TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



SENTENCIA Nº 50/2016

EXPEDIENTE             : 017/2015

DEMANDANTE                        : Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de         Impuestos Nacionales

DEMANDADO(A)             : Autoridad General de Impugnación Tributaria

TIPO DE PROCESO             : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA  : R.J. AGIT-RJ 1483/2014 de fecha 27/10/2014

MAGISTRADO RELATOR             : Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

LUGAR Y FECHA             : Sucre, 1 de diciembre de 2016

VISTOS EN LA SALA: La demanda contencioso administrativa de fs. 25 a 32, impugnando la Resolución del Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ-1483/2014 de 27 de octubre, emitida por la autoridad ahora demandada, la respuesta de fs. 39 a 46, los antecedentes procesales; y,

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

Que, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, se apersona por memorial de fs. 25 a 32, interponiendo demanda contenciosa administrativa, fundamentando su acción en ntesis lo siguiente:

Refiere que la Administración Tributaria, en mérito al lazo obligacional con el contribuyente, Víctor Hugo Ortega Romero, emitió la Resolución Determinativa Nº 0097/2014 que estableció una deuda tributaria de Bs.2.472.012.- por concepto de Impuesto Omitido, Sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales; y, que el en Recurso de Alzada, se decid anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo, debiendo cumplir con el art. 96 de la Ley Nº 2492; que finalmente, la Resolución de Recurso Jerárquico, ahora impugnada, resolvió confirmar la Resolución del Recurso de Alzada dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro el recurso que interpuso el contribuyente.

I.2. Fundamentos de la demanda.

       La entidad demandante, arguye:

  1. Incongruencia de la AGIT, que agravia los intereses de la Administración Tributaria.

Señala que la resolución ahora impugnada, habría indicado que la Administración Tributaria, debía considerar los costos, gastos de materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fábrica, aspecto que considera -el demandante- desacertado, porque de tener esos datos no sería el caso de Base Presunta sino de Base Cierta.

Agrega que la Administración Tributaria, para efectuar la determinación sobre Base Presunta, se basó en tres variables: i) Ingresos por la transferencia de Bienes Inmuebles; ii) Ingresos por Depósitos Bancarios en el Sistema Financiero; y, iii) Gastos para fines de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, para finalizar alegando que la Administración Tributaria, cumplió rigurosamente con cada una de las etapas que se encuentran establecidas legalmente.

  1. Teoría del Acto Consentido.

Alega que la AGIT, no tomó en cuenta que el contribuyente en la etapa de descargos, no descargó ni presentó pruebas para desvirtuar la determinación reflejada en la Vista de Cargo y que implícitamente consintió que el SIN continúe con la fiscalización, lo que llevó a una determinación de Base Presunta, sin posibilidad con posterioridad de plantear acción constitucional alguna, aspecto que no comprendió la AGIT.

  1. La AGIT, no tomó en cuenta las facultades con las que cuenta el SIN.

Argumenta que la Administración Tributaria, al no contar con documentación presentada por el contribuyente, la Administración Tributaria empleó las facultades de control, verificación e investigación para realizar la determinación de la Base Presunta, aspecto que fue desconocido por la AGIT.

  1. Incorrecta decisión de la AGIT de ratificar la nulidad de obrados.

Refiere que procede la nulidad, sólo cuando se causó indefensión, pero que en el presente caso, se dio oportunidad al contribuyente para desvirtuar lo determinado por la Administración Tributaria y que sus descargos no desvirtuaron. Después de hacer alusión al DS Nº 27113 que reglamenta a la Ley Nº 2341 y a la Ley Nº 2492, señala que no cabe nulidad alguna, puesto que no existe daño a ningún derecho, ni indefensión hacia el contribuyente.

  1. La AGIT no tomó en cuenta que la Administración Tributaria agotó los medios para establecer la verdad material y realidad económica.

Indica que la Administración Tributaria solicitó informacn a varias instituciones, como ser la Alcaldía de La Paz y Sub alcaldías, Colegio de Arquitectos, Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental La Paz, Cámara de Construcción, Derechos Reales, Notarios de Fe Pública y al Sistema Financiero respecto a depósitos bancarios.

