TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA

ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y

ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA N° 36/2016

EXPEDIENTE                        : 183/2015

DEMANDANTE                        : YPFB LOGISTICA S.A.

DEMANDADO                        : Ministerio de Hidrocarburos y Energía

TIPO DE PROCESO                : Contencioso Administrativo

RESOLUCION IMPUGNADA        : R. M. R. J.  Nº 46/2015

MAGISTRADO RELATOR        : Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

LUGAR Y FECHA                        : Sucre, 20 de octubre de 2016

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VISTOS EN SALA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 672  a 683, impugnando la Resolución Ministerial R.J. No. 46/2015 de 10 de abril, emitida por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, la contestación de fs. 756  a 760, la réplica de fs. 765 a 766 y la dúplica de fs. 773 a 779, los antecedentes del proceso, y;

I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA.

I.1.- Antecedentes de la demanda.

La Empresa YPFB LOGISTICA S.A., representada por Rodolfo Luis Méndez Mendoza, interpone demanda contenciosa administrativa contra el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, impugnando  la Resolución Ministerial R.J. No. 046/2015 de 10 de abril de 2015 cursante de fs. 653 a 660, expresando que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), mediante Resolución Administrativa ANH No. 2051/2014 de 4 de agosto, aprobó el Presupuesto Ejecutado en la gestión 2008, sobre la base de los principios de racionalidad y prudencia, correspondiente a la concesión de la Empresa YPFB LOGISTICA S.A., de acuerdo al anexo adjunto que es parte del acto administrativo, ratificando la validez de muchos de los gastos realizados  en la gestión y calificando a otros como NO RAZONABLES, NI PRUDENTES,  calificación que tendría una incidencia directa en la tarifa de los servicios que presta la Empresa, porque son excluidos de los costos de la misma, para una futura revisión tarifaria, sea que se ejecute ha pedido de la Empresa YPFB LOGISTICA o de oficio por la autoridad reguladora, acto administrativo que fue impugnado formulando el recurso de revocatoria.

I.2. Fundamentos de la demanda.

El demandante  enfatiza que el fin de la Auditoria Regulatoria es EVALUAR la gestión y el rechazo y/o la aceptación de los gastos e inversión que tiene por finalidad la modificación o revisión de las tarifas que cobrará el concesionario en gestiones ulteriores. Los gastos e inversiones que son considerados no razonables y no prudentes, no forman parte del costo que se analiza para la determinación de la tarifa, conforme lo dispone el art. 92 de la Ley No. 3058 que establece los principios bajo los que deberán aprobarse las tarifas para el transporte de Hidrocarburos por ductos. El inc. b) del mencionado artículo refiere que las tarifas deben cubrir los costos racionales y prudentes, por tanto cuando la auditoria regulatoria los califica a la inversa, los mismos no forman parte del costo a recuperar por la empresa y para la revisión tarifaria, la información de las gestiones concluidas debe contar con la auditoria regulatoria correspondiente.

En ese entendido, prosigue señalando que la Resolución Ministerial R.J. No. 46/2015  al señalar que el procedimiento de aprobación de presupuestos ejecutados, no es un procedimiento administrativo sancionador, sino que tiene por objeto determinar qué costos e inversiones realizadas en una determinada concesión son racionales y prudentes, con la finalidad de una futura revisión,  no es  neutra y exclusivamente beneficiosa a la Empresa, como erróneamente declara la Resolución, sino que tiene una sola finalidad, la revisión de las tarifas que cobra el concesionario.

Imposibilidad sobreviniente de cumplir la única finalidad que tenía el acto administrativo.

Bajo el subtítulo de imposibilidad sobreviniente de cumplirse el acto administrativo, refiere que la Resolución Administrativa No. 2051/2014 de 4 de agosto, que aprobó el presupuesto de la gestión 2008, después de 5 años de la ejecución del presupuesto, es imposible que pueda cumplir a futuro su única finalidad, toda vez que las tarifas de las gestiones 2009 a la 2014 sobre las que podía haber tenido influencia, efecto o impacto, consideraron como válidos los gastos que ahora son calificados como no razonables y no prudentes o sea que en las gestiones posteriores no se modificó, ni ha pedido   de parte, ni de oficio, la tarifa que se estaba cobrando. Por ello, indica  que si la tarifa de gestiones posteriores fueron cobradas, la finalidad de la Resolución Administrativa No. 2051/2014 ha cesado por un hecho sobreviniente a la voluntad del concesionario y de la autoridad reguladora. El transcurso del tiempo ha hecho imposible ejecutarla, art. 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Según la doctrina, el acto que se torna imposible de hecho con ulterioridad a su dictado, se extingue de pleno derecho por esa sola circunstancia, sin necesidad de pronunciamiento expreso y que la imposibilidad se puede dar  por tres elementos: i) material II) jurídico y iii) personal. 

