TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




SENTENCIA Nº 04/2017

EXPEDIENTE             : 117/2015

DEMANDANTE             : Mary Torrico Moreira

DEMANDADO(A)             : Autoridad General de Impugnación Tributaria

TIPO DE PROCESO             : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA  : R.J. AGIT-RJ 0187/2015 de fecha 03/02/2015

MAGISTRADO RELATOR             : Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

LUGAR Y FECHA             : Sucre, 18 de enero de 2017

VISTOS EN LA SALA: La demanda contencioso administrativa de fs. 34 a 36 vta., impugnando la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT RJ-0187/2015 de 03 de febrero, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la respuesta de fs. 73 a 77 de original y de 83 a 91 remitido vía fax, el memorial del tercero interesado de fs. 98 a 101 vta., los antecedentes procesales; y,

I.CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

Mary Torrico Moreira, se apersona por memorial de fs. 34 a 36 vta., interponiendo demanda contenciosa administrativa, fundamentando su acción en ntesis lo siguiente:

Refiere que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), a través de la Unidad de Recaudaciones emitió la Resolución Determinativa Nº 352/2014 de 28 de mayo, previo inicio de fiscalización contra el inmueble de su propiedad ubicado en la calle Lanza Nº 0155, signado con el Nº de inmueble 86598, por un supuesto adeudo tributario correspondiente a las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010.

Señala que interpuso recurso de alzada contra la referida Resolución Determinativa, y fue emitida la Resolución Nº ARIT-CBA/RA0428/2014 de 10 de noviembre, que resolvió revocar parcialmente la resolución determinativa, declarando prescritas las acciones de la Administración Tributaria Municipal para el cobro del “IPBI” (Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles) gestiones 2007 y 2008, manteniendo firme y subsistente la Resolución impugnada en relación a las gestiones 2009 y 2010.

Indica que contra la mencionada Resolución del Recurso de Alzada, la Dirección de Recaudaciones del GAMC, planteó recurso jerárquico, misma que ameritó la Resolución Nº AGIT- RJ-0187/2015 de 3 de febrero, dictada por la AGIT, que estableció que no operó la prescripción de las mencionadas gestiones 2007 y 2008, haciendo referencia al art. 59 de la Ley Nº 2492, como efecto de la modificación determinada por la Disposición Adicional Quinta de la Ley Nº 291, concluyendo consiguientemente en la subsistencia de la Resolución Determinativa Nº 352/2014 de 28 de mayo.

I.2. Fundamentos de la demanda.

La demandante, después de hacer alusión al art. 59 de la Ley Nº 2492 y a la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0001/2004-R de 7 de enero, la “SC0280/2001-R de 2 de abril”, argumenta que la AGIT, en total desconocimiento de la norma, emitió su resolución, basado en la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 20125 (de modificaciones al Presupuesto General del Estado), citando -la recurrente- la disposición adicional quinta que modifica el art. 59 de la Ley Nº 2492.

Alega que las modificaciones emergentes de la Ley Nº 291, fue mal interpretado y “aplicado contando hacia atrás” (fs. 35 vta.), situación que considera ilegal, porque la normativa debe ser aplicado a partir de la gestión 2012, según el cómputo de la prescripción modificado. Argumenta que en la gestión 2012 se habilita su prescripción en cuatro años, la gestión 2013 prescribe en cinco años y así sucesivamente hasta alcanzar los diez años determinado en la indicada normativa, en razón de las leyes disponen para lo venidero, haciendo alusión al art. 123 de la Constitución Política del estado (CPE).

Refiere que la autoridad ahora demandada, emitió la indicada Resolución de Recurso Jerárquico contraviniendo la CPE, por interpretación errónea de la Ley Nº 291 que modifica el art. 59 de la Ley Nº 2492, aplicándolo indebidamente.

I.3. Petitorio.

Con estos argumentos, la entidad demandante solicita se declare probada la demanda, consiguientemente se revoque totalmente la Resolución AGIT- RJ-0187/2015 de 3 de febrero; y, se declare la prescripción del “IBPI” de las gestiones 2007, 2008 y 2009.

