TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



SENTENCIA Nº 01/2017

EXPEDIENTE        : 155/2015

DEMANDANTE                  : Sinchi Wayra S.A.

DEMANDADO(A)                  : Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

TIPO DE PROCESO        : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA  : RMJ Nº 014/2015 de 13/03/2015

MAGISTRADO RELATOR        : Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

LUGAR Y FECHA        : Sucre, 18 de enero de 2017

VISTOS EN SALA:

La demanda contenciosa administrativa de fs. 108 a 114 vta., en la que impugna la Resolución Ministerial Jerárquica Nº MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 014/2015 de fecha 13 de marzo, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la contestación de fs. 138 a 160 vta., réplica de fs. 164 a 169, los antecedentes del proceso; y

I. CONSIDERANDO DE LA DEMANDA

I.1.Antecedentes de hecho de la demanda.

Manifiesta que en fecha 20 de enero de 2012 Sinchi Wayra presentó reclamo ante el Banco Unión S.A. por nueve (9) operaciones de retiro indebido, cada una por Bs. 69.600.- haciendo un total de Bs. 626.400.- realizados entre el 10 y 19 de enero de 2012 contra la cuenta 10000005423524.

Mediante Nota SW.262/2012 de 29 de febrero 2012, Sinchi Wayra elevó reclamo ante la ASFI, que fue respondido mediante nota ASFI/DDC/R-106722/2012 de 28 de agosto de 2012, donde señaló que las nueve transacciones fueron realizadas con el código de usuario y la clave operacional otorgada a la empresa y que es el titular el responsable del manejo y custodia de los mismos.

Posteriormente a solicitud de Sinchi Wayra la ASFI emite la Resolución Administrativa Nº 483/2012 en fecha 24 de septiembre de 2012, misma que fue recurrida de revocatoria mediante memorial presentado en fecha 11 de octubre de 2012, y que ameritó la Resolución Administrativa Nº 590/2012 en fecha 9 de noviembre, contra la cual se presentó Recurso Jerárquico en fecha 3 de diciembre de 2012.

Que en grado jerárquico el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitió la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 018/2013 donde se resolvió anular obrados hasta la Resolución Nº 590/2012 referida precedentemente.

La ASFI anula obrados hasta la Carta ASFI/DDC/R-106722 de 28 de agosto de 2012 y emite la Resolución Administrativa ASFI 549/2014 donde resuelve nuevamente rechazar lo solicitado por Sinchi Wayra, por lo que en fecha 8 de septiembre de 2014 se interpone recurso de revocatoria ameritando la Resolución Administrativa ASFI Nº 729/2014 de 6 de octubre de 2014, que dispone confirmar la resolución impugnada.

En fecha 27 de octubre de 2014, Sinchi Wayra interpone Recurso Jerárquico contra la Administrativa ASFI Nº 729/2014, resuelta mediante la Resolución Ministerial Jerárquica Nº MEFP/VPSF/URJ- Nº 014/2015 de fecha 13 de marzo de 2015 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Fundamentos de la demanda

Señala que de los elementos observados en la Resolución, se refieren a:

1.- La Devolución del dinero.-

Con relación a éste punto, indican que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (en adelante MEEP) en una total parcialización hacia el Banco Unión sigue la línea de la ASFI, sin tomar en cuenta que con relación a la Nota que fuera cursada inicialmente se reclamó la existencia de débitos no autorizados, que a partir de la respuesta del Banco Unión y fruto de la investigación, se emitió la respuesta por parte del Banco en sentido que fuera un tema atribuible a la empresa por un supuesto Phishing -que no ha sido probado- por ello el argumento aplicado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, respecto a que inicialmente este tema no ha sido solicitado, es absurdo e insensato, generando indefensión para Sinchi Wayra, toda vez que este tema ha sido de conocimiento del MEEP.

Por otra parte señala que Sinchi Wayra ha hecho conocer su situación y los eventuales efectos que esto puede generar hacia su patrimonio por la conducta del Banco Unión de negar su responsabilidad en el tema, apoyada por el ASFI y el MEEP, y que lo único que pretende la empresa es la restitución de sus fondos, y la forma en la que ha sido llevado adelante el proceso permite entender que no solamente de busca un tema de mérito, sino por supuesto la devolución efectiva y real del dinero hurtado de la cuenta de la empresa, por lo que los argumentos referidos por el MEEP,  no tienen sentido a momento de ser sometidos a validación.

2.- Validez probatoria Auditoría YANAPTI.-

En cuanto a esta auditoria, solicita que dentro del proceso contencioso administrativo se analice la validez de dicha prueba, la misma que sirvió de respaldo para asumir decisiones de fondo.

Asimismo respecto a este tema realiza las siguientes puntualizaciones:

Por otra parte indica que la ASFI ha instruido a las entidades financieras robustecer sus sistemas informáticos para garantizar sus operaciones con mayor eficacia y eficiencia y que de manera continua se supervisa a través de inspecciones in situ en riesgo operativo; esta aseveración realizada implica que si se realizaron recomendaciones para el fortalecimiento de sus sistemas informáticos, es porque se registraron problemas que ameritaron que se opere de esa forma y que la ASFI ahora ignora ese hecho, probando claramente que la determinación de la Autoridad equivale a un tácito consentimiento en sentido que su labor de fiscalización era insuficiente y que el Banco Unión tenía fallas técnicas en su sistema que permitieron el fraude, materia de esta acción lo que se trató de corregir ex post.

Señala que en su oportunidad el MEEP refiere que no se puede dejar de lado la pericia, sin tomar en cuenta los aspectos técnicos vertidos y que esa validez que se le otorga en esa virtud; sin considerar que la pericia de parte en cualquier contexto es simplemente referencial y válida solo hasta el momento en que sea reconocida por la otra parte, esto incluso es aplicable a materia administrativa, donde los principios generales de la prueba, rigen para absolutamente todas las ramas del derecho.

