momento de responder el recurso habría reconocido que dio respuesta a la nulidad de notificación, quien manifestó en su respuesta que el acta de intervención se notificó en tablero, sin mencionar el día el mes y el año, y, a quienes se habría notificado. En referencia a la resolución sancionatoria, la gerencia regional, habría afirmado que fue notificado al representante de la ADA LOMALTA SRL y respecto a su persona se hubiere notificado mediante edicto, omitiendo dar cumplimiento a lo establecido en el art. 83-3 y 84 de la ley Nº 2492.

Refiere, que no hubo ninguna diligencia de notificación personal con ningún acto administrativo emitido por la gerencia regional, (acta de intervención y la resolución sancionatoria en contrabando), no existiría avisos de visita, representación para concluir en una cedula y/o procedimiento que diere lugar a la notificación por edicto. Este aspecto no fue tomado en cuenta por ARIT, tampoco por AGIT esta última se habría limitado a confirmar la resolución anterior, sin realizar una correcta interpretación y debida aplicación de la ley.

I.2. Fundamentos de la demanda.

Luego de la relación de los antecedentes en fase administrativa, como fundamentos de su demanda, manifestó:

a) Que la resolución de AGIT-RJ 1372/2015 de 3 de agosto, no considero la falta de notificación con el acta de intervención y la resolución sancionatoria en contrabando que afectarían sus derechos, vulnerando principios, el debido proceso y a la defensa, que fue confirmada por la gerencia regional que contraviene el art. 33 parágrafo I de la Ley Nº 2341.

b) Indica que no existió actos que precedieron a la notificación mediante edicto, privándole su derecho a defensa protegido por el art. 68 numeral 6 de la ley Nº 2492.

c) Que, por el principio de prelación normativa establecido en el art. 5 de la ley Nº 2492, el de alzada y el y jerárquico debieron aplicar y resolver de conformidad al art. 33 inciso c) de la Ley Nº 2341, tomando en cuenta el principio de legalidad de conformidad al art. 6 de la Ley Nº 2492.

d)  Que, ante la omisión de la notificación personal con los actuados referidos, por la gerencia regional, correspondería la nulidad de obrados hasta que se le notifique con dichos actuados, que la resolución de alzada y el jerárquico al no haber obrado de esta forma vulneraron su derecho a la defensa, al debido proceso, establecido en los arts. 115, 117 y 119 de la CPE.

Apoya, sus argumentos citando sentencias constitucionales entre ellas la 0136/2003-R de 6 de mayo, 1842/2003-R de 12 de diciembre, referentes a las formalidades del proceso que garantizan la defensa oportuna, la igualdad de condiciones, para conocer los fundamentos por los que se lo juzga y asumir defensa material y oportuna.

Que, las SSCC N° 1234/2000-R de 21 de diciembre; 128/2001-R; 378/2000-R, sostendrían que al no haberse respetado el derecho al debido proceso, se lesiona la seguridad jurídica. La SC Nº 0887/2005-R de 29 de junio, establecería la garantía objetiva de aplicación de la norma.

Que, el Tribunal Supremo desarrollo línea jurisprudencial en relación a la nulidad y anulabilidad establecidas en los arts. 35.II y el 36.VI de la Ley del Procedimiento Administrativo, en sentido que solo podrán ser invocados mediante la interposición; y la excepción a la regla se encuentra en el art. 55 del DS. Nº 27113, Reglamento a la Ley del Procedimiento Administrativo, cuando el vicio ocasione indefensión o lesione el interés público. Cita las SSCC N° 1357/2003-R de 18 de septiembre; 779/2005-R de 8 de julio y 0083/2005 de 25 de octubre, que establecieron el desarrollo respecto a la indefensión. 

I.3. Petitorio

Concluye, solicitando se declare probada la demanda, y se revoque totalmente la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1372/2015 de 3 de agosto, por consiguiente también la Resolución de Recuso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0410/2015 de 11 de mayo, y por ende nula y sin valor legal tanto el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0062/2008 de 12 de diciembre, y la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-ULEZR-RS 152/2012 de 26 de diciembre.

I.4. Admisibilidad

Por Decreto de 27 de octubre de 2015 de fs. 18, se admitió la demanda de conformidad a los arts. 327, 379 y 380 del Código de Procedimiento Civil y 2-2) de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, corriéndose traslado a la entidad demandada y al tercer interesado conforme a ley.

II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

La Autoridad General de Impugnación Tributaria, representada por Daney David Valdivia Coria, dentro el plazo previsto por ley, contesta negativamente los argumentos de la demanda, que la Resolución impugnada cuenta con los fundamentos técnicos jurídicos y por ello refuta los fundamentos incongruentes de la demanda.

Señala, que los fundamentos del recurso de alzada del sujeto pasivo fueron el silencio administrativo negativo, que la gerencia regional no dio respuesta a su memorial de 14 de julio de 2014, al no habérsele notificado nunca con el acta de intervención y la resolución sancionatoria en contrabando, transgrediendo su derecho a la defensa, vulnerándose su derecho a petición, solicitando la nulidad de obrados.

Que, en su recurso jerárquico el administrado, manifestó que ante la nulidad de notificación, la administración aduanera no emitió pronunciamiento dentro los 6 meses, sin embargo; se consideró, como desestimada su solicitud por silencio administrativo.

Que, los argumentos en su recurso de alzada y Jerárquico, los agravios expuestos fueron el silencio administrativo negativo, y, no los actos administrativos en si  del acta de intervención y resolución en contrabando. Empero; su demanda contenciosa todos sus argumentos versarían sobre la notificación de los citados actos administrativos, sin hacer mención al silencio administrativo, por lo mismo las pretensiones expuestas en su demanda serian incongruentes con los datos del proceso y lo resuelto por la autoridad tributaria.

Cita, los principios de convalidación apoyando sus argumentos en doctrinarios entre ellos, Palacios, Podetty, Coture. Menciona que por el principio de congruencia debe de existir correspondencia entre las cuestiones impugnadas por el recurrente en el recurso de alzada o el recurso jerárquico y lo resuelto en los citados de conformidad a los arts. 198.I, 211.I del CTB, de conformidad a la Sentencia 273A de 15/11/2012 de Sala Plena.

