TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



SENTENCIA Nº 014/2016

EXPEDIENTE        : 026/2015

DEMANDANTE        : Administración de Aduana Interior Cochabamba

       Representada por Licet Silvana García Molina

DEMANDADO(A)        : Autoridad General de Impugnación Tributaria

TIPO DE PROCESO        : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA        : AGIT-RJ 1511/2014 de 10 de noviembre de 2014

MAGISTRADO RELATOR        : Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

LUGAR Y FECHA        : Sucre, 10 de marzo de 2016

VISTOS EN LA SALA:

La demanda contencioso administrativa de fs. 2 a 8, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1511/2014 de 10 de noviembre, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la respuesta de fs. 127 a 132, los memoriales presentados por el tercero interesado Favio Mallco Cruz, de fs. 95 a 99, 118 a 121 y 182 a 184; los memoriales de réplica de fs. 165 a 166 y dúplica de fs. 188 a 189; el decreto de autos a fs. 191, los antecedentes procesales y,

CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

Que, la Administración de Aduana Interior Cochabamba dependiente de la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, representada por su Administradora Licet Silvana García Molina en mérito al Memorándum Cite Nº 0081/2015 de 15 de enero, emitido por la Presidente Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional a fs. 1, dentro el plazo previsto por ley, apersonándose interpuso demanda contenciosa administrativa contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), señalando como tercero interesado a Favio Mallco Cruz; y fundamenta en síntesis lo siguiente:

Expresa que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1511/2014 al confirmar la resolución de recurso de alzada, reponiendo actuados hasta la emisión de una nueva acta de intervención por parte de la Administración Aduanera, no sólo violenta el ordenamiento jurídico administrativo a través de los principios de legalidad, presunción de legitimidad y sometimiento pleno a la ley, sino que también con lo resuelto, se produce una dilación indebida y apartada de la ley, impidiendo que el procedimiento administrativo al que estuvo sujeto el interesado en estricto apego al debido proceso y las garantías que en este están implícitas, en sujeción al procedimiento administrativo sancionador por contrabando contravencional empleado para el efecto, logre su finalidad, ocasionando un daño económico al Estado por no aplicar objetivamente lo que manda la ley, donde la Administración Aduanera ha comprobado y determinado el contrabando contravencional de manera objetiva.

I.2. Fundamentos de la demanda.

Inicia la demanda exponiendo los antecedentes relativos al operativo denominado “CHACALAZO XXX”, que tuvo como consecuencia la emisión de la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI 0703/2013 de 14 de agosto, la posterior emisión de la resolución del recurso de alzada ARIT-CBA/RA 0321/2014 que resolvió anular la indicada resolución administrativa con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el Acta de Intervención; y de la Resolución de Recurso Jerárquico que confirmó la resolución de la ARIT.

Señala que el Acta de Intervención y la resolución administrativa  impugnada en la instancia de Recurso de Alzada, cumple con todos los requisitos mínimos conforme el art. 99.II del Código Tributario boliviano (CTB), en razón  que se observó todos los pasos al efecto, señalando lugar y fecha, en la parte resolutiva el nombre o razón social del sujeto pasivo, y en la parte considerativa una descripción extensa de los antecedentes; haciendo mención de que Favio Mallco Cruz que conducía la camioneta marca mitsubishi color azul, sirviendo de guía y auxilio de los vehículos que transportaban la mercancía, habiendo los conductores de los medios de transporte identificado a Favio Mallco Cruz como propietario de los cinco vehículos y de la mercancía que se transportaba.

Indica que el art. 181.III del CTB, dispone que el comiso de los medios o unidades de transporte o cualquier otro instrumento que hubiera servido para el contrabando, excepto aquellos sobre los cuales el Estado tenga participación, en cuyo caso los servidores públicos estarán sujetos a la responsabilidad penal establecida en la presente ley, sin perjuicio de las responsabilidades de la Ley 1178. Asimismo que, cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía sea igual o menor a 10.000.-UFVs, se aplicará la multa del cincuenta por ciento del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte. Cuantía modificada a 200.000.-UFVs por el art. 56 de la Ley de Presupuesto General de la Nación Gestión 2009.

