TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



SENTENCIA Nº 35/2016

EXPEDIENTE             : 103/2015

DEMANDANTE             : Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales-ADRA BOLIVIA

DEMANDADO(A)             : Autoridad General de Impugnación Tributaria

TIPO DE PROCESO             : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA  : R.J. AGIT-RJ 0133/2015 de fecha 26/01/2015

MAGISTRADO RELATOR             : Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

LUGAR Y FECHA             : Sucre, 20 de octubre de 2016

VISTOS EN SALA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 49 a 54 impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0133/2015 de 26 de enero, pronunciada por el Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la respuesta de fs. 78 a 84; el memorial de apersonamiento de fs. 118 a 121 y vta. del tercero interesado, la réplica de fs. 125 128 y vta., el decreto de “Autos” de fs. 129; los antecedentes procesales.

I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA:

I.1.- Antecedentes de la demanda.

La Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales ADRA BOLIVIA, representada legalmente por Johnny Velasquez Gutierrez, se apersona e interpone demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0133/2015 de 26 de enero, amparado en los arts. 2 de la Ley Nº 3092 de 7 de julio de 2005, 70 de la Ley Nº 2341, 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, y art. 10.I de la Ley 212 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, expresando lo siguiente:

I.2.- Fundamentos de la demanda

Refiere que en merito a lo dispuesto por el art. 59 de la Ley Nº 2492 se solicitó a la Administración Aduanera la prescripción tributaria por haber transcurrido más de 4 años para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda tributaria; imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, en consideración a lo establecido por el art. 60 de la Ley Nº 2492. Añadió que el parte de recepción 201 2004 11742 es de fecha 19 de enero de 2004, tratándose de mercancía bajo el régimen Aduanero de Admisión de Mercancías con Exoneración de Tributos Aduaneros, por lo que el cómputo de la prescripción de la acción y sanción tributaria comenzó el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, sin que exista acto de interrupción o suspensión del curso de la misma.

Sostuvo que la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 013-2014 de 10 de febrero, aplica indebidamente en sus fundamentos la Ley Nº 1340 que establece una prescripción de 5 años, no obstante que el parte de recepción de la mercancía es de fecha 19 de enero de 2004, por lo que pretende desconocer la aplicación del principio de retroactividad y desconocer la aplicación de la Ley Nº 2492, por tratarse de un hecho generador de la gestión de enero de 2004.

Replicó que se vulneró lo dispuesto por el art. 123 de la Constitución Política del Estado, concordante con el art. 2 del Código Tributario, citando la Sentencia Constitucional Plurinacional 770/2012 de 13 de agosto, en relación a la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley, salvo que ésta sea más beneficiosa, siendo en el caso de autos más gravosa al administrado.

I.3.- Petitorio.

Concluyó que interpone demanda contenciosa administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0133/2015 de 26 de enero, emitida por la AGIT  solicitando se declare probada la demanda  y en consecuencia se declare nula y sin valor legal la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI 0166/2009 de 29 de diciembre.

II.- DE LA CONTESTACION A LA DEMANDA 

Que, admitida la demanda por decreto de fs. 56 y citada la autoridad demandada, se apersona Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria y contesta negativamente la demanda mediante memorial de fs. 78 a 84 de obrados, expresando lo siguiente:

Manifiestó que los argumentos expuestos en la demanda no fueron impugnados mediante recurso jerárquico, de tal manera que el recurso jerárquico no se pronunció al respecto, no por falta de motivación y fundamentación, sino porque no son agravios impugnados en el recurso jerárquico. Agregó que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0807/2014 de 10 de noviembre, resolvió los supuestos agravios expuestos en el Recurso de Alzada, sin embargo el sujeto pasivo no interpuso recurso jerárquico, omisión que entraña conformidad con los fundamentos y la decisión de la autoridad que resolvió la misma.

