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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



SENTENCIA Nº 07/2017

EXPEDIENTE             : 261/2015

DEMANDANTE             : Victor Alberto Urzagasti Fuentes

DEMANDADO(A)             : Autoridad General de Impugnación Tributaria

TIPO DE PROCESO             : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA  : R.J. AGIT-RJ 1481/2015 de fecha 10/08/2015

MAGISTRADO RELATOR             : Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

LUGAR Y FECHA             : Sucre, 18 de enero de 2017

VISTOS EN SALA: La demanda contencioso administrativa de fs. 14 a 19 vta., interpuesta por Víctor Alberto Urzagasti Fuentes, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1481/2015 de 10 de agosto, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, el apersonamiento de la Gerencia Regional de Santa Cruz de la Aduana Nacional como tercer interesado de fs. 27 a 29, la contestación a la demanda de fs. 53 a 60 vta., los memoriales de réplica y duplica de fs. 82 a 83 vta., y 85-B a 86-B vta.; los antecedentes del proceso, y

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1. Antecedentes de la demanda

Que, Víctor Alberto Urzagasti Fuentes, denuncia que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-JR 1481/2015 de 10 agosto, no realizó una correcta interpretación y debida aplicación de la ley, respecto a la solicitud de nulidad de notificación con el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria en Contrabando, presentado a la Gerencia Regional de Santa Cruz de la Aduana Nacional por memorial el 14 de julio y resuelto por Proveído, el 8 de diciembre de 2014, con el cual habría sido notificado mediante Cédula, el 6 de enero de 2015 con vicios que ameritan la nulidad de la actuación de la Gerencia Regional de Santa Cruz de la Aduana Nacional.

I.2. Fundamentos de la demanda

1.2.1.         El demandante refiere que el 14 de julio de 2014, solicitó a la Gerencia Regional de Santa Cruz de la Aduana Nacional la nulidad de la notificación con el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0042/2008 de 23 de 0ctubre y con la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-ULEZR-RS 147/2012 de 15 de octubre, porque no fue notificado personalmente. La Gerencia Regional de Santa Cruz de la Aduana Nacional por Proveído de 8 de diciembre de 2014, dispuso no ha lugar a la nulidad, dando por válida la notificación con el Acta de Intervención en Tablero (de Secretaria), otorgando 3 días para formular descargos por escrito y ofrecer pruebas, al amparo del art. 90 de la Ley 2492 y la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-ULEZR-RS 147/2012 de 15 de octubre, fue notificada por Edictos de fechas 08/01/2013 y el 15/01/2013, en aplicación del art. 86 de la Ley 2492. Este actuar según el demandante contravendría el art. 33.I) de la Ley No. 2341 que obliga a la Administración Pública a notificar a los interesados en las formas previstas por los arts. 83.1, 84 y 85 de la Ley N° 2492, sea de manera Personal, por Cédula o por Edictos.

l.2.2. Sostiene que la forma de proceder de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional vulnera el debido proceso, en su elemento al derecho a la defensa y al principio de seguridad Jurídica previsto en el art. 68.6) de la Ley N° 2492, el principio de legalidad contenido en el art. 6 de la Ley N° 2492 y en los arts. 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado y solicita sean enmendados en el marco de las Sentencias Constitucionales No. 0136/2003-R de 6 de mayo, 1842/2003-R de 12 de diciembre de 2003, 1234/2000-R de 21 de diciembre, 128/2001-R, 378/2000-R, 0887/2005-R de 29 de julio.

1.2.3. Sobre la nulidad y anulabilidad previsto en el art. 35.II y 36.IV de la Ley de Procedimiento Administrativo, refiere que éste Tribunal Supremo desarrolló línea jurisprudencial, en sentido que éstas sólo podrán ser invocadas mediante la interposición de los recursos administrativos previstos por ley, sin embargo, la excepción a ésta regla, se encuentra en el art. 55 del DS N° 27113, Reglamento de la Ley N° 2341, que dispone la revocación, la anulabilidad del acto cuando el vicio ocasione la indefensión o lesione el interés público. Entendida la indefensión como la falta de conocimiento del proceso seguido en su contra, desarrollado en la SC No. 1357/2003 de 18 de septiembre.

1.3. Petitorio

Concluye solicitando declarar probada la demanda, revocando totalmente la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1481/2015 de 10 de agosto y el Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0454/2015 de 15 de mayo y nulo el proveído de 8 de diciembre de 2014 el acta de intervención y la resolución sancionatoria de contrabando.