Agrega que los arts. 72 y 73 de la Ley 2341 del procedimiento Administrativo, aplicables por expresa disposición del art. 201 de la Ley 3092, establecen respecto al principio de legalidad y tipicidad que las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa conforme al procedimiento establecido en la presente ley y disposiciones reglamentarias aplicables. Por lo que considera importante aclarar que siendo el Sr. Favio Mallco el único propietario de la mercancía y de los vehículos comisados, no corresponde desglosar por unidad de transporte la multa impuesta por el art. 181 del CTB, existiendo un solo propietario y para la devolución de los medios de transporte que estuvieran amparados, se debe pagar el 50% del valor total de la mercancía incautada, es por ello, su responsabilidad se habría extinguido por la cancelación total efectuada, lo que implícitamente demuestra que es el único responsable de la internación de la mercancía no amparada a territorio aduanero nacional.

Pide se considere que el señor Favio Mallco Cruz de su libre y espontánea voluntad presentó memorial ante la Administración Aduanera con fecha de recepción 24 de diciembre de 2014, en el que solicita la devolución de sus vehículos comisados, por lo que resulta evidente que es el propietario de los mismos, sin embargo, durante la instancia de alzada y jerárquica argumentó vehementemente que esos vehículos no son de su propiedad, instalándose incluso en el recurso de alzada la audiencia de declaración testifical con relación a los vehículos en cuestión, habiendo declarado los conductores que no conocían a Favio Mallco Cruz.

Arguye que la resolución administrativa contempla en su contenido fundamentos de hecho y de derecho, señalando las normas infringidas dentro de un proceso administrativo por contrabando contravencional y emitiendo un pronunciamiento técnico respecto a la valoración de los descargos presentados al acta de intervención contravencional, así también en la parte resolutiva califica la conducta como contravención aduanera por contrabando imponiendo la multa respectiva que no es un pago de dinero por omisión de tributos, sino es una multa propia de la aduana nacional, cumpliendo los requisitos esenciales establecidos en el art. 99.II de la Ley 2492, por lo que se encuentra debidamente estructurada y fundamentada de acuerdo a los hechos verificados por la Administración Aduanera durante el desarrollo de dicho procedimiento, motivos suficientes por los cuales corresponde desestimar los argumentos de la Resolución impugnada, más aún cuando se evidencia que el entonces recurrente tomó pleno conocimiento de cada actuación emergente del proceso administrativo, prueba de ello es la presentación de descargos al acta de intervención ejerciendo su derecho a la producción de pruebas y la posterior interposición del recurso de alzada dentro del plazo, mediante el cual ejerció su derecho a la impugnación como medio de defensa careciendo de sustento legal la supuesta indefensión ocasionada al entonces recurrente.

Señala que en materia administrativa, para la anulabilidad de un acto por infracción de una norma establecida, deberán ocurrir los presupuestos previstos en el art. 36.II de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria por expresa disposición de los arts. 74 de la Ley 2492 y 201 de la Ley 3092, título V de 2492; es decir, aquellos actos administrativos que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados; y que a dicho efecto, el art. 55 del DS 27113 RLPA establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados, es decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, este debió estar en total y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones, habiéndose demostrado que no se configuró ese extremo jurídico previsto por ley. Al respecto cita la Sentencia Constitucional Plurinacional (SC) 0919/2014-R de 15 de junio; manifestando que las observaciones que realiza la Resolución impugnada se aparta de la doctrina expresada en la amplia jurisprudencia constitucional respecto a que bajo ningún punto de vista de hecho y derecho se habría vulnerado el derecho a la defensa o el debido proceso al entonces recurrente, debido a que el mismo tomó pleno conocimiento de todas las actuaciones en la vía administrativa,  prueba de ello es su derecho de impugnación que actualmente se tramita.