Que, en el caso concreto concurren los dos primeros, pues ya no le sirve a la autoridad para modificar los costos de las gestiones ya cobradas, ni al concesionario para revisar sus tarifas pues que fueron cobradas. Siendo también irrelevante jurídicamente a partir del principio de no afectación de hechos consumados no se puede afectar actos que ya han sido ejecutados, criterio asumido por el Tribunal en la Sentencia 0228/2014-S2 de 5 de diciembre, por lo que corresponde dimensionar los alcances del fallo.

En el caso que analizamos los años posteriores a la gestión que aprueba ya han generado efectos jurídicos consolidados que no pueden verse afectados por un acto extemporáneo. La Resolución Administrativa ANH 2051 no puede cumplir su objeto, quedando extinguida de manera automática conforme lo determina el art. 57. b) del D.S. No. 27113 que prevé: “el acto administrativo se extingue de pleno derecho, sin necesidad de otro acto posterior por imposibilidad de hecho sobreviniente para cumplir su objeto”. Por lo que, al aprobar el presupuesto bajo los criterios de no razonabilidad y no prudentes, ha violado el principio de legalidad previsto en el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Asímismo, refiere que alternativamente interpusieron prescripción del derecho de la ANH para sancionarles al definir ciertos gastos como no razonables y no prudentes y que el mismo fue rechazado, por la Resolución Ministerial R.J. No. 46/2015 que expresó, el art. 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo, hace referencia a la prescripción de la infracción y la sanción, pero que el procedimiento de aprobación de presupuesto ejecutado no es un procedimiento administrativo sancionador en el que se atribuya al apoderado la comisión de una infracción administrativa ni se persiga la imposición de una sanción, por lo que no sería aplicable, en el entendido que la Resolución Administrativa ANH No. 2051/2014 tendría efecto neutro o de declaración administrativa sin efecto sobre los derechos u obligaciones del concesionario, apreciación errónea pues el acto afectará, en la futura revisión tarifaria pues los gastos declarados no racionales no formaran parte de los costos sobre los que se fijará la nueva tarifa y el concesionario por el mismo trabajo recibirá menor retribución.

Prosigue indicando sobre la naturaleza jurídica de una sanción administrativa,  esta tiene tres componentes: se impone por autoridad en ejercicio de su potestad punitiva, emerge de la violación de un deber del administrado y genera restricción de un derecho o establece una obligación de pago. Por ello, en la Resolución Administrativa No. 2051/2014 de 4 de agosto, ha participado una autoridad competente, YPFB Logística que incumplió el deber de actuar con razonabilidad y prudencia, como efecto se le priva de cobrar una tarifa mayor, lo que en criterio del demandante  constituye una sanción.

En consecuencia las ilegalidades en el gasto de la gestión 2008, calificadas como no prudentes y no razonables, se produjeron entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, por consiguiente se encontrarían prescritos según el art. 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que dispone: “Las infracciones prescribirán en el término de 2 años. Las sanciones impuestas se extinguieran en un año. La prescripción de las sanciones quedará interrumpida mediante la iniciación del procedimiento de cobro, conforme la reglamentación especial para los órganos de la Administración Pública, comprendidos en el art. 2 de la presente Ley”.

Que desde el  1 de marzo de 2009, más 15 días hábiles, tenemos en el peor de los casos el 1 de abril del 2009, que se computan 2 años. La autoridad reguladora tenía hasta el 2 de abril de 2011 para sancionar al concesionario con la calificación de gastos NO RAZONABLES Y NO PRUDENTES. Si era aprobación simple y llana, calificando razonables y prudentes todos los gastos, no existía plazo. La autoridad reguladora dejó transcurrir el plazo indicado, sin generar ningún tipo de acto que suspenda o interrumpa el cómputo del término de la prescripción. Por lo que la Resolución Ministerial R.J., No. 46/2015 al rechazar la prescripción con los argumentos que no son conducentes, violó el art. 79 y 4 ing. g) de la Ley de Procedimiento Administrativo, que prevé el principio de legalidad.