I.4. Admisibilidad

Por Decreto de 21 de octubre de 2015 de fs. 22, se admitió la demanda de conformidad a los arts. 327, 379 y 380 del Código de Procedimiento Civil y 2.2) de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, corriéndose traslado a la entidad demandada y al tercer interesado conforme a ley.

II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

La Autoridad General de Impugnación Tributaria, representada por Daney David Valdivia Coria, dentro el plazo previsto por ley, por memorial de fs. 53 a 60 vta., contesta negativamente los argumentos de la demanda expresando:

Que, la Resolución impugnada cuenta con los fundamentos técnicos jurídicos y por ello refuta los fundamentos incongruentes de la demanda, aduciendo que en Alzada y en el Jerárquico el sujeto pasivo, sostuvo la vulneración al derecho a petición, configuración del Silencio Administrativo y Nulidad de notificación del proveído de 08 de diciembre de 2014 que respondió la solicitud de nulidad de notificación con el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria en Contrabando porque no fue notificado personalmente. En cambio, en la demanda no hace mención al supuesto silencio administrativo y a la nulidad de la notificación con el proveído de 8 de diciembre de 2014 y pretende la nulidad de actos administrativos como del Acta de Intervención y Resolución Sancionatoria en Contrabando, que resulta incongruente con los datos del proceso y lo resuelto por la AGIT, conforme refiere el art. 198.I del Código Tributario, que establece la forma que deben observar los recursos y la obligación que tiene el recurrente de fundamentar sus agravios y el art. 211.1 de la citada norma, que prevé la forma en que deben observar las resoluciones de alzada y jerárquico, es decir, deben circunscribirse a las pretensiones planteadas por las partes. Conforme a las Sentencias N° 273-A de 15/11/2012 de Sala Plena y la 0228/2013 de 2 de julio.

Con relación a la notificación, arguye que por el principio de convalidación, toda nulidad de notificación, queda convalidada por el consentimiento, aún en el supuesto caso que falte un elemento, no corresponde la nulidad, cuando el acto aun siendo defectuoso fue consentido por el litigante, ya sea expresa o tácita, expresa cuando el agraviado refiere su falta de intención de reclamar y tácita se opera cuando el agraviado no formula reclamo alguno en la primera oportunidad, dejando precluir su derecho. En ese sentido, la notificación realizada al sujeto pasivo con el Proveído de 8 de diciembre de 2014, se efectuó por Cédula conforme dispone el art. 85 de la Ley 2492.

En cuanto al memorial de 14 de julio de 2014, sostiene que la Administración Aduanera se pronunció mediante Proveído de 8 de diciembre de 2014, que dispuso no ha lugar a la solicitud de nulidad de las notificaciones, notificado con el mismo el sujeto pasivo por Cédula, el 6 de enero de 2015, de tal modo refiere que no se contravino el del art. 17.I de la Ley N° 2341, tampoco se configuró el Silencio Administrativo, enunciado por el sujeto pasivo en el recurso de alzada y mencionado por la Administración aduanera en la respuesta al recurso de alzada, toda vez que el pronunciamiento fue en cumplimiento al art. 211 del CTB., habiendo conocer que la notificación se efectuó dentro del procedimiento establecido en los arts. 83.I.3 y el 85 de la Ley N° 2492, que cumplió su finalidad, de modo tal, que no vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso, previstos en los arts. 116.I, 117.I.II y 119.I de la Constitución Política del Estado.

Con esos argumentos solicita a éste Tribunal, no se pronuncie respecto a la nulidad de las notificaciones del Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria en Contrabando que al no ser parte de la impugnación en alzada y jerárquico, no puede ser parte de la demanda y que los argumentos expuestos por el demandante han sido desvirtuados en observancia del principio de legalidad que refiere que nadie pueda ser sancionado, sino en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en el que se respetó los derechos y las garantías establecidas por ley, y en las SSCC N° 347/2012 de 22 de junio y 0776/2011-R de 20 de mayo, referidas al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa.

II. Petitorio

Con esos argumentos solicita declarar improbada la demanda Contenciosa Administrativa, manteniendo firme y subsistente la Resolución AGIT-RJ 1481/2015 de 10 de agosto.

III. DE LOS ARGUMENTOS DEL TERCERO INTERESADO

La Gerencia Regional de Santa Cruz de la Aduana Nacional, representada por Guadalupe Orellana Medrano y Andreyna Karla Arraya Bernal, a tiempo de apersonarse al proceso, por memorial de fs. 27 a 29 como tercero interesado, responden respecto de la nulidad de notificaciones; sobre la falta de actuados que preceden la notificación por edictos; sobre la impugnación del silencio administrativo; y, sobre la vulneración del debido proceso.

