TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



SENTENCIA Nº 21/2017

EXPEDIENTE             : 202/2015

DEMANDANTE             : YPFB Chaco S.A

DEMANDADO(A)             : Autoridad General de Impugnación Tributaria

TIPO DE PROCESO             : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA  : R.J. AGIT-RJ 0776/2015 de fecha 04/05/2015

MAGISTRADO RELATOR             : Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

LUGAR Y FECHA             : Sucre, 16 de febrero de 2017

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 189 a 193 vta., impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0776/2015 de 4 de mayo, de fs. 304 a 334 del Anexo 2, acreditando su personería con el Testimonio Nº 257/2015 de 19 de junio, la contestación a la demanda de fs. 268 a 274 vta., los antecedentes del proceso, y

I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA:

YPFB Chaco, a través de sus representantes legales Martha Criales Zahana, Gonzalo Prudencio Gozálves y Luis Vásquez Paredes, manifestaron que, la Resolución AGIT-RJ 0776/2016, contiene aspectos con una clara oposición entre el interés público y su interés privado, toda vez que dicho fallo lesiona sus legítimos intereses y derechos adquiridos como contribuyentes, y les causa perjuicios y agravios al incumplir normas constitucionales y tributarias expresas.

Que, el 1 de octubre de 2013, la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), notificó a YPFB Chaco S.A. con la Orden de Verificación 00130BI17055 de fecha 25 de julio de 2013, relativa al crédito fiscal de Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la gestión 2009, posteriormente el 24 de julio de 2014, la empresa ahora demandante fue notificada con la Vista de Cargo Cite: SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00472/2014 de 10 de julio, mediante la cual se incluyeron cargos preliminares referidos a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009, por depuración del crédito fiscal IVA; luego el 25 de agosto de 2014, respondiendo a la vista de cargo citada, YPFB Chaco S.A., presentó los descargos correspondientes, en el que alertó que se trataba de una fiscalización a periodos prescritos, solicitando que se declare la prescripción.

Que, el 14 de octubre de 2014, se notificó por cedula a YPFB Chaco S.A. con la Resolución Determinativa Nº 17-000436-14 de 29 de septiembre de 2014, en la cual la Administración Tributaria mantuvo los cargos establecidos en la vista de cargo. Contra dicha resolución determinativa, el ahora demandante interpuso recurso de alzada el 31 del mismo mes y año, recurso que fue resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), con la Resolución ARIT-SCZ/RA 0217/2015 de 9 de febrero de 20115, mediante la cual revocó parcialmente la resolución determinativa, en la parte referida al Crédito fiscal IVA por Bs. 337.224,- equivalentes a UFV 221.442,- y mantuvo firmes y subsistentes las observaciones referidas a Crédito Fiscal IVA por Bs. 23.774,- equivalentes a UFV 15.483,- asimismo confirmó las multas por incumplimiento de deberes formales por Bs. 23.902,- equivalentes a UFV 12.000,- ordenando que la Administración Tributaria recalcule la deuda tributaria de acuerdo a lo establecido en los arts. 47 y 165 de la Ley 2492, 8 y 10 del Decreto Supremo 27310, incluyendo los accesorios y la sanción por omisión de pago.

Contra la citada resolución de alzada, YPFB Chaco S.A., interpuso recurso jerárquico, que fue resuelto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), con la Resolución AGIT-RJ/0776/2015 de 4 de mayo, confirmando la resolución recurrida. 

I.2. Fundamentos de la demanda.

I.2.1.- Luego de realizar una relación de los antecedentes citados supra, la empresa demandante indicó que, el único punto que impugna de la resolución jerárquica es el punto IV.3.1, es en cuanto a que debió declararse la prescripción de los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2009.

1.2.2.- Que, la Administración Tributaria, efectuó la determinación impositiva cuando sus facultades para hacerlo se encontraban prescritas, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59 de la Ley Nº 2492, puesto que la referida norma establece el plazo de 4 años para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; norma que estaba vigente al momento de generarse los hechos, asimismo sobre los plazos, el art. 62 de la Ley Nº 2492 establece que la prescripción se suspende por el plazo de 6 meses, iniciándose en la fecha de notificación  de inició de fiscalización en el caso de autos, que fue 1 de octubre de 2013, suspendiéndose el periodo de prescripción hasta el 1 de abril de 2014, concluyendo el plazo para poder determinar la deuda tributaria el 30 de junio de 2014. Consecuentemente, si la Resolución Determinativa Nº 17-000436-14 fue notificada a YPFB Chaco S.A., el 14 de octubre de 2014, la facultades de la Administración Tributaria para determinar los impuestos y sanciones, por los periodos comprendidos entre enero a diciembre de la gestión 2009, se encontraban prescritas.

