TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



SENTENCIA Nº 9/2017

EXPEDIENTE            : 257/2015

DEMANDANTE                      : Víctor Alberto Urzagasti Fuentes

DEMANDADO(A)                      : Autoridad General de Impugnación Tributaria

TIPO DE PROCESO            : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA : RJ AGIT-RJ 1397/2015 de 3/08/2015

MAGISTRADO RELATOR            : Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

LUGAR Y FECHA            : Sucre, 18 de enero de 2017


VISTOS EN LA SALA:

La demanda contenciosa administrativa de fs. 11 a 15 vta., interpuesta por Víctor Alberto Urzagasti Fuentes que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1397/2015 de 3 de agosto, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la contestación de fs. 55 a 61, réplica, dúplica, argumentos del tercero interesado, los antecedentes del proceso; y

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1. Antecedentes de la demanda.

El 14 de julio de 2014, mediante memorial de 7 de julio de ese mismo año, peticiona ante la Gerencia Regional Santa Cruz (GR-SCZ) de la Aduana Nacional (AN), la declaratoria de nulidad de las diligencias de notificación con el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0064/2008 de 22 de diciembre de 2008 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-061/2012 de 14 de febrero de 2012, con los que nunca fue notificado en forma personal, contraviniendo lo establecido en la Ley Nº 2492.

Que, frente a la nulidad suscitada, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, no emitió pronunciamiento alguno, dentro del plazo establecido en el art. 17 de la Ley Nº 2341.

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (ARIT-SCZ), pronuncia la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0429/2015 de 11 de mayo, anulando obrados hasta el vicio más antiguo y rechazando el recurso de alzada.

Interpuesto el recurso jerárquico, bajo el argumento de que la Gerencia Regional Santa Cruz, reconoció que se dio respuesta a la nulidad de notificación suscitada, manifestando que el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0064/2008 de 22 de diciembre de 2008, se notificó en el tablero de dicha institución y la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-ULEZR-RS-061/2012 de 14 de febrero de 2012, mediante edicto.

Que, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), confirma la Resolución de Alzada mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1397/2015 de 3 de agosto.

I.2. Fundamentos de la demanda.

Señaló que la Resolución impugnada, no realizó una adecuada consideración sobre el hecho de falta de notificación, tanto del Acta de Intervención y la resolución Sancionatoria de Contrabando citados, afectando sus derechos, vulnerando principios como el debido proceso y el derecho a la defensa.       

Sostuvo que nunca fue notificado en forma personal con el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0064/08 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-061/2012, contraviniendo lo establecido en el art. 33. I de la Ley 2341.

Indicó que, en base al principio de prelación normativa previsto en el art. 5 de la Ley Nº 2492, las Autoridades Administrativas  en instancia de Alzada y Jerárquico debieron aplicar y resolver este punto, conforme lo dispuesto en el art. 33. c) de la Ley Nº 2341, en razón de que primero se aplica la CPE y luego las Leyes, Decretos y finamente las Resoluciones de Directorio que solo s0n normas reglamentarias que no pueden legislar derechos en aplicación del principio de legalidad contenido en el art. 6 de la Ley N° 2492.

Por lo expuesto, quedó demostrado que la Gerencia Regional Santa Cruz, omitió la notificación personal con el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0064/08 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-061/2012, por lo que correspondía la nulidad de obrados hasta que se notifique en forma legal con dichos actuados administrativos, y al no haberse actuado de esta manera, se vulneró  el derecho a la defensa y al debido proceso, establecidos en los arts. 115, 117 y 119 de la CPE, citando sobre el tema, jurisprudencia contenida en las SSCC N° 0136/2003 de 6 de mayo, 1842/2003-R de 12 de diciembre y 1234/2000-R de 21 de diciembre.

Por lo que, al no haberse respetado la garantía del debido proceso, también se lesionó la seguridad jurídica.

Sobre el particular el Tribunal Supremo ha desarrollado una línea jurisprudencial con relación a la nulidad y la anulabilidad establecida en los arts. 35. II y 36. IV de la Ley de Procedimiento Administrativo, al señalar que las nulidades y anulabilidades de los actos administrativos, solo podrán ser invocadas mediante la interposición de los recursos administrativos previstos por ley.            

I.2.Petitorio.

Concluyó solicitando se pronuncie sentencia declarando probada la demanda y revocando totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1397/2015 de 3 de agosto, pronunciada por la AGIT dentro del recurso de alzada interpuesto contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional; por ende, nula y sin valor legal el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0064/08 de 22 de diciembre de 2008 y la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-ULEZR-RS-061/2012 de 14 de febrero.

II. De la contestación a la demanda.

Daney David Valdivia Coria, en representación legal de la AGIT, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda con memorial presentado que cursa de fs. 55 a 61, con base a los siguientes argumentos:

En cuanto a la falta de notificaciones con el Acta de Intervención y con la Resolución Sancionatoria, corresponde resaltar que el fundamento de los memoriales de recurso de alzada presentados por el sujeto pasivo, fue el silencio administrativo de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional al no haber emitido respuesta alguna al memorial de 14 de julio de 2014 por el cual argumenta la nulidad de obrados precisamente por falta de dichas notificaciones, alegando la vulneración de sus derechos al debido proceso, defensa y petición, solicitando que se anule obrados hasta el vicio más antiguo, para que se notifique el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0061/08; efectivamente, conforme manifiesta el sujeto pasivo, la Administración Aduanera no emitió pronunciamiento alguno respecto a petición de la nulidad de obrados por falta de notificaciones y transcurrido el plazo de 6 meses previsto al efecto de consideró por desestimada la misma por silencio administrativo; es respecto al silencio administrativo negativo de la GR-SCZ de la AN que el sujeto pasivo interpone los recursos de revocatoria y jerárquico, no así contra los actos administrativos en sí como ser el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria de Contrabando; las pretensiones expuestas en la presente demanda son incongruentes con los datos del proceso y lo resuelto por la AGIT.