Que, lo que pretendería impugnar el demandante, se constituiría en un nuevo argumento que no fue observado ante la AIT, en la actualidad no puede pretender subsanar errores o negligencias con su demanda, siendo que los arts. 139.b) y 144 del CTB, y los arts. 198.e), y 211.I) de la Ley N° 3092. Quien considere lesionados sus derechos con la resolución de alzada debe de interponer de manera fundamentada su agravio con claridad y precisión para que la AGIT pueda conocer y resolver en base a los fundamentos en observancia a los principios de congruencia, convalidación y preclusión que el Tribunal Supremo de Justicia a través de Sala Plena en Sentencia 0228/2013 de 2 de julio, regulo al respecto. Que, no fue revisado y analizado por la instancia jerárquica, menos planteado por la parte demandante.

Que, el demandante jamás impugno los actos administrativos que hoy observa. Que el objeto de impugnación de su recurso de alzada, fue el silencio administrativo negativo por la falta de respuesta al memorial por parte de la gerencia regional, en mérito al cual la autoridad regional emitió la resolución de 11 de mayo de 2015, por la que determino la anulación con la reposición hasta el vicio más antiguo.

Que, del análisis de los recursos interpuestos tanto de alzada y como el jerárquico, el argumento fue el silencio administrativo, sin embargo; no sería un acto recurrible impugnable de conformidad al art. 143 del CTB, tampoco estaría señalado en el art. 4 de la Ley N° 3092.

En referencia al debido proceso, cita las SSCC. N° 0347/2012 de 22 de junio, 0531/2011-R de 25 de abril entre otras, indicando que no fueron vulnerados por esa instancia jerárquica. Que la nulidad de obrados por falta de notificación no fue un elemento de impugnación y la resolución jerárquica, al que dio respuesta, indicando que es imprescindible contra con un acto físico para la impugnación, por lo que estaría imposibilitada de emitir pronunciamiento alguno sobre los vicios denunciados máxime, si la instancia de alzada no fallo respecto de la nulidad.

Que, la AGIT resolvió obrando en estricta observancia al principio de legalidad como elemento del debido proceso cita las SC N° 0275/2010 de 7 de junio; 0919/2006-R de 18 de septiembre; 0062/2002 de 31 de julio; 0776/2011-R de 20 de mayo; 0160/2010-R de 17 de mayo; referente al principio de legalidad, defensa, debido proceso. Y las salvedades por actos voluntarios propios del imputado. Refrendados por las SSCC. Nos. 249/2005-R de 21 de marzo; 259/2005 de 23 de marzo; 1534/2003-R de 30 de octubre.

Indica, que no se produjo indefensión en virtud de que el demandante conoció todas las actuaciones que se siguieron en su contra, actuó y respondió a las mismas, en igualdad de condiciones, interponiendo los recursos jerárquico y el de alzada, el cual desvirtuaría su afectación de su derecho a la defensa.

Menciona, que otro aspecto contradictorio, es la petición de los argumentos de la demanda busca la nulidad de notificaciones y el petitum de la demanda es nulidad de los actos administrativos. Por lo mismo la autoridad de impugnación tributaria no vulnero derechos y garantías que reclama el sujeto pasivo al no haber demostrado una relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y la lesión causada al derecho o garantía. Cita las SSCC N° 0365/2005-R AC 0056/2010-RCA y AC 0212/2012-RCA; SC 2010/2012 de 12 de octubre, referente a las notificaciones presentadas en secretaria de la administración tributaria. Que habría realizado afirmaciones generales y no precisas sin exponer razonamientos jurídicos no pudiéndose suplir la carencia de carga argumentativa del demandante en el presente proceso.

Arguye, que el sistema de doctrina tributaria SIDOT V.3 entre ellas la STG-RJ/0124/2007. También cita  Autos Supremos 0228/2013 de 02 de julio; 510/2013 de 27 de noviembre; las SSCC Nº 0468/2012 de 4 de julio, 0149/2014-S1 de 5 de diciembre; 0287/2003-R de 11 de marzo, respecto del principio de congruencia e igualdad entre partes, de fundamentar con argumentos apropiados, no de manera general, sino, precisa y respecto del contenido del art. 90 del CTB,  la falta de acreditación del acto supuestamente lesiva mediante documento que probara su existencia y respecto de la indefensión.   

II. Petitorio

Con esos argumentos solicita declarar improbada la demanda Contenciosa Administrativa, manteniendo firme y subsistente la Resolución AGIT-RJ 1372/2015 de 3 de agosto.

III. DE LOS ARGUMENTOS DEL TERCERO INTERESADO

La Gerencia Regional de Santa Cruz de la Aduana Nacional, representada para el caso por Guadalupe Orellana Medrano y Andreyna Karla Arraya Bernal, a tiempo de apersonarse al proceso, por memorial de fs. 23 a 25 como tercero interesado, responden respecto de la nulidad de notificaciones; sobre la falta de actuados que preceden la notificación por edictos; sobre la impugnación del silencio administrativo; y, sobre la vulneración del debido proceso.

Señalan que la Administración Aduanera realizó actuados en cumplimiento del art. 68.8) de la Ley N° 2492 del CTB, que establece el derecho del Sujeto pasivo a ser informado de inicio a conclusión de la fiscalización, en ese marco, habría procedido a notificar al Sujeto Pasivo en Tablero, conforme lo dispuesto por el art. 90 de la norma referida, que dispone que los actos que no requieran de notificación personal, serán notificados en Secretaria, debiendo el sujeto pasivo asistir ante esa instancia administrativa todos los días miércoles de cada semana, para notificarse con las actuaciones que se hubieran producido en su caso. La inconcurrencia, no impide la notificación. Que en el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa refiere que serán notificadas bajo ese medio, por lo que, en ningún momento se negó el derecho a la información, en el caso, se subsumió la conducta del sujeto pasivo como ilícito de Contrabando, previsto en el art. 181 del CTB; sin embargo, por efecto del art. 56 de la Ley Financial de la Gestión 2009 que incorporó la ampliación del monto para sustanciar el Contrabando por la vía contravencional, cuando la mercadería no supere las 200.000 UFVs, sin aperturar la competencia del Ministerio Público, entonces ante el rechazo del caso, se dispuso la notificación con el Acta de Intervención, que dio inicio al proceso administrativo por Contravención Aduanera, no se restringió el acceso a la información y menos se vulneró el debido proceso en su elemento del derecho a la defensa como aduce el demandante, solamente cumplió con lo dispuesto por el art. 83 y 86 de la Ley 2492 del CTB, por tanto no corresponde la nulidad conforme el pronunciamiento de las autoridades administrativas.