Señala como normativa legal aplicable los arts. 181 y 98 de la Ley Nº 2492; art. 24 del D.S. 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas; art. 101 del D.S. 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas modificada por el párrafo II de la Disposición adicional única del D.S. 708 de 24 de noviembre de 2010 y el párrafo II del art. 1 del D.S. 784 de 2 de febrero de 2011; la Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08; y, el título A punto II del anexo 5 Declaración única de Importación e Instructivo de llenado RD-OT-031-05 de 19 de diciembre.

I.3. Petitorio.

En base a estos argumentos solicita se Revoque lo indebidamente resuelto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1511/2014 de 10 de noviembre de 2014 y en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI 0703/2013 emitida por la Administración de Aduana interior Cochabamba.

  1. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Que, admitida la demanda por decreto de fs. 27, se corrió en traslado y citó legalmente la autoridad demandada de fs. 160; y, el tercero interesado recogió personalmente la notificación con la providencia de admisión de la demanda conforme consta a fs. 28; por lo que, apersonándose Daney David Valdivia Coria, en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en tiempo hábil contestó negativamente la demanda por memorial de fs. 127 a 132, expresando lo siguiente:

II.1. Fundamentación de la respuesta a la demanda

Que la Resolución del Recurso Jerárquico se encuentra plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos; y que de todo lo expuesto en la demanda, con relación a la aseveración de que con la Resolución emitida se ocasionó “…Daño Económico al Estado, por no aplicar objetivamente lo que manda la ley…”, es importante se tome en cuenta que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, a efectos de emitir la Resolución de Recurso Jerárquico, ha efectuado un minucioso análisis de carácter técnico y jurídico siendo que los citados objetivos de acuerdo a la elaboración del presupuesto general del Estado tienen distintas fuentes de financiamiento y que en todo caso la Administración Tributaria tendría que probar explícitamente que los recursos no percibidos por la decisión de Recurso Jerárquico estarían afectando a la inversión en salud, educación, etc., disminuyendo la efectividad de la inversión en estos sectores.

Considera que es la propia Administración Tributaria la que estaría causando indefensión al Estado, y costos administrativos innecesarios por no aplicar de manera correcta la normativa que atinge a los procedimientos sometidos incluso por la misma administración, debiendo tomarse en cuenta que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al ser un ente que administra justicia tributaria, vela por la correcta aplicación de la normativa tributaria correspondiente a cada caso e incluso la emitida por la misma Administración.

Indica que la instancia Jerárquica de manera fundamentada y motivada estableció de la revisión de antecedentes administrativos, que el Acta de Intervención, identifica en el Punto III como persona sindicada a Favio Mallco Cruz, en el Punto IV. Identificación de los elementos de prueba y medios empleados para la comisión del delito, menciona: Bidones de gasolina Llantas de auxilio Herramientas Cuerdas; en el Punto V. Detalle de la mercancía decomisada y de los instrumentos incautados, señala: Clase camioneta marca Mitsubishi Color Azul Clase Vagoneta Marca Toyota Caldina Color Blanco Clase Vagoneta Marca Toyota Gran V. Color Blanco Clase Vagoneta marca Toyota Color Plomo Clase Vagoneta Marca Toyota Gran V. Color Plomo Los cinco motorizados detallados cuentan con mercadería en su interior, cajones de cartón de diferentes tamaños; en el Punto VI Calificación sobre la presunta comisión el delito, indica: Causa Procesal-Contrabando.

