TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



SENTENCIA Nº 34/2016

EXPEDIENTE             : 060/2015

DEMANDANTE                        : Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de         Impuestos Nacionales

DEMANDADO(A)             : Autoridad General de Impugnación Tributaria

TIPO DE PROCESO             : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA  : R.J. AGIT-RJ 0021/2015 de fecha 05/01/2015

MAGISTRADO RELATOR             : Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

LUGAR Y FECHA             : Sucre, 20 de octubre de 2016

VISTOS EN SALA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 19 a 24 y vta., impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0021/2015 de 5 de enero pronunciada por el Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la respuesta de fs. 31 a 35 y vta.; el decreto de “Autos” de fs. 80 y, los antecedentes procesales.

I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA:

I.1.- Antecedentes de la demanda.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Cristina Elisa Ortiz Herrera, por memorial de fs. 19 a 24 vta., se apersona e interpone demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0021/2015 de 5 de enero, amparada en los art. 2 de la Ley 3092 de 7 de julio de 2005, art. 70 de la Ley Nº 2341, arts. 778 y 779 del Código de Procedimiento Civil, expresando lo siguiente:

I.2.- Fundamentos de la demanda.

Expresó que en virtud a que se emitió la Orden de Verificación Nº 14290200009 “Verificación Específica Crédito IVA” al contribuyente Consorcio Prominsac S.R.L., y de las Declaraciones Juradas presentadas por el sujeto pasivo del periodo enero a diciembre de 2009, difieren de los verificados en el proceso de determinación. Añade que como consecuencia de lo anterior, se emitió Acta de Contravenciones Tributarias vinculada al Procedimiento de Determinación que sanciona al sujeto pasivo con la multa de UFV 3.000.

Manifestó que en fecha 22 de mayo de 2014, se emitió la Vista de Cargo Cite: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/132/2014, a efectos de que el sujeto pasivo produzca y ofrezca pruebas, en relación a los cargos formulados como a la calificación preliminar de su conducta. Y que revisados los descargos se emitió Resolución Determinativa Nº 301/2014 de 27 de junio.

Señaló que una vez presentado el recurso de alzada, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria - ARIT La Paz, emite una errada Resolución, ARIT-LPZ/RA 0771/2014 de 20 de octubre, misma que es confirmada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) mediante la Resolución AGIT-RJ 0021/2015 de 5 de enero, resolución que lesiona los derechos de la Administración Tributaria considerando de manera errada los datos del proceso.

Acusó que la Resolución impugnada vulnera el principio de congruencia, pronunciándose sobre argumentos no planteados por el recurrente en su recurso de alzada, emitiendo una resolución ultra petita al resolver aspectos no impugnados, vulnerando el derecho a la defensa y el debido proceso del Servicio de Impuestos Nacionales, y pasando por alto el cumplimiento de los arts. 198 inc. e) y 211 del Código Tributario, al anular de oficio la Resolución Determinativa, siendo que el recurrente solicito la revocatoria de la Resolución Determinativa Nº 301/2014.

Arguyó que la resolución jerárquica realizó una apreciación errónea de la normativa, ya que el art. 99 de la Ley Nº 2492 refiere los casos en que procede la nulidad de la Resolución Determinativa, por la ausencia de los requisitos esenciales, que del caso en análisis, la Resolución Determinativa anulada cumplió con los requisitos que establece la Ley Nº 2492 y que en ningún momento se dejó en estado de indefensión al contribuyente. Añadió que las fotocopias simples de los extractos, incluidas las solicitudes de envío de giro al exterior y las Notas de Debito emitidas por el Banco Mercantil Santa Cruz SA., no pueden ser validados por encontrarse en fotocopias simples, además que el contribuyente no realizó la relación de documentos para comprobar la integridad de las transacciones realizadas y los montos no tenían relación con los comprobantes de egreso con los cheques emitidos ni con los extractos bancarios.

Acusó la parcialización de la AGIT en cuanto a los descargos presentados agraviando los intereses de la Administración Tributaria, por lo que se da cumplimiento a lo dispuesto por los numerales 4 y 5 del art. 70 de la Ley Nº 2492 concordante con los arts. 36, 37 y 38 del Código de Comercio (, referente a la importancia de llevar una contabilidad adecuada; estableciéndose que los descargos presentados por el contribuyente, son insuficientes para desvirtuar las observaciones expuestas en la Vista de Cargo, limitándose el contribuyente a presentar como prueba fotocopias simples de pólizas de importación que no cumplen los requisitos de validez establecidos por el art. 1311 del Código Civil, por lo que no pueden ser considerados como válidos para descargo.