  1. Solicitud de aplicación del principio de trascendencia.

       Refiere que anular la Resolución Determinativa por algún defecto de forma no incide en la determinación de la deuda tributaria, puesto que se llegaría a los mismos resultados, haciendo posteriormente alusión a la Sentencia Constitucional Nº 1262/2004-R de 10 de agosto.

I.3. Petitorio.

Con estos argumentos, la entidad demandante solicita se emita sentencia declarando probada la demanda y se revoque totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ-1483/2014 de 27 de octubre.

II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Que admitida la demanda por decreto de fs. 35, fue corrida en traslado y citada la autoridad demandada, se apersonó Daney David Valdivia Coria, en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), contesta la demanda contencioso administrativa conforme cursa de fs. 39 a 46, con los siguientes argumentos:

  1. Después de referir lo que es la determinación sobre Base Presunta, y hacer alusión a los arts. 96 de la Ley Nº 2492 y 18 del DS Nº 27310, haciendo mención a lo que debe contener la Vista de Cargo, alega posteriormente que de la revisión de la Vista de Cargo, evidenció que la Administración Tributaria mediante Orden de Verificación N° 012OVE01810, inició proceso de verificación contra Víctor Ortega Romero, respecto al cumplimiento en la determinación de sus obligaciones tributarias relativas al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos comprendidos entre enero a diciembre de 2009, y que estableció que la verificación fue realizada sobre Base Presunta.
  2. La autoridad demandada indica que en relación a que la Administración Tributaria señaló que el contribuyente no proporcionó ninguna información; y, al respecto -argumenta la AGIT- que para la determinación de la base imponible del IUE, la Administración Tributaria estableció Ingresos por venta de bienes inmuebles de forma directa e indubitable, al haber considerado la información del precio de venta de Departamentos y Parqueos, según las Escrituras Públicas y los formularios 430, obtenidos de terceros, sobre los cuales no existe ninguna observación; empero, por otra parte, a partir de esta misma información, estableció ingresos presuntos. Asimismo refiere que en el mismo procedimiento determinó gastos presuntos, tomando en cuenta el valor del terreno de un tercero y su aplicación proporcional, según los m2, de la construcción del edificio Capricornio.
  3. Señala que debe devenir de las facultades del Sujeto Activo, para obtener la información que le permita conocer de manera cierta e indubitable los hechos generadores, debiendo su aplicación, en todos los casos, hallarse debidamente respaldada y fundamentada a fin de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa del Sujeto Pasivo.
  4. Indica que a partir de los formularios 430 proporcionados por la Gerencia Nacional de Informática del SIN, obtuvo información cierta sobre el precio de transferencia de 8 Departamentos y 5 Parqueos (que incluye 1 Departamento y 1 Parqueo, transferidos en la gestión 2010); y, que si bien la Administración Tributaria respecto a 3 Departamentos y 6 Parqueos no pudo obtener la información del Formulario 430; empero, sin considerar lo dispuesto en el art. 41 de la Ley Nº 843, procedió a aplicar el precio promedio de transferencia, aspecto que evidenciaría que la Administración Tributaria no agotó los medios necesarios para el establecimiento de los ingresos de manera cierta; alegando posteriormente, que evidencia que para éstos (3 Departamentos y 6 parqueos) debió haber procedido a solicitar documentación o información a sus poseedores y de esa manera determinar que la enajenación se configuró en la gestión 2009 e incluso obtener el precio de venta.
  5. Por otra parte, señala que la Administración Tributaria, no consideró las características del bien transferido sobre el cual se aplica dicha presunción, toda vez que para tener la información cierta del Parqueo 10 Semisótano, sobre 14,19 m2, surge el precio promedio de Bs.1473,57 en el Proceso de Verificación, para el caso de los parqueos consideró un único precio promedio de Bs2.489,51 por m2 que fue calculado, tomando como base la transferencia conjunta del Departamento 2, Planta Baja y el Parqueo 7 Semisótano, sin  explicar las razones técnicas por las cuales decidió aplicar este promedio que corresponde sólo al Parqueo. Observa asimismo el procedimiento aplicado respecto al precio de los Departamentos, señalando que tampoco fue explicado por la Administración Tributaria en la Vista de Cargo, lo que tiene incidencia en la falta de fundamentación del acto.
  6. También indica que la Administración Tributaria, no consideró la naturaleza de los Depósitos Bancarios ni investigó su origen, limitándose a señalar que corresponderían a ingresos por actividades no declaradas; y que tratándose de persona natural, los Depósitos Bancarios observados, pudieron tener un origen distinto a la generación de utilidades, por lo que debió obtener otros medios de prueba, que de manera fundamentada le permitan tomar convicción de que los mismos constituyen ingresos por actividades no declaradas.
  7. Refiere que la Administración Tributaria, en la determinación de los ingresos, no fundamentócnicamente de manera clara, lógica y coherente, la aplicación del precio promedio de transferencia, ni consideró todos los elementos para deducir la existencia de ingresos gravados por Depósitos Bancarios.
  8. Señala que por otra parte, en cuanto a la consideración de costos y gastos, la Administración Tributaria, tomó en cuenta sólo el valor presunto del terreno, sobre la base de la información de una actividad similar. Al respecto, refiere la autoridad demandada, que se efectuó la construcción del Edificio Capricornio, y que entiende que para ello es posible a partir de la combinación de materia prima que se constituye en los materiales de construcción, la mano de obra y los gastos indirectos, además que también fue necesario efectuar otros gastos relacionados con la venta de dichos bienes inmuebles, señalando que conforme exige el art. 8 y sigts. del DS Nº 24051, deben cumplir ciertas condiciones y límites para su deducción para finalmente obtenerse la Utilidad Neta Imponible.