Indicó que la Administración Tributaria, notificó con la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/00166-09 de 28 de diciembre, no habiendo el sujeto pasivo interpuesto recurso de alzada dentro del plazo establecido en el art. 143 de la Ley Nº 2492, por lo que la misma adquirió la calidad de firmeza constituyéndose en título de ejecución tributaria, conforme al num. 1. art. 108 de la Ley 2492. Agregó que después de haberse otorgado tácitamente su conformidad con la señalada resolución, no puede pretender retrotraer en el tiempo los actos posteriores emitidos a consecuencia de la emisión de la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento.

A la vez hace referencia al principio de convalidación, por el cual toda nulidad se convalida por el consentimiento citando el Auto Supremo Nº 177 de julio de 1981 correspondiente a la Sala Civil; sosteniendo que el sujeto pasivo una vez notificado con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 257/08 de 26 de diciembre, opuso excepción de prescripción de la acción de la Administración Tributaria para la imposición de la sanción de omisión de pago, que fue rechazada mediante Resolución Sancionatoria  AN-GRLPZ-LAPLI/0166-09 de 28 de diciembre al que el demandante no interpuso el recurso de alzada.

Sostuvo que respecto a la facultad de ejecución de la obligación por el GA e IVA establecida en la Resolución Sancionatoria, se tiene que el sujeto pasivo fue notificado con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria Nº 706/2013 de 23 de enero de 2014, por lo que el término de la prescripción de 4 años se computa desde el 24 de enero de 2014 concluyendo el 24 de enero de 2018, en ese entendido la facultad de la Administración Aduanera para la ejecución de la obligación tributaria por el GA e IVA no han prescrito.

Expresó que respecto al cálculo de la prescripción de la sanción por omisión de pago, se computa desde el momento que adquiere la calidad de Título de Ejecución Tributaria siendo el término a ser calculado por dos años, conforme el art. 59.III; 60.III y 154.IV de la Ley Nº 2492, en ese entendido la Administración Aduanera notificó al demandante con Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI/00166-09 de 28 de diciembre  de 2009, en fecha 31 de diciembre de 2009, no activando el sujeto pasivo recurso contra el mismo, por lo que adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria a partir del 26 de enero de 2010, por lo que al no evidenciarse causales de interrupción ni suspensión hasta el 26 de enero de 2012, la facultad para ejercitar la sanción por omisión de pago establecida en la referida resolución administrativa está prescrita. Replicó que la ARIT efectuó de manera adecuada su fundamentación sobre la prescripción solicitada según la normativa aplicable al acaecimiento del hecho generador.

Finalmente indicó que el demandante no puede pretender por esta vía subsanar errores o negligencias, sin precisar o establecer de forma indubitable, una errada interpretación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, limitándose a realizar afirmaciones generales, sin exponer razonamientos de carácter jurídico.

II.1.- Petitorio.

Concluyó solicitando que se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0133/2015 de 26 de enero.  

III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

Que, de la compulsa de los datos del proceso como la resolución administrativa impugnada, se establece los siguientes hechos:

Que, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, emitió Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 0257/08 de 26 de diciembre de 2008 (fs. 5 a 8 de antecedentes administrativos), estableciendo la presunta contravención aduanera de omisión de pago por parte del sujeto pasivo Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales - ADRA BOLIVIA, al incurrir en incumplimiento de obligaciones a que está sujeta una mercancía extranjera importada bajo algún régimen suspensivo de tributos, como dispone el art. 9 inc. a) y art. 10 de la Ley General de Aduanas. 

Por memorial de 4 de febrero de 2009 (fs. 22 a 25 de antecedentes administrativos) la entidad demandante presento descargos, asimismo opuso excepción de prescripción de la acción de la Administración Aduanera. En virtud de lo anterior, se emitió Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/00166-09 de 28 de diciembre (fs. 33 a 35 de anexo 2), que resolvió declarar firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 0257/08 por omisión de pago, en el monto de UFV 97.808,81 en aplicación del art. 160 num. 3) y 165 del Código Tributario; asimismo rechazó la prescripción invocada. Resolución que fue notificada por cédula a la entidad demandante el 31 de diciembre de 2009 (fs. 38 de antecedentes administrativos).