3. Acerca del Phishing.-  

Acusó que lo referido en la Resolución Ministerial Jerárquica respecto a que ésta figura más depende de la negligencia del titular de la cuenta que de la inseguridad del Banco, implica una defensa acérrima a los intereses del Banco en desmedro de los intereses de Sinchi Wayra, emitiendo una opinión desafortunada y sin asidero como esta, que demuestra que existe una parcialidad manifiesta.

Que el MEEP, ha viciado su imparcialidad porque no provee pruebas contundentes que respalden esta aseveración, simplemente emite este criterio, sin establecer una relación causal explicativa del porqué de los hechos y como se llega a colegir este resultado, un criterio subjetivo, que solo puede ser analizado en ese contexto y no con carácter general para este caso.

Por otra parte indica que cualquier criterio que se emita, debe necesariamente cumplir los requisitos de pertinencia y oportunidad, lo que en el caso presente no ha sucedido, por ello ese basamento que aplica el MEEP solo es una opinión infundada, pero que en un abuso de derecho ha logrado validez.

Que el único respaldo que se tiene para arribar a un resultado es el informe de la empresa Yanapti y el informe de Auditoría Interna del Banco, ambos son parciales y no podrían aplicarse expresamente para respaldar el argumento manejado respecto al phishing, que nunca fue reconocido por Sinchi Wayra.

4.- Acerca del Non Bis in ídem.-

Señala que no existe doble sanción en este tema, debido a que si bien existe en curso dos procesos realizados por la conducta del Banco Unión, lo que se pretende a partir de esto, es que deba existir coherencia entre todo lo investigado y los resultados a que se arriba, toda vez que por un lado se sanciona los actos negligentes del Banco Unión y por otro lado se da un certificado de buena conducta a partir de la investigación principal del punto del reclamo (PR), aspecto que es contradictorio.

Por ello señala que Sinchi Wayra tiene absolutamente claro que este proceso no tiende a la aplicación de multas ni sanciones, sino simplemente a la investigación real de los hechos en un marco de verdad material. Que tanto ASFI como el MEEP deberían actuar y tomar en cuenta las mismas situaciones, sin embargo realizan una defensa al Banco Unión, debiendo considerar que este proceso irá por cuerda separada, por lo que el argumento de la doble sanción es por demás de burdo.

5- Acerca de la responsabilidad del depositario.-

Indicó que la responsabilidad del depositario es la esencia misma de la custodia del bien otorgado en esa calidad y por consiguiente como carácter esencial del contrato está la devolución de la cosa en las mismas condiciones y obviamente la demostración de la debida diligencia en el manejo del bien custodiado.

Que en el caso de autos pretenden demostrar en los hechos que el contrato  suscrito con el Banco Unión S.A. establecía conforme a los poderes de los mandatarios y demás documentación cursante en el Banco, la obligación de llevar adelante el manejo de la cuenta de manera conjunta entre dos personas, no con una sola firma autorizada. Las órdenes remitidas al banco incluían la obligación de manejo conjunto de la cuenta, para todos los apoderados, con excepción del mandato que tenía el entonces Presidente Ejecutivo de la empresa, reflejando en el Poder de representación individual, cursante en el Banco.

Por otra parte, señala que las firmas autorizadas pero para el manejo de las cuentas de manera conjunta eran los Sres. María de las Mercedes Carranza Aguayo, Luis Felipe Hartmann Luzio, César Fernando Ramos Moreno y Arturo Antonio Zalles Balanza, conforme se establecía en el poder de representación para manejo de cuentas bancarias Nº 294/2010 de 9 de junio de 2010, también cursante en el Banco.

Manifiesta que este aspecto fue comunicado oportunamente al Banco Unión S.A. a momento de la apertura de la cuenta, en base a lo reflejado en los poderes de representación referidos precedentemente y reiterado mediante Cite FIN-197 09-2011 de 27 de septiembre de 2011, por el cual se solicita la configuración de las aprobaciones de UNINET para que operativamente sean realizadas por 2 usuarios para la liberación de cada transacción con excepción, como se refirió, de las transacciones realizadas por el entonces Presidente Ejecutivo.

Sin embargo la ASFI menciona se trataría de una incongruencia suscitada en la interpretación de la referida nota, por lo que remite el análisis de la misma a un pronunciamiento expreso de la Defensoría del Consumidor Financiero; en tal sentido esta entidad pública confunde totalmente el contexto del reclamo y se limita a cumplir plazos y requisitos, pero sin administrar justicia en sede administrativa; asimismo señala que no puede ni debe existir interpretación en lo referido en la citada nota, sino una aplicación cabal, cierta y veraz de lo solicitado, más aún si se entiende que existe un cumplimiento parcial de lo solicitado en la nota, en lo referido a la ampliación del límite máximo de transacciones y esas inconsistencias, no son simplemente cuestiones de interpretación de la nota, sino incumplimientos flagrantes al contrato de depósito firmado con el Banco Unión. Por lo referido queda de manifiesto lo parcial, incongruente, viciado e inexacto de la averiguación realizada por ASFI en el presente caso y que fue refrendado y validado de manera consecuente por el MEEP sin considerar los argumentos y elementos presentados.

Indica que el elemento fundamental de la relación entre la entidad bancaria y el usuario de los servicios financieros, es la “confianza”, misma que no puede ser sometida a interpretaciones subjetivas sino al lenguaje escrito y expreso que media entre ambos, por lo que la ASFI incumplió esta consideración y perjudicó de sobremanera los intereses de Sinchi Wayra, violando flagrantemente el Código de Comercio, en sus arts. 1.346, 1.347; art. 518 del Código Civil, arts. 24 y 29 del Decreto Supremo (DS) Nº 27175 que tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, para el Sistema de Regulación Financiera SIREFI; el Título II, Capítulo I, sección 2, 4 y 5 de la recapitulación de Normas para Bancos y Entidades Financieras en sus arts. 1, 3, 5 y 6.