Indica que de la revisión de los fundamentos de la Administración Tributaria, únicamente consideró el valor presunto del terreno. Arguye que la Administración Tributaria, en la determinación del gasto, no consideró todos los elementos que forman parte del mismo como la mano de obra, materiales o gastos indirectos propios del sector de construcción, por lo que esta omisión, incide en la fijación de la Base Imponible del IUE, porque la falta de sustento o explicación técnica sobre la misma, hace que no se ajuste a la realidad del hecho económico que se pretende gravar, afectando la fundamentación de hecho y de derecho tanto de la Vista de Cargo como de la Resolución Determinativa que deben contener en su emisión.

Concluye señalando que la base imponible del IUE, deviene de la diferencia entre los citados elementos y que no se halla debidamente fundamentada, porque no existe una explicación clara, concreta y lógica que permita evidenciar que los aspectos aplicados por la Administración Tributaria, son los únicos y suficientes para la determinación de la base imponible del IUE sobre Base Presunta, no siendo suficiente afirmar que la aplicación del citado método, se debió a la falta de presentación de documentación del Sujeto Pasivo. También señala que la carga de la prueba la tiene la Administración Tributaria, la que sólo fue trasladada al Sujeto Pasivo.

II.1. Petitorio.

La autoridad demandada solicita sea declarada improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 1483/2014 de 27 de octubre.

Prosiguiendo el trámite de la causa, se corrió en traslado a la entidad demandante para réplica, misma que cursa de fs. 88 a 89; y, trasladada para dúplica, la que cursa de fs. 92 a 93; por decreto de fs. 94, se dispuso “AUTOS PARA SENTENCIA”.

III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

Con estas consideraciones previas, de la revisión de antecedentes, se advierte:

III.1.- A fs. 6 del anexo 3, se encuentra la Orden de Verificación N° 0012OVE01810 de 7 de marzo de 2013, para realizar la verificación del Impuesto “IUE” de gestión 2009.

III.2.- En la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/555/2013 de 15 de noviembre, cursante de fs. 196 a 205 de los anexos 3 y 4, estableció un saldo a favor del fisco sobre base presunta, actualizada al 15 de noviembre de 2013, de 1.218.529 UFV.

III.3.- De fs. 220 al 234 del anexo, se encuentra la Resolución Determinativa Nº 97/2014 de 19 de marzo de 2014, que determinó de oficio sobre base presunta, una obligación impositiva del contribuyente “ORTEGA ROMERO VICTOR HUGO”, intimándole al pago total de la deuda tributaria que asciende a 1.283.809 UFV.

