TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA

ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y

ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA N° 49/2016

EXPEDIENTE                        : 233/2015

DEMANDANTE                : Martirian Pantaleón Flores Cahuana                                      

DEMANDADO (A)                        : Aduana Nacional de Bolivia  

TIPO DE PROCESO                : Contencioso Administrativo

RESOLUCION IMPUGNADA        : RA-PE-03123-15

MAGISTRADO RELATOR        : Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

LUGAR Y FECHA                        : Sucre, 1 de diciembre de 2016

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VISTOS EN SALA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 13 a 16, interpuesta por Martirian Pantaleón Flores Cahuana impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico  Nº RA-PE-03-123-15 de 2 de junio de 2015, emitida por Marlene  Ardaya Vásquez,  Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, cursante de fs. 3 a 11, el apersonamiento del tercer interesado Jhonny Marcelo Mena Rodríguez, Responsable de la Aduana Frontera Pisiga, dependiente de la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia de fs. 90 a 91, la respuesta de la autoridad demandada de fs. 69 a 73, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes de la demanda

El demandante Martirian Pantaleón Flores Cahuana, señala que notificado con la Resolución Nº RA-PE-03-123-15 de 2 de mayo de 2015, el 17 de diciembre de 2014 se embarcó en la Empresa de Transporte Internacional “INTER BUS” con destino a la Localidad Fronteriza de Pisiga, siendo intervenido en el lugar por  el funcionario de Aduana José Rodríguez Menar quien le entregó un Documento de Declaración Jurada, le preguntó si conocía, contestando le dijo que no y el funcionario le dijo que llene de manera rápida, en medio de esa presión  incurrió en error, entregado el Formulario de Declaración Jurada de internación y salida física de divisas del territorio nacional al funcionario aduanero, éste procedió a la verificación y revisión física de su  equipaje, encontrando en su poder el monto de $us. 39.000 (Treinta y nueve mil dólares americanos) no declarados en el Formulario de Declaración Jurada, imponiéndole la multa de $us.11.700 (Once mil setecientos dólares americanos) equivalente al 30% del monto no declarado, según consta en  el  Acta de Infracción AN-GRO-PISOF Nº 099/2014 de 17 de diciembre de 2014. Prosigue señalando que en su criterio no es aplicable el art. 2 del  Decreto Supremo Nº 29681, que para su configuración exige la concurrencia de una serie de presupuestos, como el principio de certeza, que debe eliminar toda posibilidad de duda que pudiera existir en materia administrativa, ya que  ante la duda se optará por la inocencia, además todo ocurrió en territorio nacional, que  no tuvo el ánimo de delinquir, menos de ir en contra la normativa, su actividad de comerciante es legal y lo ejerce en el derecho al trabajo, previsto en  el art. 47.I de la Constitución Política del Estado.

I.2 Fundamentos de la demanda

El demandante refiere que la sanción impuesta es injusta, por lo que solicita su devolución, porque no concurrió el principio de certeza, que nunca tuvo el deseo de delinquir, como en materia penal para la existencia del delito, deben concurrir los elementos constitutivos del tipo penal, materia administrativa deben concurrir los  presupuestos que no se dieron, en  materia penal ante tal situación, por el principio in dubio pro reo,  se resuelve en favor del imputado, en aplicación del art. 116-I de la Constitución Política del Estado.

Finalmente, indica que hace 8 meses que no logra la devolución de su dinero retenido injustamente, que es su único capital de inversión, demostrado en el proceso, el trámite vulnera el art. 115-II de la Constitución  Política del Estado que garantiza una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

I.3 Petitorio

Concluye solicitando que al amparo del art. 24 de la Constitución Política del Estado, se emita sentencia declarando probada la demanda, en consecuencia disponga que la Aduana Frontera Pisiga proceda a la devolución de los $us. 11.700 (Once mil dólares americanos).

I.4 Admisibilidad

Mediante Decreto de 17 de septiembre de 2015, cursante de fs. 19, se admitió la demanda de conformidad a los arts. 778 a 780 del Código de Procedimiento Civil concordante con el art. 2 num. 2) de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, corriéndose traslado al demandante y al tercer interesado.