Prosiguió señalando que la resolución de recurso jerárquico impugnada, se basa en la modificación de los arts. 59 y 60 de la Ley Nº 2492, (haciendo un copiado de los citados artículos), modificaciones establecidas por la Ley Nº 291 y 317, siendo que las leyes señaladas establecen que el cómputo de la prescripción, tanto para la determinación del tributo, como para sancionar contravenciones tributarias se inicia el primer día hábil del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y surgió la obligación de pago.

Por otro lado la AGIT en el punto XV del argumento de su resolución, justifica su incumplimiento de los arts. 123 y 150 de la Constitución Política del Estado (CPE), señalando que esa institución no es competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, puesto que las mismas revisten de presunción de constitucionalidad.

1.2.3.- Que, los fundamentos de la presente demanda contenciosa administrativa radica en lo principal en la controversia de cuál es la norma tributaria relativa a la prescripción que corresponde aplicarse, tomando en cuenta que la fiscalización que realizó la Administración Tributaria es de los periodos de enero a diciembre de 2009; de lo cual sostiene que, se debe aplicar la norma vigente en el momento de ocurrido el supuesto hecho generador, lo cual es contradictorio con el criterio de la AGIT, ya que aplicó de manera retroactiva las modificaciones normativas que se emitieron “los años 2012 (Ley Nº 291) y 2013 (Ley Nº 317)” (sic), mismas que establecen términos de prescripción más largos, agravando la situación del contribuyente; al respecto, el art. 123 de la CPE establece que: “la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo…”, lo cual se encuentra concordante con el art. 150 de la Ley Nº 2492, que establece sobre la aplicación retroactiva de las normas tributarias estableciendo que: “las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves…”.

En ese sentido, continuó refiriendo que, la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, al disponer las modificaciones establecidas en el art. 59 de la Ley Nº 2492, en cuanto a términos de prescripción más largos que los anteriores, agravan la situación del contribuyente, y al ser más gravosa para el sujeto pasivo, no corresponde su aplicación retroactiva, por expreso mandato del art. 150 de la Ley Nº 2492 y principalmente por la prohibición constitucional prevista en el art. 123 de la CPE.

Persistió refiriendo que la primacía y prelación normativa, se encuentran establecidos en los arts. 410 de la CPE, y el art. 5 de la Ley Nº 2492, haciendo un copiado textual de los artículos citados; para posteriormente referir que la AGIT no puede efectuar un control de constitucionalidad, lo cual en ningún momento se le pidió, lo que se le solicitó es que aplique correctamente la normativa legal, puesto que el control de constitucionalidad está determinado dentro de las facultades del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Por otra parte, refirió que, la Jurisprudencia Constitucional uniforme, establece la prohibición de aplicar normas de forma retroactiva, citando al efecto la SSCCPP 1353/2012 de 19 de septiembre, 0663/2014 de 25 de marzo, 0257/2014, 0008/2014 de 3 de enero, 0270/2012 de 4 de junio, entre otras.   

I.3. Petitorio.

Concluyó el memorial solicitando a este Supremo Tribunal de Justicia que en virtud de los fundamentos expuestos, pronuncie resolución declarando probada la demanda, revocando en parte la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0776/2015 de 4 de mayo, y en consecuencia declare la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar tributos y establecer sanciones.