III.4.- De fs. 176 a 192 vta. del anexo 1, cursa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0589/2014 de 4 de agosto de 2014, que determinó anular obrados, hasta la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/555/2013 inclusive, a objeto de que la Administración Tributaria emita un nuevo Acto Administrativo, en cumplimiento de los requisitos descritos en el artículo 96 de la Ley Nº 2492 y aplicando procedimientos acordes a los principios contables, la realidad económica y la verdad material; especificando y fundamentando el método aplicado a la determinación de la base imponible, sobre base cierta o base presunta.

III.5.- Resolución del Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ-1483/2014 de 27 de octubre, cursante de fs. 3 al 23 de obrados, que confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0589/2014 de 4 de agosto de 2014.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

El motivo de controversia, es determinar si la Administración Tributaria, realizó una correcta determinación de la deuda del IUE del contribuyente, gestión 2009, sobre base presunta; consiguientemente, si fue correcto el análisis de la AGIT, para confirmar la resolución del recurso de alzada que anuló obrados hasta la vista de cargo.

V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

Que, el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye garantía formal en el que, la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, establecen el procedimiento contencioso administrativo, señalando que la demanda se interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, y que el proceso será tramitado en la vía ordinaria de puro derecho; y, conforme también se tiene previsto en el art. 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014.

En consecuencia, se tiene reconocida la competencia de la Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial sobre los actos ejercidos por la Superintendencia Tributaria General.

Una vez analizado el contenido de los actos y resoluciones administrativas y los argumentos y defensas formuladas por las partes en la presente controversia, el Tribunal Supremo de Justicia, procede a revisar el fondo de la  presente causa, en los siguientes términos:

Al respecto, el art. 96.I de la Ley Nº 2492, señala que Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado; y, por otra parte, el art. 99.II de la Ley Nº 2492, refiere que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos, el lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente; y que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa; asimismo, el párrafo primero del art. 19 del DS Nº 27310, indica que la Resolución Determinativa, deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el art. 99 de la Ley Nº 2492, conforme se señaló precedentemente.

De otra parte, el art. 55 del DS Nº 27113, señala que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público; y, que la autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, entre otros aspectos que refiere.

Con estos elementos de carácter legal y de la revisión de antecedentes, se advierte que la Administración Tributaria, al no utilizar todos los medios de investigación y verificación referida tanto en el art. 96:I como en el art 99.II, ambos de la Ley Nº 2492 para poder determinar lo que en rigor legal correspondería, incurrió en las causales previstas tanto en el art. 19 del DS Nº 27310, el art. 99.II de la Ley Nº 2492, así como también en el art. 55 del DS Nº 27113, toda vez que incluso el mismo contribuyente, en el recurso de alzada planteado, observó en sentido de que el fundamento de la deuda sobre las especificaciones de la deuda tributaria no son claras.

De otra parte, conforme al art. 76 de la Ley N° 2492, en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; y, que se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria; sin embargo, la Administración Tributaria, sin hacer uso de todas las facultades que la Ley N° 2492 le otorga, entre ellas las previstas en su art. 100, procedió a realizar conclusiones con la poca información que tuvo, y que fue admitida por la misma Administración Tributaria en la Vista de cargo, al referir que a las solicitudes de información realizadas, no pudo contar con toda la información solicitada; sin embargo de ello, tampoco hizo solicitudes de información que pudo realizar a los poseedores de inmuebles que no cuentan con el Formulario 430, menos hizo uso de otros medios de investigación y verificación, a los fines de que sus conclusiones se encuentren debidamente fundamentadas. Es más, tratándose de la verificación del Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas (IUE), que de conformidad al art. 36 de la Ley Nº 843, es el resultante de los estados financieros al cierre de cada gestión anual en los que se deben incluir la totalidad de sus ingresos gravados anuales y los gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos y mantenimiento de la fuente que los genera, se advierte en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, que en relación a los gastos, que entre los cuadros que muestra, solamente hizo constar el costo del terreno donde se construyó el Edificio Capricornio, para luego referir en su segundo cuadro, el costo presunto para cada gestión; y, en el tercer cuadro, precedido por la frase de que los porcentajes que se obtuvieron, en base a la distribución de metros cuadros construidos vendidos en cada gestión respecto al total de metros cuadrados construidos, sin que en este punto se haya considerado los gastos por mano de obra y otros gastos inherentes a la construcción del referido Edificio Capricornio, resultando de esta manera que la conclusión en cuanto a los gastos realizados, resulta ser incompleta, consiguientemente, sin la debida fundamentación.