Resulta necesario hacer mención al principio de convalidación de los actos, entendiendo por éste como que toda nulidad se convalida por el consentimiento aún en el supuesto de concurrir los presupuestos de la nulidad, así lo establece la doctrina y la jurisprudencia; en cuanto al principio de congruencia, el art. 198.I del CTb, prevé que la obligación de expresar los agravios de manera correlativa y congruente, además la Sentencia Nº 228/2013 de 2 de julio, de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, señala que cuando el demandante incorpora elementos no invocados en la etapa recursiva jerárquica, al no haber sido planteados oportunamente como agravio, los puntos señalados en la demanda contenciosa administrativa se tienen como actos consentidos libre y expresamente, habiendo el demandante renunciado al ejercicio  de impugnar estos hechos; no impugnó los actos administrativos que hoy observa en demanda contenciosa administrativa, sino únicamente el silencio administrativo negativo por falta de respuesta a su solicitud de 14 de julio de 2014; y, conforme al art. 143 del CTb, el silencio administrativo no es un acto impugnable recurrible impugnable a través del recurso de alzada y tampoco está previsto en el art. 4 de la Ley 3092.

En cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso por falta de notificación con el Acta de Intervención y Resolución Sancionatoria en Contrabando, la SCP 0347/2012 de 22 de junio establece que los elementos que componen dicho derecho son el derecho a un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, la presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, el principio non bis in ídem, derecho a  la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; ninguno de ellos fue vulnerado por la instancia jerárquica, conforme consta en los antecedentes del presente proceso; no se causó indefensión alguna al demandante, por ello presentó sus recurso de revocatoria y jerárquico y la norma tributaria vigente es clara en cuanto a la notificación de ciertos actos en forma personal y en secretaría, y no es permisible a través del proceso contencioso administrativo, salvar la negligencia o descuido del ahora demandante.

Finalmente, la demanda es contradictoria, además de contener afirmaciones generales e imprecisas, por cuanto en el petitorio se indica textualmente declarar nula y sin valor legal el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria en Contrabando, empero los fundamentos expuestos refieren a la nulidad de las notificaciones con dichos actos administrativos, por lo que no existe un nexo de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y al lesión causada al derecho o garantía y esa exigencia no se limita a enumerar artículos sino a explicar desde el punto de vista causal, cómo esos hechos han lesionado el derecho en cuestión, situación contenida en amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

II.1.Petitorio.

La AGIT solicita que se declare improbada la demanda interpuesta por Víctor Alberto Urzagasti Fuentes, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1397/2015 de 3 de agosto.

III. INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO.

Guadalupe Orellana Medrano y Andreyna Karla Arraya Bernal, en representación legal de Willan Elvio Castillo Morales, Gerente Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda con memorial presentado el 11 de enero de 2016, que cursa de fs. 23 a 25, con base en los siguientes argumentos:

En cuanto a la nulidad de las notificaciones alegada por el demandante, el art. 68 inc. 8) de la Ley 2492 reconoce el derecho del sujeto pasivo a ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria y el art. 90 del citado texto legal, prevé que los actos administrativos que requieran notificación personal serán notificados en Secretaría y el sujeto pasivo tiene la obligación de asistir los miércoles de cada semana para notificarse con todas las actuaciones y su inconcurrencia no impide que se practique la diligencia de notificación y en caso de contrabando, el Acta de Intervención y Resolución Determinativa serán notificados bajo ese medio.        

La Administración Aduanera cumplió plenamente la notificación con el acta de intervención en tablero de Secretaría, sin negar el derecho a la información que le asiste al sujeto pasivo, más aún porque su conducta fue calificada como contrabando contravencional previsto en el art. 181 del CTb, por cuanto el art. 56 de la Ley Financial de la gestión 2009, incorporó la ampliación del monto para sustanciar el contrabando por la vía contravencional a 200.000.- UFV, sin competencia del Ministerio Público.

El sujeto pasivo no hizo uso de los 3 días hábiles administrativos para presentar sus descargos ante la Administración Aduanera, por tanto se emite la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-061/2012, notificada el 31 de diciembre de 2012 mediante edicto de ley practicado conforma derecho y tampoco fue impugnado por la vía correspondiente, ello implica el consentimiento y validación de todos actuados y la preclusión del derecho a recurrir oportunamente de ellos. La jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0554/2010-R de 12 de julio y la SCP 0187/2014-S1, entre otras, establece que el sujeto pasivo no puede alegar desconocimiento de las notificaciones practicadas en Secretaría de la Administración Aduanera.

Respecto a la falta de actuados que precedan notificaciones por edictos, el demandante alega que no existe ninguna notificación personal, tampoco de avisos de visita, mucho menos una representación para cumplir con una notificación mediante cédula o procedimiento que diera lugar a la notificación mediante edicto con Resolución Sancionatoria; el art. 83 de la Ley 2492, reconoce válidamente como un medio legítimo de notificación el edicto de prensa, que cumple la finalidad de hacer público el acto administrativo a objeto que el sujeto pasivo tome conocimiento de la existencia de un proceso en su contra, por desconocimiento de su domicilio, con publicaciones en dos oportunidades con intervalo de por lo menos tres días corridos entre la primera y segunda, en medio de prensa de circulación nacional, elementos que fueron debidamente cumplidos por la Administración Aduanera; y, en todo caso, el demandante reclama situaciones que no fueron observadas en las instancias respectivas y de considerarse que el proceso es de puro derecho.        