II. De la contestación a la demanda.

Que, corrida en traslado la demanda, Silvia Eugenia Mendizábal Riveros, en representación legal de la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional, Lic. Marlene Ardaya Vásquez dentro del  plazo previsto por ley, respondió negativamente a la demanda por memorial de fs. 69 a 73, señalando:

Que la demanda es vacía, que carece de contenido y fundamentación legal, no es evidente que la retención por multa sea injusto, el demandante descuida el principio de congruencia,  pretende sostener la demanda con argumentos diferentes al expuesto en el recurso de revocatoria y jerárquico, en el que adujo que llenó así porque la gente le dijo que ponga solamente $us. 1.000 y ahora aduce la supuesta presión y actitud maliciosa  del técnico aduanero que hubiese hecho incurrir en error en el llenado del formulario de Declaración Jurada de Internación y Salida de Divisas, cuando no es posible valorar nuevos hechos, sino analizar solamente si la normativa fue legalmente aplicada al  hecho durante el proceso  administrativo.

Respecto a la no aplicación del D.S. Nº 29681 de 20 de agosto de 2008, porque fue encontrado en posesión de $us. 39.000  (treinta y nueve mil 00/100 Dólares Americanos) en territorio nacional, refiere que no es evidente porque el demandado fue objeto de revisión física de sus maletas en la localidad fronteriza de pisiga, cuando se hallaba dentro del Bus con destino al vecino país de Chile, entonces mal se puede pretender confundir a vuestras autoridades, indicando que no existe certeza de salida, que se encontraba caminando y contradictoriamente en la demanda transcribe el acta de infracción que evidencia la infracción en que incurrió el viajero  ahora demandante.

Que respecto lo aseverado que no tenía ánimo de delinquir, que no concurrieron los presupuestos en materia administrativa como se requiere en materia penal  y que lo ocurrido fue a causa del técnico de la aduana que ingreso en confusión, es muy subjetivo, más cuando refiere que es comerciante, el dinero que tenía era un capital,  que no tiene experiencia en el manejo de divisas, situación poco creíble, al  ser comerciante se entiende que conoce de la declaración de salida e internación de divisas; siendo evidente la conducta infraccionaría del actor al declarar un monto bajo de $us. 1.000  cuando tenía en su poder $us. 40.000, incurriendo en infracción del art. 2, 3-II, 5 y 6 del D.S. Nº 29681 de 20 de agosto de 2008, consecuentemente sin lugar a dubitación SI EXISTIO LA INOBSERVANCIA a la previsión en la norma mencionada, desarrollándose el proceso administrativo se desarrolló en el art. 4, 27 de la Ley 2341 de 23 de abril de 2002.

En cuanto a los supuestos derechos vulnerados, como el debido proceso, el derecho a la defensa y retardación, el demandante no reclamó en la vía administrativa, que tampoco es evidente porque la Aduana Nacional solamente cumplió su función y según el art. 108.I de la Constitución Política del Estado todos los bolivianos y bolivianas están compelidos a cumplir la Constitución y las leyes.

II.1 Petitorio.

Con los argumentos expuestos solicita se dicte Resolución declarando Improbada en todas sus partes la demanda contenciosa administrativa y firme y subsistente la RA-PE-03-123-15 de 02 de junio de 2015 y las determinaciones dispuestas en la misma. Con costas.

II.2 Intervención del Tercer Interesado

El responsable de la Aduana Pisiga, dependiente de la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, Lic. Jhonny Marcelo Mena Rodríguez, por memorial de fs. 90 a 91 como tercero interesado con relación a los argumentos de la demanda,  de manera precisa manifestó que se ratifica en toda la documentación presentada en el curso del proceso. 

II.3 Petitorio

Solicita se declare improbada la demanda Contenciosa Administrativa, manteniendo en todas sus partes la Resolución Nº. RA-PE-03-123 de 15 de junio de 2015 y por consiguiente el Acta de Infracción AN-GRO-PISOF Nº 099/2014 de 17/12/2014 y la Resolución de Recurso de Revocatoria AGROGR PISOF Nº 001/2015 de 05/01/2015. 

III. Antecedentes Administrativos y procesales.

Que, el 23 de diciembre de 2014, Martirian Pantaleón Flores Cahuana, en rechazo al Acta de Infracción, interpuso Recurso de Revocatoria; la Aduana Frontera Pisiga, dependiente de la Aduana Regional Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, por Resolución de Recurso de Revocatoria AN-GROGR-PISOF Nº 001/2015 de 5 de enero de 2015 de fs. 24  a 28 del cuaderno,  rechazó el Recurso de Revocatoria y declaró firme y subsistente el Acta de Infracción AN-GRO-PISOF Nº 099/2014 de 17 de diciembre de 2014.