III.1. Petitorio

Concluyen, solicitando declarar improbada la demanda Contenciosa Administrativa, manteniendo firme la validez de la Resolución de Recurso Jerárquico y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS- 152/2012 de 26 de diciembre.

IV. DE LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL

Que, el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, el art. 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere recurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que, así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los arts. 2.2 y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con el art. 775 del Código de Procedimiento Civil (CPC), y la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439 (Código Procesal Civil), que señala: “De conformidad a lo previsto por la Disposición Transitoria Décima de la Ley N° 025 de 24 de junio de 2010, Ley del Órgano Judicial, quedan vigentes los arts. 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil, sobre Procesos: Contencioso y Resultante de los Contratos, Negociaciones y Concesiones del Poder Ejecutivo y Contencioso Administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo, hasta que sean regulados por Ley como jurisdicción especializada”; reconocida la competencia de esta Sala del Tribunal Supremo de Justicia, para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

V. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

Que, a raíz de la investigación realizada a la Agencia Despachante de Aduana LOMALTA S.R.L., ante la inconsistencia de datos en las declaraciones aduaneras, la Gerencia Regional de Santa Cruz de la Aduana Nacional, emitió el Acta de Intervención N° GRSCZ-UFIZR-0062/2008 LOMALTA-C-11886 en fecha 12 de diciembre de 2008 contra Víctor Alberto Urzagasti, entre otros, aclarando que los tres últimos fueron implicados durante la investigación por José María Urzagasti, por la presunta comisión del ilícito de contrabando, denunciados ante el Ministerio Público.

Que, en mérito a la Resolución de Rechazo de 17 de diciembre de 2009 del Acta de Intervención N° GRSCZ-UFIZR-0062/2008 emitida por el Fiscal de Materia, la Administración Aduanera, emitió el Informe Legal AN-ULEZR-IL- No 348/2010 de 4 de octubre de 2010, disponiendo que el hecho se sustancie en la vía Contravencional Aduanera.

En ese orden, el 26 de diciembre de 2012, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN- ULEZR-RS-152/2012, declarando probada la comisión de Contrabando Contravencional contra Charly Joel Alarcon Cruz, Víctor Alberto Urzagasti, José María Urzagasti Aguilera,  como (Representante legal de la Agencia Despachante LOMALTA S.R.L.,) Silver Heredia, José Pereira, haciendo constar que no existe mercancía comisada, en aplicación a lo establecido en el art. 181.II del Código Tributario, impuso la multa del 100% del valor de la mercancía descrito en el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-N° 62/2008, equivalente a $us. 31.080 (Treinta y un mil ochenta 00/100 Dólares Americanos) y demás medidas dispuestas en la misma.

En conocimiento extraoficial a decir de Víctor Alberto Urzagasti Fuentes de los actos administrativos en su contra, en fecha 14 de julio de 2014 presentó memorial a la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, solicitando la Nulidad de Notificación respecto del Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0062/2008 de 12 de diciembre y la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-ULEZR-RS-152/2012 de 26 de diciembre, bajo el fundamento que nunca habría sido notificado personalmente, contraviniendo la Ley N° 2492.

En respuesta, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, por Proveído de 25 de febrero de 2015 determinó no ha lugar a la nulidad solicitada, porque procedió a la notificación con el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR 0062/2008 de 12 de diciembre (en Secretaria) el 16/02/2011 en aplicación del art. 90 de la Ley N° 2492 y con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-152/2012 de 26 de diciembre, fue notificado mediante Edictos el 31/12/2012, 8/01/2013 y el 15/01/2013 en el diario de circulación nacional El Mundo, en aplicación del art. 86 de la Ley 2492 CTB.

Por memorial de 2 de febrero de 2015, subsanado la misma fecha, formuló Recurso de Alzada contra el mismo, resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, por Resolución del Recurso de Alzada ARIT- SCZ/RA 0410/2015 de 11 de mayo, anula hasta el vicio más antiguo hasta el auto de admisión de 11 de febrero de 2015, inclusive rechazó el recurso de alzada.

La Resolución de Recurso de Alzada fue impugnada mediante Recurso Jerárquico por Víctor Alberto Urzagasti Fuentes, siendo resuelta por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1372/2015 de 3 de agosto, confirmando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0410/2015 de 11 de mayo, en consecuencia se anulan obrados con la reposición hasta el vicio más antiguo , hasta el auto de admisión de 11 de febrero de 2015, inclusive debiendo la ARIT Santa Cruz rechazar el recurso de alzada.

Concluido el trámite del proceso, se decretó Autos para sentencia, conforme la providencia de 4 de julio de 2016 de fs. 93.

V. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Del contenido de la demanda, los antecedentes administrativos y la contestación, se advierte que el argumento sustancial de la demanda consiste en las supuestas vulneraciones que se hubieran producido por la Autoridad Jerárquica al pronunciar la Resolución hoy impugnada, de acuerdo con los siguientes supuestos: 1) La Administración Aduanera habría llevado adelante un proceso sumario contravencional en total vulneración a sus derechos, habiéndose emitido la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-ULEZR-RS 152/2012 de 26 de diciembre de 2012 y Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0062/2008 de 12 de diciembre de 2008, actuados con los que nunca fue notificado en forma personal y por lo tanto son nulos, por contravenir disposiciones establecidas en el CTB en sus arts. 83.1 y 84, vulnerando su legítimo derecho a la defensa y principio del debido proceso tutelados por la CPE. 2) Que el demandante presentó la solicitud de nulidad de notificación, sin embargo, la Aduana Nacional no habría emitido pronunciamiento alguno dentro el plazo establecido en el art. 17 de la Ley Nº 2341, habiendo entonces considerado desestimada su solicitud por Silencio Administrativo, razón por la que interpuso Recurso de Alzada cuya Resolución ARIT-SCZ/RA 0410/2015 de 11 de mayo de 2015 anula obrados de la fase recursiva e incluso rechaza la interposición del Recurso. En mérito al fallo, el demandante interpuso Recurso Jerárquico, resolviendo la Autoridad de Impugnación Tributaria, mediante Resolución AGIT-RJ 1372/2015 de 03 de agosto, confirmar la Resolución de Recurso de Alzada. 3) Durante todo el procedimiento se transgredió el principio fundamental al debido proceso en virtud a que ninguna actuación administrativa fue de su conocimiento, siendo que su derecho a la defensa debió haber sido con acceso a los actuados, en igualdad de condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

VI. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente del proceso, se evidencia lo siguiente:

VI.1.1. En referencia falta de notificación con el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria de Contrabando.

Al respecto se tiene que, la autoridad Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, por auto de fecha 1 de octubre de 2010,  ante la resolución de rechazo del fiscal, dentro de las investigaciones iniciadas a través de la tal intervención, dispone el inicio del proceso administrativo por contravención aduanera de contrabando, ordena el inicio del proceso administrativo, dictamina la notificación entre otros a Urzagasti Víctor Alberto, con el acta de intervención y su decreto, para que en plazo de 3 días a partir de su notificación, formule por escrito sus descargos y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho como se evidencia a fs. 257 del anexo 2.

Por diligencia de notificación en tablero de fecha 16 de febrero del 2011, la Gerencia regional Santa Cruz, notificó en tablero a Víctor A. Urzagasti entre otros sujetos pasivos, con el acta de intervención y su proveído, del que se observa como testigo de actuación al señor Justo Mamaní Riveros, signada en la parte final de la actuación, empero; en su brica simplemente lleva la leyenda testigo de actuación CI 5985814 L, aspecto que le quita su validez al no identificar si se trata de la misma persona, más aun tratándose de un acto tan importante transcendencia, porque otorga plazo para que este derecho, formule descargos y las pruebas para asumir defensa, dentro de la sustanciación de un debido proceso en igualdad de condiciones.

Asimismo, tampoco se consignó el segundo apellido en el proveído y en la diligencia de notificación del sujeto pasivo, por lo mismo, no existe individualización, careciendo de defectos formales para su validez, como se evidencia a fs. 247 y 257 del anexo referido, aspecto que vulnera el art. 83.II del CTB, al no ajustarse a las formas del que deben de estar revestidas para su validez.

Que, de fs. 225 a 228  del mismo anexo, cursa la resolución sancionatoria en contrabando de fecha 26 de diciembre de 2012, por el que la Gerencia regional Santa Cruz resuelve declarar probada la comisión de contrabando contravencional, contra varios sujetos pasivos, entre otros, a Víctor Alberto Urzagasti, resolución que indica tomando en cuenta que no existe mercancía comisada en aplicación del art. 181.II del CTB, impone la sanción de 100% del valor de la mercancía descrito en el acta de intervención equivalente a $us 31.080, dispone que la administración procederá a la anulación del DUI, comunicando al RUAT para el bloqueo en el sistema. Por otro lado establece que en coordinación con el Control Operativo Aduanero, Policía y Fuerzas Armadas, dispone la captura del vehículo descrito en el acta de intervención. Pone en conocimiento a la unidad de servicios al operador de la Aduana Nacional para efectos de control y seguimiento relacionados con el ejercicio de actividad de la Agencia despachante de la aduana LOMALTA SRL. Instruye la ejecución tributaria. Otorga al sujeto pasivo 20 días para interponer el recurso de alzada y 15 días para recurrir al procedimiento contencioso tributario conforme se evidencia de fs. 225 a 228 del anexo 2.

Este acto por su contenido al imponer la sanción de 100%; al disponer que la administración procederá a la anulación del DUI, comunicando al RUAT para el bloqueo en el sistema; estableciendo que en coordinación con el control operativo aduanero, policía y fuerzas armadas disponiendo la captura del vehículo; instruyendo la ejecución tributaria, y; otorgando al sujeto pasivo 20 días para interponer el recurso de alzada y 15 días para recurrir al procedimiento contencioso tributario, conlleva trascendencia vital por los derechos que dispone, por lo mismo la comunicación debe de estar revestida de todas las formalidades legales para su validez, inclusive interpretando las normas infraconstitucionales desde y conforme a la Constitución y al Bloque de Constitucionalidad que es la esencia del Estado de Derecho Constitucional que tomo forma el estado Boliviano.

De la revisión de obrados se tiene que, en fechas 31 diciembre 2012, 8 de enero de 2013 y 15 de enero de 2013, se procedió a notificar mediante edictos en el periódico El Mundo, empero; no se consigna el apellido materno del sujeto pasivo, en la resolución sancionatoria en contrabando, así como en los edictos, por lo mismo no se encuentra individualizado, por lo que carece de requisitos formales para su validez. Asimismo, no existe avisos de visita, representación para concluir en una notificación mediante cédula, o procedimiento alguno que dieren lugar a la notificación mediante edicto, recayendo en el incumplimiento de los requisitos que otorgan su validez a la diligencia que exige el art. 85 del CTB; la CPE y las normas del bloque de constitucionalidad.

Que, el debido proceso es un derecho-garantía-principio, está establecido y consagrado en la Constitución Política del Estado en su art. 115.II, que determina: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, la Ley Fundamental tiene una aplicación preferencial a las demás normas, de conformidad al art. 410.II, al disponer: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…”, de esta manera, el art. 117.I establece: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”, bajo estos preceptos la Sentencia Constitucional Plurinacional  Nº 0998/2014 de 5 de junio, refirió: “el alcance del debido proceso garantizado por la Constitución Política del Estado, señalando que: …asegura a las partes el conocimiento de las resoluciones pronunciadas por el órgano judicial o administrativo actuante durante el proceso, a objeto de que pueda comparecer en el juicio y asumir defensa, y en su caso hacer uso efectivo de los recursos que la ley le franquea.” En virtud de ello, los órganos jurisdiccionales que conozcan de un proceso deben observar los principios, derechos y normas que la citada garantía resguarda, que ante la vulneración de los mismos se tiene por conculcada la referida disposición constitucional al no haberse otorgado dichos parámetros.