Replicó que de acuerdo a la doctrina y legislación tributaria se establece el cumplimiento de tres requisitos para que el contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones declaradas: que la transacción debe estar respaldada con la factura original, que se encuentre vinculada con la actividad gravada y que la transacción se haya realizado efectivamente. Prosiguió manifestando que las facturas o notas fiscales no tienen validez por sí mismas para el cómputo de crédito fiscal, para cuyo efecto el contribuyente también debe presentar el original de los registros contables, así como las órdenes de compra, incluidas las solicitudes de envío de Giro al exterior y las Notas de Débitos emitidas por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., mismas que no cuadran con las pólizas, por lo que no pueden ser tomados en cuenta como descargo, ya que no permiten ver la relación con la compra reflejada en los comprobantes.

Por otra parte señaló que el contribuyente omitió la presentación de documentación para complementar el registro contable, como ser los inventarios, kardex y otra documentación para completar el ingreso de lo importado, y al no poder comprobar la integridad de las transacciones,  tampoco la relación de pagos realizados o giros realizados al exterior con los dos montos de las importaciones, en consideración de que los giros emitidos y cheques no especifican el nombre del proveedor, no se pudo validar la transacción realizada. Por lo que la AGIT agravia los intereses de la Administración Tributaria,  vulnerando el principio del debido proceso.

Alegó la presunción de legalidad y la buena fe de las actuaciones de la Administración Tributaria, presumiendo la licitud de las operaciones realizadas por los servidores públicos de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, conforme dispone el art. 28.b) de la Ley Nº 1178, por lo que la Resolución Determinativa Nº 00301/2014 goza de presunción de legalidad.

Por ultimo alegó que la AGIT se extralimitó y violó el principio de oficialidad al aceptar prueba presentada por el sujeto pasivo, no siendo esta de reciente obtención.

I.3.- Petitorio.

Concluyó señalando que interpone demanda contenciosa administrativa, solicitando se declare probada la demanda contenciosa administrativa, y en consecuencia se revoque totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0021/2015 de 5 de enero, emitida por la AGIT.

II.- DE LA CONTESTACION A LA DEMANDA: 

Que admitida la demanda por decreto de fs.27, y citada la autoridad demandada, se apersona Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, quien a través del memorial de fs. 31 a 36, responde negativamente a la demanda, manifestando en síntesis lo siguiente:

Expresa que los fundamentos de la demanda y su petitorio no tiene respaldo legal ni fáctico, ya que si bien el contribuyente solicitó la revocatoria del acto administrativo, empero del contenido del recurso de alzada, se evidencia que los agravios refieren a una falta de valoración de la prueba presentada, así como los requisitos esenciales de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa establecidos en los arts. 96 y 99 de la Ley Nº 2492 Código Tributario, que implican un pronunciamiento sobre la nulidad de dichas actuaciones.

Manifiesta que el contribuyente presentó descargos en 3 carpetas a la Vista de Cargo, señalando que adjunta 95 pólizas de Importación con su respectivo respaldo conteniendo documentación original y copias simples, así como documentación de respaldo a la Declaración Jurada de la factura Nº 8 de la empresa Agamenon Inversiones del periodo marzo de 2009, así como extractos bancarios y comprobantes contables, que a decir de la Administración Tributaria no fueron presentados como documentación solicitada conforme el requerimiento de documentación Nº 14290900046; sin embargo en etapa de descargos reconocen que si se presentó dichos descargos. Prueba que la entidad demandante las consideró de manera parcial, pues si bien los comprobantes de egreso no cumplen las formalidades y que los extractos bancarios, Facturas comerciales y cheques se encuentran en fotocopia simple, empero sobre las notas de débito y las solicitudes de envío de giro al exterior, omite pronunciamiento alguno y menos les asigna un valor de manera concreta y explícita.