Mediante proveído AN/RLPZ/LAPLI N° 027/2010 de 17 de febrero de 2010 (fs. 40 de antecedentes administrativos), la Administración Aduanera ante la inacción del sujeto pasivo, declaró la ejecutoria de la Resolución Sancionatoria No. AN-GRLGR-ALPLI No. 0166/2009, conforme al art. 108 y siguientes del Código Tributario. Proveído que fue notificado por cédula a la entidad demandante en fecha 26 de febrero de 2010 (fs. 45 de antecedentes administrativos).

Mediante proveído de 16 de octubre de 2013 (fs. 46 de antecedentes administrativos) la Administración Aduanera emitió Proveído de inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-No. 706/2013 en fecha 16 de octubre de 2013, anunciando el inicio a la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación hasta el pago total de la deuda tributaria.  

Ante esa circunstancia, la entidad demandante solicitó la nulidad del Proveído de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ Nº 706/2013 de 16 de octubre (fs. 53 a 57 de anexo 2) por vulneración al derecho y garantía del debido proceso; oponiendo a su vez la prescripción de la ejecución de la sanción establecida en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 00166-09 de 18 de diciembre y, por ultimo solicitó la prescripción de la acción de la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 0257/08 de 26 de diciembre.

Mediante Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 013/2014 de 10 de febrero (fs. 60 a 61 de anexo 2) emitida por la Gerencia Distrital La Paz de la Aduana Nacional, resolvió rechazar la solicitud de extinción por prescripción de la acción de la Administración Aduanera de controlar, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, e instruyó a Supervisoría de Ejecución Tributaria de la Gerencia Regional La Paz, continuar con las acciones de ejecución en aplicación de lo dispuesto por el art. 110 de la Ley Nº 2492.

Dicho fallo fue impugnado mediante recurso de alzada interpuesto por la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales ADRA BOLIVIA (fs. 31 a 35 de anexo 1), emitiéndose Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0499/2014 de 16 de junio (fs. 77 a 85 y vta. de antecedente4s administrativos), que resolvió anular la Resolución Administrativa AN-GRLGR-ULELR-SET-RA 013-2014 de 10 de febrero de 2014, hasta que se establezca en el presente caso de manera congruente y precisa la verificación del hecho generador que dio inicio a la obligación tributaria, para permitir posteriormente realizar el computo de la prescripción solicitada por el sujeto pasivo, aplicando la ley vigente a momento de la realización del hecho generador.


Interpuesto el Recurso Jerárquico por la entidad demandante (fs. 101 a 103 y vta. anexo 1), se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1264/2014 de 2 de septiembre (fs. 113 a 120 y vta. de antecedentes administrativos) emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que anuló la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0499/2014 de 16 de junio, hasta el vicio más antiguo, estos es, hasta la citada Resolución de Recurso de Alzada inclusive, debiendo la ARIT La Paz emitir nueva Resolución pronunciándose sobre los aspectos de fondo planteados por el sujeto pasivo.

En virtud de lo anterior, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, emite nueva Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0807/2014 (fs. 137 a 146 y vta. de antecedentes administrativos), que revocó la Resolución Administrativa AN-GRLGR-ULELR-SET-RA 013-2014 de 10 de febrero.

Como consecuencia del aludido fallo, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional a través de sus representantes legales, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 153 a 156 de anexo 1), que fue resuelto mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0133/2015 de 26 de enero (fs. 180 a 190 y vta. de antecedentes administrativos) emitido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que revocó totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0807/2014 de 10 de noviembre, revocando parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRLGR-ULELR-SET-RA 013-2014 de 10 de febrero, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido más intereses por el GA e IVA; dejando sin efecto legal por prescripción, las sanciones por omisión de pago establecida en la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI 00166/09 de 28 de diciembre.

Contra esa determinación, la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales - ADRA BOLIVIA, a través de su representante legal, formuló demanda contenciosa administrativa conforme consta de fs. 49 a 54 de obrados.

III.1.- Sobre la competencia para la resolución de la causa.

Que, el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, el art. 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que “El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado”.