I.3.- Petitorio

El representante de la Empresa YPFB LOGISTICA S.A., solicitó declarar probada la demanda y dejar sin efecto la Resolución Ministerial R.J. No. 46/2015 de 10 de abril, consecuentemente la Resolución Administrativa ANH No. 2945/2014 de 11 de noviembre y la Resolución Administrativa ANH No. 2051/2014 de 4 de agosto, y fallando sobre el fondo determine: dar por extinguida la Resolución Administrativa ANH No. 2051/2014, alternativamente declarar la prescripción del derecho de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de declarar no Razonable y no Prudente los gastos contenidos en el ejecución presupuestaria aprobada.

Que, admitida la demanda por auto de fs. 745, se dispone la citación a la parte demandada y al tercer interesado, emitiéndose las provisiones citatorias correspondientes.

II.- DE LA CONTESTACION A LA DEMANDA.

El Ministerio de Hidrocarburos y Energía contestó la demanda cursante  de fs. 756 a 760 en forma negativa, en base a los siguientes argumentos:

1.- Respecto a la Imposibilidad sobreviniente de cumplir la única finalidad que tenía el acto administrativo, señaló que el fin de la Auditoria Regulatoria es evaluar la gestión que tiene el concesionario del servicio en este caso YPFB Logística S.A., cuyo procedimiento de aprobación de presupuesto para el servicio de transporte de hidrocarburos está en el art. 58.II y III del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por el DS No. 29018, normativa que  otorga al ente regulador la potestad de aprobar los presupuestos ejecutados que a criterio suyo sean considerados racionales y prudentes, rechazando aquellos montos que no posean estas características, determinación que encuentra sustento en la facultad discrecional que reviste la actividad de la Administración Pública. Afirmación que sustentó en la SC-No 2252/2010 de 19 de noviembre, referida a la potestad administrativa normada y la discrecional, en el primer caso, la norma predetermina lo que el órgano debe hacer en un caso concreto, mientras que lo discrecional se da cuando el orden jurídico le otorga libertad para elegir uno u otro curso de acción, dejando a la apreciación del órgano que dicta el acto.

En el caso, el ordenamiento administrativo define la facultad discrecional del ente regulador para calificar el gasto y  al concesionario le corresponde demostrar la racionalidad y prudencia del mismo por lo que se debe y debió cuestionar la pertinencia de los gastos, aspectos que en el caso no se reclamó.  Además que la información consolidada en el acto impugnado servirá para que el ente regulador, en el marco de otro procedimiento, realice revisión tarifaria a futuro, por ello, la finalidad del acto administrativo es la aprobación del presupuesto ejecutado en la gestión evaluada, en consecuencia no es evidente la imposibilidad sobreviniente del cumplimiento de dicho acto, el mismo que ya cumplió su fin, aprobar los gastos presentados por YPFB Logística S.A.

2.- Con relación a la violación del art. 79 de la Ley No. 2341 de Procedimiento Administrativo y prescripción de la sanción. Indicó que la determinación de la aprobación presupuestaria, no constituye una SANCION ADMINISTRATIVA, el acto administrativo emitido no deviene de un procedimiento sancionador iniciado como consecuencia de una infracción por omisión o incumplimiento de una norma administrativa, por lo que el régimen de prescripción no es aplicable al caso al no existir sanción administrativa sobre la cual recaiga la prescripción.

II.1.- Petitorio

La entidad demandada por todo lo expuesto, solicitó se dicte sentencia declarando improbada la demanda y sea con costas.

Memoriales de réplica y dúplica

Réplica.- La Empresa YPFB LOGISTICA S.A., por memorial de fs. 765 a 766, reitera los argumentos de la demanda, haciendo incidencia que los ciclos tarifarios son de 4 años, tiempo en el que el ente regulador puede utilizar, pero como ya transcurrieron no es aplicable, sin embargo podría incidir en el derecho que tiene el concesionario, que tiene por ese concepto.