Añade que en ese contexto si bien el sujeto pasivo tomó conocimiento de cada actuación y presentó descargos que le permitieron ejercer su derecho a la producción de pruebas y posterior intervención del Recurso de Alzada, ejerciendo su derecho de impugnación, como señaló la Administración Aduanera, no es menos cierto que la Aduana Nacional no realizó una descripción detallada, completa y precisa sobre la clase y cantidad de mercancía que fue transportada en cada vehículo decomisado como medios de transporte, puesto que, simplemente mencionó que en cinco motorizados se hallaban cajones de cartón con mercadería de diferentes tamaños, de igual forma no se advierte que se haya adjuntado el Cuadro de Valoración y Liquidación de los Tributos en la citada Acta, aspectos que impidieron a Favio Mallco Cruz, asumir defensa, debido a que no cuenta con detalle alguno que le permita identificar la mercancía comisada de manera específica para cada vehículo, y establecer la multa determinada para cada vehículo, en reemplazo del comiso correspondiente al medio de transporte, tal como dispone el art. 181, par. III de la Ley Nº 2492.

Acota que con relación al Punto VI, calificación sobre la presunta comisión del delito, la Administración Aduanera señaló como causa procesal: contrabando, sin mencionar la normativa que respalde la supuesta comisión de contravención; observándose que no cumplió con las previsiones del art. 96. II. de la Ley Nº 2492 relativo al contrabando, así como el art. 66 del Decreto Supremo (DS) Nº 27310 del Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB); y en ese sentido, si bien de conformidad a lo previsto por los arts. 66 y 100 de la Ley Nº 2492 y 49 del DS Nº 27310, la Administración Aduanera tiene las facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; de realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales y de practicar las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, especie, naturaleza, pureza, cantidad, calidad, medida, origen, procedencia, valor, entre otros de las mercancía comisada; sin embargo, se evidenció que la citada administración, no efectuó una descripción exacta de la mercancía comisada ni consignó todas las características de la misma, de una manera individual, es decir, que no estableció qué mercancía fue hallada en los distintos vehículos, tampoco respaldo la calificación de la conducta atribuida al Sujeto Pasivo, puesto que no indica la normativa que respalda dicha presunción, ni el grado de responsabilidad de Favio Mallco Cruz, ya que al haberse encontrado varios vehículos, debió realizarse un mejor análisis al respecto, por lo que se advierte que los actos de la Administración carecen de los requisitos mínimos establecidos por los arts. 96 par. II de la Ley Nº 2492 y 66 del DS Nº 27310, incumpliendo además, con lo previsto sobre la mercadería decomisada, del Manual para el Procesamiento de contrabando contravencional y remate de mercancías, aprobado por Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011.

Arguye que en materia de derechos y garantías constitucionales no sólo se aduce el derecho a la defensa como único elemento vertiente del debido proceso que tiene una triple dimensión, y en el presente caso, esta instancia jerárquica señaló de manera clara que la Administración Aduanera no efectuó una descripción exacta de la mercancía comisada ni consignó todas las características de la misma, de una manera individual, es decir, no estableció que mercancía fue hallada en los distintos vehículos, tampoco respaldo la calificación de la conducta atribuida al Sujeto Pasivo, puesto que no indica la normativa que respalda dicha presunción, ni el grado de responsabilidad de Favio Mallco Cruz, aspecto que produce vulneración al debido proceso en su vertiente a la fundamentación y motivación, derecho a la defensa, tutela efectiva, acceso a la justicia, por consiguiente produce la indefensión del sujeto pasivo; señalándose al respecto en diferentes SC, entre ellas la SC 0788/2010-R de 2 de agosto y SC 0448/2010-R de 28 de junio.

Indica que los argumentos del demandante no demuestran o establecen de forma indubitable, una errada interpretación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, es más, el mismo demandante sólo se limita a realizar afirmaciones por demás generales y no precisas, sin exponer razonamientos de carácter jurídico, por las cuales cree que su pretensión no fue valorada correctamente por la AGIT, por lo que el Tribunal Supremo no puede suplir la carencia de carga argumentativa del demandante en el proceso.