Señalan que la Administración Aduanera realizó actuados en cumplimiento del art. 68.8) de la Ley N° 2492 del CTB, que establece el derecho del Sujeto pasivo a ser informado de inicio a conclusión de la fiscalización, en ese marco, habría procedido a notificar al Sujeto Pasivo en Tablero, conforme lo dispuesto por el art. 90 de la norma referida, que dispone que los actos que no requieran de notificación personal, serán notificados en Secretaria, debiendo el sujeto pasivo asistir ante esa instancia administrativa todos los días miércoles de cada semana, para notificarse con las actuaciones que se hubieran producido en su caso. La inconcurrencia, no impide la notificación. Que en el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa refiere que serán notificadas bajo ese medio, por lo que, en ningún momento se negó el derecho a la información, en el caso, se subsumió la conducta del sujeto pasivo como ilícito de Contrabando, previsto en el art. 181 del CTB; sin embargo, por efecto del art. 56 de la Ley Financial de la Gestión 2009 que incorporó la ampliación del monto para sustanciar el Contrabando por la vía contravencional, cuando la mercadería no supere las 200.000 UFVs, sin aperturar la competencia del Ministerio Público, entonces ante el rechazo del caso, se dispuso la notificación con el Acta de Intervención, que dio inicio al proceso administrativo por Contravención Aduanera, no se restringió el acceso a la información y menos se vulneró el debido proceso en su elemento del derecho a la defensa como aduce el demandante, solamente cumplió con lo dispuesto por el art. 83 y 86 de la Ley 2492 del CTB, por tanto no corresponde la nulidad conforme el pronunciamiento de las autoridades administrativas.

III.1. Petitorio

Concluyen, solicitando declarar improbada la demanda Contenciosa Administrativa, manteniendo firme la validez de la Resolución de Recurso Jerárquico y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS- 147/2012 de 15 de octubre y el proveído de ejecución tributaria AN-ULEZR-PET 377/2014 de 30 de septiembre.

IV. DE LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL

Que, el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, el art. 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere recurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que, así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los arts. 2.2 y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con el art. 775 del Código de Procedimiento Civil (CPC), y la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439 (Código Procesal Civil), que señala: “De conformidad a lo previsto por la Disposición Transitoria Décima de la Ley N° 025 de 24 de junio de 2010, Ley del Órgano Judicial, quedan vigentes los arts. 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil, sobre Procesos: Contencioso y Resultante de los Contratos, Negociaciones y Concesiones del Poder Ejecutivo y Contencioso Administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo, hasta que sean regulados por Ley como jurisdicción especializada”; reconocida la competencia de esta Sala del Tribunal Supremo de Justicia, para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

V. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

Que, a raíz de la investigación realizada a la Agencia Despachante de Aduana LOMALTA S.R.L., ante la inconsistencia de datos en las declaraciones aduaneras, la Gerencia Regional de Santa Cruz de la Aduana Nacional, emitió el Acta de Intervención N° GRSCZ-UFIZR-0042/2008 en 23 de octubre, contra Víctor Alberto Urzagasti, entre otros, aclarando que los tres últimos fueron implicados durante la investigación por José María Urzagasti, por la presunta comisión del ilícito de contrabando, denunciados ante el Ministerio Público.

Que, en mérito a la Resolución de Rechazo de 17 de diciembre de 2009 del Acta de Intervención N° GRSCZ-UFIZR-0042/2008 emitida por el Fiscal de Materia, la Administración Aduanera, se emitió el Informe Legal AN-ULEZR-IL-No 360/2010 de 4 de octubre de 2010, disponiendo que el hecho se sustancie en la vía Contravencional Aduanera.

En ese orden, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB emitió el proveído de fecha 1 de octubre del 2010, por el que ordenó el inicio del correspondiente proceso administrativo debiendo aplicarse lo establecido por el art. 90 del CTB, y se realice la notificación entre otros al demandante con el acta de intervención y el presente decreto, otorgándosele un plazo de 3 días computables a partir de su notificación legal formule por escrito sus descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan su derecho. Que fue notificada en tablero en secretaria el 16 de febrero de 2011.