Sobre el silencio administrativo, el art. 143 del CTb, claramente prevé los actos administrativos que pueden ser objeto de impugnación mediante recurso de alzada, entre los cuales no se encuentra el silencio administrativo al no considerarse un acto recurrible; la demanda resulta confusa, por cuanto se invoca la nulidad de actuados consentidos al no haber sido oportunamente impugnados y sobre los cuales acertadamente falló la Autoridad de Impugnación Tributaria.

Finalmente, en cuanto al debido proceso, no existe vulneración alguna, el sujeto pasivo tuvo la oportunidad  presentar sus descargos correspondientes y desvirtuar las faltas en las que incurrió, cada actuado fue debidamente comunicado conforme establece la norma, por lo que no es posible alegar su invalidez.

En materia de nulidades procesales se debe observar ciertos principios de modo que la nulidad resulte útil al proceso, restableciendo los derechos que se hubieran vulnerado, de ello se infiere que el error de procedimiento debe estar expresamente establecido y sancionado con nulidad en la ley; la Administración Aduanera se remite al ordenamiento jurídico establecido y hace conocer por Secretaría y mediante edicto de ley, las actuaciones procedimentales y el alcance de las mismas a través de las resoluciones correspondientes; la documentación presentada como de reciente obtención, carece de justificación válida y legal sobre las razones por las que no fueron presentadas en tiempo oportuno; al ser un proceso de puro derecho corresponde al demandante asumir el proceso y las determinaciones a las que se arribaron luego de su ejecución.

III.1. Petitorio

El tercero interesado solicita que se declare improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1397/2015 de 3 de agosto y en consecuencia firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS 061/2012 de 14 de febrero y el Proveído de Ejecución Tributaria AN-ULEZR-PIET 284/2013 de 11 de diciembre, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, a objeto de proseguir la ejecución del adeudo tributario.

IV. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

IV.1. el 22 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria, emite el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR 0064/08, en la cual determina la comisión de Contrabando contra Eliane Escobar Franco, José  María Urzagasti Aguilera, Víctor Alberto Urzagasti Fuentes, Silver Heredia y José Pereyra.        

El 15 de diciembre de 2009, el Fiscal de Materia, emitió la Resolución de Rechazo del Acta de Intervención aludida.

El 16 de febrero de 2011, la Administración Tributaria Aduanera notificó por secretaría a Eliane Escobar Franco, Víctor Urzagasti, José Urzagasti, Silver Heredia y José Pereira con el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0064/08 de 22 de diciembre de 2008.

El 23 de mayo de 2012, la Administración Tributaria  Aduanera notificó por tablero a Eliane Escobar Franco, Víctor Urzagasti, José Urzagasti, Silver Heredia y José Pereyra con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS- 061/2012  de 14 de febrero de 2012.

El 14 de julio de 2014, Víctor Alberto Urzagasti Fuentes, mediante memorial solicitó a la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, la nulidad de las notificaciones del Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0064/08 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-061/2012, por considerar que no fueron notificadas personalmente, vulnerando el debido proceso y los derechos a recurrir y a la defensa, establecidos en los arts. 115. I, 116. I, 117. I y II y 119. II de la CPE, solicitando se anule obrados hasta que se practique una correcta y nueva notificación de dichos actos administrativos.

Mediante proveído, la Gerencia Regional a.i. de la Aduana Nacional, dispuso no ha lugar a la nulidad de notificación solicitada, declarando firme y subsistente el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR 0064/08 de 22 de diciembre de 2008 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-061/2012 de 14 de octubre de 2012.

Ante esta circunstancia, Víctor Alberto Urzagasti Fuentes, interpuso Recurso de Alzada cursante, resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  mediante, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT SCZ/RA 0429/2015 de 11 mayo de 2015 cursante de fs. 69 a 79 del anexo 1, que dispuso anular obrados hasta el auto de admisión de 11 de febrero de 2015, inclusive y rechazar el Recurso de Alzada, interpuesto por Víctor Alberto Urzagasti Fuentes.    Interpuesto el recurso jerárquico, la AGIT, confirma la Resolución de Alzada mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1397/2015 de 3 de agosto, ordenando a la ARIT-SCZ rechazar el recurso de alzada del ahora demandante.

Ante esta circunstancia, Víctor Alberto Urzagasti Fuentes, interpuso demanda contenciosa administrativa con los fundamentos expuestos en el memorial de fs. 11 a 15 vta.

Por memorial de fs. 83 a 84 vta., el demandante presentó su réplica, en tanto que a fs. 88 a 89 vta., la AGIT, presentó dúplica, dando lugar al proveído de fs. 90 que decretó “Autos para Sentencia”. 

V. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Que de la compulsa de los datos procesales y la Resolución de Recurso Jerárquico  impugnada, se concluye que la problemática radica en determinar si la AGIT aplicó correctamente la normativa contenida en la Ley 2492 Código Tributario en cuanto a notificaciones y si su accionar conlleva el respeto de los  derechos al debido proceso en sus elementos constitutivos defensa e igualdad de las partes, reconocidos por la  Constitución Política del Estado; argumentando que la Administración Aduanera tramitó un proceso sumario contravencional en su contra al pronunciar el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0064/08 de 22 de diciembre de 2008 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-061/2012 de 14 de octubre, contraviniendo los arts. 83.1 y 84 del CTb e incurriendo en vulneración de sus derechos al debido proceso, defensa e igualdad de las partes, al no haber sido debidamente notificados en forma personal, a efectos de presentar los descargos respectivos y de esa forma asumir la defensa necesaria.