En cuanto al sistema de Doctrina Tributaria SIDOT V.3 respecto a que la falta de requisitos esenciales vicia el acta de intervención señala a la AGIT.RJ/0580/2011 de 10 de octubre, AGIT-RJ-0480/2014 de 31 de marzo de 2014, AGIT-RJ-009/2014 de 6 de enero de 2014 entre otras; y como jurisprudencia la Sentencia 229/2014 de 15 de septiembre de 2014.

II.2. Petitorio.

En mérito a los fundamentos expuestos solicitó se declare improbada la demanda contencioso administrativa, interpuesta, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1511/2014 de 10 de noviembre de 2014.


  1. INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO Y SU PETITORIO.

El tercero interesado Favio Mallco Cruz, por memoriales de fs. 95 a 99 y 118 a 121, presentó documentos para su análisis y prueba, que merecieron la dictación de las providencias de fs. 100 y 122, por las que se le hace conocer que se admitió la demanda contenciosa en la vía ordinaria de puro derecho; y de fs. 182 a 184 en el que solicita revisión de nueva acta de intervención y entrega de vehículos, disponiéndose su acumulación al expediente para su consideración oportuna.

  1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

Que, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, consiguientemente, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la entidad demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad de Impugnación Tributaria.

IV.1. Antecedentes procesales del trámite administrativo.

De la compulsa de los datos procesales, así como de la resolución administrativa impugnada, se establece los siguientes hechos:

Revisando lo obrado y el anexo adjunto al proceso, se verifica que la Administración de Aduana emitió el 8 de noviembre de 2011, Acta de Intervención Nº COARCBACOARCB0011/11, caso “CHACALASO XXX”, de fs. 4 a 5 del anexo, en el que señala que el 7 de noviembre de 2011, Agentes del Control Operativo Aduanero cuando realizaban patrullaje móvil interceptaron siete vehículos que se encontraban en descanso, y que al ser interceptados trataron de darse a la fuga, por lo que se procedió a su arresto; posteriormente llegó un octavo vehículo el cual fue interceptado, procediéndose al arresto del conductor, y luego una camioneta rebaso la caravana y trató de sacar de la vía a los dos últimos vehículos decomisados, siendo éste también arrestado y comisado, encontrando en su interior bidones de gasolina y llantas de auxilio, y en el interior de los cinco motorizados se hallaba cajones de cartón con mercadería, siendo trasladados a dependencias de ALBO, realizando la actas de comiso y la entrega de los motorizados.

En fecha 29 de enero de 2013, el fiscal de Aduanas, presentó resolución de rechazo de actuaciones policiales ante el Juzgado de Instrucción Tercero en lo Penal de la capital de fs. 152 a 153 del anexo, indicando que se emite dicha resolución de Rechazo en aplicación a la Ley Nº 317, disponiendo la remisión de antecedentes a la Aduana Regional Cochabamba para su tramitación en la vía contravencional; por lo cual se radico el proceso contravencional en la Administración de Aduana Interior Cochabamba de fs. 160 a 168 del anexo, y luego del trámite realizado, esta instancia emitió la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 0703/2013 de 14 de agosto de 2013 de fs. 257 a 263 del anexo, que declaró probado en parte el contrabando contravencional atribuido a Favio Mallco Cruz, por la mercadería comisada según acta de intervención Nº COARCBACOARCB0011/11 de 8 de noviembre de 2011, disponiendo el comiso definitivo de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la mercancía y los ítems 1, 2 y 5 de los vehículos. Asimismo dispuso la devolución de los ítems 3 y 4 de los vehículos, previo pago de la multa de 54.557,44.-UFVs correspondiente al 50% del valor de la mercancía considerada en contrabando.

Contra dicha resolución administrativa, Favio Mallco Cruz, interpuso Recurso de Alzada de fs. 9 a 12 del anexo, subsanada de fs. 17 a 18; que luego del trámite correspondiente mereció la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0321/2014 de 18 de agosto de 2014 de fs. 65 a 73 del anexo, que ANULÓ la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 0703/2013 de 14 de agosto de 2013 emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Nº COARCBACOARCB0011/11 de 8 de noviembre de 2011, inclusive debiendo la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, proceder a la emisión de una nueva Acta de Intervención como base que sustenta la Resolución, subsanando los aspectos observados en el proceso sancionador, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 96 y 99 parágrafo II de la Ley Nº 2492 CTB, y arts. 19 y 66 del DS Nº 27310 R-CTB; todo en aplicación del inciso c) del artículo 212.I de la Ley Nº 2492 (Título V de la CTB).