Que por las normas señaladas se establece que es obligación del Banco la custodia del bien otorgado en depósito y las obligaciones deben constar en el respectivo contrato que se firme al efecto, así la cláusula décima cuarta del contrato de adhesión firmado, entre el Banco Unión y Sinchi Wayra S.A., textualmente señala:

“…el manejo de la cuenta corriente será:

14.1 Individual

14.2 Colectiva

14.2.1 Colectiva indistinta

14.2.2. Colectiva Conjunta

Todo de acuerdo a la tarjeta de firmas y sus posteriores modificaciones, documentos que se consideran parte de integrante de este contrato…”

Que Sinchi Wayra mediante Cite FIN-197 09-2011 de 27 de septiembre de 2011, reiteró al Banco Unión la solicitud que en el caso de los Sres. María de las Mercedes Carranza Aguayo, Luis Felipe Hartmann Luzio, César Fernando Ramos Moreno y Arturo Antonio Zalles Balanza, las transacciones deberían ser realizadas necesariamente mediante dos aprobadores de manera conjunta, conforme establecen los poderes notariados otorgados y que fueron entregados en su oportunidad al Banco, aspecto que en definitiva nunca fue controlado y por tanto, cumplido por el Banco y tampoco observado por ASFI.

Por otra parte acusó que con relación a lo referido por el Código Civil, el contrato de adhesión suscrito con el Banco, al ser laxas y no señalar responsabilidades claras y diáfanas para el depositario, referidas a la custodia de los dineros depositados, deben ser necesariamente interpretadas en favor del cliente, es decir aplicando las disposiciones en desmedro del silencio del contrato y por consiguiente del Banco, situación no fue comprendida por el ASFI ni por el MEEP, debido a que obviaron tomar conocimiento de este tema y simplemente no consideraron estos argumentos a momento de emitir la posición fundada, evidenciándose que no existe opinión alguna al respecto en la Resolución Jerárquica impugnada, provocando de esta manera una indefensión absoluta, debido a que no se habría respondido al petitorio formulado en el recurso.

Expresó que no se respeto los derechos constitucionales del administrado como son el debido proceso, a la seguridad jurídica, al derecho a la defensa y a la justicia pronta y oportuna; de igual manera se incumplido el DS Nº 27175, respecto al manejo de la prueba presentada, que debería enmarcarse en la sana crítica, y que a todas luces es obvio que una pericia de parte no puede ser defendida a ultranza como ha sucedido para el caso del Informe de Auditoría Interna del Banco Unión y el Informe de la Auditoría de sistemas de la empresa YANAPTI.

Por su parte indica que el Título II, Capítulo I Sección 2 de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras referido a los contratos de cuenta corriente, refieren las condiciones y requisitos que deben cumplir para que sean válidos, además de las obligaciones del Banco para la realización del manejo de la cuenta, sin embargo el MEFP no consideró que el Banco incumplió la instrucción de definir el manejo conjunto de la cuenta y considerar parcialmente dos instrucciones emitidas en un solo documento como es la Nota FIN-197 09-2011 de 27 de septiembre de 2011, que por un lado era ampliar el margen de operaciones y por otro aplicar el manejo conjunto, no se entiende cómo es que si se amplió el margen que estaba definido en USD 2.000.- hasta 2.000.000.- no se consignó el manejo conjunto para aprobación de las operaciones mediante dos usuarios apoderados, si esto - como se refirió - estaba en la misma nota.

La resolución jerárquica menciona que el Banco Unión S.A. ha cumplido con el contrato de depósito porque entendió que se restituyó el dinero parcialmente por la firma autorizada, sin tomar en cuenta que debían ser dos firmas autorizadas, conforme se puede evidenciar de la nota cursada por Sinchi Wayra y que cursa en el expediente administrativo.

Señala que el título XI, Capítulo I Sección 4 de la Recopilación de Normas y Entidades Financieras referido al procedimiento de manejo del Punto de Reclamo y los requisitos que debe cumplir la nota de respuesta que emita el Banco, en el caso presente no se ha dado, debido a que no se ha emitido el criterio claro y de manera comprensible, íntegra y oportuna, es más se emitió respuesta con excesivo retraso, de manera confusa y sin integridad alguna; así también, el Título XI, Capítulo I Sección 5 de la Recopilación de Normas y Entidades Financieras, referido al procedimiento que el reclamo debe seguir en instancia de la ASFI, lugar en el que se debe reexaminar todo para asumir una decisión final respecto del reclamo, en el caso presente no ha sucedido, debido a que la ASFI ha ratificado todo lo inicialmente planteado por el Banco Unión conforme a lo referido en su Informe de Auditoría Interna y el MEEP ratifica todo lo obrado incurriendo en injusticias y parcializaciones.

I.2.Petitorio.

Concluyó solicitando se admita la demanda contenciosa administrativa, y previos los tramites de ley se pronuncie sentencia declarando probada la demanda dejando sin efecto legal alguno la Resolución Jerárquica y determinando la responsabilidad del Banco Unión S.A. en las transacciones realizadas mediante debitos indebidos a la cuenta de Sinchi Wayra S.A. 

II. De la contestación a la demanda.

Notificada con la demanda el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, responde negativamente con una serie de argumentos transcritos de la resolución impugnada y argumentos expuestos del demandante de donde se extrae en síntesis lo siguiente:

Señala que la empresa Sinchi Wayra S.A. interpuso la acción contenciosa administrativa, guiándose por una forzada susceptibilidad, mencionando al Banco Unión S.A. como una empresa pública siendo que la misma es una Sociedad Anónima pese a que la mayor participación accionaria, le corresponda al Estado.