VI. ANALISIS DEL PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO.

En ese contexto y reconocida la competencia de la Sala Especializada de éste Tribunal para conocer y resolver la controversia, conforme la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo como un proceso de puro derecho, en el que el Tribunal únicamente analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por el demandante; corresponde realizar el control judicial sobre los actos ejercidos por la AGIT.

VI.1. Sobre las diligencias de comunicación en materia tributaria

El art. 83.I del CTb, determina que los actos y actuaciones de la Administración Tributaria pueden ser notificados: 1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En Secretaría; determinando en su segundo parágrafo, la nulidad de toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas.

Por su parte, el art. 84 de la norma tributaria, expresa en cuanto a las notificaciones en forma personal: “I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales”.

Con relación a las notificaciones masivas, el art. 89 del CTb, establece que: “Las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97° del presente Código que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma:

1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación.

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se tendrá por practicada la notificación”.

La norma reglamentaria, en su art. 13 del DS 27310 de 9 de enero de 2004, determina la cuantía para la validez de las notificaciones masivas, que indica: “I. Las notificaciones masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para cualquier acto que no esté sujeto a un medio específico de notificación, conforme lo dispuesto por la Ley 2492. III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: a) Para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez mil Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFVs) por cada acto administrativo. b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la máxima autoridad tributaria”.

V.2. Sobre la nulidad alegada por el demandante y el debido proceso

Al respecto, los arts. 105 y 106 del Código Procesal Civil (CPC), determinan que ningún acto o trámite será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley, además, que el acto es inválido cuando carece de requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y que será válido cuando a pesar de su irregularidad, con él se cumpla el objeto procesal al que estaba destinado, salvo en caso de existir indefensión; de ello se infiere que la nulidad de oficio se encuentra vinculada a las infracciones que interesan al orden público en resguardo del derecho al debido proceso en todos sus elementos configurativos, tales como el derecho a la defensa y a la motivación y fundamentación de las resoluciones, entendimiento concordante con el art. 36 de la (LPA).

Razón por la que con base a dicha normativa, resulta inviable la nulidad por la nulidad misma, y exige a las autoridades que tienen a su cargo la solución de una problemática, realizar un análisis con base a los principios rectores del proceso; en consecuencia, en caso de no verificar la existencia de una situación de orden público o indefensión, la nulidad de las actuaciones procesales no tendrá sustento legal; de ello se infiere que las autoridades judiciales y administrativas, al momento de conocer y resolver las controversias sometidas a su jurisdicción, tienen plena facultad-deber para velar porque el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad que perjudiquen el normal desarrollo del mismo y/o porque no se incurra en vulneración de derechos fundamentales o garantías constitucionales que impliquen nulidad.

Por su parte, el tratadista Eduardo Couture en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil, expresa que: “frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho.”

En cuanto a la garantía del debido proceso, se encuentra consagrado y reconocido en el art. 115.II de la CPE, cuyo texto expresa que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, precisado en el art. 117.I de la Norma Fundamental que dispone: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”; además, el debido proceso, se encuentra reconocido como un derecho humano por instrumentos internacionales en la materia como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), que conforme al art. 410.II de la CPE, forman parte del bloque de constitucionalidad; en definitiva, el debido proceso es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las normas jurídicas aplicables a casos similares, implica el conjunto de requisitos a observar en las instancias procesales, con la finalidad de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus intereses o derechos.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: “En opinión de esta Corte, para que exista ´debido proceso legal` es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional”.

La indefensión conforme expresa Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales: “Es la situación en que se encuentra quien no ha sido defendido o no se ha defendido, sin culpa por su parte, en un juicio que lo afecta. Esa indefensión vulnera el principio de inviolabilidad de la defensa, que suele representa una garantía constitucional”. 

De lo expuesto se infiere que toda autoridad judicial o administrativa tiene la facultad- deber de revisión de antecedentes de un proceso a efectos de resguardar que se desarrolle sin vicios de nulidad y en su caso, inclusive de oficio, sanear el proceso y corregir el procedimiento vulneratorio de derechos fundamentales o garantías constitucionales; en consecuencia, las autoridades judiciales y administrativas tienen atribución plena para anular obrados por indefensión o situaciones de orden público.

En ese contexto, y conforme se dirá a continuación, en el presente caso, éste Tribunal advierte indefensión provocada en el sujeto pasivo al momento de practicar la diligencia de notificación mediante cédula fijada en tablero de la GRSCZ de la AN y que amerita la declaratoria de nulidad de las diligencias de notificación observadas por el ahora demandante sobre el accionar de la Administración Aduanera.

Ahora bien, ya sobre el fondo de la problemática, tenemos:

VI.3. Sobre la notificación con el Acta de Intervención

Emitida el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0064/08 de 22 de diciembre de 2008, por la Administración Aduanera, contra el ahora demandante Víctor Alberto Urzagasti Fuentes y otros, Acta que presume que los sindicados incurren en la comisión del delito de contrabando, el valor del vehículo automotor importado de $us 14.800.00.-,  y determina el Tributo Omitido actualizado  en base a la valoración comparativa de 44.133,36 UFV´s más la multa del 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando; conforme consta en antecedentes administrativos, la diligencia de notificación con la misma se practica 16 de febrero de 2011, en tablero de la GR-SCZ de la AN, a “Víctor A. Urzagasti”, con firma y sello del responsable de la diligencia y como testigo de actuación “Justo Mamani Riveros”.