Dúplica.- Por su parte el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, por escrito de fs. 773 a 779, ratifica los argumentos expuestos en la contestación, reafirmando que la demanda no tiene sustento legal, toda vez que la determinación asumida de la aprobación del presupuesto ejecutado por YPFB Logística, no constituye una sanción administrativa, amparando su decisión en la Sentencia Constitucional No. 2252/2010 referida a la potestad administrativa y discrecional.

Decreto de Autos para Sentencia.

Concluido el trámite del proceso, se decretó Autos para Sentencia, según sale de la providencia de 21 de diciembre de 2015, cursante de fs. 780 de obrados.

III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

1.- Recurso de Revocatoria

Aduce que notificado con la Resolución Administrativa ANH No. 2051/2014 de 4 de agosto, por memorial de 11 de septiembre de 2014, impugnó el acto con tres argumentos: a) violación del principio de retroactividad puesto que pretende regular aspectos consumados y retrotraer sus efectos al pasado; b) que el acto impugnado es inaplicable porque la auditoria regulatoria que aprueba tiene como fin evaluar la gestión pasada y que la demora se debe a la responsabilidad de la administración pública que no actuó con celeridad y proporcionalidad para ejecutar la auditoria regulatoria en un tiempo que sus incidencias puedan ser ejecutadas y c) que en aplicación del art. 57 del D.S. No. 27113 corresponde la extinción de pleno derecho del acto administrativo por imposibilidad de hecho sobreviniente para cumplir su objeto.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, sin evaluar los argumentos, lo rechazó, confirmando en todas sus partes el acto administrativo impugnado.

2.- Recurso Jerárquico

Ante el rechazo del recurso de revocatoria, la Empresa YPFB LOGISTICA S.A. a través de su representante, presentó Recurso Jerárquico, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, por Resolución Ministerial R.J. No. 46/2015, rechazó el recurso, confirmando por tanto la Resolución Administrativa ANH No. 2945/2014 de 11 de noviembre y la Resolución Administrativa ANH No. 2051/2014 de 4 de agosto, incurriendo según el demandante en sede administrativa  en las siguientes vulneraciones a normales legales:

  1. Violación del art. 57 del Decreto Supremo No. 27113, porque la finalidad de la auditoria regulatoria se encuentra descrita en el art. 6 del Decreto Supremo No. 29018, que dispone: “son aquellas actividades realizadas por el Ente Regulador, por si misma o a través de terceros, con la finalidad de evaluar la gestión de la concesión. Dichas auditorias deben abarcar aspectos técnicos, económicos y financieros del Concesionario bajo los criterios de razonabilidad y prudencia. Estas auditorías no contemplan  dictamen sobre las actividades no reguladas, el pago de los impuestos y los estados financieros ya auditados”.

IV.- Fundamentos jurídicos del fallo.

Que, en atención a los antecedentes expuestos, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por la Ley No. 620 de 29 de diciembre de 2014, ingresa a efectuar el control de legalidad de los actos realizados en sede administrativa a tiempo de pronunciar la Resolución Ministerial que resuelve el recurso jerárquico, es necesario dejar establecido que el objeto de control de legalidad versará en las pretensiones expuestas en la demanda, de acuerdo al orden siguiente:

IV.1.- Análisis del problema jurídico planteado.

Del análisis y relación fáctica expuesta, se colige que la controversia expuesta por la Empresa YPFB LOGISTICA S.A., representada por Adolfo Luis Méndez Mendoza radica en que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al pronunciar la Resolución Administrativa ANH No. 2051/2014 de 4 de agosto de 2014, que aprueba el presupuesto ejecutado de la gestión 2008, bajo los   principios de razonabilidad y prudencia, correspondiente a la concesión de la Empresa demandante, de acuerdo al anexo adjunto que forma parte integrante e indivisible de la resolución administrativa, habría incurrido en la presunta violación de los arts. 57 inc. b) del DS Nº 27113 y art. 4- g) de la Ley de Procedimiento Administrativo, toda vez que la Resolución de Recurso Jerárquico RJ Nº 045/2015, de 10 de abril, que confirmó la Resolución Administrativa ANH Nº 2945/2014 de 11 de noviembre y en su mérito la Resolución ANH N° 2051/2014 de 4 de agosto, es de imposible cumplimiento por lo que el acto administrativo debe extinguirse por imposibilidad sobreviniente.