Que, el 20 de enero de 2015, Martirian Pantaleón Flores Cahuana, interpuso Recurso Jerárquico, que cursa de fs. 31 a 37 contra la Resolución del Recurso de Revocatoria AN-GROGR-PISOF Nº 001/2015 de 5 de enero de 2015, la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional, por Resolución Nº RA-PE-03-123-15 de 02 de junio de 2015, resolvió rechazar totalmente el Recurso Jerárquico interpuesto por Martirian Pantaleón Flores Cahuana, en consecuencia confirmar en todas sus partes la Resolución de Recurso de Revocatoria AN-GROGR-PISOF Nº 099/2014  de 17 de diciembre de 2014, emitidas por la Administración de Aduana Frontera Pisiga de la Aduana Nacional.

IV. De la Problemática Planteada

Que, establecida como se tiene la competencia para conocer y resolver la presente demanda, del contenido de la demanda se advierte que la controversia radica en determinar si la actuación de la Aduana Nacional en la Localidad Fronteriza de Pisiga del Departamento de Oruro, se llevó a cabo en el marco de la legalidad en cumplimiento del art. 2 y siguientes del Decreto Supremo Nº 29681 de 20 de agosto de 2008 respecto al  llenado del Formulario de Declaración Jurada entregado a Martirian Pantaleón Flores durante su viaje al vecino país de Chille el 17 de diciembre de 2014, que derivó con la imposición de la multa impuesta de $us. 11.700 por incurrir en imprecisión en la declaración, consignando un monto que no respondía al que realmente tenía en su poder.


V. Análisis del Problema Jurídico  Planteado.

Que, reconocida la competencia de ésta Sala para la resolución de este tipo de controversias, de conformidad al art. 2 de la Ley Nº 620 del 31 de diciembre de 2014; en concordancia con el art. 775 del Código de Procedimiento Civil y Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439 del Código Procesal Civil que señala: “De conformidad a lo previsto por la Disposición Transitoria Décima de la Ley N° 025 de 24 de junio de 2010, Ley del Órgano Judicial, quedan vigentes los Arts. 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil, sobre Procesos: Contencioso y Resultante de los Contratos, Negociaciones y Concesiones del Poder Ejecutivo y Contencioso Administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo, hasta que sean regulados por Ley como jurisdicción especializada”; y, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste un juicio de puro derecho, en el que sólo se analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos relatados por la parte demandante, corresponde realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Que, identificado el objeto de la controversia y la competencia de ésta Sala, el contenido de los actos administrativos, se ingresa a resolver partiendo para ello del siguiente marco normativo:

1.- Que, en cuanto al cumplimiento de las normas legales, la Constitución Política del Estado, en el art. 14 numeral V, establece: “Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras en el territorio boliviano” y el  art.108-I dispone: “Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.

Que, para el cumplimiento efectivo del D.S. 29681 de 20 de agosto de 2008, el Gerente Nacional Jurídico de la Aduana Nacional a través de la  Circular Nº 303/2008 de 20 de noviembre, puso en conocimiento la Resolución Nº 01-018-08 de 18 de noviembre de 2008 que aprueba y Reglamenta el Control de Ingreso o Salidas Física de Divisas, aplicando mecanismos de control aleatorio efectivos en todas las Administraciones Aduaneras de frontera y de aeropuerto internacional de la Aduana Nacional de Bolivia.

El Decreto Supremo mencionado establece en el art. 2 (Declaración de Internación y Salida Física de Divisas). Todas las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas y mixtas, nacionales o extranjeras, están obligadas a reportar a la Aduana Nacional de Bolivia, la internación y salida de divisas del territorio nacional mediante formulario que será provisto por la citada entidad, el mismo que para todos los efectos tendrá carácter de declaración jurada, excepto las entidades financieras reguladas y no reguladas cuyas operaciones de traslado de divisas al exterior o internación al territorio nacional se regirán conforme se establece en el art. 4 del presente Decreto Supremo.

El art. 5  de manera específica faculta a la Aduna Nacional de Bolivia a cumplir la las siguientes funciones:

  1. Exigir la presentación del formulario de declaración jurada de internación o salida física de divisas, referido en el artículo 2 del presente Decreto Supremo.
  2. Remitir mensualmente los formularios de declaración jurada, cuyos montos declarados sean iguales o mayores a $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Estadounidenses) o su equivalente en otras monedas, a la Unidad de Investigaciones Financieras para su procesamiento en el marco de sus competencias. y, 

El  art. 6 (Sanciones). La persona natural o jurídica que no cumpla con la obligación de presentar la declaración jurada, o lo hiciera en forma imprecisa, o no cumpliera con la autorización debida, será pasible a una multa del 30% de la diferencia entre el monto que se establezca de la revisión física del equipaje y el monto declarado, sin perjuicio de la acción legal que corresponda. Los que se originen en dichas multas se abonaran a una cuenta del Tesoro General de la Nación que se habilitara para dichos casos”.