La diligencia adolece de defectos formales que justifican su inexistencia o nulidad, por cuanto no se consigna el nombre completo del sujeto pasivo ahora demandante, se omite el segundo nombre “Alberto” y el segundo apellido “Fuentes”; y, tampoco identifica con el nombre respectivo al testigo de actuación a momento de suscribir la firma en la diligencia, simplemente lleva una firma y leyenda “testigo de actuación CI 5985814 LP”.

Estas situaciones implican la invalidez de la diligencia de comunicación, más aún si consideramos que se trata de una diligencia con el Acta de Intervención que reviste vital importancia para el desarrollo del proceso administrativo, por cuanto otorga un plazo perentorio a efectos de que el sujeto pasivo presente sus descargos respectivos y de esa forma ejerza sin restricción alguna su derecho a la defensa e igualdad entre las partes como elementos constitutivos del debido proceso consagrado en la Constitución política del Estado.

En consecuencia, se inobservaron la normativa aplicable a las diligencias de comunicación en materia tributaria y en cuanto al contenido de la notificación, situación que implica la vulneración de derechos y garantías constitucionales y que justifica plenamente la nulidad de las diligencias que tampoco cumplieron su fin, poner a conocimiento del sujeto pasivo el proceso administrativo contravencional iniciado en su contra a efectos de que asuma defensa.

VI.4. Sobre la notificación con la Resolución en Contrabando

De la revisión de antecedentes se evidencia que una vez pronunciada la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-061/2012 de 15 de octubre, que declara probada la comisión de contrabando contravencional contra el ahora demandante y otros, y considerando que no existe mercancía comisada, en aplicación al art. 181.II del CTb, impone la sanción de pago del 100% del valor de la mercancía descrita en el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0064/08, equivalente a $us 14.800.00.-,  la notificación con dicha Resolución Sancionatoria en Contrabando, se practica mediante edictos a “Víctor Alberto Urzagasti” omitiendo el segundo apellido del sujeto pasivo ahora demandante y por ende su debida identificación, mismos que son publicados en el periódico EL MUNDO.

Con base en los fundamentos expuestos para el anterior punto desarrollado precedentemente, de igualo forma, resulta nula la notificación realizada al sujeto pasivo ahora demandante, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando mediante edictos asemejando la situación a una forma masiva de notificación en medio de prensa inaplicable al presente caso, por carecer de requisitos de validez que no pueden darse por bien hechos, más aun considerando que la cuantía del tributo omitido que sobrepasa los 10.000 UFV establecidos al efecto por la norma procedimental relativa a diligencias de comunicación válidas, conforme se tiene transcrito y explicado anteriormente.

VI.1.2. Respecto a que la Aduana Nacional no habría emitido pronunciamiento alguno dentro el plazo establecido, habiéndose entonces considerado desestimada su solicitud por Silencio Administrativo, razón por la que interpuso los recursos respectivos que fueron rechazados.

Por los antecedentes de hecho descritos por ambas partes del proceso, resulta que el sujeto pasivo ahora demandante, mediante memorial de 7 de julio de 2014, suscitó ante la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, incidente de nulidad de notificación respecto al Acta de Intervención y Resolución Sancionatoria de Contrabando, bajo el argumento que nunca habría sido notificado en forma personal, contraviniendo lo establecido en la Ley N° 2492; incidente respecto al cual refiere la Entidad Aduanera no se pronunció dentro del plazo establecido en el art. 17.II de la Ley N° 2341 (6 meses); por ello es que, en aplicación del mismo artículo en su parágrafo III, entendiendo que su solicitud fue desestimada por “silencio administrativo negativo”, interpuso recurso de Alzada, que luego de ser admitido, motivó que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emita Resolución ARIT-SCZ/RA 0410/2015 de 11 de mayo, por la que resolvió anular obrados hasta el Auto de Admisión de 11 de febrero de 2015, inclusive, rechazando el Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Alberto Urzagasti Fuentes, bajo el fundamento que “el silencio administrativo negativo no constituye un acto sujeto a impugnación”, conforme lo dispuesto en los arts. 143 de la Ley N° 2492 y 4 de la Ley N° 3092; decisión última contra la cual el sujeto pasivo formuló Recurso Jerárquico, bajo los mismos fundamentos, agregando que, la Autoridad Aduanera, al tiempo de responder al recurso interpuesto, aclaró que se dio respuesta al memorial por el que se suscitó el incidente de nulidad de notificación, por medio de su respectivo proveído; lo que llevó a que la Autoridad General de Impugnación Tributaria emita la Resolución del Recurso Jerárquico ahora demandada, que en similar fundamento al expuesto por la ARIT, es decir que, al no haber acreditado materialmente el acto supuestamente lesivo mediante documento que probara su existencia, y señalando que en materia tributaria no se contempla la figura del silencio administrativo negativo, resolvió confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0429/2015 de 11 de mayo.