Que, el 15 de octubre de 2012, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-147/2012, declarando probada la comisión de Contrabando Contravencional contra Jose Luis Robles Justiniano, Víctor Alberto Urzagasti, José María Urzagasti Aguilera,  como (Representante legal de la Agencia Despachante LOMALTA S.R.L.), Silver Heredia, José Pereira, haciendo constar que no existe mercancía comisada, en aplicación a lo establecido en el art. 181.II del Código Tributario, impuso la multa del 100% del valor de la mercancía descrito en el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-N° 0042/2008, equivalente a $us. 27.232 (Veintisiete mil doscientos treinta y dos 00/100 Dólares Americanos) y demás medidas dispuestas en la misma. Que fue notificado mediante edictos de fechas 08/01/2013 y 15/01/2013.

En conocimiento extraoficial a decir de Víctor Alberto Urzagasti Fuentes de los actos administrativos en su contra, en fecha 14 de julio de 2014 presentó memorial a la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, solicitando la Nulidad de Notificación respecto del Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0042/2008 de 23 de octubre y la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-ULEZR-RS 147/2012 de 15 de octubre, bajo el fundamento que nunca habría sido notificado personalmente, contraviniendo la Ley N° 2492.

En respuesta, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, por Proveído de 8 de diciembre de 2014 determinó no ha lugar a la nulidad solicitada, porque procedió a la notificación con el Acta de Intervención (en Secretaria) el 16/02/2011 en aplicación del art. 90 de la Ley N° 2492 y con la Resolución Sancionatoria en Contrabando, fue notificado mediante Edictos el 8/01/2013 y el 15/01/2013 en el diario de circulación nacional El Mundo, en aplicación del art. 86 de la Ley 2492 CTB.

Por memorial de 23 de enero de 2015 el sujeto pasivo, formuló Recurso de Alzada, mismo que fue resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, por Resolución ARIT- SCZ/RA 0454/2015 de 15 de mayo, confirmando el proveído de 8 de diciembre del 2014.

La resolución de Recurso de Alzada fue impugnada mediante Recurso Jerárquico por Víctor Alberto Urzagasti Fuentes, siendo resuelta por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, por Resolución AGIT-RJ 1481/2015 de 10 de agosto, confirmando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0454/2015 de 15 de mayo, en consecuencia se mantiene firme y subsistente el proveído de 8 de diciembre de 2014.

Que, por memorial de fs. 82 a 83 vta., el demandante presenta réplica, en concreto se ratifica en que no fue notificado en forma personal con ningún actuado procesal administrativo, conforme al art. 84.1 de la Ley 2492, lo cual vulnera el derecho a la defensa, el debido proceso aspectos que no fueron valorados tanto en la instancia de Alzada como en el Jerárquico.

Que, por memorial de fs. 85-B a 86 vta., la autoridad demandada presenta duplica, con similares argumentos expuestos en la contestación responde a la réplica arguyendo que la demanda carece de congruencia con relación a los actos impugnados en sede administrativa y solicita declarar improbada la demanda.

Concluido, el trámite del proceso, se decretó Autos para sentencia, conforme la providencia de 13 de abril de 2016 de fs. 87.

V. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Del contenido de la demanda, los antecedentes administrativos y la contestación, se advierte que el argumento sustancial de la demanda consiste en las supuestas vulneraciones que se hubieran producido por la Autoridad Jerárquica al pronunciar la Resolución hoy impugnada, de acuerdo con los siguientes supuestos: 1) La Administración Aduanera habría llevado adelante un proceso sumario contravencional en total vulneración a sus derechos, habiéndose realizado el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0042/2008 de 23 de octubre y emitido la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-ULEZR-RS 147/2012 de 15 de octubre, actuados con los que nunca fue notificado en forma personal y que por lo tanto son nulos, por contravenir las disposiciones establecidas en el CTB en sus arts. 83.1 y 84, vulnerando su legítimo derecho a la defensa y principio del debido proceso tutelados por la CPE. 2) Que, durante todo el procedimiento se transgredió el principio fundamental al debido proceso en virtud a que ninguna actuación administrativa fue de su conocimiento, siendo que su derecho a la defensa debió haber sido con acceso a los actuados, en igualdad de condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

VI. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente del proceso, se evidencia lo siguiente:

VI.1.1. En referencia a la falta de notificación con el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria de Contrabando.

