TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



SENTENCIA Nº 32/2016

EXPEDIENTE             : 150/2015

DEMANDANTE             : Empresa Minera Canalmin Export S.R.L

DEMANDADO(A)             : Autoridad General de Impugnación Tributaria

TIPO DE PROCESO             : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA  : R.J. AGIT-RJ 0992/2015 de fecha 01/06/2015

MAGISTRADO RELATOR             : Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

LUGAR Y FECHA             : Sucre, 20 de octubre de 2016

VISTOS EN SALA: La demanda contencioso administrativa de fs. 30 a 42, presentada por los representantes legales de la Empresa Minera CANALMIN S.R.L. impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0992/2015 emitida el 1 de junio de 2015 por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fs. 125 a 131, réplica de fs. 136 a 147 vta., dúplica de fs. 159 a 162, apersonamiento y contestación de la Administración Tributaria en calidad de tercero interesado de fs. 91 a 97; los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.

I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1.- Fundamentos de la demanda

Señalaron que la resolución jerárquica vulnera normas legales vigentes y causa agravios a la empresa porque:

a.- No ha realizado una adecuada consideración sobre la falta de notificación que afecta derechos e intereses legítimos del interesado y vulnera principios y derechos protegidos constitucionalmente como el debido proceso y el derecho a la defensa, aspectos que fueron argumentados en los recursos de alzada y jerárquico, porque la empresa fue notificada sin cumplir con los requisitos señalados por los arts. 27 al 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).

Apuntaron que en los antecedentes administrativos únicamente se tiene la constancia de la notificación con la Resolución Determinativa Nº 17-00000118-12 y sobre la cual podría realizarse el inicio de la ejecución tributaria, toda vez que se constituye en el único acto administrativo con una diligencia de notificación que está errada sin que pueda aducirse que son simples formalidades, cuando lo real es que no se valoró, que ese total desconocimiento produjo un acto incorrecto que no fue explicado cuando se fue a consultar a la Administración Tributaria, que tampoco mostró documentación.

b.- La resolución jerárquica no consideró adecuadamente la prescripción extintiva de la determinación, sanción y ejecución tributaria, vulnerando lo establecido por el art. 109.II del Código Tributario Boliviano (CTB), porque existiendo nulidad de notificación, no existe un título de ejecución tributaria y en ese sentido, citaron los arts. 32 y 33 de la LPA y añadieron que para generar efectos jurídicos, un acto administrativo como lo es la resolución determinativa, debe ser debidamente notificado, lo que no ocurrió en su caso por lo que no corresponde la ejecución tributaria. Mencionando las SSCC 1606-2002-R de 20 de diciembre; 0681/2003-R de 21 de mayo, 0992/2005-R de19 de agosto y 0205/2006-R de 7 de marzo, apuntaron que la prescripción puede oponerse en cualquier momento.

c.- Agregaron que en el procedimiento administrativo, el art. 56 de la LPA permite impugnar actos ilegales y arbitrarios que lesionan derechos del administrado y por ello, la autoridad administrativa, a tiempo de pronunciarse sobre la solicitud de oposición a la ejecución tributaria correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas del periodo fiscal septiembre/2007, “…no ha sido dada de forma oportuna, fundamentada y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto y cualquier otra forma de respuesta o en su caso, la inobservancia de la solicitud (en este caso sobre prescripción extintiva de la facultad de ejecución por parte de la Administración Tributaria) puesta a su conocimiento implica una lesión y supresión del derecho a la petición” (sic).

d.- Señalaron también, que la resolución jerárquica no consideró que se puede presentar nueva prueba y “…esto no significa una cuestión previa es una previsión de la verdad material…”, punto en el que desarrolló el art. 180.I y II  de la Constitución Política del Estado (CPE) y específicamente el principio de verdad material, mencionando también su desarrollo normativo en materia administrativa y la S.C. 0658/2014, y concluyeron señalando que “…en ese sentido, lo que se está reclamando es la tramitación ilegal pues de haberse notificado legalmente y no indicar por parte de impuestos el desconocimiento de este acto, se habría asumido debidamente y esclarecido cualquier hecho que afecte los intereses de la empresa y que por un derecho como es la defensa se reclama mediante el presente…”