II.DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Que, admitida la demanda por decreto de fs. 42, fue corrida en traslado y citada la autoridad demandada, se apersonó Daney David Valdivia Coria, en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), que contesta la demanda contencioso administrativa conforme cursa de fs. 73 a 77, con los siguientes argumentos:

Alega que el cómputo de las gestiones 2007 y 2008, se realizó al amparo de los arts. 59 y 60 de la Ley Nº 2492, modificados por las Leyes Nº 291 y 317, ambas de la gestión 2012 y fundamentalmente en aplicación del art. 61.a) de la Ley Nº 2492, relativo a la interrupción del término de la prescripción, toda vez que en el presente caso fue interrumpida con la notificación en fecha 2 de julio de 2014, con la Resolución Determinativa Nº 352/2014 de 28 de mayo.

Asimismo arguye que la normativa que cuestiona la demandante, fue aplicada conforme señala el art. 5 de la Ley Nº 027 de 6 de julio de 2010 que dispone que se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos los niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad.

Por otra parte, después de hacer alusión a una parte del memorial de la demandante, refiere que “Marina” Torrico Moreira, al no ser quien interpuso Recurso Jerárquico, dejó de manifiesto su conformidad respecto a la parte resolutiva de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA0428/2014 de 10 de noviembre, que mantuvo firme y subsistente las obligaciones emergentes de las gestiones 2009 y 2010, por lo que la presente controversia únicamente refiere a la prescripción de las gestiones 2007 y 2008.

Alega que los argumentos impugnados en el Recurso de Alzada y resueltos en la Resolución de la ARIT, no puede ser objeto de impugnación ahora en la vía contencioso administrativa en mérito a que no fueron puntos que hayan sido impugnados en el Recurso Jerárquico, porque lo contrario vulneraría el principio de congruencia y provocaría indefensión de la Administración Tributaria.

Argumenta que los puntos no impugnados y resueltos por la Resolución del Recurso de Alzada quedaron firmes, haciendo alusión al principio de convalidación, expresado en el AS Nº 177 de julio de 1981 y en la Sentencia Nº 510/2013 de 27 de noviembre.

II.1. Petitorio.

La autoridad demandada solicita sea declarada improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta; y, se mantenga firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico Nº AGIT- RJ-0187/2015 de 3 de febrero, emitida por la AGIT.

Prosiguiendo el trámite de la causa, se corrió en traslado a la entidad demandante para réplica (fs. 78), que al no ser presentada dentro de plazo, se decretó Autos para Sentencia, conforme cursa a fs. 166.

III. DE LOS ARGUMENTOS DEL TERCERO INTERESADO

Mediante memorial de fs. 98 a 101, se apersonó la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, representada por Milton Jesús Rojas Claros, argumentando lo siguiente:

Que, la Administración Tributaria Municipal, procedió a fiscalizar las obligaciones tributarias del inmueble Nº 865898, ubicado en la calle Lanza Nº 155 de propiedad de Mary Torrico Moreira emergente del IPBI, por las gestiones 2007 al 2010, emitiendo Orden de Fiscalización Nº M-015/2012 de 3 de julio y notificada por Cédula el 5 del mismo mes y año; y, que en base a los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación realizadas, se dictó la Vista de Cargo Nº M-015/2012 de 20 de marzo, notificada a la sujeto pasivo el 22 de abril de 2013, concediéndole el plazo de 30 días para la presentación de sus descargos, sin que se hubiera presentado descargo dentro del plazo fijado por ley, por lo que se emitió la Resolución Determinativa Nº 352/2014 de 28 de mayo, notificándole a la contribuyente por cédula, el 2 de julio.

Después de hacer alusión a la interposición del Recurso de Alzada y del Recurso Jerárquico, señala que los actos realizados por la Administración Tributaria Municipal se encuentran vigentes; y, que la Resolución del Recurso Jerárquico, ajusta su interpretación al instituto de la prescripción, en que consideró que la Resolución Determinativa Nº 352/2014 de 28 de mayo, interrumpió la “vigencia del IPBI” de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010.