2.- En el marco legal descrito, conforme a los antecedentes del proceso administrativo,  cabe dejar establecido en principio que en cumplimiento del mandato constitucional descrito supra, todo boliviano y boliviana tiene el deber de conocer y cumplir las leyes que rigen en nuestro país, en ese entendido las normas administrativas son de cumplimiento obligatorio y nadie puede alegar o argumentar desconocimiento de ellas como pretende el demandante Martirian Pantaleón Flores Cahuana, pues el desconocimiento e ignorancia de las normas no excusa de su cumplimiento, porque de aceptarse éste argumento  ocasionaría una total indisciplina legal en nuestro Estado Social de Derecho.

En ese razonamiento la promulgación de las leyes, Decretos u otras normas permite su conocimiento y cumplimiento a partir de su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional,  que  en el caso de análisis el Decreto Supremo N° 29681 del 20 de agosto de 2008, que regula y controla la salida de divisas del país,  vigente el 17 de diciembre de 2014.

VI. Conclusiones.

1.- Con relación al caso concreto, del análisis de los antecedentes del proceso administrativo, se tiene que el 17 de diciembre de 2014 la Administración de Aduana, ubicada en la localidad Fronteriza de Pisiga, el Técnico Aduanero en cumplimiento del D.S. Nº 29681 de 20 de agosto de 2008 procedió a la  verificación aleatoria del Formulario de Declaración Jurada de Divisas llenado por el viajero Martirian Pantaleón Flores Cahuana, con el objeto de comprobar y precisar de si el monto consignado era el correcto,  acto  en el que evidenció que el pasajero estaba en posesión física de $us. 39.000, distinto al consignado en el Formulario de  Declaración Jurada de Salida Física de Divisas por importes menores a $us.50.000, en el que solamente  declaró que tenía en su poder  la suma de $us. 1.000,00, de donde coligió que el viajero presentó una declaración imprecisa, incurriendo en infracción de la norma señalada y por tanto pasible a la multa de $us. 11.700,00, equivalentes al 30% de  los $us. 39.000 en aplicación del art. 6 del D.S. 29681, actuado que  consta en el Acta de Infracción Nº AN-GRO-PISOF Nº 099/2014  de 17 de abril de 2014, emitida por la Administración de Aduana Frontera Pisiga.

2.- De lo anterior se establece que el viajero Martirian Pantaleón Flores Cahuana, el17 de diciembre de 2014 pasajero de la Empresa “Inter Bus” con destino al vecino país de Chile, en la localidad fronteriza de Pisiga, entregó el Formulario de Declaración Jurada de Salida Física de Divisas por Importes Menores a $us. 50.000 o su equivalente en otras monedas al Técnico Aduanero II, incurrió en infracción de la norma descrita supra que obliga el cumplimiento a todo viajero consignar datos correctos en el formulario, que se constituye en Declaración Jurada, su imprecisión está  sancionado con el 30% sobre el monto encontrado como no declarado, situación que aconteció en el caso de autos, en el que el viajero sin razón alguna intentó burlar las normas legales  administrativas emitidas por el Estado Plurinacional de Bolivia que a través de la Aduana Nacional tiene  por finalidad ejercer el  control de las divisas que salgan del país  y evitar las actividades ilícitas de los viajeros, constituyendo por ello el llenado el formulario una garantía para el viajero comerciante y para el ingreso de su mercadería, la imprecisión en la declaración no solamente conlleva la sanción de multa, sino también puede influir para acreditar su mercadería, como en el caso el comerciante pretendía realizar compras con $us. 40.000 y según el Control Aduanero de la Frontera Pisiga tenía $us. 1.000, lo cual es incongruente y perjudicial para el ejercicio de su actividad comercial.

3.- Por los fundamentos expuestos, los argumentos de la demanda carecen de sustento legal, no es suficiente argumentar que es injusto la retención, sino acreditar que el proceso administrativo no se enmarcó en la legalidad, lo que nos lleva a concluir que  la Aduana de la localidad fronteriza de Pisiga, dependiente de la Aduana Regional Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, a través del funcionario Técnico Aduanero actuó correctamente al exigir el llenado del Formulario de Declaración Jurada de Salida Física de Devisas en observancia y cumplimiento del  Decreto Supremo N° 29682 de 20 de agosto de 2008 sustentando su decisión en las literales de fs. 22 y 23 de obrados.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa., Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en los arts. 778 a 781 del CPC, en concordancia con el art. 2.2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 13 a 16, interpuesta por Martirian Pantaleón Flores Cahuana y mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico Nº RA-PE-03-123-15 de 2 de junio de 2015.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada, sea con nota de atención.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.