Ahora bien, la importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo, no es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, respetando los principios procesales de publicidad, inmediatez; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, entre otros, derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna incluso en sede administrativa, estos mandatos de optimización constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes, sin embargo, en el caso en análisis no se tomó medidas para garantizar la igualdad del sujeto pasivo.

El debido proceso es el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomode a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, exegesis a la que se encuentran obligados los jueces como garantes efectivos de materializar el debido proceso al tratarse de un derecho humano, es un fin y función del Estado.

Se entiende que, el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica, con este entendimiento uno de los parámetros principales para un debido proceso es la defensa, y el conocimiento del sujeto pasivo del inicio de un proceso en su contra, en este caso, el conocimiento del acta de intervención y la resolución sancionatoria en contrabando, por parte del hoy demandante Victor Alberto Urzagasti Fuentes; no puede presumirse que el asumió defensa, por el contenido y magnitud, relevancia que implican dichos actos, para considerarse que estuvo en igualdad de condiciones presentando sus descargos; la Administración Aduanera en el marco de sus competencias tenía la obligación de que los actos y las diligencias cuenten con la individualización y estén revestidos de los requisitos para su validez, no es lógico, menos razonable que el mismo Estado instrumente sus actos en contrasentido de sus funciones y fin.

En ese sentido, la SC 0281/2010-R de 7 de junio, ha complementado el entendimiento, al establecer: Como se puede advertir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece claramente que el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente…. Razonamiento que a su vez fue reiterado en la SCP 0169/2012 de 14 de mayo, por lo mismo el debido proceso debe de sustanciarse no solo en su faceta vertical, sino al contrario en su faceta horizontal en todo proceso, incluso en área administrativa, garantizando su sustanciación, interpretando la ley desde y conforme a la constitución y las normas del bloque de constitucionalidad, en cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado asumió ante la comunidad internacional, garantizando a través de sus jueces e instancias administrativas su cumplimiento.

Asimismo la SC 0981/2010-R de 17 de agosto, con relación a su triple dimensión y a los elementos que lo integran en consonancia con los tratados internacionales ha señalado: En el ámbito normativo, el debido proceso se manifiesta en una triple dimensión, pues por una parte, se encuentra reconocido como un derecho humano por instrumentos internacionales en la materia como el Pacto de San José de Costa Rica art. 8 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 14, que conforme al art. 410.II de la Constitución Política del Estado vigente, forman parte del bloque de constitucionalidad, y también se establece como un derecho en el art. 115.II; por otra, al mismo tiempo en el ámbito constitucional, se le reconoce como derecho fundamental y como garantía jurisdiccional: configuración jurídica contemplada por el art. 16 de la CPE abrg, que se ha mantenido y precisado en el art. 117.I de la CPE que dispone: 'Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”; en ese sentido, se vulnero la garantía-principio-derecho del sujeto pasivo.

De lo que se infiere que, la notificación en tablero con el acta de intervención y su proveído carece de requisitos para su validez, y ante la inexistencia individualización del sujeto pasivo, del testigo de actuación, en razón a su contenido, alcance y determinación del acto, no puede soslayarse como perfectible, aspecto que debieron ser observados por la autoridad regional y las instancias de la AIT.

Que ante la inexistencia de avisos de visita, y la representación, para concluir en una notificación por cedula y/o procedimiento alguno que diere lugar a la notificación por edicto con la resolución sancionatoria en contrabando, dicha diligencia no puede ser considerada válida dentro de un estado de derecho que tiene como fin y función a través de sus jueces e instancias administrativas la materialización del derecho sustancial que resulta ser el fin en sí mismo; que el derecho adjetivo constituye un medio para alcanzar el primero, consagrando la esencia del estado constitucional de derecho, dando cumplimiento a su función de garante efectivo, incluso bajo la sanción de activarse la acción de repetición por los daños causados a los responsables.

Por lo que la acusación realizada por el demandante resulta evidente, la autoridad regional y las instancias de la AIT, no obraron de forma correcta, y las notificaciones realizadas carecen de validez por los fundamentos expuestos.

VI.1.2. Respecto a que la Aduana Nacional no habría emitido pronunciamiento alguno dentro el plazo establecido, habiéndose entonces considerado desestimada su solicitud por Silencio Administrativo, razón por la que interpuso los recursos respectivos que fueron rechazados.

Por los antecedentes de hecho descritos por ambas partes del proceso, resulta que el sujeto pasivo ahora demandante, mediante memorial de 7 de julio de 2014, suscitó ante la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, incidente de nulidad de notificación respecto al Acta de Intervención y Resolución Sancionatoria de Contrabando, bajo el argumento que nunca habría sido notificado en forma personal, contraviniendo lo establecido en la Ley N° 2492; incidente respecto al cual refiere la Entidad Aduanera no se pronunció dentro del plazo establecido en el art. 17.II de la Ley N° 2341 (6 meses); por ello es que, en aplicación del mismo art. en su parágrafo III, entendiendo que su solicitud fue desestimada por “silencio administrativo negativo”, interpuso recurso de Alzada, que luego de ser admitido, motivó que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emita Resolución ARIT-SCZ/RA 0410/2015 de 11 de mayo cursante de fs. 31 a 36 del Anexo 1, por la que resolvió anular obrados hasta el Auto de Admisión de 11 de febrero de 2015, inclusive, rechazando el Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Alberto Urzagasti Fuentes, bajo el fundamento que “el silencio administrativo negativo no constituye un acto sujeto a impugnación”, conforme lo dispuesto en los arts. 143 de la Ley N° 2492 y 4 de la Ley N° 3092; decisión última contra la cual el sujeto pasivo formuló Recurso Jerárquico, bajo los mismos fundamentos, agregando que, la Autoridad Aduanera, al tiempo de responder al recurso interpuesto, aclaró que se dio respuesta al memorial por el que se suscitó el incidente de nulidad de notificación, por medio de su respectivo proveído; lo que llevó a que la Autoridad General de Impugnación Tributaria emita la Resolución del Recurso Jerárquico ahora demandada, que en similar fundamento al expuesto por la ARIT, es decir que, al no haber acreditado materialmente el acto supuestamente lesivo mediante documento que probara su existencia, y señalando que en materia tributaria no se contempla la figura del silencio administrativo negativo, resolvió confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0410/2015 de 11 de mayo.