De lo relacionado se advierte que, ninguna de las dos autoridades administrativas de Impugnación Tributaria ingresó a resolver el fondo de la cuestión que fue reclamada en incidente por el sujeto pasivo ahora demandante, como son los motivos de la nulidad solicitada, por cuanto consideraron que previamente el impugnante debió acompañar el acto administrativo expreso contra el cual se estaba recurriendo en Alzada, lo que evidentemente en el caso nunca ocurrió, por cuanto la base para los recursos planteados por el sujeto pasivo era “el silencio administrativo negativo previsto en el art. 17.III de la Ley N° 2341, Ley del Procedimiento Administrativo”, debido a que el demandante afirma que la entidad aduanera no respondió en el término de los seis meses desde que se presentó el incidente de nulidad; situación que se encuentra declarada inclusive por el mismo actor en su escrito de demanda; Por ello es que el fundamento para el rechazo del Recurso de Alzada, confirmado en instancia Jerárquica, es precisamente la ausencia de una Resolución concreta objeto de impugnación, habiéndose inclusive enumerado las resoluciones recurribles e insertas en los arts. 143 de la Ley N° 2492 y 4 de la Ley N° 3092, en cuyo listado no figura el silencio administrativo negativo; es más, se argumentó lo razonado en la Sentencia Constitucional N° 0149/2014-S1 de 5 de diciembre, respecto a que en materia tributaria, no se contemplaría la figura del silencio administrativo negativo, estando las actuaciones de esta materia sujetas exclusivamente a la aplicación del acervo normativo tributario que se halla en vigencia.  Agrega que impide que esta sala ingrese a considerar los aspectos de fondo que hacen a la nulidad de los actos de notificación impetrada por la parte actora en su demanda, por cuanto ello supondría efectuar el control de legalidad de algo inexistente en la Resolución Jerárquica impugnada, debido a que dicha resolución, al igual que la Resolución de Alzada, no contemplan dicho examen en su contenido, por las razones que expuso, debiendo limitarse el examen de esta sala, sólo al motivo por el cual la Autoridad General de Impugnación Tributaria resolvió confirmar la Resolución de Alzada, referida netamente a la cuestión formal de inexistencia de resolución concreta objeto de impugnación en instancia administrativa, en el comprendido que el silencio administrativo negativo no sería un acto impugnable previsto por la norma tributaria.

Así, corresponde referirnos en principio a la figura del silencio administrativo en general y su posibilidad de aplicación también en el ámbito administrativo tributario, para cuyo efecto partimos señalando que, el silencio administrativo negativo, incorporado en el sistema normativo del Estado boliviano, comprendida en el art. 17.I de la Ley N° 2341, del Procedimiento Administrativo, bajo la disciplina de los principios de eficacia y eficiencia, el primero comprendido en el art. 4.j) del mismo cuerpo normativo citado, y el segundo incorporado en el art. 232 de la Constitución Política del Estado, puede definirse como “La institución jurídica en virtud de la cual, la ley atribuye efectos jurídicos desestimatorios a la omisión de la administración de emisión de actos administrativos dentro de los plazos vigentes” (SSCC Nº 0032/2010 de 20 de septiembre); de modo que, debe quedar anotado que el ejercicio de toda potestad administrativa genera, para la administración pública, en cualquiera de sus niveles, la obligación de emisión de actos administrativos expresos, evitando dilaciones indebidas, razón por la cual estos actos deben ser pronunciados dentro de los plazos procedimentales establecidos por la ley, aspecto que garantiza una tutela administrativa efectiva y brinda seguridad y certeza jurídica al administrado, materializándose así el derecho de petición y respuesta oportuna consagrada en el art. 24 de la CPE.

En ese sentido, se establece que el silencio administrativo negativo o desestimatorio tiene una doble teleología, como es: i) Dar respuesta a peticiones administrativas en un plazo razonable; y, ii) Aperturar un control jurisdiccional ulterior; empero; debe quedar aclarado que el silencio administrativo negativo, a diferencia del silencio administrativo positivo, no se equipara a un acto administrativo desestimatorio, ya que tiene simplemente efectos procedimentales en virtud de los cuales se apertura el control administrativo o jurisdiccional posterior para la impugnación de esta presunción desestimativa, por esta razón se afirma que esta técnica constituye una ficción legal de efectos puramente procesales. Es decir, el silencio administrativo negativo consagra la previsión de un acto presunto como consecuencia de la falta de respuesta a la petición efectuada por el administrado, de tal forma que ante esa ausencia de respuesta, la ley ofrece al ciudadano la posibilidad de reclamar el fondo del asunto solicitado y negado por vía de silencio administrativo negativo, a través de los mecanismos de impugnación administrativos o jurisdiccionales.

Así, el art. 17.III de la Ley del Procedimiento Administrativo refiere en su contenido lo siguiente: “Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado la resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que corresponda o, en su caso jurisdiccional”; de modo que, el sistema normativo regula como regla general la técnica del silencio administrativo negativo con los efectos y características ya descritas, en el entendido que esta institución tiene un carácter eminentemente garantista y protector del administrado, acercando al Estado al verdadero servicio del administrado, con el único objetivo de conducir a la sociedad al vivir bien, en razón a que el principio central que debe orientar el accionar de la Administración Pública en su conjunto es la satisfacción de las necesidades del ciudadano, respetando sus derechos y garantías, extremo ideal de respeto por la sociedad que no muchas veces se da, toda vez que los administrados sienten la infranqueable barrera que representa, el hecho que las entidades estatales actúen con indiferencia y negligencia frente a sus reclamos, vulnerando de esta manera los derechos esenciales del ser humano.

En ese marco, la Administración Tributaria en general no se encuentra exenta del cumplimiento de la obligación de otorgar una respuesta oportuna a los administrados cuando éstos acudan a sus diferentes instancias a formular peticiones, ya que no existe norma alguna que señale tal exención, más cuando ello hace al respeto y cumplimiento de un derecho fundamental, como es el derecho de petición y respuesta oportuna consagrado en el art. 24 de la CPE; no deja de ser ajeno a ese razonamiento lo dispuesto en los arts. 5.II, 8.III y 74 de la Ley N° 2492, cuando establecen, por una parte, la aplicación de los principios del Derecho Administrativo a los procedimientos tributarios administrativos, que para el caso no son sino los principios de eficacia y eficiencia como directrices formadoras del silencio administrativo, y; por otra parte, establecen la aplicación por analogía de otras ramas jurídicas cuando la norma tributaria contenga vacíos, por supuesto bajo los límites establecidos en los arts. 6 y 8 de la Ley N° 2492.