Al respecto se tiene que, la autoridad Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, por auto de fecha 1 de octubre de 2010,  ante la resolución de rechazo del fiscal, dentro de las investigaciones iniciadas a través de la tal intervención, dispone el inicio del proceso administrativo por contravención aduanera de contrabando, ordena el inicio del proceso administrativo, dictamina la notificación entre otros a Urzagasti Víctor Alberto, con el acta de intervención y su decreto, para que en plazo de 3 días a partir de su notificación, formule por escrito sus descargos y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho como se evidencia a fs. 341 del anexo 2.

Por diligencia de notificación en tablero de fecha 16 de febrero del 2011, la Gerencia regional Santa Cruz, notificó en tablero a Víctor A. Urzagasti entre otros sujetos pasivos, con el acta de intervención y su proveído, del que se observa como testigo de actuación al señor Justo Mamaní Riveros, signada en la parte final de la actuación, empero; en su rúbrica simplemente lleva la leyenda testigo de actuación CI 5985814 LP., aspecto que le quita su validez al no identificar si se trata de la misma persona, más aun tratándose de un acto de tan importante transcendencia, porque otorga plazo para que este derecho, formule descargos y las pruebas para asumir defensa, dentro de la sustanciación de un debido proceso en igualdad de condiciones.

Asimismo, tampoco se consignó el segundo apellido en el proveído y en la diligencia de notificación del sujeto pasivo, por lo mismo, no existe individualización, careciendo de defectos formales para su validez, como se evidencia de fs. 340 y 341 del anexo referido, aspecto que vulnera el art. 83.II del CTB, al no ajustarse a las formas del que deben de estar revestidas para su validez.

Que, de fs. 320 a 323 del mismo anexo, cursa la resolución sancionatoria en contrabando de fecha 15 de octubre de 2012, por el que la Gerencia Regional Santa Cruz resuelve declarar probada la comisión de contrabando contravencional, contra varios sujetos pasivos, entre otros, a Víctor Alberto Urzagasti, resolucn que indica tomando en cuenta que no existe mercancía comisada en aplicación del art. 181.II del CTB, impone la sanción de 100% del valor de la mercancía descrito en el acta de intervención equivalente a $us 27.232, dispone que la administración procede a la anulación del DUI, comunicando al RUAT para el bloqueo en el sistema. Por otro lado establece que en coordinación con el Control Operativo Aduanero, Policía y Fuerzas Armadas, dispone la captura del vehículo descrito en el acta de intervención. Pone en conocimiento a la unidad de servicios al operador de la Aduana Nacional para efectos de control y seguimiento relacionados con el ejercicio de actividad de la Agencia despachante de la aduana LOMALTA SRL. Instruye la ejecución tributaria. Otorga al sujeto pasivo 20 días para interponer el recurso de alzada y 15 días para recurrir al procedimiento contencioso tributario conforme se evidencia de fs. 320 a 323 del anexo 2.

Este acto por su contenido al imponer la sanción de 100%; al disponer que la administración procederá a la anulación del DUI, comunicando al RUAT para el bloqueo en el sistema; estableciendo que en coordinación con el control operativo aduanero, policía y fuerzas armadas disponiendo la captura del vehículo; instruyendo la ejecución tributaria, y; otorgando al sujeto pasivo 20 días para interponer el recurso de alzada y 15 días para recurrir al procedimiento contencioso tributario, conlleva trascendencia vital por los derechos que dispone, por lo mismo la comunicación debe de estar revestida de todas las formalidades legales para su validez, inclusive interpretando las normas infraconstitucionales desde y conforme a la Constitución y al Bloque de Constitucionalidad que es la esencia del Estado de Derecho Constitucional que tomo forma el estado Boliviano.

De la revisión de obrados se tiene que, en fechas 8 y 15 de enero de 2013, se procedió a notificar mediante edictos en el periódico El Mundo, empero; no se consigna el apellido materno del sujeto pasivo, en la resolución sancionatoria en contrabando, así como en los edictos, por lo mismo no se encuentra individualizado, por lo que carece de requisitos formales para su validez. Asimismo, no existe avisos de visita, representación para concluir en una notificación mediante cédula, o procedimiento alguno que dieren lugar a la notificación mediante edicto, recayendo en el incumplimiento de los requisitos que otorgan su validez a la diligencia que exige el art. 85 del CTB; la CPE y las normas del bloque de constitucionalidad.