1.- Sobre el particular el  DS No. 29018 de 31 de enero del 2007, “Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos”, en su art. 1 refiere: “El presente decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la actividad de transporte de hidrocarburos por ductos”, dentro del marco de la Ley No 3058 de 17 de mayo del 2005 (Ley de Hidrocarburos). Por su parte, el art. 2.II del mismo cuerpo legal refiere: “Quedan sujetos a las disposiciones del presente Reglamento los Cargadores, Concesionarios en Ductos y Redes de Distribución de Gas Natural…” y, en cuanto a las Auditorías Regulatorias, el art. 6 del referido Reglamento, las define en los siguientes términos: “Son aquellas actividades realizadas por el Ente Regulador, por si misma o a través de terceros, con la finalidad de evaluar la gestión de la concesión. Dichas auditorias deberán abarcar aspectos técnicos, económicos y financieros del Concesionario bajo los criterios de razonabilidad y prudencia. Estas auditorías no contemplarán dictamen sobre las actividades reguladas, el pago de los impuestos y los estados financieros ya auditados”.

En ese marco legal, la Agencia Nacional de Hidrocarburos en su condición de Ente Regulador, conforme a Contrato Administrativo DJ 0119/2012 de 16 de abril del 2012, contrató los servicios de la Empresa Consult Sistem y Asociados SRL., para la realización de la Auditoria Regulatoria al presupuesto ejecutado por la Empresa YPFB LOGÍSTICA S.A. correspondiente a la gestión 2008. 

Ejecutado el trabajo de auditoría y concluidos los procedimientos legales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, emitió la Resolución Administrativa Nº 2051/2014, cursante de fs. 152 a 153, la misma que en su parte dispositiva resolvió: “Aprobar sobre la base de los principios de racionalidad y prudencia el Presupuesto Ejecutado de la gestión 2008 correspondiente a la concesión de la empresa YPFB LOGÍSTICA S.A., de acuerdo al Anexo adjunto que forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución Administrativa”. El referido anexo, parte integrante de la Resolución Administrativa Nº 2051/2014 contiene a su vez el informe DDT 014/2014, en cuyo punto 3.1., de conclusiones bajo el epígrafe de “Inversiones de Capital” hace constar que: “De la evaluación efectuada al presupuesto ejecutado de las inversiones de capital correspondiente a la gestión 2008, se han determinado observaciones, mismas que de acuerdo a criterio de la Empresa Auditora no son razonables ni prudentes, en algunos casos se debe realizar reclasificaciones, el detalle y desglose de los mismos se encuentra en anexo 1… ”. Más  adelante señala: “ De acuerdo al informe final de la Auditoría Regulatoria, las inversiones de capital (CAPEX) ejecutadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2008, que cumplen criterios de razonabilidad y prudencia, alcanzan un monto de 736.753 $us., habiéndose deducido $us. 276,416.- del monto presentado como presupuesto ejecutado, por importes considerados no razonables, ya sea por la falta de respaldos (facturas principalmente) o porque fueron transferidos al gasto por no cumplir los criterios regulatorios. Se observó un valor de $us. 276,416 el cual está conformado por $us. 185,227 por concepto de overhead y $us. 91.189 por importes considerados no razonables, quedando finalmente un monto de $us. 736,753, que se recomienda aprobar”.

En consecuencia en base al Informe de Auditoría, se emitió la Resolución Administrativa ANH N° 2051/2014 de 4 de agosto de 2014, confirmada en Recurso de Alzada y Recurso Jerárquico con la Resolución Ministerial R.J. N° 046/2015 de 10 de abril  de 2015,  ahora impugnada por la Empresa  YPFB LOGÍSTICA S.A. que en la demanda motivo de autos, en su criterio, implicaría revisar retroactivamente las tarifas de transporte de hidrocarburos, lo cual es material y jurídicamente imposible que pueda cumplir a futuro su finalidad, toda vez que procedió a aprobar el presupuesto 2008 cinco años después de su ejecución y las tarifas de las gestiones 2009 a 2014 sobre las que podía haber tenido influencia o incidencia ya fueron considerados como válidos los gastos ahora calificados como no razonables y no prudentes. En consecuencia, la Resolución Administrativa ANH N° 2051 al no poder cumplir ya su objeto habría  quedado extinguida de pleno derecho conforme lo determina el art .57 inc. b) del DS N° 27113.