Continua manifestando, que en la resolución jerárquica impugnada se señaló textualmente que la “nota SW. 675/2012, contiene la petición de que se ordene al Banco Unión S.A., la devolución del monto de Bs. 626.400.00 (Seiscientos veintiséis mil cuatrocientos 00/100 bolivianos) que habría sido debitado (..), contra la cuenta Nº 1-0000005423524, de la que es titular Sinchi Wayra Sociedad Anónima en la mencionada entidad financiera, realizadas mediante el servicio de Banca por Internet (denominado indistintamente “UniNet” o “UNINET”.)…(…); en ese entendido indica que la autoridad Jerárquica no se ha limitado a considerar la solicitud de devolución de los dineros que importan los nueve retiros, sino que, en cumplimiento de su deber de búsqueda de la verdad material, ha ampliado su análisis a otros elementos, como las notas SW. 109/2012 y SW.262/2012, ambas correspondientes a Sinchi Wayra S.A., pese a que no son la base sobre la que se ha desarrollado el proceso, realizando una evaluación integral por su parte, de los extremos que rodean a la controversia planteada en el Recurso Jerárquico de Sinchi Wayra S.A. e incluso superando el contenido de la nota SW. 675/2012, sobre la que se ha desarrollado el procedimiento administrativo.

Por otra parte, indica que en la demanda de 18 de junio de 2015, con relación al reclamo de la validez probatoria de la Auditoria Especial de la empresa Yanapti, la resolución impugnada, conforme a la evidencia que sale del expediente administrativo, señalo los extremos siguientes: “…por informe ASFI/DSR I/R- 58922/2012 de 15 de mayo de 2012, el Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero señalo la existencia de vulneraciones a cuentas de clientes del Banco Unión S.A. a través del sistema UNINET, utilizando para tal efecto las contraseñas otorgadas a los mismos, concluyendo haber sucedido el fraude informático denominado phishing.

…Ahora bien, la controversia a la que se refiere el recurso jerárquico actual, ha sido materia de recurso previo con fallo anulatorio que sale de la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 018/2013 establece que: “de la compulsa del expediente de autos, dado ser razonable, se puede señalar que en el caso de autos evidentemente ha existido un phishing”

Empero, tal conclusión no sólo es producto de la evaluación limitada o que el Ente Regulador ha señalado al respecto, sino que parte también de lo que para esa circunstancia ha afirmado Sinchi Wayra S.A. en sentido que: “… el phishing fue reconocido por el Banco Unión ASFI de manera por demás obvia y en defensa del regulado, refiere que si bien el Banco reconoce la evidencia de un posible caso de phishing y/o uso inapropiado de juego de claves, en ningún momento estableció que el mismo fue realizado a su sistema, aspecto que habría sido corroborado por la Autoridad de Supervisión…”

Consiguientemente, la ocurrencia de phishing en los debitos no reconocidos, esta admitido también por Sinchi Wayra S.A., no existiendo en el expediente actual, ningún elemento que permita desvirtuar tal extremo… Contrario sensu la ahora recurrida Resolución Administrativa ASFI Nº 729/2014 de 6 de octubre de 2014, afirma que: “por las investigaciones realizadas por esta Autoridad de Supervisión, las cuales son complementadas con la Auditoria Especial de Yanapti, presentada por el Banco Unión S.A., la instancia jerárquica ha expresado que existió un phishing, en cambio lo que no ha podido determinar es que el mismo haya sido atribuible a la falta de cuidado de la empresa Sinchi Wayra S.A. a la negligencia del Banco Unión S.A.”

La recurrente pretende darle a la auditoria de la empresa Yanapti, una mayor trascendencia de la que, conforme se ha visto, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero señala haberle otorgado, …en ello, no tiene en cuenta que si bien el objetivo de tal auditoria fue realizar el levantamiento y análisis de la información readicionada con las transacciones no reconocidas por Sinchi Wayra S.A., también hacia a tal finalidad conforme al insistente reclamo de la misma-, emitir una opinión respecto el grado de seguridad del sistema UNINET”

Asimismo, reclama el carácter parcializado que haría a la auditoria de la empresa Yanapti, como el hecho de haber sido presentado por un directo interesado en la controversia, fuera suficiente para observarlo, prescindiendo de su carácter técnico, así salvo manifestar su disconformidad por los resultados de tal auditoria, no señala en concreto, cuales las debilidades del informe y que permitan desvirtuarlo.

Por último, la ocurrencia de phishing no importa per se, la vulneración del sistema de seguridad del Banco Unión S.A., porque tal figura depende mas de una actitud poco cuidadosa del titular de la cuenta, antes que de una negligencia de la entidad.”

Por consiguiente, expresa que no ha existido en el análisis contenido en la Resolución Ministerial Jerárquica ahora demandada, ningún señalamiento referido a un carácter absoluto o extensivo en la auditoria especial como mal sugiere la actora, mas por el contrario, se ha dejado constancia que la auditoria de la empresa yanapti tiene carácter complementario, empero no determinante y no constituye el punto de partida de su investigación.

Asimismo, señala que las varias actuaciones de Sinchi Wayra S.A. e inclusive del Banco Unión S.A., desde un inicio, tanto el Ente Regulador como la ahora actora, se ha conducido bajo el presupuesto de la ocurrencia efectiva de phishing, como el elemento fraudulento en las nueve operaciones de retiro controvertidas, entonces como el modus operandi para el sonsacamiento (de hecho, el banco mencionado fue el único de los involucrados, que no se condujo exclusivamente bajo tal criterio, cuando en su nota BUN.VIP. 53/2012 de 14 de febrero de 2012, calificó solamente como posible tal suceso)

Que por memorial de 3 de diciembre de 2012, Sinchi Wayra S.A. como parte de sus alegatos, reclama que la Autoridad Reguladora, refiere que si bien el Banco reconoce la evidencia de un posible caso de phishing y/o uso inapropiado de juego de claves, en ningún momento estableció que el mismo fue realizado a su sistema; asimismo que en oportunidad de la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 018/2013, Sinchi Wayra S.A. actuó bajo el presupuesto libremente consentido y admitido por ella y a esto le son imponibles los arts. 1322 y  1323 del Código Civil, y 426 del Código de Procedimiento Civil de 1975, en relación a la disposición transitoria cuarta de la Ley Nº 439, aplicables al caso por imperio del art. 47, parágrafo I, de la Ley 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo, de que las nueve operaciones de retiro que hacen a su reclamo, sucedieron como efecto de phishing, limitando su reclamo a que era el Banco Unión S.A., el que debía admitir la responsabilidad por el mismo, dada su naturaleza de delito informático, entonces ocurridas mediante el uso del sistema UniNet, y que, por tanto a su criterio-, su comisión fue posible por falta de control adecuado en aquel sistema informático, por lo que el phishing como tal, no hace parte de la controversia que se puso en su conocimiento mediante memorial de 3 de diciembre de 2012

De lo manifestado indica que todo ello determina las dos conclusiones previas siguientes:

En oportunidad del Recurso Jerárquico al que le corresponde la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 018/2013 de 16 de abril de 2013, no hace parte de la controversia el suceso del phishing en los retiros, toda vez que para las partes (fundamentalmente para Sinchi Wayra S.A.) la efectiva ocurrencia de tal figura se daba por hecho.