Refuerza el entendimiento anterior, lo referido ampliamente por la doctrina constitucional en cuanto a los criterios de interpretación de los derechos fundamentales, cuando se establece como uno de los criterios de interpretación, el principio “pro actione”, que a decir del jurista Edgar Carpio Marcos, tiene dos variantes principales: i) Preferencia interpretativa, según la cual el intérprete ha de preferir la interpretación que más optimice un derecho fundamental (y que se plasma en los sub-principios de favor libertatis, de protección a las víctimas o favor debilis, de prohibición de aplicación por analogía de normas restrictivas de derechos, de in dubio pro operario, de in dubio pro reo, de in dubio pro actione, etcétera), y; ii) Preferencia de normas, de acuerdo con la cual el intérprete, si puede aplicar más de una norma al caso concreto, deberá preferir aquella que sea más favorable a la persona, con independencia del lugar que ocupe dentro de la jerarquía normativa. La preferencia de normas más favorables tiene su fundamento en el art. 55 de la Convención Americana de Derechos Humanos, bajo la interpretación progresividad, en el estándar más alto y no regresividad.

En ese sentido, un razonamiento contrario al precedentemente expuesto o en el sentido desarrollado por la Autoridad de Impugnación Tributaria en sus dos instancias, no comulga con el criterio de interpretación de los derechos fundamentales, constituyendo un retroceso en la efectivización o materialización de los derechos, al limitar los mismos por la forma de interpretación efectuada en instancia administrativa, dejando al libre arbitrio de la administración tributaria en general, el otorgar o no una respuesta a la petición formulada ante sus instancias por cualquier persona, independientemente de la responsabilidad funcionaria que ello pueda generar, lo que evidentemente no se puede permitir en un estado constitucional de derecho, siendo contrario a su función y fin del estado y a la convención, por lo mismo carece de eficacia jurídica.

Por ello, resulta indudable que el silencio administrativo negativo establecido como regla general en el sistema normativo administrativo boliviano, es aplicable también en el ámbito administrativo tributario, en razón a que tiene el propósito de garantizar el derecho de petición y respuesta oportuna previsto en el art. 24 de la CPE, por lo que, el razonamiento expuesto por la Autoridad de Impugnación Tributaria en las dos instancias, no resulta correcto, al constituir el silencio administrativo negativo una mera presunción desestimativa de la petición del solicitante, con efectos simplemente procedimentales, la misma no constituye un acto administrativo en sí, de modo que no puede estar previsto expresamente en la norma positiva como un acto administrativo impugnable, y menos puede exigirse la presentación o acompañamiento de la resolución impugnada, como fue el razonamiento de las instancias administrativas recurridas, pues la exigencia de acompañar al memorial de impugnación el acto administrativo expreso que se impugna, sólo opera ante la situación regular de pronunciamiento expreso de la Administración Tributaria, no así ante el silencio administrativo negativo, si hubo respuesta, fue luego de que se configuro el silencio administrativo negativo.

No obstante lo señalado, ya en el ámbito administrativo tributario, debe considerarse también que, basado en el principio de legalidad, la norma positiva regula con precisión los actos administrativos contra los cuales se puede interponer los recursos de Alzada y Jerárquico, actos administrativos que derivan de hechos concretos establecidos por el legislador; en ese sentido, el art. 143 de la Ley N° 2492, dispone: “…El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos administrativos: 1. Resoluciones Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias; 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos; 4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas, y; 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo…”. Así también, el art. 4 de la Ley N° 3092, refiere: “…Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria”. (El subrayado es nuestro)

De lo expuesto, resulta también por demás claro que, no todo silencio administrativo negativo podría ser susceptible de impugnación, sino sólo el silencio administrativo negativo que deviene de peticiones relacionadas a los hechos materiales concretamente establecidos por la Ley como actos administrativos impugnables a través de los medios impugnatorios previstos por la Ley, en correcta aplicación del principio de legalidad establecido en el art. 6 de la Ley N° 2492 y art. 4. g) de la Ley N° 2341.

Para el caso de examen, la solicitud formulada por la parte ahora demandante en fecha 14 de julio de 2014 ante la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, sobre nulidad de notificación respecto al Acta de Intervención, y Resolución Sancionatoria de Contrabando, argumentando que nunca fue notificado en forma personal, lo que contravendría lo establecido en la Ley N° 2492; cabalmente ingresa en la previsión del art. 4 de la Ley N° 3092 de 7 de julio de 2005, por cuanto, previsiblemente la decisión a otorgarse, sea ésta positiva o negativa, es un acto administrativo definitivo de carácter particular, de modo que un silencio administrativo negativo al respecto, hace plenamente viable el Recurso de Alzada, bajo la previsión normativa citada.

Al respecto, dentro de un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional y Comunitario, cuando existe el riesgo de ocasionarse con un acto u omisión indebida un daño tan grave, como en este caso en análisis, que sea irreparable, frente al cumplimiento de formalidades, debe preferirse la tutela inmediata de bienes jurídicos en grave riesgo de afectación, porque de no resguardarse inmediatamente los derechos, se estaría convalidando o consintiendo situaciones irreversibles que atentarían los cimientos propios del Estado Constitucional Social y Democrático de Derecho, considerando que, la irreparabilidad implica que el daño que sea ocasionado por no haberse prestado una tutela pronta y oportuna, por la naturaleza del bien jurídico afectado, no podría ser restituido ni reparado por ningún medio, en el tiempo y espacio que es necesario realizarlo, toda vez que la misma entro en etapa de ejecución, por lo mismo la interpretación de normas infra constitucionales debe de efectuarse desde y conforme a la Constitución y al Bloque de Constitucionalidad. Por lo mismo resulta evidente la acusación realizada por el demandante, aspectos que no tomaron en cuenta las AIT.