De lo expuesto, en cuanto a la determinación de gastos en la Construcción del Edificio Capricornio, se advierte que la Administración Tributaria, no cumplió a cabalidad lo estipulado en el art. 43 de la Ley Nº 2492, respecto a la determinación de la base imponible en cuanto a sus métodos, respecto a base cierta o a base presunta, en concordancia con el art. 44 de la citada Ley, que señala que la Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique las circunstancias referidas en esta disposición legal, considerando que de antecedentes y por lo manifestado por la misma Administración Tributaria en la Vista de Cargo cursante de fs. 196 a 205, que en la mayoría de la solicitudes de información que realizó, no obtuvo la información que requería, por lo que lo correspondía efectuar mayor labor de investigación, aspecto que no cumplió; observándose asimismo, que la Administración Tributaria, no dio fiel cumplimiento a lo señalado en el art. 45 de la Ley Nº 2492, respecto a los medios para la determinación sobre base presunta, toda vez, no aplicó datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud, como el de haber requerido información de los otros poseedores del edificio Capricornio, que no cuentan con el Formulario 430, y que fue incumplido en los puntos 1. y 3. del parágrafo I. del mencionado artículo 45.

En suma, se advierte que la liquidación de la deuda tributaria realizada por la Administración Tributaria, se encuentra al margen de las disposiciones legales expuestas, aspecto que determina también la ausencia de una fundamentación sujeta a derecho en su determinación final.

       En mérito a todo lo expuesto, se concluye en relación a los aspectos demandados:

a)  Respecto a la incongruencia de la AGIT, que agravia los intereses de la Administración Tributaria, resulta no ser evidente, toda vez que la entidad ahora demandante no realizó una labor de investigación completa para determinar la base presunta del Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas, en cumplimiento a los arts. 44 y 45 de la Ley Nº 2492, que no necesariamente implica que tener esos datos, es tener Base Cierta, porque aún en el caso de Base Presunta, correspondió en sujeción a las disposiciones legales citadas, obtener los datos que refiere las mismas.

b)   En relación a la teoría del acto consentido, de la revisión de antecedentes, se advierte que la Resolución Determinativa Nº 0097/2014, acto final de la Administración Tributaria fue impugnada por el contribuyente, aspecto que desvirtúa la mencionada teoría; y, por el contrario, el art. 69 de la Ley Nº 2492, establece que en aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este código, leyes y disposiciones reglamentarias, por lo que la carga de la prueba, no recae en el contribuyente para demostrar que no es cierta la deuda por la que se está investigando, como pretende hacer ver la Administración tributaria, al indicar que el contribuyente no descargó ni presentó pruebas para desvirtuar la determinación reflejada en la Vista de Cargo y que implícitamente consintió; pues no está obligado a ello; mas al contrario, de conformidad al art. 76 de la Ley Nº 2492, se estableció que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; y, que se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. En todo caso, si la Administración Tributaria pretendió hacer valer derecho alguno, entonces debió cumplir con la carga de la prueba; y, mínimamente, cumplir con las atribuciones y funciones que le señala la citada ley (arts. 44 y 45 de la Ley Nº 2492), a los fines de determinar sobre base presunta, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas.

c)   Respecto a que la AGIT, no tomó en cuenta las facultades con las que cuenta el SIN, de lo expuesto en la presente fundamentación, se advierte que no es cierto, toda vez que, al contrario, la Resolución Jerárquica en el punto xxii. (pg. 34), señaló que la determinación sobre base presunta, debe devenir del agotamiento de las facultades  del Sujeto Activo, para obtener la información que le permita conocer de manera cierta e indubitable los hechos generadores; y, posteriormente en el punto xxix, la AGIT indicó que evidenció que la Administración Tributaria en la determinación de los ingresos, no fundamentócnicamente, ni consideró todos los elementos para deducir la existencia de ingresos gravados por depósitos bancarios, haciendo posteriormente, en el punto xxxii.  la observación de que en la Vista de Cargo, únicamente consideró el valor del presunto terreno, sin tener en cuenta la información que el propio Ente Fiscal solicitó a la Cámara Departamental de Construcción de La Paz en relación a la mano de obra, el costo de los materiales  y los datos técnicos y legales para la determinación del costo de la construcción, para concluir señalando que pone en evidencia la falta de ejercicio cabal de las facultades de la Administración Tributaria.