De lo relacionado se advierte que, ninguna de las dos autoridades administrativas de Impugnación Tributaria ingresó a resolver el fondo de la cuestión que fue reclamada en incidente por el sujeto pasivo ahora demandante, como son los motivos de la nulidad solicitada, por cuanto consideraron que previamente el impugnante debió acompañar el acto administrativo expreso contra el cual se estaba recurriendo en Alzada, lo que evidentemente en el caso nunca ocurrió, por cuanto la base para los recursos planteados por el sujeto pasivo era “el silencio administrativo negativo previsto en el art. 17.III de la Ley N° 2341, Ley del Procedimiento Administrativo”, debido a que el demandante afirma que la entidad aduanera no respondió en el término de los seis meses desde que se presentó el incidente de nulidad; situación que se encuentra declarada inclusive por el mismo actor en su escrito de demanda; Por ello es que el fundamento para el rechazo del Recurso de Alzada, confirmado en instancia Jerárquica, es precisamente la ausencia de una Resolución concreta objeto de impugnación, habiéndose inclusive enumerado las resoluciones recurribles e insertas en los arts. 143 de la Ley N° 2492 y 4 de la Ley N° 3092, en cuyo listado no figura el silencio administrativo negativo; es más, se argumentó lo razonado en la Sentencia Constitucional N° 0149/2014-S1 de 5 de diciembre, respecto a que en materia tributaria, no se contemplaría la figura del silencio administrativo negativo, estando las actuaciones de esta materia sujetas exclusivamente a la aplicación del acervo normativo tributario que se halla en vigencia.  Agrega que impide que esta sala ingrese a considerar los aspectos de fondo que hacen a la nulidad de los actos de notificación impetrada por la parte actora en su demanda, por cuanto ello supondría efectuar el control de legalidad de algo inexistente en la Resolución Jerárquica impugnada, debido a que dicha resolución, al igual que la Resolución de Alzada, no contemplan dicho examen en su contenido, por las razones que expuso, debiendo limitarse el examen de esta sala, sólo al motivo por el cual la Autoridad General de Impugnación Tributaria resolvió confirmar la Resolución de Alzada, referida netamente a la cuestión formal de inexistencia de resolución concreta objeto de impugnación en instancia administrativa, en el comprendido que el silencio administrativo negativo no sería un acto impugnable previsto por la norma tributaria.

Así, corresponde referirnos en principio a la figura del silencio administrativo en general y su posibilidad de aplicación también en el ámbito administrativo tributario, para cuyo efecto partimos señalando que, el silencio administrativo negativo, incorporado en el sistema normativo del Estado boliviano, comprendida en el art. 17.I de la Ley N° 2341, del Procedimiento Administrativo, bajo la disciplina de los principios de eficacia y eficiencia, el primero comprendido en el art. 4.j) del mismo cuerpo normativo citado, y el segundo incorporado en el art. 232 de la Constitución Política del Estado, puede definirse como “La institución jurídica en virtud de la cual, la ley atribuye efectos jurídicos desestimatorios a la omisión de la administración de emisión de actos administrativos dentro de los plazos vigentes” (SSCC Nº 0032/2010 de 20 de septiembre); de modo que, debe quedar anotado que el ejercicio de toda potestad administrativa genera, para la administración pública, en cualquiera de sus niveles, la obligación de emisión de actos administrativos expresos, evitando dilaciones indebidas, razón por la cual estos actos deben ser pronunciados dentro de los plazos procedimentales establecidos por la ley, aspecto que garantiza una tutela administrativa efectiva y brinda seguridad y certeza jurídica al administrado, materializándose así el derecho de petición y respuesta oportuna consagrada en el art. 24 de la CPE.

En ese sentido, se establece que el silencio administrativo negativo o desestimatorio tiene una doble teleología, como es: i) Dar respuesta a peticiones administrativas en un plazo razonable; y, ii) Aperturar un control jurisdiccional ulterior; empero; debe quedar aclarado que el silencio administrativo negativo, a diferencia del silencio administrativo positivo, no se equipara a un acto administrativo desestimatorio, ya que tiene simplemente efectos procedimentales en virtud de los cuales se apertura el control administrativo o jurisdiccional posterior para la impugnación de esta presunción desestimativa, por esta razón se afirma que esta técnica constituye una ficción legal de efectos puramente procesales. Es decir, el silencio administrativo negativo consagra la previsión de un acto presunto como consecuencia de la falta de respuesta a la petición efectuada por el administrado, de tal forma que ante esa ausencia de respuesta, la ley ofrece al ciudadano la posibilidad de reclamar el fondo del asunto solicitado y negado por vía de silencio administrativo negativo, a través de los mecanismos de impugnación administrativos o jurisdiccionales.

Así, el art. 17.III de la Ley del Procedimiento Administrativo refiere en su contenido lo siguiente: “Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado la resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que corresponda o, en su caso jurisdiccional”; de modo que, el sistema normativo regula como regla general la técnica del silencio administrativo negativo con los efectos y características ya descritas, en el entendido que esta institución tiene un carácter eminentemente garantista y protector del administrado, acercando al Estado al verdadero servicio del administrado, con el único objetivo de conducir a la sociedad al vivir bien, en razón a que el principio central que debe orientar el accionar de la Administración Pública en su conjunto es la satisfacción de las necesidades del ciudadano, respetando sus derechos y garantías, extremo ideal de respeto por la sociedad que no muchas veces se da, toda vez que los administrados sienten la infranqueable barrera que representa, el hecho que las entidades estatales actúen con indiferencia y negligencia frente a sus reclamos, vulnerando de esta manera los derechos esenciales del ser humano.