Que, presentado de fs. 86 a 91 del anexo, Recurso Jerárquico, Vania Milenka Muñoz Gamarra en su condición de Administradora de Aduana Interior Cochabamba dependiente de la Gerencia Regional Cochabamba, Aduana Nacional de Bolivia, se emitió Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1511/2014 de 10 de noviembre de 2014 (fs. 123 a 135 del anexo) resolviendo CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0321/2014 de 18 de agosto de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Favio Mallco Cruz, contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; en consecuencia, se anulan obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Nº COARCBACOARCB0011/11 de 8 de noviembre de 2011, inclusive, debiendo la citada Administración Aduanera, emitir un nuevo actuado que cumpla con las previsiones de los arts. 96. II de la Ley Nº 2492 y 66.e) del DS Nº 27310; todo de conformidad a lo previsto en el inciso b), parágrafo I, del artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

En mérito a dicha confirmación, la Administración de Aduana Interior Cochabamba dependiente de la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, representada por su Administradora Licet Silvana García Molina, demandó conforme se tiene expuesto, en proceso contencioso administrativo, pidiendo se revoque lo indebidamente resuelto en la resolución de Recurso Jerárquico AAGIT-RJ 1511/2014 de 10 de noviembre de 2014 y en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI 0703/2013 emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba.

Por memorial de fs. 165 a 166 la institución demandante presentó su réplica, y por memorial de fs. 188 a 189 la Autoridad demandada ofreció su dúplica, habiéndose emitido a fs. 191, proveído de autos para sentencia.

  1. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Expuestos los antecedentes administrativos,  se establece que el motivo de la Litis, tiene relación con las siguientes afirmaciones realizadas por la institución demandante:

Que, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1511/2014 al confirmar la Resolución de Recurso de Alzada, vulneró el ordenamiento jurídico administrativo como de los principios de legalidad, presunción de legitimidad y sometimiento pleno a la ley, produciendo una dilación indebida y apartada de la ley, impidiendo que el procedimiento administrativo al que estuvo sujeto el interesado logre su finalidad, ocasionando un daño económico al Estado por no aplicar objetivamente lo que manda la ley.

Que, la Resolución Administrativa impugnada Nº AN-GRCGR-CBBCI 0703/2013, cumple con todos los requisitos mínimos conforme el art. 99. II de la Ley Nº 2492, CTB, señalando las normas infringidas dentro del proceso administrativo por contrabando contravencional, por lo que se encuentra debidamente estructurada y fundamentada de acuerdo a los hechos.

Que, al ser Favio Mallco Cruz, el único propietario de la mercancía y vehículos comisados, no corresponde desglosar por unidad de transporte la multa impuesta por el art. 181 del CTB, pues se demuestra que es el único responsable de la internación de la mercancía no amparada a territorio aduanero nacional.

Que, no se demostró que Favio Mallco Cruz hubiera estado en desconocimiento de los actos procesales llevados en su contra que le impidan asumir su defensa, no habiéndose vulnerado el derecho a la defensa o el debido proceso, porque tomó pleno conocimiento de todas las actuaciones en la vía administrativa; y que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados, conforme prevé el art. 55 del D.S. Nº 27113 RLPA.

  1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

Una vez analizado el contenido de los actos y resoluciones administrativas y los argumentos y defensas formuladas por las partes en la presente controversia, el Tribunal Supremo de Justicia, procede a revisar el fondo de la  presente causa, en los siguientes términos: 

1. Sobre la vulneración de derechos y garantías constitucionales.

Debe tenerse presente que el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) vigente dispone: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.”, disposición concordante con el núm. 6 del art. 68 de la Ley Nº 2492, el cual establece que constituyen derechos del sujeto pasivo entre otros: “6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.”