Consiguientemente por los fundamentos expuestos, se advierte que es evidente que la Empresa demandante entidad actora plantea una pretensión incongruente ya que procura judicialmente, en aplicación del mencionado art. 57 del DS Nº 27113 (Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo) se declare extinguido el acto administrativo impugnado apoyándose en una norma que dispone que: “ El acto administrativo se extingue de pleno derecho, sin necesidad de otro acto posterior por; b) Imposibilidad de hecho sobreviniente para cumplir su objetivo”.

Como se observa, la norma es clara en cuanto a la condición establecida en el inc. b) del art. 57 del DS referido, aspecto que nos obliga a determinar cuál es el objetivo de la R.A. Nº 2051/2014, emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

En ese sentido, cabe dejar establecido que la normativa aplicable al procedimiento de aprobación del presupuesto para el servicio de transporte de hidrocarburos, como bien lo han referido en la Resolución de Alzada y de Recurso Jerárquico, está en el DS Nº 29018, cuyo art. 58.III, inc. g) que establece: “…el Ente Regulador aprobará a los concesionarios, presupuestos ejecutados racionales y prudentes…deberá rechazar los gastos y/o montos considerados como no racionales o no prudentes”.

De la norma supra, se entiende que la finalidad u objeto único de la referida Resolución Administrativa Nº 2051/2014, está cumplida, cual fue  de aprobar el presupuesto ejecutado por la Empresa YPFB Logística S.A. en la gestión 2008 sobre la base de principios específicos. En efecto, según se advierte de la parte resolutiva, dicho acto administrativo, que dispuso: “Aprobar sobre la base de los principios de racionalidad y prudencia el Presupuesto Ejecutado de la Gestión 2008, correspondiente a la concesión de la empresa YPFB Logística S.A. de acuerdo a anexo adjunto…”, no se infiere o  advierte que aluda implícita o explícitamente efecto retroactivo alguno como erróneamente se indica en la demanda. Otra cosa diferente es que, cumplida la finalidad del acto administrativo con la aprobación del presupuesto referido, la información contenida en el acto impugnado pueda servir de base para otro procedimiento sobre “futura” revisión tarifaria, en el que YPFB Logística S.A. podrá  suscitar controversia sobre todos los aspectos que hagan a su defensa en el marco del debido proceso, incluidos los ciclos tarifarios que alude en la réplica presentada.

De esto se colige, que no es evidente  la concurrencia de la “Imposibilidad de hecho sobreviniente para cumplir su objetivo”, contrario a ello, habiendo cumplido su propósito la Resolución Impugnada cual es la aprobación presupuestaria, no existe vulneración de la norma citada y tampoco de los principios aludidos, lo cual expone que los actos de la autoridad jerárquica se encuentra enmarcada en la ley, máxime cuando la Empresa  YPFB Logística, no ha impugnado, en este punto, los fundamentos contenidos en la Resolución de Recurso Jerárquico que han servido para desvirtuar su pretensión y rechazar el recurso interpuesto, toda vez que en los fundamentos de la demanda, se limita a especular sobre los efectos del acto administrativo impugnado, sin efectuar observación alguna sobre la “ilegalidad” de la resolución sobre a la declaración de gastos no razonables y no prudentes y el perjuicio que esto les pudiera causar, porque se trata de acto administrativo referido netamente a la ejecución del presupuesto.

2.- En cuanto a la aprobación -en su concepto- extemporánea del presupuesto de la gestión 2008, la Resolución de Recurso Jerárquico RM-RJ N° 046/2015 de 10 de abril, ha expuesto de forma razonable a fs. 656 de obrados los fundamentos suficientes que le llevaron a concluir que se cumplieron procedimientos que ciertamente demoraron la emisión de la Resolución Administrativa ANH N° 2051/2014 de 4 de agosto, pero que “sin embargo, dicha demora no influye en la validez y eficacia del acto administrativo en cuestión, toda vez que tal como lo reconoce YPFB Logística en su recurso jerárquico, el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado por DS Nº 29018, no hace referencia a plazos fatales para la realización de la Auditoría Regulatoria.

Con relación a lo expuesto,  de los antecedentes se advierte que se adhiere la propia entidad demandada a tiempo de  contestar a la demanda señalando que todo acto administrativo tendrá siempre un efecto sobreviniente y no retroactivo, que la finalidad de la revisión de aprobación del presupuesto ejecutado tiene un fin en sí mismo cual es la determinación de la razonabilidad y prudencia de los gastos ejecutados del presupuesto y que el proceso de revisión tarifaria es distinto al de aprobación presupuestaria estando previsto en la Sección V del reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos arts. 80 y 81.