Señala que la Administración Tributaria si bien realizó un detalle respecto a la documental presentada en calidad de descargo, empero, no realizó pronunciamiento y descripción valorativa sobre las mismas, lo cual enervaría la observación signada con el Código g); por lo que en resguardo del debido proceso, la Administración Tributaria estaba obligada a establecer las razones técnicas para no considerarlas como no válidas la documentación presentada, a fin de no vulnerar derechos del mismo sujeto pasivo como el derecho a la defensa.  Por lo que la Administración Tributaria vulneró el art. 99 de la Ley Nº 2492, siendo que un acto es anulable cuando carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

Refiere que respecto a la legalidad y buena fe de las actuaciones de la Administración Tributaria, se trata de una presunción que ha sido desvirtuada por la ARIT y AGIT. Agrega que en relación al principio de oficialidad, la AGIT no ingresó a considerar el tema de fondo sino simplemente se limitó a confirmar la Resolución del Recurso de Alzada emitida por la ARIT La Paz.      

II.- Petitorio.

Concluyó solicitando que se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0021/2015 de 5 de enero.  

III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

Que, de la compulsa de los datos del proceso como la resolución administrativa impugnada, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso, establece los siguientes hechos:

El 8 de abril de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al contribuyente CONSORCIO PROMINSAC S.R.L., con la Orden de Verificación Nº 14290200009 relacionada a la verificación de transacciones, hechos o elementos específicos relacionados con el Crédito Fiscal IVA y verificación del crédito fiscal declarado en pólizas de importación, correspondiente a los meses enero a diciembre de 2009 (fs. 11 de antecedentes administrativos).

El 27 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: SIN/DGLPZ/DJCC/UJT/INF-C/00103/2014 en el que reporta que el contribuyente no ha determinado y declarado correctamente su Crédito Fiscal IVA de los periodos observados, procediendo a calificar la conducta observada tipificándola como Omisión de Pago en aplicación del art. 165 de la Ley Nº 2492 concordante con el art. 42 del Decreto Supremo Nº 27310, que sanciona con el 100% del tributo omitido. Añade que no se presentó físicamente 32 pólizas de importación y que los comprobantes de egreso no son válidos por no cumplir las formalidades establecidas por los arts. 36, 37 y 38 del Código de Comercio (fs. 2753 a 2770 de antecedentes administrativos).

Como consecuencia de lo anterior, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/132/2014 de 27 de mayo, estableciendo preliminarmente la deuda tributaria por concepto del IVA, por el importe actualizado de Bs. 24.286.389.- equivalentes a 12.481.506.- UFV monto que incluye el tributo omitido, actualizaciones, intereses, la sanción del 100% por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales. (fs. 1294 a 1316 de antecedentes administrativos).

Mediante nota de 26 de junio de 2014, el contribuyente presenta descargos, acompañando 95 pólizas de importación con su respectivo respaldo, extractos bancarios y comprobantes contables (fs. 1345 a 1348 de antecedentes administrativos).

El 27 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa Nº 301/2014 de 27 de junio de 2014, en la que determinó de oficio sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas del contribuyente CONSORCIO PROMINSAC S.R.L. que ascienden a un total de UFV 7.401.740,- equivalente a Bs. 14.490.756, correspondiente a la deuda tributaria omitida por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), actualización, e intereses de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayor, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2009; asimismo sanciona al contribuyente con una multa igual al 100% del tributo omitido, en el importe de UFV 5.204.210,- y establece la sanción por incumplimiento a deberes formales relacionado a la  entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria en el importe de UFV 3.000,- (fs. 1 a 19 de antecedentes administrativos).

Interpuesto el recurso de alzada (fs. 59 a 65 de antecedentes administrativos) contra la resolución determinativa señalada en el acápite anterior, fue resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, mediante Resolución ARIT-LPZ/RA 0771/2014 de 20 de octubre de 2014, mediante la cual, anuló la Resolución Determinativa Nº 301/2014 de 27 de junio de 2014, a efectos de que el Servicio de Impuestos Nacionales valore los descargos presentados (fs. 122 a 132 del cuaderno de antecedentes).

Deducido el recurso jerárquico por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, impugnando la resolución de alzada, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió Resolución AGIT-RJ 0021/2015 de 5 de enero, que determino confirmar la de alzada, disponiendo en consecuencia que la Administración Tributaria emita nueva Resolución en la que se valore las pruebas de descargo presentadas por la empresa Consorcio Prominsac SRL. (fs. 176 a 188 del cuaderno de antecedentes).

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece:

Que, el motivo de controversia del presente proceso se circunscribe en establecer, si la determinación realizada por la Administración Tributaria de las obligaciones impositivas del contribuyente, sobre base cierta fue realizada de acuerdo a ley; y si la AGIT actuó correctamente al ratificar la resolución de alzada que dispuso anular obrados hasta la emisión de una nueva Resolución Determinativa.