Que, el debido proceso es un derecho-garantía-principio, está establecido y consagrado en la Constitución Política del Estado en su art. 115.II, que determina: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, la Ley Fundamental tiene una aplicación preferencial a las demás normas, de conformidad al art. 410.II al disponer: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…”, de esta manera, el art. 117.I establece: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”, bajo estos preceptos la Sentencia Constitucional Plurinacional  Nº 0998/2014 de 5 de junio, refirió: “el alcance del debido proceso garantizado por la Constitución Política del Estado, señalando que: …asegura a las partes el conocimiento de las resoluciones pronunciadas por el órgano judicial o administrativo actuante durante el proceso, a objeto de que pueda comparecer en el juicio y asumir defensa, y en su caso hacer uso efectivo de los recursos que la ley le franquea.” En virtud de ello, los órganos jurisdiccionales que conozcan de un proceso deben observar los principios, derechos y normas que la citada garantía resguarda, que ante la vulneración de los mismos se tiene por conculcada la referida disposición constitucional al no haberse otorgado dichos parámetros.

Ahora bien, la importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo, no es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, respetando los principios procesales de publicidad, inmediatez; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, entre otros, derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna incluso en sede administrativa, estos mandatos de optimización constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes, sin embargo, en el caso en análisis no se tomó medidas para garantizar la igualdad del sujeto pasivo.

El debido proceso es el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomode a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, exegesis a la que se encuentran obligados los jueces como garantes efectivos de materializar el debido proceso al tratarse de un derecho humano, es un fin y función del Estado.

Se entiende que, el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica, con este entendimiento uno de los parámetros principales para un debido proceso es la defensa, y el conocimiento del sujeto pasivo del inicio de un proceso en su contra, en este caso, el conocimiento del acta de intervención y la resolución sancionatoria en contrabando, por parte del hoy demandante Victor Alberto Urzagasti Fuentes; no puede presumirse que el asumió defensa, por el contenido y magnitud, relevancia que implican dichos actos, para considerarse que estuvo en igualdad de condiciones presentando sus descargos; la Administración Aduanera en el marco de sus competencias, tenía la obligación de que los actos y las diligencias cuenten con la individualización y estén revestidos de los requisitos para su validez, no es lógico, menos razonable que el mismo Estado instrumente sus actos en contrasentido de sus funciones y fin.

En ese sentido, la SC 0281/2010-R de 7 de junio, ha complementado el entendimiento, al establecer: Como se puede advertir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece claramente que el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente…. Razonamiento que a su vez fue reiterado en la SCP 0169/2012 de 14 de mayo, por lo mismo el debido proceso debe de sustanciarse no solo en su faceta vertical, sino al contrario en su faceta horizontal en todo proceso, incluso en área administrativa, garantizando su sustanciación, interpretando la ley desde y conforme a la constitución y las normas del bloque de constitucionalidad, en cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado asumió ante la comunidad internacional, garantizando a través de sus jueces e instancias administrativas su cumplimiento.

Asimismo la SC 0981/2010-R de 17 de agosto, con relación a su triple dimensión y a los elementos que lo integran en consonancia con los tratados internacionales ha señalado: En el ámbito normativo, el debido proceso se manifiesta en una triple dimensión, pues por una parte, se encuentra reconocido como un derecho humano por instrumentos internacionales en la materia como el Pacto de San José de Costa Rica art. 8 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 14, que conforme al art. 410.II de la Constitución Política del Estado vigente, forman parte del bloque de constitucionalidad, y también se establece como un derecho en el art. 115.II; por otra, al mismo tiempo en el ámbito constitucional, se le reconoce como derecho fundamental y como garantía jurisdiccional: configuración jurídica contemplada por el art. 16 de la CPE abrogada, que se ha mantenido y precisado en el art. 117.I) de la CPE que dispone: 'Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”; en ese sentido, se vulnero la garantía-principio-derecho del sujeto pasivo.

De lo que se infiere que, la notificación en tablero con el acta de intervención y su proveído carece de requisitos para su validez, y ante la inexistencia individualización del sujeto pasivo, del testigo de actuación, en razón a su contenido, alcance y determinación del acto, no puede soslayarse como perfectible, aspecto que debieron ser observados por la autoridad regional y las instancias de la AIT.

Que, ante la inexistencia de avisos de visita, y la respectiva representación, para concluir en una notificación por cedula y/o procedimiento alguno que diere lugar a la notificación por edicto con la resolución sancionatoria en contrabando, dicha diligencia no puede ser considerada válida dentro de un estado de derecho que tiene como fin y función a través de sus jueces e instancias administrativas la materialización del derecho sustancial que resulta ser el fin en sí mismo; que el derecho adjetivo constituye un medio para alcanzar el primero, consagrando la esencia del estado constitucional de derecho, dando cumplimiento a su función de garante efectivo, incluso bajo la sanción de activarse la acción de repetición por los daños causados a los responsables.