Que, así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con el numeral 2 del art. 2 y art. 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Que, el motivo de la Litis se circunscribe a determinar: 1) Si es evidente que se produjo la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria de control, fiscalización, verificación, investigación y comprobación, como de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones. 2) Si es evidente que se produjo la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria, para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias.

V. ANALISIS DEL PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO.

Identificada la problemática traída a esta instancia para su resolución en mérito a la formulación del proceso contencioso administrativo, corresponde realizar el correspondiente análisis de los hechos acontecidos en sede administrativa, evidenciándose los siguientes extremos:

V.1. Que el art. 131 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, dispone que “… las donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a instituciones de beneficencia para su distribución gratuita, así como las importaciones realizadas por el Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos Internacionales acreditados en el país y por entidades estatales, regularizarán los trámites de despachos inmediatos dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda, en los casos que corresponda…”, normativa que es concluyente cuando reconoce a las entidades de beneficencia, como es el caso de ADRA Bolivia, el derecho a importar sin pagar tributos aduaneros siempre y cuando, gestionen una resolución exoneratoria ante el Ministerio de Hacienda, formalidad que evidentemente no fue cumplida en plazo por la entidad demandante, que en el curso del proceso sancionatorio no justificó la existencia de razones eximentes de responsabilidad que hubieran podido suspender el transcurso del plazo de sesenta días.

En ese contexto y revisados los antecedentes administrativos que dieron origen a la interposición de la demanda en análisis, se establece que, la Administración Aduanera, emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI-Nº 0257/08 de 26 de diciembre de 2008, al verificar que la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales - ADRA Bolivia había internado mercadería ingresada como donación a territorio boliviano, amparada en el documento de embarque LC-05-ADRA acogiéndose a la modalidad de depósito transitorio en el marco de Acuerdos Internacionales vigentes, despacho inmediato que no fue regularizado en el plazo previsto por el art. 131 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (60 días).

La Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales ADRA Bolivia en los términos del memorial que discurre a fs. 22 a 25 (de antecedentes administrativos), adjuntando documental de descargo, opuso excepción de prescripción con el fundamento que transcurrió más de cuatro años la facultad de la Administración Tributaria para investigar controlar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, con relación al parte de recepción 201 2004 11742 de 19 de enero de 2004 (materia de autos).

Como consecuencia de lo anterior, la Administración Aduanera emitió Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/00166-09 de 28 de diciembre de 2009, que declaró firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 0257/08 de 26 de diciembre de 2008, por omisión de pago en aduanas establecido en el art. 9 inc. a) y 10 de la Ley General de Aduanas, precisando que el incumplimiento ocurrió 60 días después de la fecha de emisión del primer parte de recepción Nº 201 2004 11742 de 19 de enero de 2004, rechazando a la vez la prescripción invocada por el demandante.

De lo anterior, corresponde aclarar que con la Resolución señalada en el párrafo precedente, la entidad demandante fue notificada mediante cédula en fecha 31 de diciembre de 2009 (fs. 38), la misma no fue recurrida en recurso de alzada en el plazo que prescribe el art. 143 de la ley Nº 2492 que señala: “El recurso de alzada será admisible solo contra los siguientes actos definitivos: 1. Resoluciones determinativas. 2. Las resoluciones sancionatorias. (…) Este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de 20 días improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado”. Subsiguientemente la Administración Aduanera emitió proveído AN/GRLPZ/LAPLI Nº 027/2010, de 17 de febrero de 2010 (fs. 40 de antecedentes administrativos) declarando la ejecutoria de la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRLPZ-LAPLI/00166-09.

En cuya virtud, la Administración Tributaria, emitió Proveído de inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ Nº 706/2013 de 16 de octubre de 2013 (fs. 46 de antecedentes administrativos), por la suma líquida y exigible de UFVs 97.808,81, en aplicación del art. 108 de la ley Nº 2492. Proveído que fue impugnado por la entidad demandante por memorial de 28 de enero de 2014 con el argumento de que las acciones administrativas tributarias prescribieron a los cuatro años; mereciendo éste, la Resolución Administrativa AN-GRLGR-ULELR-SET-RA 013-2014 de 10 de febrero de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, que rechazó la solicitud de extinción por prescripción de la acción de la Administración Aduanera de controlar, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, instruyéndose asimismo a Supervisoría de Ejecución Tributaria de la Gerencia Regional La Paz, dar continuidad con las acciones de ejecución.