d)  En relación a la incorrecta decisión de la AGIT de ratificar la nulidad de obrados, porque procedería la nulidad, sólo cuando se causó indefensión; sin embargo, en el presente caso, habiendo hecho mención de la Ley Nº 2341, se puede advertir que esta Ley, en su art. 35, no señala como único motivo de nulidad de los actos el que se haya dejado en indefensión a alguna de las partes, sino que hace referencia a varios aspectos que dan lugar a la nulidad, entre ellos, el señalado en el inc. c) de su parágrafo I, como el de haberse dictado, prescindiendo total o absolutamente del procedimiento legalmente establecido, además que el art. 36.I de la mencionada ley, también señala que serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior (art. 35). Lo cierto es que del análisis realizado, la Administración Tributaria, dictó la Resolución Determinativa, sin haber agotado en el cumplimiento de todas sus facultades para determinar sobre base presunta el Impuesto a las Utilidades de la Empresas del sujeto pasivo.

e) Finalmente, en relación a que la AGIT no tomó en cuenta que la Administración Tributaria agotó los medios para establecer la verdad material y realidad económica, de antecedentes y conforme se fundamentó a lo largo de la presente Resolución, se advierte que no es evidente, por cuanto la Administración Tributaria, no cumplió con el desempeño de todas las facultades que le otorga los arts. 43 y 44 de la Ley Nº 2492, más aún cuando de las varias solicitudes de informes que solicitó, no obtuvo en la mayoría de ellos, la información que requería para determinar con certeza y sobre base presunta, el Impuesto a las Utilidades de la Empresas del contribuyente, pues este aspecto, se tiene afirmado por la misma Administración Tributaria en la Vista de Cargo cursante de fs. 196 a 205 del Anexo, que haciendo alusión a las solicitudes de información, refiere en relación a la Alcaldía de la Paz y Subalcaldías, que no fueron atendidos hasta esa fecha (de la emisión de la Vista de Cargo); respecto al Colegio de Arquitectos, que recibió respuesta que no se queda ninguna copia de los planos; en relación a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Dptal. La Paz, que recibió respuesta de que no disponen de ninguna información; respecto a la Cámara de Construcción La Paz, y que refiere -la Vista de Cargo- que recibió respuesta que proporciona información sobre la mano de obra de cada obrero que interviene en la construcción, que también proporciona información sobre el costo de algunos materiales, pero que no proporcionó información que pudiese orientar la determinación del costo de construcción; en relación a Derechos Reales, indica que recibió respuesta que ha proporcionado información rápida sobre la “escritura pública N° 489 de fecha 09/10/2008 relacionada con el fraccionamiento del Edificio Capricornio, y que sin embargo no proporcionó información sobre la transferencia de los bienes inmuebles del mencionado edificio; en relación a los Notarios de Fe Pública, indicando que evidenció la inscripción de fraccionamiento de los departamentos y parqueos del Edificio Capricornio.

El art. 96.I. de la Ley Nº 2492, establece que la Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; que también fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado; y, el art. 96.3 de la Ley Nº 2492, indica que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda; por su parte, el art.18 del DS Nº 27310, que reglamenta el Código Tributario Boliviano, señala que la Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los requisitos esenciales, entre ellos, el mencionado en el inc. f), que hace referencia a la liquidación previa de la deuda tributaria, aspecto observado fundadamente por la autoridad demandada, toda vez que a ese fin, no cumplió con las disposiciones legales observadas por la autoridad demandada y expuestas en la presente resolución,

V.1. Conclusión.

En mérito a lo expuesto, se concluye que la entidad demandante no demostró sus pretensiones; y, por el contrario, se advierte que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0589/2014 de 4 de agosto de 2014, ajustó a derecho su accionar, toda vez que los argumentos expuestos en la Resolución ahora impugnada, se encuentran dentro el marco de lo establecido en las disposiciones legales que rigen la materia.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los arts. 2.2. y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 25 a 32 interpuesta por Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), y en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ-1483/2014 de 27 de octubre, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.