Por consiguiente, indica que el demandado en calidad de Autoridad Jerárquica, a tiempo del pronunciamiento de la referida Resolución Ministerial Jerárquica, limitó la controversia a si una alegada deficiencia en la seguridad del sistema informático del Banco Unión S.A., era la que habría posibilitado los nueve sucesos reclamados.

Por otra parte, manifestó que mediante memorial de 8 de septiembre de 2014 Recurso de Revocatoria-, es que se le ocurre a Sinchi Wayra S.A., señalar que “en todo el curso de la investigación llevada adelante por su Despacho, no cursa elemento alguno que permita establecer la existencia de MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 018/2013”, entonces, Sinchi Wayra S.A., después de haber señalado durante años desde básicamente el 20 de enero de 2012, la existencia de MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 018/2013 sobre los retiros operados, recién a partir del 8 de septiembre de 2014 decide cambiar su posición, para sembrar, sin mayor fortuna, un halo de incertidumbre y de duda sobre tal extremo, sin que le importe con ello, infringir el art. 4. e) segunda parte de la Ley 2341.

Señala que es inadmisible la pretensión de la empresa de demostrar la responsabilidad del Banco Unión S.A. sobre los nueve retiros, cuando señala que “si se realizaron recomendaciones para el fortalecimiento de sus sistemas informáticos, es porque se registraros problemas que ameritaron que se opere de esta forma”,  sin tomar en cuenta que la investigación generada por su reclamo es amplia y absoluta al sistema informático correspondiente, por tanto sus hallazgos y recomendaciones son también amplios, e importa una presunción de parte sin mayor evidencia que la sustente.

Asimismo indica que conforme se establece de la lectura del memorial de 18 de junio de 2015 en sus numerales 3.4 y 3.5, Sinchi Wayra S.A. ha contrariado las decisiones del demandado, de evitar algún pronunciamiento que atente a la garantía de la non bis in idem (esto con referencia a las presuntas irregularidades emergentes de la supuesta desatención por parte del Banco Unión S.A., a la nota FIN-19709-2011, que le habría remitido la ahora actora en fecha 27 de septiembre de 2011), como de tener por cumplidos, para el caso, los deberes de depositario que hacen al Banco Unión S.A, sin embargo, no aporta ningún elemento por el que se pueda acusar que sus pretensiones originales no hubieran sido pertinentes, oportuna y correctamente conocidas, consideradas y sustanciadas, a los efectos de la ahora demandada Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 014/2015.

No obstante y con respecto al numeral 3.5 del memorial de demanda, el MEEP demandado pone en énfasis lo ya señalado de su parte en sentido que: “el uso del sistema UNINET a los fines de los debitos no reconocidos, hace que efectivamente el Banco, como depositario, atendió las solicitudes de restitución del dinero depositado conforme le fue solicitado (parcialmente) por quien, dado el uso de la clave correspondiente, presumió se trataba del depositante correcto, lo que, en ese entendido, importa que cumplió con sus deberes de depositario (..) la controversia radica en la sustitución fraudulenta del depositante a los fines de las restituciones parciales, y no al incumplimiento del deber de restitución por parte del Banco como depositario, toda vez que esta consta efectivamente cumplido, por lo que no corresponde dar lugar al alegato en este sentido”

II.1.Petitorio.

Concluyó solicitando que se valore todo lo expuesto en el presente, y se sirva declarar improbada la demanda, sea con costas, por corresponder en derecho y con las formas exigidas por ley.

       III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

Los antecedentes cumplidos en sede de impugnación administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso acreditan que la empresa Sinchi Wayra presentó reclamo contra el Banco Unión S.A. por débitos no identificados e indebidos de su cuenta corriente Nº 10000005423524 por la suma de Bs. 626.400.- realizados entre el 10 y 19 de enero de 2012 y que fueron procesados a través de la Banca por Internet UNINET.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, solicito al Banco Unión S.A. informe de Auditoría interna sobre los reclamos efectuados, los mismos que fueron remitidos mediante notas AIN 036/2012 y AIN 012/2012 de 29 de marzo y 9 de febrero de 2012 respectivamente.

Que la Dirección de Derechos del Consumidor Financiero remitió a la Dirección de Supervisión de Riesgos I de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI los antecedentes del reclamo de la empresa Sinchi Wayra S.A., y mediante Informe ASFI/DSR I/R-58992/2012 de 15 de mayo la Dirección de Riesgo I se pronunció sobre casos de “Phishing” recomendando en el punto 4.4 que se instruya al Banco Unión S.A. lo siguiente: a) Cubrir el importe defraudado a aquellos clientes de los cuales se excedió el monto máximo diario autorizado en la transacción no reconocida.

b) Remitir fotocopias de los formularios de solicitud de habilitación de servicio de Banca por Internet con los que no se cuenta, para determinar si los montos diarios autorizados por los clientes fueron excedidos en las transacciones fraudulentas.

La empresa Sinchi Wayra S.A. mediante nota SW. 675/2012 de 6 de junio de 2012 solicitó que se ordene la devolución del monto debitado, por lo que el Órgano Supervisor solicito en fecha 9 de julio de 2012, la remisión del formulario de solicitud de habilitación del servicio de Banca por Internet, que contenga el límite transaccional diario e informe sobre las medidas adoptadas.