La entidad demandante (ADRA Bolivia), notificada con la Resolución de la Administración Aduanera, formuló Recurso de Alzada, aduciendo que la Administración Aduanera al rechazar la solicitud de prescripción, vulneró la garantía y el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y la seguridad.

Con carácter previo a dilucidar el problema planteado en la litis es preciso aclarar que se debe diferenciar entre la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria y para imponer sanciones y, la prescripción de la facultad de ejecutar la Deuda Tributaria que tiene la administración tributaria.

La prescripción, se encuentra establecida en la sección VII del Código Tributario como una de las formas de extinción de la obligación tributaria y de la obligación de pago en aduanas. Es una institución que desde el punto de vista técnico no extingue la obligación en sí, sino la exigibilidad de ella, es decir la acción del sujeto activo para hacer valer su derecho al cobro del tributo establecido. Que, en el caso de autos es necesario precisar que el hecho generador se produjo durante la vigencia de la Ley Nº 2492, en ese contexto, el art. 59.I  de la Ley Nº 2492 dispone que: “Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas; y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria”, de la lectura de la referida norma legal la acción de la Autoridad Administrativa Tributaria para imponer sanciones administrativas prescribe a los 4 años. Artículo que es complementado con el parágrafo I del art. 60 del mismo cuero legal que prescribe: “Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo”, de tal modo que el cómputo del término de prescripción empieza a contarse para el caso específico de imponer sanciones, desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

En el caso que toca decidir, el demandante también alega que era aplicable el parágrafo III del art. 60 del Código Tributario (Ley Nº 2492), esta disposición expresamente señala: “En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria”. Empero este parágrafo debe relacionarse inexcusablemente con el parágrafo III del art. 59 del Código Tributario (Ley Nº 2492) que establece: “El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años”. Ahora bien, las dos disposiciones aludidas, se refieren a los títulos de ejecución tributaria que han adquirido la calidad de firmes, porque no han sido impugnados mediante los recursos que franquea la ley, o impugnados se han agotado las instancias de impugnación, teniendo la calidad de cosa juzgada. Las señaladas disposiciones, prescriben que cuando un título de ejecución tributaria ha adquirido la calidad de cosa juzgada, puede ser ejecutado o procedido a la ejecución de la sanción por contravención tributaria, solo dentro del plazo de 2 años, cuyo computo comienza a correr desde el momento que el Titulo tributario ha adquirido la calidad de cosa juzgada.

En la litis, se establece que la Administración Aduanera, emitió la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/00166-09 de 28 de diciembre de 2009, en virtud a que ADRA Bolivia, no regularizó el Despacho Inmediato de la mercancía a partir de la emisión del parte de recepción Nº 201 2004 11742 de 19 de enero de 2004, imponiendo a la vez multa por omisión de pago, y declaró firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 0257/08 de 26 de diciembre. Respecto a la normativa aplicable en el presente caso, la Administración Aduanera fundó su resolución señalada ut supra con las normas de prescripción señaladas en la Ley Nº 1340 (Código Tributario), que con relación a la institución de la prescripción tributaria, en su art. 52 disponía que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, y exigir el pago de tributos prescribía a los cinco años. Sin observar que los hechos generadores han acaecido en vigencia de la Ley Nº 2492 (Nuevo Código Tributario).

En ese marco, a efectos de determinar el momento a partir del cual debe computarse los plazos legales, el art. 60.I de la citada ley determina que el término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. En el caso de autos, al haberse generado la obligación en enero de 2004, el plazo para la prescripción corre a partir del 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2008, sin que la Administración Aduanera haya interrumpido o suspendido el término de la prescripción. Sin embargo, al no haber la entidad demandante interpuesto recurso de alzada en el plazo establecido por el art. 143 de la Ley Nº 2492, impugnando la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/00166-09 de 28 de diciembre de 2009, éste adquirió la calidad de firmeza, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria, conforme prescribe el art. 108.I.1 del mismo cuerpo legal. Consecuentemente, la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria emitida por la Administración Aduanera ha quedado firme y ejecutoriada.