e.- Bajo el epígrafe “Aspectos que motivan la nulidad de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0755/2014 y el recurso de alzada por vulneración del principio de congruencia” indicaron que la resolución jerárquica señaló que “…la documentación no será analizada puesto que el punto que pretende probar con la misma no forma parte del recurso de alzada…” y añadieron que de una revisión del recurso de alzada, la resolución pronunciada “…es inmotivada en razón a que el art. 219.d) permite la presentación de prueba de reciente obtención…”, por lo que se tiene que la AGIT no analizó y por ende, no valoró la prueba documental de descargo consistente en sus documentos contables, que en la resolución de manera ilegal, asume y presume (sin revisar los documentos) que no cumplen los requisitos exigidos por los arts. 36 y 37 del Código de Comercio (CC), omisión que constituye un insalvable vicio de nulidad que ocasionó que la resolución incurra en el defecto de falta de motivación.

f.- Con el denominativo de “Aspectos de Fondo”, señaló que la resolución jerárquica no realizó una adecuada consideración sobre la prescripción que corresponde y el hecho de que la deuda se encuentra debidamente pagada a impuestos, punto en el que señalando los arts. 109.II del CTB y el art. 180 de la CPE e insertando los cuadros que cursan de fs. 35 vta. a 40 de la demanda, y señalando que el art. 59 del CTB, permite concluir que el inicio de la prescripción tributaria en el presente caso se produjo en el momento del vencimiento del impuesto y para el presente al tratarse de una orden de verificación externa del IUE de la gestión fiscal septiembre/2007 cuyo vencimiento se produjo el 28 de enero de 2008, y por tanto, el inicio del cómputo de la prescripción se produjo el 1 de enero de 2009 y feneció cuatro años después, el 31 de diciembre de 2012, pero al haberse notificado la Orden de Fiscalización Externa Nº 00100FE00146 el 9 de diciembre de 2010, conforme al art. 62 del CTB, la prescripción se extiende por seis meses, entonces operó el 30 de junio de 2013, y siendo que tampoco operaría la interrupción de la prescripción conforme lo establece el art. 61.a) del CTB, “… porque hasta la fecha no me fue notificada con  la RD 17-00000118-12, que hubiere establecido adeudos en el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2007, sobre la que ahora se solicita la prescripción…” (Sic), por tanto, la facultad de la Administración Tributaria para determinar, sancionar y ejecutar ha prescrito por el transcurso del tiempo.

I.3. Petitorio

Concluyeron solicitando que se declare probada la demanda, se revoque totalmente la resolución jerárquica impugnada y se declare pagada la obligación tributaria y/o prescrita la deuda y asimismo, se deje sin efecto el Auto 25 000 01271 de 21 de octubre de 2014, o en su caso, se disponga la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, hasta que se emita una verificación de lo que corresponda.

II.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente con memorial presentado el 24 de septiembre de 2015, que cursa de fs. 125 a 131, señalando que, no obstante que la resolución pronunciada está plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos, cabe remarcar y precisar lo siguiente:

1.- No se vulneró el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa porque el sujeto pasivo conoció todas las actuaciones e interpuso todos los recursos que la ley le franqueaba.

2.- Que el demandante confesó haber tenido conocimiento de la Resolución Determinativa 17-00000118-12, por tanto, tuvo la oportunidad de impugnarla por lo que no puede alegar indefensión con un argumento sin sentido alguno cuando afirma que es un acto incorrecto, aunque no menciona ninguna norma legal que hubiera sido infringida o qué derecho fue suprimido.

3.- La revisión de los antecedentes administrativos evidencia que la Administración Tributaria inició un proceso de fiscalización a la empresa contribuyente y como resultado se emitió la Vista de Cargo SIN/GDPT/DF/VC/00004/2012 de 16 de febrero y posteriormente la Resolución Determinativa 17-00000118-12 de 16 de mayo de 2012, que notificada personalmente como consta a fs.2.057, motivando la impugnación judicial presentada el 13 de junio de 2012 en el Juzgado de Instrucción Mixto y Cautelar Caiza “D” y el 15 de junio de 2012 ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Regional Chuquisaca, lo que demuestra que tuvo conocimiento cierto de dicho acto y que ejerció su derecho a la defensa.

4.- Sobre la prescripción extintiva señaló que la Resolución Determinativa 17-00000118-12 de 16 de mayo de 2012, fue notificada el día 24 del mismo mes y año y en forma personal al representante legal de la empresa contribuyente.