En fecha 13 de agosto de 2012, se remitió el informe ASFI/DDC/R-99158/2012 el cual concluyó que las transferencias de fondos efectuadas entre el 10 y 19 de enero de 2012 a través de Banca por Internet, se habrían realizado utilizando el código de usuario, clave de acceso operacional, del señor Arturo Antonio Zalles Balanza, personal ejecutivo de la empresa, quien siendo el titular el único responsable para el manejo y custodia de las mismas, notificando a la empresa con la carta ASFI/DDC/R-106722.

Que mediante Resolución ASFI Nº 483/2012 de 24 de septiembre se elevó a rango de resolución administrativa la carta ASFI/DDC/R-106722, por lo que en fecha 11 de octubre interpuso recurso de revocatoria contra dicho recurso, resuelto mediante Resolución ASFI Nº 590/2012 de 9 de noviembre.

Contra la Resolución ASFI Nº 590/2012, se interpuso recurso jerárquico resuelto mediante la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 018/2013 que resolvió anular la Resolución ASFI Nº 590/2012, instruyendo se emita una nueva resolución.

Que en fecha 5 de junio de 2013 la ASFI emitió la Resolución ASFI Nº 328/2014 que anuló obrados hasta la carta ASFI/DDC/R-106722/2012.

Luego de todo lo obrado, ASFI mediante Resolución Administrativa ASFI 549/2014 resuelve nuevamente rechazar lo solicitado por Sinchi Wayra, por lo cual en fecha 8 de septiembre de 2014 se interpone Recurso de Revocatoria ameritando la emisión de la Resolución Administrativa ASFI Nº 729/2014 de 6 de octubre de 2014, que dispone confirmar la Resolución impugnada.

En fecha 27 de octubre de 2014, Sinchi Wayra interpone Recurso Jerárquica contra la referida resolución, la que es resuelta mediante la Resolución Ministerial Jerárquica Nº MEFP/VPSF/URJ- Nº 014/2015 de fecha 13 de marzo de 2015 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Que de la compulsa de los datos procesales y la Resolución Ministerial Jerárquica  impugnada, se concluye que la problemática radica en determinar si corresponde al Banco Unión S.A. en su calidad de depositario la responsabilidad de la devolución de dineros a la empresa Sinchi Wayra S.A. emergente de las nueve operaciones de retiro (indebido) de la cuenta corriente 10000005423524, realizados entre el 10 y 19 de enero de 2012, las mismas que no fueron autorizadas por la empresa.

V. ANALISIS DEL PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO.

En ese contexto, de los antecedentes del proceso, se evidencia que la empresa Sinchi Wayra, del 10 al 19 de enero de 2012, fue objeto de retiros no autorizados en su cuenta corriente Nº 1-0000005423524 por la suma de Bs. 626.400.-, los mismos que se efectuaron a través del servicio de UniNet del Banco Unión S.A., utilizando el usuario del Sr. Arturo Antonio Zalles Balanza quien es ejecutivo de la empresa.

Ahora bien, analizados todos los antecedentes administrativos y las resoluciones impugnadas, es menester para entrar en mayor conocimiento del caso previamente hacer referencia a la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 018/2013 de 16 de abril de 2013, que señaló dentro de las consideraciones a sus antecedentes administrativos que la empresa Sinchi Wayra realizó su reclamo de retiros no autorizados de su cuenta, motivo por el cual la ASFI  a través de su Dirección de Supervisión de Riesgos I, mediante Informe ASFI/DSR I/R-58992 de 15 de mayo de 2012, da a conocer que  existía 12 casos con los mismos antecedentes particulares de “phishing”, razón por la cual, en primera instancia apreció que los clientes fueron victimas de fraude informático y que el Banco estableció la existencia de vulneraciones a cuentas de clientes a través de su sistema UNINET. Asimismo, el referido Informe, concluyó que para el caso de la empresa Sinchi Wayra la denuncia debería ser ampliada por un informe de auditoria interna y recomienda la necesidad de implementar sistemas robustos de autenticación a fin de minimizar los casos de phishing y proceder con la devolución de importes defraudados a aquellos clientes de los cuales se excedió el monto máximo diario autorizado en las transacciones no reconocidas.

Asimismo dicha Resolución Ministerial Jerárquica, estableció que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en la resolución ASFI Nº 590/2012 que resolvió el recurso de revocatoria presentado por la empresa, prescindió pronunciarse sobre el reclamo de manejo conjunto de la cuenta, dejando a la demandante en incertidumbre jurídica, incumpliendo su deber de pronunciarse, en infracción a lo dispuesto por los arts. 24 y 120. I de la Constitución Política del Estado, 16. a) y 17 de la Ley 2341, respecto a la trascendencia del manejo conjunto de la cuenta, así como no hubiese fundamentado correctamente su decisión sobre las impugnaciones de los informes técnicos realizados por la empresa y la seguridad del sistema del Banca por Internet del Banco Unión S.A., tampoco efectuó la búsqueda de la verdad material que permita imputar la responsabilidad de la ocurrencia del phishing a quien corresponda, por lo que en consecuencia determinó anular el procedimiento administrativo debiendo emitirse una nueva resolución en observancia de estos fundamentos descritos en dicha resolución jerárquica.