3.- En cuanto al segundo motivo de controversia que debe someterse a control de legalidad para constatar si al emitir la resolución impugnada se vulneró el art. 79 de la Ley Nº 2341, respecto a la prescripción de la sanción administrativa; cabe señalar de manera muy puntual que considerados los fundamentos expuestos por las partes y revisados los antecedentes administrativos adjuntados a la demanda se establece, que la Empresa YPFB Logística a tiempo de reconocer que el art. 58 del DS N° 29018 no establece un plazo para la revisión de la ejecución presupuestaria, sostiene que la Entidad Reguladora del sector, “…al declarar NO RAZONABLES Y NO PRUDENTES los gastos de la ejecución presupuestaria del periodo fiscal anterior, convierte al acto administrativo en una sanción … Para ese evento, de declarar NO RAZONABLES Y NO PRUDENTES algunos gastos, se aplicaría el plazo contenido en el art. 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo que señala a la letra dice: “Prescripción de infracciones y sanciones”.- Las infracciones prescribirán en el término de dos (2) años. Las sanciones impuestas se extinguirán en el término de un (1) año”, lo que aplicado al caso significaría que: “… la Agencia Nacional de Hidrocarburos tenía hasta el 2 de abril de 2011 para sancionar al concesionario, con la calificación de gastos no razonables y no prudentes, si la resolución fuera simple y llana de aprobación de los gastos, no existe plazo”. Sobre esto  sostiene que la prescripción en el caso, se ha operado. Además que el legislador en el contenido del aludido art. 79 de la Ley N° 2341, ha previsto un régimen de prescripción aplicable al procedimiento sancionador, así se entiende sin lugar a dudas, porque el mencionado artículo tiene su fundamento y sustento en el Título Tercero, Capítulo VI denominado: “Procedimiento Sancionador”.

En ese razonamiento, en el caso de autos el procedimiento administrativo de Auditoria Regulatoria, previsto en el art. 58 del “Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos”, aprobado por DS Nº 29018, no hace referencia a un proceso sancionador, sino un proceso administrativo de evaluación del presupuesto ejecutado por la Empresa concesionaria, en este caso, YPFB LOGÍSTICA S.A.. En este procedimiento administrativo, la autoridad competente no está facultada a realizar   descripciones típicas de faltas, contravenciones o delitos, menos para determinar o imponer “sanciones”, tampoco existe un procedimiento de ejecución de esa sanción, sino simplemente, la autoridad administrativa ejerce su competencia reguladora en la que debe decidir razonablemente, en base a los resultados de la Auditoria Regulatoria, tarea que en el caso de autos, se materializó con la emisión de la Resolución Administrativa Nº 2051/2014 de 4 de agosto de 2014, que no ha impuesto sanción administrativa alguna como erróneamente expresa la entidad actora, siendo por tanto los argumentos referidos a este punto carentes de hecho y de derecho, bajo el fundamento que la  resolución en cuestión no fue emitida  dentro de un proceso sancionador, sino que en un trámite  administrativo que tiene por objeto determinar qué costos e inversiones realizadas en una determinada concesión son racionales y prudentes, con fines a una futura revisión tarifaria, consiguientemente no es aplicable al presente caso, la norma señalada por el actor,  resultando por tanto, innecesaria por irrelevante, que este Tribunal Supremo ingrese al análisis del cómputo de la prescripción.

En mérito a los fundamentos expuestos, se concluye que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía al emitir la Resolución Ministerial R.J. No. 046/2015 de 10 de abril de 2015 no incurrió en vulneración de las normas aludidas por la entidad demandante, al contrario la misma se ajusta a las normas que legales aplicables a la materia. 

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 2.1 y 4  de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 falla, en única instancia, declarando IMPROBADA la demanda de fs. 672 a 683, en consecuencia, firme y subsistente la resolución de Recurso Jerárquico, Resolución Ministerial RJ Nº 046/2015 de 10 de abril, que confirmó la Resolución Administrativa ANH Nº 2945/2014 de 11 de noviembre y en su mérito la Resolución Administrativa  ANH N° 2051/2014.

Por Secretaría de Sala devuélvase los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.