En ese marco, la Administración Tributaria en general no se encuentra exenta del cumplimiento de la obligación de otorgar una respuesta oportuna a los administrados cuando éstos acudan a sus diferentes instancias a formular peticiones, ya que no existe norma alguna que señale tal exención, más cuando ello hace al respeto y cumplimiento de un derecho fundamental, como es el derecho de petición y respuesta oportuna consagrado en el art. 24 de la CPE; no deja der ser ajeno a ese razonamiento lo dispuesto en los arts. 5.II, 8.III y 74 de la Ley N° 2492, cuando establecen, por una parte, la aplicación de los principios del Derecho Administrativo a los procedimientos tributarios administrativos, que para el caso no son sino los principios de eficacia y eficiencia como directrices formadoras del silencio administrativo, y; por otra parte, establecen la aplicación por analogía de otras ramas jurídicas cuando la norma tributaria contenga vacíos, por supuesto bajo los límites establecidos en los arts. 6 y 8 de la Ley N° 2492.

Refuerza el entendimiento anterior, lo referido ampliamente por la doctrina constitucional en cuanto a los criterios de interpretación de los derechos fundamentales, cuando se establece como uno de los criterios de interpretación, el principio “pro actione”, que a decir del jurista Edgar Carpio Marcos, tiene dos variantes principales: i) Preferencia interpretativa, según la cual el intérprete ha de preferir la interpretación que más optimice un derecho fundamental (y que se plasma en los sub-principios de favor libertatis, de protección a las víctimas o favor debilis, de prohibición de aplicación por analogía de normas restrictivas de derechos, de in dubio pro operario, de in dubio pro reo, de in dubio pro actione, etcétera), y; ii) Preferencia de normas, de acuerdo con la cual el intérprete, si puede aplicar más de una norma al caso concreto, deberá preferir aquella que sea más favorable a la persona, con independencia del lugar que ocupe dentro de la jerarquía normativa. La preferencia de normas más favorables tiene su fundamento en el art. 55 de la Convención Americana de Derechos Humanos, bajo la interpretación progresividad, en el estándar más alto y no regresividad.

En ese sentido, un razonamiento contrario al precedentemente expuesto o en el sentido desarrollado por la Autoridad de Impugnación Tributaria en sus dos instancias, no comulga con el criterio de interpretación de los derechos fundamentales, constituyendo un retroceso en la efectivización o materialización de los derechos, al limitar los mismos por la forma de interpretación efectuada en instancia administrativa, dejando al libre arbitrio de la administración tributaria en general, el otorgar o no una respuesta a la petición formulada ante sus instancias por cualquier persona, independientemente de la responsabilidad funcionaria que ello pueda generar, lo que evidentemente no se puede permitir en un estado constitucional de derecho, siendo contrario a su función y fin del estado y a la convención, por lo mismo carece de eficacia jurídica.

Por ello, resulta indudable que el silencio administrativo negativo establecido como regla general en el sistema normativo administrativo boliviano, es aplicable también en el ámbito administrativo tributario, en razón a que tiene el propósito de garantizar el derecho de petición y respuesta oportuna previsto en el art. 24 de la CPE, por lo que, el razonamiento expuesto por la Autoridad de Impugnación Tributaria en las dos instancias, no resulta correcto, al constituir el silencio administrativo negativo una mera presunción desestimativa de la petición del solicitante, con efectos simplemente procedimentales, la misma no constituye un acto administrativo en sí, de modo que no puede estar previsto expresamente en la norma positiva como un acto administrativo impugnable, y menos puede exigirse la presentación o acompañamiento de la resolución impugnada, como fue el razonamiento de las instancias administrativas recurridas, pues la exigencia de acompañar al memorial de impugnación el acto administrativo expreso que se impugna, sólo opera ante la situación regular de pronunciamiento expreso de la Administración Tributaria, no así ante el silencio administrativo negativo, si hubo respuesta, fue luego de que se configuro el silencio administrativo negativo.

No obstante lo señalado, ya en el ámbito administrativo tributario, debe considerarse también que, basado en el principio de legalidad, la norma positiva regula con precisión los actos administrativos contra los cuales se puede interponer los recursos de Alzada y Jerárquico, actos administrativos que derivan de hechos concretos establecidos por el legislador; en ese sentido, el art. 143 de la Ley N° 2492, dispone: “…El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos administrativos: 1. Resoluciones Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias; 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos; 4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas, y; 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo…”. Así también, el art. 4 de la Ley N° 3092, refiere: “…Además de lo dispuesto por el Art. 143 de Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria. (El subrayado es nuestro)

De lo expuesto, resulta también por demás claro que, no todo silencio administrativo negativo podría ser susceptible de impugnación, sino sólo el silencio administrativo negativo que deviene de peticiones relacionadas a los hechos materiales concretamente establecidos por la Ley como actos administrativos impugnables a través de los medios impugnatorios previstos por la Ley, en correcta aplicación del principio de legalidad establecido en el art. 6 de la Ley N° 2492 y art. 4.g) de la Ley N° 2341. 

Para el caso de examen, la solicitud formulada por la parte ahora demandante en fecha 14 de julio de 2014 ante la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, sobre nulidad de notificación respecto al Acta de Intervención, y Resolución Sancionatoria de Contrabando, argumentando que nunca fue notificado en forma personal, lo que contravendría lo establecido en la Ley N° 2492; cabalmente ingresa en la previsión del art. 4 de la Ley N° 3092 de 7 de julio de 2005, por cuanto, previsiblemente la decisión a otorgarse, sea ésta positiva o negativa, es un acto administrativo definitivo de carácter particular, de modo que un silencio administrativo negativo al respecto, hace plenamente viable el Recurso de Alzada, bajo la previsión normativa citada.