Respecto al término de la prescripción, aclaró que los arts. 59 y 60 del CTB, fueron modificados por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y que posteriormente, la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del parágrafo I del art. 59 del CTB, en tanto que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, se modificó el art. 60 de la misma norma tributaria. Con ese preámbulo, indicó que la AGIT no es competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes; consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del art. 59 del CTB, se tiene que el cómputo del término de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para la determinación de la obligación tributaria correspondiente al IUE de la gestión 2007, con vencimiento en la gestión 2008, se sujeta a dicha norma y por ello, el término es de siete años en la gestión 2015.

En ese entendido, es evidente que las modificaciones en cuanto al régimen de la prescripción, se encuentran vigentes y toda vez, que la norma prevé que la prescripción de siete años se aplicará en la gestión en curso, al tratarse del IUE de la gestión 2007, con vencimiento de pago en la gestión 2008, se tiene que la Administración Tributaria, dentro del término legal notificó el  9 de  diciembre  de 2010, con la Orden de Fiscalización 00100FE00146 por el  IUE gestión 2007, suspendiendo  el  término de prescripción por seis meses de conformidad con lo previsto en  el  art. 62.I del CTB; posteriormente,  el  24  de  mayo  de  2012, la Administración Tributaria notificó con la Resolución Determinativa 17-00000118.-12, de 16 de mayo de 2012, vale decir, antes de que culmine  el  término para ejercer la facultad de determinación, interrumpiendo  el  curso de  la  prescripción  de  conformidad con  el art. 61.a) de la misma norma legal, consecuentemente, se establece que  la acción de  la  Administración Tributaria, para determinar  la  obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, respecto  al  IUE gestión 2007 no  se encuentra prescrita.

5.- Sobre la vulneración del principio de congruencia y del principio de verdad material, apuntó que no corresponde pronunciarse al respecto porque ambos principios no corresponden al presente caso, siendo imperioso señalar que en el caso de prescripción, el cómputo fue realizado con la normativa aplicable y precisamente por el principio de congruencia y doble instancia, la empresa demandante pretende introducir nuevos puntos referentes a la fiscalización y la forma de determinación  de la deuda tributaria  y a la solicitud de nulidad del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, sobre los cuales no corresponde pronunciarse porque no fueron planteados en el recurso de alzada.

II.1.- Petitorio

La autoridad demandada solicitó se declare improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la resolución impugnada en el proceso.

III.- CONTESTACIÓN DEL TERCERO INTERESADO

La  Administración Tributaria con memorial de fs. 91 a 96 vta., relacionando los antecedentes del proceso de fiscalización que culminó con la determinación de la deuda tributaria y posterior inicio de la ejecución tributaria, apuntó la notificación personal de Clemente Canaviri Sunagua con la Resolución Determinativa 17-00000118-12 de 16 de mayo de 2012.

Sobre la prescripción, señaló que el art. 198.I.e) del CTB, dispone que los recursos deben plantearse exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide, y que en el caso de la prueba documental presentada en alzada y jerárquica, está dirigida a desvirtuar los reparos establecidos en la resolución determinativa, y no a los agravios planteados en el recurso.

III.1.- Petitorio

Solicitó se declare improbada la demanda.

IV.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

En el marco de la controversia planteada, los antecedentes administrativos y procesales informan lo siguiente:

i.- La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 17-00000118-12 de 16 de mayo de 2012, estableciendo la existencia de deuda tributaria emergente del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 2007.

ii.- El  24 de mayo de 2012, se notificó en forma personal a Clemente Canaviri Sunagua representante de la Empresa Minera CANALMIN EXPORT S.R.L.

iii.- El  25 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó a Clemente Canaviri Sunagua con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria  24-00000272-12 de 20 de junio de 2012.

iv.- El  16  de julio de 2014, la ahora demandante, planteó oposición a la Ejecución Tributaria por prescripción.

v.- El  24 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó al representante legal de la contribuyente con el Auto 25-00001271-14 de  21  de octubre de 2014,  que declaró no haber lugar al indicado planteamiento de oposición.

vi.- Planteado recurso de alzada, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0061/2015 de 23 de febrero, confirmando la resolución de la Administración Tributaria, motivando el planteamiento del recurso jerárquico resuelto con la resolución jerárquica impugnada en el presente proceso.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

A.- La empresa demandante controvierte la resolución jerárquica señalando que no consideró que la falta de notificación con la Resolución Determinativa 17-00000118-12, cuya diligencia de notificación está errada y que tampoco se consideró la prescripción extintiva de la determinación, sanción y ejecución tributaria, vulnerando lo establecido por el art. 109.II del CTB, porque existiendo nulidad de notificación, no existe un título de ejecución tributaria. Sustentó su pretensión en la normativa contenida en el art. 56 de la LPA,  que en su criterio, permite impugnar actos ilegales y arbitrarios que lesionan derechos del administrado.