V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

Del análisis del caso en concreto, corresponde señalar que el art. 99-II señala: “La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa”.

Que, el art. 19 del DS Nº 27310, establece que: “La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de dicha ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso”.

Por su parte, los arts. 36.II de la Ley 2341 y 55 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA), aplicables supletoriamente por mandato de los arts. 74 y 201 del Código Tributario Boliviano (CTB), establecen la anulabilidad de los actos administrativos cuando el defecto de forma en el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

De lo inferido, se colige que en forma general en el proceso determinativo, la Administración Tributaria debe intentar llegar a la verdad de los hechos, procurando obtener todos los datos y la información necesaria para llegar a una precisa, clara y circunstanciada atribución de la deuda tributaria, con la debida fundamentación. 

En la presente litis, de la compulsa de los antecedentes administrativos, y de las pretensiones deducidas en la demanda, se establece que la Resolución Determinativa emitida por la Administración Tributaria, hace referencia a la documentación presentada mediante Nota de 26 de junio de 2014 por el sujeto pasivo, señalando que se presentó documentación consistente en Pólizas de importación (95) en fotocopias simples y en originales, Comprobantes de Egreso (56) originales, adjuntando en cada comprobante de egreso lo siguiente: Extracto bancario (fotocopia simple), solicitud de transferencia (originales y fotocopias simples) y Orden de compra (fotocopia simple) Nota de débito (originales), y extractos bancarios (17 en fotocopias simples) haciendo una relación de las facturas presentadas, sin embargo, dicha documentación no ha sido cotejada a efectos de establecer su impertinencia o descartar su relevancia, y que a criterio de la Administración Tributaria, éstos no cumplieron con los requisitos de validez establecidos por el art. 1311 del Código Civil. Sin embargo de la revisión de los descargos presentados existen solicitudes de envío de giro al exterior y notas de débito emitidos por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., así como comprobantes de egreso, que constituyen documentos originales y deben merecer su valoración por la Administración Tributaria.

Lo anteriormente señalado, permite concluir que evidentemente la Resolución Administrativa omitió la valoración de los descargos presentados por el contribuyente, observándose un trabajo incompleto, causando indefensión del sujeto pasivo aspecto que lesiona la garantía del debido proceso, incurriendo en falta de motivación del acto administrativo, al no valorar correctamente la documentación presentada por el contribuyente.

Al respecto este Tribunal Supremo desarrolló ampliamente una línea jurisprudencial respecto a la garantía del debido proceso, en su elemento de motivación de las resoluciones, lo que significa que toda autoridad que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, de manera que el justiciable a momento de conocer la decisión del juzgador comprenda la misma, ya que la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento que no hay otra forma de resolver los hechos. En ese contexto, la debida valoración de la prueba no puede limitarse a la repetición de fórmulas genéricas, que no expliquen específicamente las causales para desestimarla, o peor aún, incurrir en omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso. 

En la litis, tanto el contribuyente como la entidad demandada, acusan vicios de nulidad en el proceso de determinación, con lo que el Tribunal Supremo de Justicia concuerda, por cuanto se evidenció claramente que la Resolución Determinativa no estableció una correcta valoración de la documentación presentada por el sujeto pasivo mediante Nota CITE: 2014/CP/110 de 26 de junio de 2014 en ejercicio de su derecho a la defensa previsto por el art. 76 de la Ley 2492 CTB, al disponer: “que en los procesos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos”; norma que no está dirigida exclusivamente al Sujeto Pasivo, sino a la partes intervinientes en el proceso tributario, sea este administrativo o judicial, basado en el Principio de Igualdad, es decir, que en el presente caso la Administración Tributaria debió compulsar la documentación presentada y no simplemente referirse de manera genérica que la prueba presentada no cumple los requisitos de validez establecidos por el art. 1311 del Código Civil.

VI.CONCLUSIONES

En el marco de la fundamentación jurídica precedente y de las pretensiones deducidas en la demanda, se concluye que Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), al pronunciarse a través de la Resolución AGIT-RJ 0021/2015 de 5 de enero, no ha incurrido en ninguna conculcación de normas legales, al contrario, se limitó a la correcta interpretación y aplicación de normas jurídicas, de manera tal que se ajustan a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda no desvirtúan de manera concluyente, los fundamentos y razones expuestas en la resolución impugnada.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 2.2 y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando  IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 19 a 24 y vta., interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales y en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0021/2015 de 5 de enero de 2015, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.