III.1. Petitorio.

El tercero interesado, solicita se rechace la demanda planteada y se la declare improbada; además, que se determine la vigencia de la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT RJ-0187/2015 de 3 de febrero. 

IV.ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

De la revisión de antecedentes, se advierte:        

IV.1.-          De fs. 1 al 2 del anexo 2, se encuentra Orden de Fiscalización Nº M-015/2012 de 3 de julio.

IV.2.- A fs. 3 del anexo 2, cursa la notificación a la contribuyente con la Orden de Fiscalización señalada precedentemente, señalando la fecha 5 de julio de 2012.

IV.3.- De fs. 27 a 28 del anexo 2, se encuentra la Vista de Cargo M-15/2012 de 20 de marzo de 2013.

IV.4.- A fs. 30, cursa la notificación de fecha 12 de abril de 2013, realizada a la contribuyente con la Vista de Cargo señalada en punto precedente.

IV.5.- De fs. 1 a 6 del anexo 1, se encuentra la Resolución Determinativa Nº 352/2014 de 28 de mayo.

IV.6.- A fs. 1 del anexo 1, cursa la notificación de fecha 2 de julio de 2014, con la Resolución Determinativa referida en punto precedente y realizada a la contribuyente.

IV.7.- En fs. 16 a 25, cursa la Resolución ARIT-CBA/RA0428/2014 de 10 de noviembre, que resolv revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 352/2014 de 28 de mayo, señalando encontrase prescritas las acciones de la Administración Tributaria para el cobro del IPBI de las gestiones 2007 y 2008, manteniendo firme y subsistente la resolución impugnada en cuanto a las gestiones 2009 y 2010 del inmueble signado con el Nº 86598 ubicado en calle Lanza N° 155.

IV.8. De fs. 7 a 14, cursa la Resolución Nº AGIT- RJ-0187/2015 de 3 de febrero, que resolvió revocar parcialmente la de Alzada ARIT-CBA/RA0428/2014 de 10 de noviembre, estableciendo que no operó la prescripción en relación al IPBI de las gestiones 2007 y 2008, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 352/2014 de 28 de mayo.

V.DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Que, el motivo de la litis se circunscribe a determinar: Si fue correcta la determinación de la autoridad jerárquica al revocar la resolución de alzada, respecto a la prescripción de Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 2007 y 2008.

VI.ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

Que, el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye garantía formal en el que, la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, establecen el procedimiento contencioso administrativo, señalando que la demanda se interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, y que el proceso será tramitado en la vía ordinaria de puro derecho; y, conforme también se tiene previsto en los arts. 2.2. y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014.

En consecuencia, se tiene reconocida la competencia de la Tribunal Supremo de Justicia para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Una vez analizado el contenido de los actos y resoluciones administrativas y los argumentos y defensas formuladas por las partes en la presente controversia, el Tribunal Supremo de Justicia, procede a revisar el fondo de la  presente causa, en los siguientes términos:

En el caso de autos, la Administración Tributaria Municipal, a través de la Unidad de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba  pretende cobrar el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2007 a 2010.

El art. 59 de la Ley Nº 2492, antes de la modificación realizada por Ley Nº 291, determinó la prescripción a los cuatro años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda tributaria; imponer sanciones administrativas; y, ejercer su facultad de ejecución tributaria; que el término señalado precedentemente se ampliaría a siete años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. Consiguientemente aplicable, por mandato constitucional conforme lo señaló el art. 33 del Constitución Política del Estado vigente en esas gestiones (2007 y 2008) que estableció que la ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie al delincuente.

Al respecto, también es de advertir que el art. 228 de la CPE, vigente en las mencionadas gestiones, señaló que la Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional; y, que los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones, aspecto que tiene plena concordancia con el art. 410 de la actual Constitución Política del Estado Plurinacional.