B.- Señaló también, que la resolución jerárquica no consideró que se puede presentar nueva prueba y el no haberla analizado, ocasionó un insalvable vicio de nulidad que ocasionó que la resolución incurra en el defecto de falta de motivación.

C.- Sobre los aspectos de fondo, señaló que la resolución jerárquica no realizó una adecuada consideración sobre la prescripción que corresponde y el hecho de que la deuda se encuentra debidamente pagada

Por su parte, la Autoridad General de Impugnación Tributaria señaló que no se vulneró el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa porque el sujeto pasivo conoció todas las actuaciones e interpuso todos los recursos que la ley le franqueaba. Respecto a la prescripción invocada aclaró que conforme a la normativa vigente, que prevé un término de siete años, el cual no operó en el caso.

V.- ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

V.1.- Sobre la nulidad de la notificación con la Resolución Determinativa 17-00000118-12 de 16 de mayo de 2012.

Conforme a la relación de antecedentes que precede, el acto administrativo tributario que declaró la existencia de deuda tributaria, fue comunicado al representante legal de la empresa en forma personal, aspecto que no fue desvirtuado de ninguna forma en la demanda.

Se considera también, que en la exposición planteada por la empresa demandante no existe un argumento de hecho o de derecho que justifique la nulidad invocada y que permita a esta sala efectuar el control de legalidad correspondiente. En ese marco, la demanda es un acto de procedimiento oral o escrito, que materializa un poder jurídico (la acción), un derecho real o ilusorio (la pretensión) y una petición del acto como correspondiente a ese derecho procurando la iniciación del proceso1

.

Sobre los requisitos de forma de la demanda, el art. 327 del Código de Procedimiento Civil (CPC), señala que deberá contener:

1) La indicación del juez o tribunal ante quien se interpusiere.

2) La suma o síntesis de la acción que se dedujere.

3) El nombre, domicilio y generales del demandante o del representante legal si se tratare de persona jurídica.

4) El nombre, domicilio y generales de ley del demandado. Si se tratase de una persona jurídica la indicación de quién es el representante legal.

5) La cosa demandada, designándola con toda exactitud.

6) Los hechos en que se fundare, expuestos con claridad y precisión.

7) El derecho, expuesto sucintamente.

8) La cuantía, cuando su estimación fuere posible.

9) La petición en términos claros y positivos. (arts. 716, 755, 775, 779).

Teniendo presente que el cumplimiento del mandato contenido en el art. 192.3 del CPC es imperativo y que dicha norma refleja el principio de congruencia que conforme ha señalado el Tribunal Constitucional en su amplia jurisprudencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes, de manera que lo resuelto por la autoridad jurisdiccional debe responder precisamente a lo solicitado por las partes, donde no es posible inferir, suponer o adivinar lo que quiso decir la parte actora, pues “el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas… los derechos de acción y de contradicción imponen al Estado el deber de proveer mediante un proceso y por una sentencia, cuyo alcance y contenido están delimitados por las pretensiones y las excepciones que complementan el ejercicio de aquellos derechos”.2

Corresponde aclarar que el alcance del art. 1.II del Código de Procedimiento Civil de 1975, está vinculado con la falta, oscuridad o ausencia de la ley y no al caso de ausencia de carga argumentativa de la demanda; es decir, de razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes con base en los hechos en que se fundare, que en el caso es inexistente y con datos erróneos que no pueden ser considerados y menos aún, resueltos por este Tribunal so pena de vulnerar gravemente no únicamente el deber de congruencia sino también, el derecho a la seguridad jurídica de las partes procesales.