Por lo que se hace necesario señalar que la indefensión supone la vulneración de los derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones, recogidos por el art. 115 de la CPE. El debido proceso implica que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar.

De la revisión de antecedentes administrativos, y conforme lo señala la institución demandante, el sujeto pasivo tomó conocimiento de las actuaciones y presentó descargos que le permitieron ejercer su derecho a la producción de pruebas; sin embargo, se verifica que en el Acta de Intervención Nº COARCBA-COARCBA la Administración Aduanera no cumplió con lo previsto en el art. 96.II de la Ley Nº 2492, que establece: “II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.” Que tiene relación con el art. 66 del DS Nº 27310 que señala: “El Acta de Intervención por contravención de contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: a) Número del Acta de Intervención; b) Fecha; c) Relación circunstanciada de los hechos; d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda; e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados; f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los tributos; g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías; h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes.”; es decir, las mercancías comisadas deben ser individualizadas por cada vehículo y determinar que transportaba cada uno de ellos a efectos de la posible aplicación de alguna multa si correspondiere; lo que no ocurrió en el caso de autos a tiempo de elaborarse el Acta de intervención por parte de la Aduana Nacional.

En efecto, en el Acta de intervención, no se realizó una descripción detallada, completa y precisa sobre la clase y cantidad de mercancías que fue transportada en cada uno de los vehículos decomisados como medio de transporte, habiendo señalado solamente que en cinco motorizados se hallaban cajones de cartón con mercancías de diferentes tamaños, sin efectuar una descripción exacta de la mercancía comisada, ni consignó todas las características de la misma de manera individual, especificando qué mercancía fue hallada en cada uno de los motorizados; no habiéndose adjuntado en dicha acta, el cuadro de valoración y liquidación de los tributos, aspectos que impidieron asumir defensa a Favio Mallco Cruz, en razón a que no se cuenta con detalle individualizado por cada vehículo, que le permita identificar la mercancía comisada de manera específica y establecer la multa determinada para cada uno de los motorizados si correspondiere efectivamente al tipo contrabando a efectos de la sustitución del comiso del medio o unidad de trasporte. Evidenciándose además, que en la calificación presunta de la comisión del delito de contrabando como causa procesal, la Administración Aduanera no mencionó normativa alguna que respalde la supuesta comisión del mismo, ni el grado de responsabilidad respecto a Favio Mallco Cruz; coligiéndose que las omisiones en las que incurrió la Administración Aduanera, vulneraron el principio del debido proceso y el derecho a la defensa del administrado.

Al respecto, la SC Nº 1564/2011-R  de 11 de octubre de 2011 expresó que “… a través de la jurisprudencia constitucional, se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra si mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in idem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones” (las negrillas son añadidas) entre otras; lo que en la indicada Acta de Intervención no se respetó, resultando por tanto, acertada la determinación asumida por el Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1511/2014 de 10 de noviembre de 2014, al confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0321/2014 de 18 de agosto de 2014.

2. Sobre las resoluciones emitidas en sede administrativa.

Respecto a la afirmación de que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1511/2014 al confirmar la Resolución de Recurso de Alzada, violentó el ordenamiento jurídico administrativo a través de los principios de legalidad, presunción de legitimidad y sometimiento pleno a la ley, produciendo una dilación indebida y apartada de la ley, impidiendo que el procedimiento administrativo al que estuvo sujeto el interesado logre su finalidad, ocasionando un daño económico al Estado por no aplicar objetivamente lo que manda la ley; corresponde expresar que, conforme a lo fundamentado en el punto precedente, el Acta de Intervención Nº COARCBA COARCB 0011/11 de 8 de noviembre de 2011, no cumple con los requisitos mínimos establecidos para el efecto, resultando acertado lo resuelto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1511/2014 al confirmar la Resolución de Recurso de Alzada, que aplicó de manera objetiva lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico; no siendo evidentes las violaciones de los principios de legalidad, presunción de legitimidad y sometimiento pleno a la ley, ni se demuestra que con su emisión se haya ocasionado daño económico al Estado.