II.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Por providencia cursante a fs. 195, se admitió la demanda contenciosa administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley; posteriormente por providencia de 19 de octubre de 2015 a fs. 275, se providencio el memorial de contestación a la demanda de fs. 268 a 274 vta., dándose por apersonado a Daney David Valdivia Coria, en su condición de Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en virtud a la Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, cursante a fs. 266, quien en su memorial de contestación a la demanda en síntesis precisó lo siguiente:

II.1.- Que, la controversia contra la AGIT radica en dos puntos: 1) Respecto a cuál es la norma tributaria, relativa a la prescripción que corresponde aplicarse en el presente caso; y, 2) Que, YPFB Chaco S.A., sostiene que debe aplicarse la norma vigente en el momento de ocurridos los supuestos hechos generadores, es decir, la norma que se encontraba vigente en el año 2009; consiguientemente, la AGIT señala que corresponde aplicar de manera retroactiva, las modificaciones que se realizaron en las Leyes Nº 291 y 317.

Refirió que la doctrina tributaria establece que la prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria; al efecto, el art. 59 de la Ley Nº 2492, dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los 4 años, para controlar, investigar verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas, entre otras; añadiendo que, el art. 60 de la citada ley, establece que el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. Añadiendo al respecto que, los arts. 61 y 62 de la Ley Nº 2492, prevén que el curso de la prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la resolución determinativa.

Añadió que a través de las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley Nº 291, se modificaron los arts. 59 y 60 de la Ley Nº 2492, copiando literalmente los artículos con las modificaciones correspondientes, para luego referir que, en razón a las modificaciones establecidas en dichas normas, se establece que el cómputo de la prescripción tanto para la determinación del tributo, como para sancionar contravenciones tributarias, se inicia el primer día hábil del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento de la obligación tributaria; consecuentemente de lo establecido en el art. 59 modificado de la Ley 2492, se tiene que las acciones de la Administración tributaria prescribirán a los 7 años en la gestión 2015, disposición que no prevé que dicha ampliación sea respecto a las obligaciones cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido dicho año, tal como se preveía antes de las modificaciones efectuadas por la Ley Nº 317.

II.2.- Por otra parte, precisó que el 1 de octubre de 2013 se notificó a YPFB Chaco S.A., con la Orden de Verificación Nº 00130OVI17055, comunicándosele que será sujeto de un proceso de determinación bajo la modalidad de operativo especifico del Crédito Fiscal IVA, por los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2009, posteriormente el 24 de julio de 2014 se notificó al contribuyente con la Vista de Cargo Nº CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00472/2014; y, finalmente el 14 de octubre del mismo año, se notificó con la Resolución Determinativa Nº 17-000436-14 de 29 de septiembre de 2014, que resolvió determinar las obligaciones impositivas por un total de UFV 617.83,39,- importe que incluye el tributo omitido, interés, la sanción por omisión de pago y las multas por incumplimiento de deberes formales. En ese sentido argumentó que al haberse notificado al contribuyente con la Resolución Determinativa el 14 de octubre de 2014, en aplicación de los arts. 59 y 60 de la Ley 2492, la Administración Tributaria ejerció su facultad de determinación de la deuda tributaria por el IVA de los periodos fiscales de enero a diciembre, antes que prescriban.

II.3.- Petitorio

Concluyó el memorial solicitando a este Tribunal Supremo de Justica que en mérito a los fundamentos expuestos, se emita sentencia declarando improbada la demanda interpuesta por YPFB Chaco S.A., manteniendo firme y subsistente la Resolución Jerárquico AGIT-RJ 0776/2015 de 4 de mayo, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

III. RESPUESTA DEL TERCER INTERESADO

Por providencia de fs. 203, se dio por apersonado a Bernardo Gumucio Bascopé, en su condición de Gerente de GRACO Santa Cruz, como tercer interesado, quien por memorial cursante de fs. 198 a 202, en síntesis manifestó lo siguiente:

Que, emitió la Vista de Cargo Nº SIN/GGSCZ/DF/VI/VC00472/2014 de 10 de julio de 2014, notificada mediante cedula a YPFB Chaco S.A. el 24 de julio de 2014, con la finalidad de que el contribuyente en el plazo legal establecido en el art. 98 del CTB, produzca u ofrezca  pruebas tanto con relación a los cargos formulados, como a la calificación preliminar de su conducta fiscal; en consecuencia, a la insuficiencia de descargos procedió a la emisión de la Resolución Determinativa Nº 17-00436-14 de 29 de septiembre de 2014, resolución que fue impugnada por el contribuyente, apelación que fue resuelta por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT- SCZ/RA 0217/2015 de 9 de febrero, que revocó parcialmente la resolución impugnada; contra esta resolución ambas partes presentaron recurso jerárquico, que fue resuelto por la AGIT mediante la Resolución AGIT-RJ 0776/2015, confirmando la resolución recurrida.