De lo expuesto, se tiene que tener presente que estos aspectos debían ser dilucidados por la ASFI en procura de dar una respuesta y solución a la solicitud efectuada por la empresa Sinchi Wayra hoy demandante en la presente causa; sin embargo de las resoluciones posteriores se ve que la Resolución ASFI Nº 549/2014 de 14 de agosto, con relación al punto de manejo de cuenta conjunta omite su pronunciamiento, y la Resolución ASFI Nº 729/2014 de 6 de octubre, se limita en señalar que: “La observación sobre manejo conjunto solicitado por la empresa Sinchi Wayra S.A., se encuentra en etapa de análisis, dentro de otro procedimiento administrativo, …en la cual el punto trascendental de esta observación es la incongruencia suscitada en la interpretación de la carta FIN-197 09-11 extrañada y reclamada por la empresa… por lo que dicha observación será objeto de un pronunciamiento expreso por parte de la Defensoría del Consumidor Financiero”; asimismo en el recurso jerárquico interpuesto por la empresa solicita expresamente pronunciamiento respecto a la consideración de la carta FIN- 197 09-11, señalando que no puede existir una interpretación del contenido de dicha nota, sino una aplicación cabal, cierta y veras de lo solicitado, más aun cuando el Banco Unión reconoce haber cumplido cabalmente la solicitud en lo referido a la ampliación del limite máximo de transacciones; sin embargo del análisis de la resolución impugnada se evidencia que con relación a este punto la entidad demandada se refiere a la auditoria especial de la empresa Yanapti, y si bien señala que la misma tiene carácter complementario, por otra parte indica que la decisión del Ente Regulador  se fundamenta en los determinados elementos probatorios que pudo racionalmente haber acumulado y que no se puede presumir que la ocurrencia de debitos irregulares, mediante el uso del sistema de Banca por Internet, importe necesariamente responsabilidad por el phishing sucedido a la entidad financiera, cuando tal figura depende más de una actitud poco cuidadosa del titular de la cuenta, por lo que bajo dicho argumento no le da lugar al alegato de la empresa.

Ahora bien, la resolución ministerial jerárquica omite pronunciarse respecto a la solicitud realizada por la empresa del manejo conjunto de su cuenta, refiriéndose para este punto a la auditoria especial de la empresa Yanapti, sin entrar en el análisis que amerita el pronunciamiento expreso respecto al cumplimiento de la solicitud realizada por la empresa en la carta FIN- 197 09-11 recepcionada en fecha 27 de septiembre, donde conforme sale de los antecedentes se ordenaba al Banco Unión S.A. primero que se amplíe el margen de operaciones que estaba definido en USD. 2.000.- hasta 2.000.000.- y segundo que se aplique el manejo conjunto para aprobación de las operaciones mediante dos usuarios apoderados, en el caso de los Sres. María de las Mercedes Carranza Aguayo, Luis Felipe Hartmann Luzio, César Fernando Ramos Moreno y Arturo Antonio Zalles Balanza, conforme establecen los poderes notariados otorgados al Banco, y que fue uno de los motivos por el que en un principio la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 018/2013 de 16 de abril de 2013 anuló el proceso administrativo; en ese entendido también se evidencia que el argumento de la Resolución ASFI Nº 729/2014 de 6 de octubre, de que la nota será objeto de un pronunciamiento expreso por parte de la Defensoría del Consumidor Financiero, no es acertada, toda vez que esto solo tiene como efecto evitar pronunciamiento alguno, pues esta claro que dicha nota es la que determina de manera concreta que la responsabilidad de la entidad financiera respecto al debido cuidado y manejo de la cuenta, la misma que debía darse de manera conjunta por dos usuarios, lo que en los hechos no ocurrió pues de las investigaciones realizadas informe interno del Banco Unión S.A. (AIN 012/2012 de 9 de febrero de 2012) así como los antecedentes descritos de la auditoria especial de la empresa Yanapti, demuestran que los debitos realizados a través de Banca por Internet utilizaron únicamente como usuario al Sr. Arturo Antonio Zalles Balanza denominado como usuario 73783, donde los montos transferidos desde el 10 al 19 de enero fueron de Bs. 69.600.- cada uno; es decir que el manejo de la cuenta corriente 10000005423524, solo fue realizada mediante un usuario y no así de manera conjunta por dos usuarios conforme se solicito en la nota FIN- 197 09-11.

Por otra parte, de los actuados administrativos también se evidencia que la ASFI ante la solicitud de Sinchi Wayra de devolución de los dineros debitados ante la recomendación efectuada por la Dirección de Supervisión de Riesgos I, solicitó que el Banco Unión S.A. remita el Informe de auditoria sobre el caso en particular de Sinchi Wayra S.A. el mismo que fue denominado como Informe AIN 012/2012 de 9 de febrero de 2012, donde menciona de manera detallada las nueve transferencias realizadas a través de Banca por Internet utilizando como usuario al Sr. Arturo Antonio Zalles Balanza; sin embargo, no menciona la nota con Cite FIN-197 09-2011 de 27 de septiembre de 2011, la misma que fue reclamada durante todo el proceso administrativo, aspecto que de la revisión de obrados no es dilucidado de manera fundamentada y motivada en las resoluciones administrativas como tampoco en la resolución jerárquica impugnada, la misma que se limita en su pronunciamiento al señalar que el Banco Unión S.A. hubiese cumplido su deber de depositario al haber dispuesto la ampliación del margen de operaciones; sin embargo, es evidente que omite de manera flagrante referirse a la autorización del manejo conjunto para la aprobación de operaciones mediante dos usuarios, y haciendo un análisis superficial determinan negar la solicitud de la empresa demandante, bajo el argumento de un posible phishing “atribuible a la empresa”.

De igual manera se debe tomar en cuenta que de los antecedentes descritos del informe de yanapti y el informe de la auditoria interna del Banco Unión S.A., que los mismos a todas luces evitan ser concluyentes toda vez que el reclamo efectuado por la empresa Sinchi Wayra no es el único, al igual que dicha empresa existen otros casos similares en el mismo periodo que ocurrió el hecho, donde se han determinado transacciones fraudulentas que han sido analizados por la Dirección de Supervisión de Riesgos I de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI que se pronunció sobre casos de “Phishing” y si bien recomienda en el punto 4.4: a) Cubrir el importe defraudado a aquellos clientes de los cuales se excedió el monto máximo diario autorizado en la transacción no reconocida, el mismo con relación a la empresa Sinchi Wayra no le reconoce esta devolución al ordenar previamente una investigación.