VI.1.3. Con referencia a la violación al debido proceso en virtud a que ninguna actuación administrativa fue de su conocimiento.  

Al respecto, se tiene que el principio de jerarquía de los actos administrativos deriva del principio de legalidad, y prescribe que ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra norma de grado superior. En el caso presente, al no haber sido notificado el sujeto pasivo en forma personal con el acta de intervención ni con resolución sancionatoria en contrabando, ciertamente ha sido afectado en sus derechos al debido proceso y a la defensa, impidiéndole ejercer los medios de impugnación o mecanismos de defensa, causándole indefensión al sujeto pasivo ahora demandante, constituyendo esencialmente el acto ilegal lesivo de sus derechos y garantías fundamentales la falta de notificación personal.

La doctrina enseña que el fundamento de la presunción de legitimidad radica en las garantías subjetivas y objetivas que preceden a la emanación de los actos administrativos, que se manifiesta en el procedimiento que se debe seguir para la formación del acto administrativo, que debe observar las reglas del debido proceso, que comprende el derecho del sujeto pasivo de ser oído y en consecuencia exponer la razón de sus pretensiones y/o defensa.

Ahora bien, el rol del juez ya no es el de mero aplicador de la ley, sino su intérprete, quien a momento de efectuar su labor hermenéutica debe hacerlo desde y conforme a la Constitución. En el Estado de Derecho legal o en el llamado Estado Legislativo, la Ley fue concebida como una norma completa y clara, la tarea era ser su aplicador. En el constitucionalismo contemporáneo el juez tiene que interpretar la Constitución, materializando derechos fundamentales, haciendo justicia, conforme estableció la SC N° 2246/2012, 8 de noviembre.

Por otro lado, los jueces de un Estado parte, están sometidos a la convención, con el deber y poder de realizar el control de convencionalidad de las normas internas y la Convención Americana, cuando resuelven un caso, si de dicho control observan que la ley doméstica es contraria a la convención debe de  implicarlo, como ejemplo se cita el Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, Sentencia del 24.11.2006. Siguiendo con esa línea la CIDH en Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Sentencia del 26.9.2006, estableció que los jueces están sometidos a la convención, teniendo el deber de materializar y optimizar dicho contenido, ante una eventual colisión con las normas internas, el juez tiene el deber de inaplicar, por su falta de validez material, al carecer de efectos jurídicos. Toda ley contraria al objeto y fin de las disposiciones de la convención, no causan efectos jurídicos, por lo tanto, el juez tiene el deber de contrastar con el contenido de constitución, las normas del bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia de la CIDH, aspecto extensible a las Gerencias Regionales del SIN y a las instancias de la AIT. Sin embargo; no ocurrió, toda vez que ninguna actuación administrativa fue de conocimiento del sujeto pasivo, lesionando su derecho a la defensa sin acceder a los actuados, en igualdad de condiciones. Por lo que resulta evidente la acusación realizada por el demandante.

VI.5. Conclusiones

En el marco de la fundamentación jurídica precedente y de la pretensión deducida en la demanda, se concluye lo siguiente:

Que, la notificación en tablero de secretaría con el acta de intervención por la carencia de sus requisitos de validez, contraviene lo establecido por los arts. 84 y 85, del CTB. Que, al haberse notificado por cédula sin cumplir los requisitos exigidos, contraviene los arts. 83.I, 84 y 85 del CTB, en razón a la amplia jurisprudencia esgrimida.

Que, la notificación con la resolución sancionatoria de contrabando, por edictos en ausencia de los requisitos anotados, contraviene los arts. 83.I, 84 y 85 del CTB, aspectos que no fueron observados de forma correcta por la Autoridad Regional de la Aduana Nacional de Bolivia, Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, Autoridad General de Impugnación Tributaria, por lo mismo, afecta principios, el derecho al debido proceso y la defensa del demandante. Que el silencio administrativo negativo hace plenamente viable el Recurso de Alzada, que no fue considerado por los de instancia.

La falta de notificación personal con el acta de intervención y la resolución sancionatoria de contrabando, implica nulidad de obrados, no advertidos y determinados por la ARIT y la AGIT, por ende vulnera el derecho a la defensa, el debido proceso establecidos en los artículos 115, 117 y 119 de la CPE.

Por lo ampliamente expuesto, sobre la base de las normas cuya aplicación corresponde aplicar el principio de verdad material corresponde anular hasta la notificación con el acta de intervención.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en los arts. 778 y 780 del Código de Procedimiento Civil, y los  arts. 2.2) y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contencioso administrativa de fojas 11 a 15 vta., interpuesta por Victor Alberto Urzagasti Fuentes, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria; en consecuencia se deja sin efecto la Resolución AGIT-RJ 1395/2015 de 3 de agosto; la Resolución ARIT-CSZ/RA 0429/2015 de 11 de mayo; la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS 061/2012 de 14 de febrero; en su mérito, se anula hasta la notificación con el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0064/2008 de 22 de diciembre; para que la Administración Aduanera en base a los lineamientos de la presente resolución, efectué una nueva notificación con la citada acta de intervención, velando las garantías procesales establecidas en la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada. Sea con las formalidades de rigor.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.