V.2 En relación a la prescripción en la etapa de Ejecución Tributaria acusada en la demanda, se debe precisar que el plazo de prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria no es el mismo que establece el art. 59.I de la Ley Nº 2492 (4 años), sino es más breve conforme lo prescribe el art 59.III, concordante con el art. 154-IV del mismo cuerpo legal; que establecen un plazo de prescripción de 2 años cuyo término se computa desde el momento que adquiere la calidad de título de ejecución tributaria.

En antecedentes, se evidencia que la Administración Aduanera notificó con la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI 00166/09, en fecha 31 de diciembre de 2009 (fs. 38 de antecedentes administrativos), no mereció dicho acto administrativo impugnación alguna en el plazo previsto por ley, y por tanto adquirió la calidad de firmeza  y se constituyó en Título de Ejecución Tributaria, corriendo a partir de ese momento el termino de 2 años para ejecutar la sanción por contravención tributaria, conforme lo determina el art. 59.III de la Ley Nº 2492. Norma concordante con el art. 108.I del Código Tributario (Ley Nº 2492) al disponer que: “La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen (…)”

En ese contexto legal, teniendo en cuenta que el 31 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera notificó a ADRA Bolivia con la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/00166-09, de 28 de diciembre de 2009, y dentro de los veinte días no interpuso recurso alguno para impugnarla, conforme dispone el art. 143 del Código Tributario; la referida Resolución adquirió la calidad de firmeza constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria. En ese entendido el plazo para impugnar el acto administrativo citado ut supra, se inició el 1 de enero de 2010 y concluyó el 20 de enero de 2010, por tanto el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, inició el 21 de enero de 2010 y concluiría el 21 de enero de 2012; habiendo la Administración Aduanera emitido el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria Nº 706/2013 de 16 de octubre de 2013, notificado en fecha 23 de enero de 2014 (fs. 51 de antecedentes administrativos), coligiéndose que la facultad para ejecutar la sanción por omisión de pago y multa por contravención aduanera establecida en la referida Resolución Sancionatoria, se encuentra prescrita a momento de la notificación con el Proveído de Ejecución Tributaria AN-RLPZ-Nº 706/2013 de 16 de octubre.

En ese entendido, la inactividad del titular determina la pérdida o caducidad de su pretensión por el transcurso del tiempo, es decir, si el titular efectivo del derecho no ejercita la acción de cobro en el plazo previsto por ley. Este instituto tiende a garantizar a quien tiene un deber o una deuda, que no pesará indefinidamente contra él y sus herederos, la responsabilidad de cumplir la obligación ni la acción de la administración de justicia, puede estar expedita por tiempo indefinido.

En el ámbito tributario, la institución de la prescripción tiene características propias, porque no constituye en sí un medio de extinción de la obligación tributaria, sino que constituye una limitación para la Administración Tributaria en relación a la exigibilidad del cobro pretendido contra el sujeto pasivo, porque vencido el plazo, el deudor tributario queda liberado previa declaración expresa de la acción de la Administración Tributaria, que aun cuando hubiera determinado la deuda tributaria, no podrá ya exigir los pagos o aplicar multas.

VI. CONCLUSIONES

Por lo relacionado precedentemente, se establece a Autoridad General de Impugnación Tributaria al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 0133/2015 de 26 de enero, no realizó una correcta compulsa de los antecedentes respecto al término de prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Aduanera, por lo que corresponde declarar probada la demanda.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución contenida en los arts. 2. 2 y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 49 a 54 interpuesta por la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales - ADRA BOLIVIA, consecuentemente deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 0133/2015 de 26 de enero, y en su mérito declara prescrita la facultad de ejecución de la Administración Tributaria.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.