Por lo que la acusación realizada por el demandante resulta evidente, la autoridad regional y las instancias de la AIT, no obraron de forma correcta, y las notificaciones realizadas carecen de validez por los fundamentos expuestos.

VI.1.2. Con referencia a que durante todo el procedimiento se transgredió el debido proceso en virtud a que ninguna actuación administrativa fue de su conocimiento.

Al respecto, se tiene que el principio de jerarquía de los actos administrativos deriva del principio de legalidad, y prescribe que ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra norma de grado superior. En el caso presente, al no haber sido notificado el sujeto pasivo en forma personal con el acta de intervención ni con la resolución sancionatoria en contrabando, ciertamente ha sido afectado en sus derechos al debido proceso y a la defensa, impidiéndole ejercer los medios de impugnación o mecanismos de defensa, causándole indefensión al sujeto pasivo ahora demandante, constituyendo esencialmente el acto ilegal lesivo de sus derechos y garantías fundamentales la falta de notificación personal.

La doctrina enseña que el fundamento de la presunción de legitimidad radica en las garantías subjetivas y objetivas que preceden a la emanación de los actos administrativos, que se manifiesta en el procedimiento que se debe seguir para la formación del acto administrativo, que debe observar las reglas del debido proceso, que comprende el derecho del sujeto pasivo de ser oído y en consecuencia exponer la razón de sus pretensiones y/o defensa.

Ahora bien, el rol del juez ya no es el de mero aplicador de la ley, sino su intérprete, quien a momento de efectuar su labor hermenéutica debe hacerlo desde y conforme a la Constitución. En el Estado de Derecho legal o en el llamado Estado Legislativo, la Ley fue concebida como una norma completa y clara, la tarea era ser su aplicador. En el constitucionalismo contemporáneo el juez tiene que interpretar la Constitución, materializando derechos fundamentales, haciendo justicia, conforme estableció la SC N° 2246/2012, 8 de noviembre.

Por otro lado, los jueces de un Estado parte, están sometidos a la convención, con el deber y poder de realizar el control de convencionalidad de las normas internas y la Convención Americana, cuando resuelven un caso, si de dicho control observan que la ley doméstica es contraria a la convención debe  implicarlo; como ejemplo citamos, el Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, Sentencia del 24.11.2006; siguiendo con esa línea la CIDH en Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Sentencia del 26.9.2006, estableció que los jueces están sometidos a la convención, teniendo el deber de materializar y optimizar dicho contenido, ante una eventual colisión con las normas internas, el juez tiene el deber de inaplicar, por su falta de validez material, al carecer de efectos jurídicos. Toda ley contraria al objeto y fin de las disposiciones de la convención, no causan efectos jurídicos, por lo tanto, el juez tiene el deber de contrastar con el contenido de constitución, las normas del bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia de la CIDH, aspecto extensible a las Gerencias regionales del SIN y a las instancias de la AIT. Sin embargo; no ocurrió, toda vez que ninguna actuación administrativa fue de conocimiento del sujeto pasivo, lesionando su derecho a la defensa sin acceder a los actuados, en igualdad de condiciones.

En ese marco, el tratadista Eduardo Couture en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil, afirmó que: "frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho". Finalmente, el principio de protección, establece que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella quedan indefensos los intereses del litigante en este caso del sujeto pasivo, ese ataque a su derecho, quien reclamo en sede administrativa y las dos instancias de AIT, sin embargo no realizaron una correcta interpretación..

La indefensión, de acuerdo con lo que expresa Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, “Es la situación en que se encuentra quien no ha sido defendido o no se ha defendido, sin culpa por su parte, en un juicio que lo afecta. Esa indefensión vulnera el principio de inviolabilidad de la defensa, que suele representar una garantía constitucional.

A mayor abundamiento, continuando con lo expresado en el acápite precedente, Víctor De Santo, en su obra, “Nulidades Procesales”, segunda edición, página 53, en relación con la invocación del perjuicio, manifiesta: “La nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés del formal cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso de ritual no compatible con el buen servicio de justicia. (…) Quien intenta la nulidad de un acto procesal debe expresar el perjuicio sufrido, ya que es preciso que la irregularidad haya colocado a la parte en estado de indefensión, pero de una indefensión real.” Por el contenido de lo dispuesto tanto, en el acta de intervención y la resolución sancionatoria en contrabando, se causó un perjuicio irreparable al sujeto pasivo, con la notificación y su falta de requisitos para su validez, que no pueden darse por bien hecho dentro un estado Constitucional de derecho.