Asimismo después de una serie de resoluciones e impugnaciones la ASFI no le da la razón a la empresa bajo el argumento de que las transferencias hubiesen sido hechas de manera correcta y por un usuario de la empresa, olvidando referirse de manera concreta y fundamentada conforme ya manifestamos supra respecto a la autorización del manejo conjunto de dos usuarios, pues esta claro que la institución bancaria si cumplió con la ampliación del margen de operaciones que estaba definido en USD. 2.000.- hasta 2.000.000.-, lo que implica que la misma inobservó lo solicitado del manejo de cuentas conjuntas.

Por otra parte, y en un total contrasentido la resolución de la ASFI Nº 549/2014 señala que: “Esta Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) dentro de la competencia administrativa conferida por Ley Nº 1488 de Bancos y entidades Financieras (Texto Ordenado), norma vigente al momento de producirse los hechos observados, no tenia atribuciones para ordenar a las Entidades Financieras, para que procedan a la devolución de dinero e intereses, estando supeditado el Órgano Supervisor a emitir regulaciones prudenciales, controlar y supervisar las actividades de las entidades relacionadas con la intermediación financiera…. así como la facultad de imponer sanciones administrativas a las entidades bajo su control…”,“… no corresponde a esta Autoridad de Supervisión instruir al Banco Unión S.A. la devolución de los montos observados por la Empresa Sinchi Wayra S.A….”; asimismo y en la misma línea la Resolución ASFI Nº 729/2014, reitera este argumento amparándose en la Ley 1488; sin embargo, la Dirección de Supervisión de Riesgos I de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI ordenó la restitución de todos los debitos indebidos a las victimas de phishing, y en el caso de autos el argumento de que el phishing hubiese sido atribuible al descuido de la empresa no es evidente toda vez que la entidad bancaria conforme señala si bien cumplió con la ampliación del margen de operaciones, no cumplió con la orden del manejo conjunto de la cuenta corriente de la empresa; de igual manera este caso de debitos no autorizados se presentó dentro de otros doce casos similares entre particulares y empresas; es decir que no se puede afirmar que el descuido fue atribuible a la empresa cuando en los hechos y en base a la verdad material se evidencia claramente que el banco fue objeto de vulneración a su sistemas, motivo por el cual se ordeno la devolución de los dineros a los clientes que sufrieron los debitos no autorizados y que incluso sobrepasaron sus limites en sus retiros; en consecuencia bajo estos criterios es obligación del demandado emitir una resolución tomando en cuenta estos aspectos y determinar conforme a ley la devolución requerida, lo que no implica agravio alguno al Banco Unión S.A. que como entidad financiera asegurada puede ser pasible a resarcimiento, lo que no ocurre con la empresa afectada.

De lo manifestado, es evidente que la autoridad de recurso jerárquico no se pronuncia sobre los verdaderos aspectos reclamados en inobservancia de la norma,  incumpliendo al momento de emitir Resolución con lo dispuesto por el art. 28 inc. e) de la Ley 2341 (Fundamento).- que establece: “Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto…”, norma relacionada con el art. 30 inc. a) del mismo cuerpo legal, concordante con el art. 31.II del DS 27113, que puntualiza: “Los actos administrativos serán motivados con referencia a hechos y fundamentos de derecho”…que resuelvan recursos administrativos y que de manera concreta den respuesta a los agravios sufridos por el demandante”.

En este sentido, se constata que la Resolución Ministerial Jerárquica Nº MEFP/VPSF/URJ- Nº 014/2015 de fecha 13 de marzo, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es omisiva y vulneratoria al no determinar de manera  fundamentada y motivada sobre los aspectos cuestionados por el demandante acerca de la autorización del manejo de cuenta de manera conjunta de dos personeros de la empresa que implica la responsabilidad del Banco Unión S.A. como entidad depositaria, no siendo valedero el argumento de que dicha solicitud esta siendo analizada e interpretada cuando en los hechos es claro si existió o no omisión en su cumplimento, por lo que la Resolución impugnada al omitir referirse a estos temas no se encuentran en el marco del principio de congruencia que hace a la garantía del debido proceso; en consecuencia, no es suficiente que dicha resolución, solo especifique en la “relación de hechos” los puntos de agravio alegados, sin que posteriormente sean desarrollados de forma individual ni fundamentada como se constata de la Resolución ahora impugnada; por lo que se evidencia que la actuación de las autoridades administrativas demandadas, han lesionado el debido proceso previsto por el art. 115 de la CPE que claramente establece: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.”

Si bien es cierto que los actos administrativos, entre ellos la Resolución impugnada, gozan del principio de legalidad y presunción de legitimidad, validez y eficacia, al amparo de los arts. 4 inc. g) y 32 de la LPA, sin embargo, no es menos cierto que agotada la vía administrativa, dichos actos pueden ser sometidos a revisión en vía judicial, a través del control de legalidad en vía contenciosa administrativa, sin que ello constituya una tercera instancia; debiendo centrarse dicho control, en las normas que hubieran sido denunciadas de ser erróneamente aplicadas en instancia administrativa o que en su aplicación hubieren vulnerado derechos de los demandantes; por lo que la previa alegación y consideración en instancia administrativa de los motivos que deban servir de fundamento a la demanda contencioso administrativo, no es una mera exigencia rituaria desprovista de sentido, sino un elemento determinante del marco dentro del que debe desarrollarse el control de legalidad.

Del análisis precedente, éste Tribunal Supremo de Justicia concluye que el MEFP al pronunciar la Resolución impugnada, ha incurrido en conculcación de normas legales, realizando una incorrecta aplicación e interpretación en su fundamentación jurídica, que no se ajusta a derecho, máxime si se vulneró derechos y principios fundamentales de la empresa demandante establecidos en la CPE.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 2.2 y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 108 a 114 vta. y en su mérito, se REVOCA la Resolución Ministerial Jerárquica Nº MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 014/2015 de fecha 13 de marzo, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, asimismo, debiendo emitirse una nueva resolución motivada y fundamentada respecto a la devolución del dinero conforme a los argumentos expuestos en la presente sentencia y solicitados en el recurso jerárquico por el demandante.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada, con nota de atención.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.