En mérito a estos antecedentes de carácter legal, en el caso de autos, corresponde dar estricta aplicación al término de prescripción señalado en el art. 59 de la Ley Nº 2492 vigente en las gestiones 2007 y 2008, más aun considerando que el art. 150 de la misma Ley Nº 2492 establece que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, en relación con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009.

Consiguientemente, los argumentos de la AGIT, en sentido de dar aplicación al art. 5 de la Ley Nº 27 de 6 de julio de 2010, que establece que se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad; sin embargo, no corresponde al caso de autos, porque no se trata de determinar la constitucionalidad o no de una disposición legal, sino que debe aplicarse, como se refirió, el art. 123 de la Constitución Política del Estado, al disponer que la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, aspecto que no fue considerado por la AGIT, más aun considerando que las disposiciones legales en las que basa su fundamento, no establecieron retroactividad en la aplicación de sus preceptos.

Por tanto, considerando lo señalado en los arts. 59 y 60 de la Ley Nº 2492 respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, el cómputo de la prescripción comenzó a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, por lo que respecto a la gestión 2007, se inició el 1 de enero de 2009; considerando el tiempo de prescripción de 4 años establecido en el art. 59 de la Ley Nº 2492, vigente en esa gestión, el periodo de prescripción concluía el 31 de diciembre de 2012; sin embargo, el sujeto pasivo fue notificado con Orden de Fiscalización el 5 de julio de 2012, que de conformidad al art. 62.I. de la Ley Nº 2492, suspende la prescripción por un periodo de seis meses, que sumando este periodo de tiempo, la prescripción debió operar el 30 de junio de 2013; pero, la contribuyente fue notificada con la Resolución Determinativa el 2 de julio de 2014, cuando ya se había operado la prescripción.

Respecto al IPBI de la gestión 2008, considerando las mismas disposiciones legales señaladas en párrafo precedente, se advierte que el inicio de la prescripción se inició el 1 de enero de 2010; y, considerando el tiempo de prescripción de 4 años, establecido en el art. 59 de la Ley Nº 2492, el periodo de prescripción tendría que haber concluido el 31 de diciembre de 2013; y, porque el sujeto pasivo fue notificado con Orden de Fiscalización el 5 de julio de 2012, de conformidad al art. 62.I. de la Ley Nº 2492, que  suspende la prescripción por un periodo de seis meses, que sumando este periodo de tiempo, la prescripción concluyó  el 30 de junio de 2014; sin embargo, la contribuyente fue notificada con la Resolución Determinativa en fecha 2 de julio de 2014, cuando ya se encontraba prescrita la deuda por dicha gestión 2008.

En relación al argumento de la AGIT, en sentido de que la recurrente no puede pretender más allá de lo resuelto en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA0428/2014 de 10 de noviembre, al no haber sido impugnado mediante Recurso Jerárquico; y, que en su demanda, la solicitud de prescripción de la gestión 2009, no fue establecido como motivo, menos lo fundamentó; en cumplimiento del principio de congruencia, no corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, pronunciarse al respecto.

VI.1. Conclusiones.

En consecuencia, se concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al emitir la Resolución del Recurso Jerárquico Nº AGIT- RJ-0187/2015 de 3 de febrero, obró al margen de las disposiciones legales que debería haber aplicado; consiguientemente, lo fundamentado y determinado por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, se ajusta a derecho, al señalar que se encuentran prescritas las acciones de la Administración Tributaria para el cobro del IPBI de las gestiones 2007 y 2008, manteniendo firme y subsistente la resolución impugnada en cuanto a las gestiones 2009 y 2010 del inmueble signado con el Nº 86598 ubicado en calle Lanza N° 155.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil de 1975, en concordancia con los arts. 2.2 y 4 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando PROBADA EN PARTE la demanda contencioso administrativa de fs. 34 a 36 vta., interpuesta por Mary Torrico Moreira; y en su mérito, deja sin efecto la Resolución del Recurso Jerárquico Nº AGIT RJ-0187/2015 de 3 de febrero, en cuanto a las gestiones 2007 y 2008; y, mantiene firme y subsistente en todo lo demás.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.