El rol del juez en el proceso aduanero en el Estado Constitucional de Derecho por mandato imperativo del art. 180.I de CPE, extensible a sede administrativa y las instancias de la AIT, tenían el deber de administrar justicia previendo los principios procesales entre otros el de: debido proceso, legalidad, celeridad, eficacia, eficiencia, inmediatez, verdad material, sustentados en valores axiomáticos contenidos en el art. 8.II de la norma suprema. Es ahí donde cobra mayor relevancia y trascendencia, los derechos por ende no solo debieron tomar en cuenta las normas infra constitucionales, sino, los principios procesales que buscan la materialización del derecho sustantivo o material invocado por el sujeto pasivo, que obligaba a los juzgadores a buscar la prevalencia de la verdad material sobre la formal; al interpretar la ley procesal.

Por lo mismo, debieron tener en cuenta que el objeto del proceso es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley. En caso de duda debieron atender a los principios constitucionales y los de la norma adjetiva que regula la materia;  sobre los principios generales del derecho procesal, el tratadista Eduardo Couture, al respecto refirió: Al hombre sediento de justicia hay que darle una respuesta, respuesta que en un Estado Democrático de Derecho Constitucional debe guardar relación con los derechos y las garantías establecidas en la Constitución, las Leyes y los Tratados Internacionales”.

Los juzgadores de sede administrativa y las instancias de la AIT, tenían el deber de resolver la causa sometida a su conocimiento velando por el cumplimiento del fin esencial del proceso  que es la materialización del derecho sustancial sobre el formal, en su rol de verdadero activista y defensor de los derechos y las garantías constitucionales del sujeto pasivo; exige del Estado a través de los jueces e instancias administrativas, protección especial y reforzada, para materializar y efectivizar el derecho material que denuncio el ahora demandante, donde se dilucidaban derechos al debido proceso y a la defensa. Cuyo procedimiento se constituye en el medio para concretar el fin, que en última instancia es la realización del derecho sustantivo, resolviendo el conflicto, restituyendo la paz y armonía social. Por lo que resulta evidente la acusación realizada por el demandante.

VI.5. Conclusiones

En el marco de la fundamentación jurídica precedente y de la pretensión deducida en la demanda, se concluye lo siguiente:

Que, la notificación en tablero de secretaría con el acta de intervención por la carencia de sus requisitos de validez, contraviene lo establecido por los arts. 84 y 85, del CTB. Que, al haberse notificado por cédula sin cumplir los requisitos exigidos, contraviene los arts. 83.I, 84 y 85 del CTB, en razón a la amplia jurisprudencia esgrimida.

Que, la notificación con la resolución sancionatoria de contrabando, por edictos en ausencia de los requisitos anotados, contraviene los arts. 83.I, 84 y 85 del CTB, aspectos que no fueron observados de forma correcta por la Autoridad Regional de la Aduana Nacional de Bolivia, Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, Autoridad General de Impugnación Tributaria, por lo mismo, afecta principios, el derecho al debido proceso y la defensa del demandante.

La falta de notificación personal con el acta de intervención y la resolución sancionatoria de contrabando, implica nulidad de obrados, no advertidos y determinados por la ARIT y la AGIT, por ende vulnera el derecho a la defensa, el debido proceso establecidos en los arts. 115, 117 y 119 de la CPE.

Por lo ampliamente expuesto, sobre la base de las normas cuya aplicación corresponde aplicar el principio de verdad material corresponde anular hasta la notificación con el acta de intervención.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en los arts. 778 y 780 del Código de Procedimiento Civil, y los  arts. 2.2 y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 14 a 19 vta., interpuesta por VICTOR ALBERTO URZAGASTI FUENTES, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria; en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución AGIT-RJ 1481/2015 de 10 de agosto; la Resolución ARIT-CSZ/RA 0454/2015 de 15 de mayo; la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS 147/2012 de 15 de octubre y la providencia de fecha 8 de diciembre del 2014; en su mérito, se anula hasta la notificación con el Acta de Intervención GRSCZ-UFIZR-0042/2008 de 23 de octubre; para que la Administración Aduanera en base a los lineamientos de la presente resolución, efectué una nueva notificación con la citada acta de intervención, velando las garantías procesales establecidas en la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad. 

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada. Sea con las formalidades de rigor.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.