Al contrario, del análisis efectuado a los antecedentes administrativos, se concluye que, los principios señalados por la Administración de la Aduana, fueron vulnerados en relación al sujeto pasivo, quien con la emisión del Acta de intervención quedó coartado en sus derechos constitucionales descritos.

Al respecto, cabe referirse al principio de legalidad, previsto por el art. 180 de la CPE, y del cual el Tribunal Constitucional a través de la SC 0275/2010 de 7 de junio, ha señalado que: “(…) es un principio procesal de la jurisdicción ordinaria; al respecto este Tribunal a través de la SC 0919/2006-R de 18 de septiembre, que a su vez citó a la SC 0062/2002 de 31 de julio, estableció que: 'el principio general de legalidad, como elemento esencial del Estado de Derecho' (...) en su vertiente procesal (garantía jurisdiccional), tiende a garantizar que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten las garantías establecidas por ley”.

Por otra parte, la Ley Nº 2341 de procedimiento administrativo de 23 de abril de 2002, dispone que la vía administrativa está sometida a los Principios de Legalidad, Tipicidad, Presunción de Inocencia, Proporcionalidad, Procedimiento Punitivo e Irretroactividad, que permiten al administrado asumir una defensa concreta ante la facultad sancionadora del Estado, y en su art. 72 con relación al Principio de Legalidad señala que: “Las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones reglamentarias aplicables.”

3. Sobre el incumplimiento de requisitos formales en el acta de infracción.

En cuanto a la aseveración que realiza la institución demandante de que la resolución administrativa impugnada Nº AN-GRCGR-CBBCI 0703/2013, cumple con todos los requisitos mínimos conforme el art. 99.II de la Ley Nº 2492, señalando las normas infringidas dentro de un proceso administrativo por contrabando contravencional, por lo que se encuentra debidamente estructurada y fundamentada de acuerdo a los hechos; es menester señalar que a tiempo de realizar dicha afirmación, la Administración de la Aduana no consideró que en el caso presente el proceso fue anulado hasta el Acta de Intervención COARCBACOARCBA-0011/11 de 8 de noviembre de 2011, por lo que la resolución administrativa impugnada Nº AN-GRCGR-CBBCI 0703/2013 también ha quedado sin efecto, por lo tanto ya no corresponde realizar mayor análisis al respecto.

Por todo lo fundamentado precedentemente, se colige que es correcta la conclusión a la que arribó la Autoridad General de Impugnación Tributaria al confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0321/2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Favio Mallco Cruz, contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; en consecuencia, se anulan obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Nº COARCBACOARCB 0011/11 de 8 de noviembre, inclusive, debiendo la citada Administración Aduanera, emitir un nuevo actuado que cumpla con las previsiones de los art. 96.II de la Ley Nº 2492 y 66.e) del DS Nº 27310; todo de conformidad en el art. 212.I.b) del CTB.

VI.1. Conclusiones.

En consecuencia, del análisis efectuado se advierte que la resolución jerárquica emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, realizó correcta valoración e interpretación en sus fundamentos técnico jurídicos, lo que se ajusta a derecho; más aún si lo afirmado en la demanda tampoco desvirtúa de manera concluyente los fundamentos de la resolución impugnada, conforme se tiene anotado precedentemente.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil de 1975, en concordancia con los arts. 2.2 y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 2 a 8 interpuesta por la Administración de Aduana Interior Cochabamba dependiente de la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, representada por su Administradora Licet Silvana García Molina, por consiguiente mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1511/2014 de 10 de noviembre, dictada la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y cúmplase.