Posteriormente señaló que la demanda contenciosa presentada por YPFB Chaco S.A., carece totalmente de fundamentación, puesto que el demandante estaba obligado a realizar una exposición precisa de los fundamentos legales que respalden sus argumentos y no solo limitarse a señalar la existencia de una supuesta prescripción, por lo que al evidenciarse que la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el art. 327 del Código de Procedimiento Civil (CPC) debió haber sido rechazada, toda vez  que debe resolverse sobre los aspectos que le fueron contrarios en la resolución de recurso jerárquico.

Por otra parte, refirió que de conocer el fondo de la demanda, este Tribunal deberá manifestarse solo sobre el argumento de la prescripción y no así sobre otros aspectos de hecho y de derecho, toda vez que no han sido planteados por el contribuyente, entendiéndose una aceptación tácita a los restantes aspectos mencionados en la resolución jerárquica.

Posteriormente el tercer interesado procedió a realizar un copiado de partes de la resolución jerárquica citando las normativas legales utilizadas, para luego concluir que el demandante pretende que se declare la prescripción de adeudos tributarios que fueron correctamente determinados y plenamente válidos, tratando de desconocerlos bajo argumentos infundados.

III.1. Petitorio

Concluyó el memorial solicitando a este Tribunal Supremo de Justicia, dicte sentencia declarando improbada la demanda contenciosa administrativa, y confirme la Resolución AGIT-RJ 0776/2015 de 4 de mayo.

IV.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

Continuando el trámite del proceso, se apersonó al presente proceso Patricia Guzmán Meneses, en su condición de Directora General de Asuntos Jurídicos a.i. de la Procuraduría General del Estado, mediante memorial de fs. 246 a 247 vta., exponiendo las competencias de la entidad que representa y las características que tiene la empresa demandante.

Posteriormente por proveído cursante a fs. 286, se admitió el memorial de la réplica de fs. 282 a 285 vta., presentado por YPFB Chaco S.A.; corrido en traslado la autoridad demandada inserto la dúplica, que fue presentada por documento de fs. 294 a 296, por lo que no habiendo más que tramitar, por providencia a fs. 300 se decretó “autos para sentencia”.

Que el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, con relación al numeral 2 del artículo 2 y artículo 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por la demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

En el desarrollo del proceso en sede administrativa, se cumplieron las siguientes fases, hasta su agotamiento, de cuya revisión se evidencia:

III.1.- Revisados los antecedentes administrativos que dieron origen a la interposición de la demanda en análisis, se verifica que la Administración Tributaria, GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Determinativa N° 17-000436-14 de 29 de septiembre de 2014, de fs. 101 a 126 del Anexo 1, con la cual se notificó por cedula al demandante, notificación cursante a fs. 127.

III.2.- Contra la resolución determinativa señalada, YPFB Chaco S.A., interpuso recurso de alzada, con memorial de fs. 136 a 142 vta. del Anexo 1, que fue resuelto por la Resolución ARIT-SCZ/RA 0217/2015 de 9 de febrero, de fs. 188 a 209 del Anexo 1, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, revocando parcialmente la resolución impugnada, en lo que concierne al crédito fiscal IVA, por Bs. 337.224,- equivalente a UFV 221.442,- manteniendo firmes y subsistentes las observaciones referidas al crédito fiscal por B. 23.774,- equivalentes a UFV 15.483,- asimismo confirmó las multas  por incumplimiento de deberes formales por Bs. 23.902,- equivalentes a UFV 12.000,- incluyendo los accesorios y la sanción por omisión de pago. 

III.3.- En virtud de lo anterior, ambas partes, YPFB Chaco S.A., por memorial de fs. 234 a 236 vta., del Anexo 2, y GRACO Santa Cruz del SIN, por memorial de fs. 263 a 266 del Anexo 2, dedujeron recurso jerárquico contra la resolución pronunciada en alzada, que fue resuelto por la AGIT, mediante la Resolución AGIT-RJ 0776/2015 de fs. 304 a 334 del Anexo 2, confirmando la resolución recurrida. 