Al respecto, dentro de un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional y Comunitario, cuando existe el riesgo de ocasionarse con un acto u omisión indebida un daño tan grave, como en este caso en análisis, que sea irreparable, frente al cumplimiento de formalidades, debe preferirse la tutela inmediata de bienes jurídicos en grave riesgo de afectación, porque de no resguardarse inmediatamente los derechos, se estaría convalidando o consintiendo situaciones irreversibles que atentarían los cimientos propios del Estado Constitucional Social y Democrático de Derecho, considerando que, la irreparabilidad implica que el daño que sea ocasionado por no haberse prestado una tutela pronta y oportuna, por la naturaleza del bien jurídico afectado, no podría ser restituido ni reparado por ningún medio, en el tiempo y espacio que es necesario realizarlo, toda vez que la misma entro en etapa de ejecución, por lo mismo la interpretación de normas infra constitucionales debe de efectuarse desde y conforme a la Constitución y al Bloque de Constitucionalidad. Por lo mismo resulta evidente la acusación realizada por el demandante, aspectos que no tomaron en cuenta las AIT.

VI.1.3. Con referencia a la violación al debido proceso en virtud a que ninguna actuación administrativa fue de su conocimiento.  

Al respecto, se tiene que el principio de jerarquía de los actos administrativos deriva del principio de legalidad, y prescribe que ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra norma de grado superior. En el caso presente, al no haber sido notificado el sujeto pasivo en forma personal con el acta de intervención ni con resolución sancionatoria en contrabando, ciertamente ha sido afectado en sus derechos al debido proceso y a la defensa, impidiéndole ejercer los medios de impugnación o mecanismos de defensa, causándole indefensión al sujeto pasivo ahora demandante, constituyendo esencialmente el acto ilegal lesivo de sus derechos y garantías fundamentales la falta de notificación personal.

La doctrina enseña que el fundamento de la presunción de legitimidad radica en las garantías subjetivas y objetivas que preceden a la emanación de los actos administrativos, que se manifiesta en el procedimiento que se debe seguir para la formación del acto administrativo, que debe observar las reglas del debido proceso, que comprende el derecho del sujeto pasivo de ser oído y en consecuencia exponer la razón de sus pretensiones y/o defensa.

Ahora bien, el rol del juez ya no es el de mero aplicador de la ley, sino su intérprete, quien a momento de efectuar su labor hermenéutica debe hacerlo desde y conforme a la Constitución. En el Estado de Derecho legal o en el llamado Estado Legislativo, la Ley fue concebida como una norma completa y clara, la tarea era ser su aplicador. En el constitucionalismo contemporáneo el juez tiene que interpretar la Constitución, materializando derechos fundamentales, haciendo justicia, conforme estableció la SC N° 2246/2012, 8 de noviembre.

Por otro lado, los jueces de un Estado parte, están sometidos a la convención, con el deber y poder de realizar el control de convencionalidad de las normas internas y la Convención Americana, cuando resuelven un caso, si de dicho control observan que la ley doméstica es contraria a la convención debe de  implicarlo, como ejemplo se cita el Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, Sentencia del 24.11.2006. Siguiendo con esa línea la CIDH en Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Sentencia del 26.9.2006, estableció que los jueces están sometidos a la convención, teniendo el deber de materializar y optimizar dicho contenido, ante una eventual colisión con las normas internas, el juez tiene el deber de inaplicar, por su falta de validez material, al carecer de efectos jurídicos. Toda ley contraria al objeto y fin de las disposiciones de la convención, no causan efectos jurídicos, por lo tanto, el juez tiene el deber de contrastar con el contenido de constitución, las normas del bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia de la CIDH, aspecto extensible a las Gerencias Regionales del SIN y a las instancias de la AIT. Sin embargo; no ocurrió, toda vez que ninguna actuación administrativa fue de conocimiento del sujeto pasivo, lesionando su derecho a la defensa sin acceder a los actuados, en igualdad de condiciones. Por lo que resulta evidente la acusación realizada por el demandante.

VI.5. Conclusiones

En el marco de la fundamentación jurídica precedente y de la pretensión deducida en la demanda, se concluye lo siguiente:

Que, la notificación en tablero de secretaría con el acta de intervención por la carencia de sus requisitos de validez, contraviene lo establecido por los arts. 84 y 85, del CTB. Que, al haberse notificado por cédula sin cumplir los requisitos exigidos, contraviene los arts. 83.I, 84 y 85 del CTB, en razón a la amplia jurisprudencia esgrimida.

Que, la notificación con la resolución sancionatoria de contrabando, por edictos en ausencia de los requisitos anotados, contraviene los arts. 83.I, 84 y 85 del CTB, aspectos que no fueron observados de forma correcta por la Autoridad Regional de la Aduana Nacional de Bolivia, Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, Autoridad General de Impugnación Tributaria, por lo mismo, afecta principios, el derecho al debido proceso y la defensa del demandante. Que el silencio administrativo negativo hace plenamente viable el Recurso de Alzada, que no fue considerado por los de instancia.

La falta de notificación personal con el acta de intervención y la resolución sancionatoria de contrabando, implica nulidad de obrados, no advertidos y determinados por la ARIT y la AGIT, por ende vulnera el derecho a la defensa, el debido proceso establecidos en los arts. 115, 117 y 119 de la CPE.

Por lo ampliamente expuesto, sobre la base de las normas cuya aplicación corresponde aplicar el principio de verdad material corresponde anular hasta la notificación con el acta de intervención.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en los arts. 778 y 780 del Código de Procedimiento Civil, y los  arts. 2.2 y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 11 a 15 vta., interpuesta por VICTOR ALBERTO URZAGASTI FUENTES, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria; en consecuencia se deja sin efecto la Resolución AGIT-RJ 1372/2015 de 3 de agosto; la Resolución ARIT-CSZ/RA 0410/2015 de 11 de mayo; la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS 152/2012 de 26 de diciembre y la providencia de fecha 22 de diciembre del 2014; en su mérito, se anula hasta la notificación con el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0062/2008 de 12 de diciembre; para que la Administración Aduanera en base a los lineamientos de la presente resolución, efectué una nueva notificación con la citada acta de intervención, velando las garantías procesales establecidas en la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad. 

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada. Sea con las formalidades de rigor.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.