Finalmente, se tiene que la empresa demandante, trató de justificar su pretensión de nulidad de la diligencia de notificación con la resolución determinativa, en los arts. 32 y 33 de la LPA, relativos a la validez y eficacia de los actos administrativos; sin embargo, corresponde aclarar que el Código Tributario tiene normas claras que regulan la forma de notificación y los actos que deben ser notificados (arts. 83 al 91 del CTB), por lo cual, las disposiciones legales no son pertinentes en razón de que no existe ningún vacío normativo que deba ser suplido.

V.2.- Sobre la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria.

La demandante en forma confusa, argumenta que se hubiera operado la prescripción de la deuda tributaria al amparo de la previsión del art. 59 del CTB y sostiene que ya transcurrió el plazo de cuatro años señalado en dicha norma.

Por su parte, la autoridad demandada al rechazar dicha pretensión, ampara su decisión en los arts. 59 y 60 del CTB, vigentes; es decir, luego de la modificación dispuesta por las Leyes N° 291 de 22 de septiembre de 2012 y N° 317 de 11de diciembre de 2012, que señalan:

ARTÍCULO 59°.- (PRESCRIPCION).

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

1.- Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

2.- Determinar la deuda tributaria.

3.- Imponer sanciones administrativas.

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años.

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.”

ARTÍCULO 60°.- (CÓMPUTO).

I. Excepto en el numeral 3 del parágrafo I del artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

II. En el supuesto 3 del parágrafo I del artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.”

Al respecto y teniendo presente que el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) tiene como hecho imponible las utilidades resultantes de los estados financieros al cierre de cada gestión anual, en el caso, de la 2007, cuyo pago debe efectuarse en el plazo de ciento ochenta días siguientes al cierre de la gestión (en el caso el 30 de septiembre de 2008), corresponde aplicar las normas de prescripción vigentes en el momento del nacimiento del hecho imponible; es decir, los arts. 59 al 62 del CTB (Ley 2492) sin las modificaciones dispuestas el año 2012, pues se entiende que la normativa actualmente vigente es aplicable a los hechos imponibles que nazcan a partir del año 2012 y no anteriormente, como acertadamente resolvió la autoridad de alzada. 

Establecido lo anterior, el término de cuatro años empezó a computarse a partir del 1 de enero de 2009 y debió culminar el 31 de diciembre de 2012; sin embargo, el 9 de diciembre de 2010, se notificó a la contribuyente con la Orden de Fiscalización Externa 00100FE00146, suspendiendo el término de la prescripción por seis meses conforme manda el art. 62-I del CTB; es decir, hasta el 30 de junio de 2013. Empero, el 24 de mayo de 2012, se notificó personalmente a la demandante con la Resolución Determinativa 17-00000118-12, de manera que con arreglo a la previsión del art. 61.1 del citado CTB, se interrumpió  su cómputo, que fue reanudado el primer día hábil del mes de junio de 2012; sin embargo, el 25 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó a Clemente Canaviri Sunagua con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria  24-00000272-12 de 20 de junio de 2012, concluyéndose que no operó la prescripción invocada en la demanda.

V.3.- La empresa demandante arguyó también que, la resolución jerárquica no consideró la prueba presentada en esa instancia y que por ello, la AGIT vulneró el principio de verdad material, punto sobre el que corresponde precisar que la impugnación planteada por la empresa ante las dos instancias de impugnación tributaria en sede administrativa, se refirió a la nulidad de la notificación con la resolución determinativa y a la prescripción de la deuda tributaria; sin embargo, la documental presentada consistió en un  cuadernillo anillado con facturas de exportación  y  documentos de respaldo, que evidentemente era ajeno al objeto de la impugnación, toda vez que no se estaba discutiendo la materialidad de la deuda tributaria, cuya determinación ya había adquirido firmeza por no haber sido impugnada por la empresa contribuyente.

La fundamentación precedente permite concluir que no corresponde acoger los argumentos de la empresa demandante. 

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contencioso Administrativa,  Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia en el  ejercicio de la  atribución conferida en los arts. 2.2 y 4 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda y en su mérito firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0992/2015 de 1 de junio.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada. Sea con las formalidades de rigor.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



1 QUISBERT, Ermo, Apuntes De Derecho Procesal Civil Boliviano, Sucre, Bolivia: USFX, 2010,ermoquisbert.tripod.com/pdfs/dpc.pd, consultado 22-09-16.

2 Teoría General del Proceso, Hernando Devis Echandía, 1985, pag. 533 a 536