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación correcta de la ley, se establece:

Que, el motivo de la litis se circunscribe a determinar: 1) Si es evidente que la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa Nº 17-0004365-14 de 29 de septiembre, derivada de la fiscalización al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los periodos fiscales de enero a diciembre de 2009, cuando sus facultades para determinar la obligación e imponer sanciones, habían prescrito. 2) En consecuencia, si fue correcta la determinación de la autoridad jerárquica, al emitir la resolución ahora impugnada, confirmando la pronunciada en alzada, que revocó parcialmente la determinativa.

V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente del proceso, se evidencia lo siguiente:

V.1.- Análisis y fundamentación

Que, en mérito a los antecedentes descritos, los fundamentos de la demanda, la respuesta negativa a la misma y la respuesta del tercer interesado, corresponde señalar:


Habiéndose determinado que el punto de controversia versa sobre la prescripción, se debe señalar que al respecto el art. 59 del CTB, determina los términos dentro de los cuales la Administración Tributaria puede ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, comprobación y fiscalización de los tributos, además de las atribuciones de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; que, los arts. 59 y 60 de la norma legal señalada fueron objeto de modificaciones en la gestión 2012, primero a través de la  Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012 y subsiguientemente por la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012.


Bajo ese entendimiento, antes de las modificaciones indicadas, el art. 59 de la Ley Nº 2492, establecía que: “(Prescripción). I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria; II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda; y, III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años”.


Posteriormente con las modificaciones efectuadas por La Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, se determinó: “Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: ARTICULO 59. (Prescripción). I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:


1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas.


El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.


II. Los términos de prescripción precedentes se ampliaran en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde.


III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años.


IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible”.


Por su parte, la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, a través de su Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera, derogó el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012.


En ese marco, el art. 59.I de la Ley 2492, con las modificaciones establecidas en las Leyes Nº 291 y 317, incrementó de forma ascendente a un año para la prescripción desde la gestión 2013, llegando al límite de 10 años en la gestión 2018, entendiendo esto desde el punto de vista de las obligaciones tributarias, concordante con el art. 60 de la citada norma; en ese sentido, se debe establecer que la Ley sólo dispone para lo venidero, tal como lo dispone el art. 123 de la CPE, que instituye que: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución”, texto del cual se determina sobre la irretroactividad, como también sobre las excepciones, siendo estas últimas en cuatro casos: 1) Materia laboral en favor de los trabajadores; 2) En materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; 3) En corrupción para investigar, procesar sancionar delitos cometidos por funcionarios públicos; y, 4) Las que se encuentran establecidas en la Constitución Política del Estado.


Por otra parte, el art. 150 de la Ley Nº 2492, dispone que las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo, salvo excepciones; siendo una de ellas precisamente cuando establezcan sanciones y cómputos más benignas.


En ese contexto, es evidente que la irretroactividad como principio jurídico se funda en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, uno de cuyos tres componentes es el de la certeza, en sentido de que las reglas del juego ciudadanas no sean alteradas para atrás.


Bajo ese entendimiento se debe añadir que, la retroactividad de las disposiciones legales, también fue prohibida por la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, puesto que el art. 5, señala que: “La ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordena”, en el mismo sentido el art. 11 de la Declaración de Derechos Humanos, indica que: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional”; de lo que se tiene que la irretroactividad de las disposiciones legales en general es parte del principio de legalidad y es que no se puede pedir el cumplimiento de disposición legal alguna en tanto no se encuentre legalmente en vigencia en ese momento, intelecto que va relacionado con la teoría de los hechos cumplidos que establece que cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, materializando así el principio de seguridad jurídica.


En ese sentido, sobre la prescripción, la jurisprudencia constitucional fue clara al establecer en la SCP 1169/2016-S3 de 26 de octubre, pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional que: “Concordante con el precedente constitucional esta Sala considera que la irretroactividad de la ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide también, que una norma reciente pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, corresponde se aplique la normativa legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica. No obstante, la regla de prohibición de aplicación retroactiva de una norma encuentra su excepción bajo el principio de favorabilidad y cuando se trate de normas penales, sociales y en normas de carácter adjetivo” (las negrillas fueron agregadas).


En ese contexto, de lo señalado ut supra, se deduce que los periodos de fiscalización IVA corresponden a hechos generados  de enero a diciembre de la gestión 2009; empero, primeramente pasamos a resolver en cuanto los periodos de fiscalización de enero a noviembre, de los cuales el inicio del cómputo de la prescripción fue el 1 de enero de 2010, concluyendo el 31 de diciembre de 2013; puesto que es de aplicación normativa el art. 59 del CTB sin las modificaciones establecidas en la Ley 291 y 317, ya que fueron promulgadas con posterioridad en la gestión 2012, el citado artículo prevé:Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.”, y en cuanto al cómputo del término de la prescripción se debe tomar en cuenta el art. 60 de la misma norma jurídica que establece que el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente; en ese sentido, de la revisión minuciosa de obrados se pudo evidenciar que, el 1 de octubre de 2013 se notificó a YPFB Chaco S.A., con la Orden de Verificación Nº 00130OVI17055, con la que se le comunicó que será sujeto de un proceso de determinación bajo la modalidad de operativo especifico del Crédito Fiscal IVA, por los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2009, actuado que según el criterio del demandante estaría suspendiendo la prescripción por el lapso de 6 meses, lo que es contradictorio con lo establecido en el art. 62.I de la Ley 2492 que refiere: (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses.”, texto del cual se evidencia que la suspensión del plazo de prescripción se da con la notificación del Inicio de Fiscalización al Contribuyente y no así con la notificación de la Orden de Verificación; es decir que, no se suspendió el plazo de la prescripción por lo que el computo de la prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2013, tal como se señaló supra; por lo que, al notificarse al Contribuyente el 14 de octubre de 2014 con la Resolución Determinativa Nº 17-000436-14 de 29 de septiembre de igual año, se colige que a la fecha de la citada notificación, las facultades de la Administración Tributaria para poder imponer sanciones administrativas en cuanto a los periodos de fiscalización del IVA de enero a noviembre ya estaban prescritas.


En cuanto, al cómputo del termino de prescripción por el periodo de diciembre de 2009, se tiene que el vencimiento del mismo era el 15 de enero de 2010, por lo que el inicio del cómputo de la prescripción fue del 1 de enero de 2011 y se extendió hasta al 31 de diciembre de 2014; y habiéndose notificado la Resolución Determinativa el 14 de octubre de 2014, se colige que las facultades de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas en cuanto al periodo del mes de diciembre de 2009 no prescribieron.     

V.3.- Conclusiones

En el marco de la fundamentación jurídica precedente y de la pretensión deducida en la demanda, se concluye lo siguiente:

Que, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al pronunciar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0776/2015 de 4 de mayo, que resolvió confirmar la resolución del recurso de alzada, y por consiguiente mantener firme y subsistente el Crédito Fiscal IVA por Bs. 23.774.- equivalente a UFV 15.483, asimismo confirmar las multas por incumplimiento de deberes formales por Bs. 23.902.- equivalente a UFV 12.000, correspondientes al IVA de los periodos fiscales de enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009, lo hizo interpretando y aplicando incorrectamente las normas legales citadas. En este entendido, no debemos pasar por alto que los actos de la Administración Pública deben estar sometidos exclusivamente a la norma vigente a momento de producirse el hecho generador. En consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde declarar prescritos los periodos de fiscalización de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2009; manteniéndose firme y subsistente el periodo de diciembre de 2009.


POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del Código de Procedimiento Civil, art. 2.2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia a nombre de la Ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando PROBADA en parte la demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por Martha Cristina Criales Zahana, Gonzalo Luís Prudencio Gozálves y Luís Alejandro Vásquez Paredes, en representación legal de YPFB Chaco S.A., y en su mérito se revoca en parte la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0776/2015 de 4 de mayo; y, en consecuencia se deja sin efecto en parte la  resolución Determinativa Nº 17-000436-14 de 29 de septiembre; declarándose prescritos los periodos de fiscalización de enero a noviembre de la gestión 2009; manteniéndose firme y subsistente en todo lo demás.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal Supremo por la autoridad demandada. Sea con las formalidades de rigor.


Regístrese, notifíquese y cúmplase.