TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



SENTENCIA Nº 012/2016

EXPEDIENTE        : 010/2015

DEMANDANTE        : Servicio de Impuestos Nacionales GRACO La Paz Representado por Juan Carlos Mendoza Lavadenz

DEMANDADO(A)        : Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT)

TIPO DE PROCESO        : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA        : AGIT-RJ 1462/2014 de 27 de octubre de 2014

MAGISTRADO RELATOR        : Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

LUGAR Y FECHA        : Sucre, 10 de marzo de 2016

VISTOS EN LA SALA:

La demanda de fs. 31 a 39 vta. Impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico (RJ) AGIT-RJ/Nº1462/2014 de 27 de octubre de 2014, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); la contestación  a la demanda de fs. 46 a 50 vta. la réplica de fs. 54 a 56 vta.; la dúplica de fs. 59 a 60 vta.;  los antecedentes del proceso; la resolución impugnada y,

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.-

I.1. Antecedentes y fundamentos de la Demanda.-

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, formula demanda Contenciosa Administrativa contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, señalando que al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº1462/2014 confirmando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0619/2014, dejando sin efecto la Resolución Determinativa Nº 17-0058-2014 de 17 de febrero de 2014, lesionó los derechos de la Administración Tributaria (AT) e incurrió en errónea interpretación de los arts. 81 y 98 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, porque no realizó una correcta valoración de los antecedentes administrativos, el contribuyente tenía el plazo de 30 días, para presentar sus descargos a partir de la notificación de la Vista de Cargo Nº 32-0173-2013 de 26 de noviembre de 2013, notificado el 29 de noviembre de 2013, plazo que fenecía el 30 de diciembre de 2013 de conformidad al art. 98 de la Ley 2492.

Continuando con su relato, refiere que la Nota DC012/2014 de 14 de febrero, por la cual comunicó el contribuyente que realizó un pago parcial de Bs.26.253.- mediante Boleta 1000, con Número de Orden 2943120782, fue considerado al emitir la Resolución Determinativa (RD) Nº 17-0058-2014 de 17 de febrero y la segunda Nota de fecha 14 de febrero de 2014, por la que el contribuyente presentó a la AT documentación de descargo a la Vista de Cargo, después de 46 días de vencido el plazo previsto por el art. 98 de la Ley Nº 2492, que es de 30 días. nota de la que según la AGIT, no se realizó valoración alguna ni pronunciamiento, no se estableció  su rechazo, exponiendo las causas para ello, indicando que es evidente porque en la Resolución Determinativa (RD) Nº 17-0058-2014 de 17 de febrero de 2014, dijo que los descargos adicionales que el contribuyente presentó se encontraban fuera del plazo previsto en el art. 98 y no cumplió con el art. 81 de la Ley Nº 2492, por lo que no correspondía su valoración, aspecto que no fue tomado encuentra en  la Resolución de Recurso Jerárquico, pues admitir se estaría incumpliendo la normativa señalada y dando rienda suelta para que los contribuyentes presenten descargos fuera de los plazos previstos por ley.

Prosigue señalando que el contribuyente en ninguna etapa dentro de la Fiscalización mencionó o dejó expresa constancia de la existencia de documentación alguna, no dejó sentado compromiso para su presentación, incumpliendo de esta manera los numerales 2 y 3 del art. 81 de la Ley Nº 2492 al haber presentado después de 46 días de fenecido el plazo previsto por el art. 98 de la indicada ley. Entonces, si bien no se tomó en cuenta cierta documentación, eso es atribuible al contribuyente al no cumplir con el principio de oportunidad, conforme señala la Sentencia Constitucional (SC) Nº 1642/2010 de 15 de octubre de 2010. Cuando el sujeto pasivo no presentó pruebas hasta antes de la RD, éste debe probar en la etapa recursiva que la omisión no fue por causa propia y además, debe cumplir con el juramento de “reciente obtención”, por lo que una interpretación contraria, atentaría el contenido literal de la segunda parte del art. 81 del Código Tributario Boliviano (CTB) y el debido proceso. La decisión de la Autoridad General de Impugnación Tributaria tampoco observó el principio de preclusión, porque el proceso administrativo también se desarrolla por etapas en la que el cierre de una, inicia nuevo plazo, para que el sujeto pasivo haga valer su derecho.

I.2. Petitorio.-

Concluyó solicitando se emita Sentencia declarando probada la Demanda y declare la nulidad de la Resolución de RJ AGIT-RJ 1462/2014 de 27 de octubre y, en su caso revoque totalmente la Resolución de RJ confirmando totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-0058-2014 de 17 de febrero.

II. CONTESTACION DE LA DEMANDA.-

Admitida la demanda por decreto a fs. 42, corrido en traslado a la AGIT, para que responda en el plazo establecido por ley, lo propio al tercer interesado Empresa PROSEC INGENIEROS S.R.L., Daney David Valdivia Coria en representación de la AGIT, por memorial de fs. 46 a 50, contesta negando los argumentos de la demanda, en base a los extremos siguientes:

II.1. Respecto a la falta de valoración de la Resolución Determinativa e  interpretación errónea de los arts. 81 y 98 de la Ley Nº 2492.-

Indica que del análisis de la RD y los antecedentes del proceso, se estableció que la AT omite pronunciamiento respecto de las pruebas presentadas por el sujeto pasivo como descargo, siendo que el mismo las presentó en dos oportunidades, la primera dentro del plazo de 30 días, luego de notificada la Vista de Cargo; la segunda (Nota PROSEC DC 012/14), el 14 de febrero de 2014, por la cual comunicó que el 4 de febrero de 2014, hizo el pago a cuenta de la Vista de Cargo de 22.269.-UFV´s, advirtiéndose que la referida Nota indica la realización de un pago a cuenta y la documentación de respaldo, habiendo la AT la considerado y producto de ello, fundamentó su acto administrativo y declaró pagado este monto. Y, sobre la otra nota presentada por el Sujeto Pasivo también el 14 de febrero de 2014, descargos consistentes en fotocopias de comprobantes bancarios de pago de impuestos, facturas emitidas por BISA LEASING y testimonios de poder Nos. 1082/2009 y 1207/2008, correspondientes a Contratos de Arrendamiento Financiero; la AT no emite ningún pronunciamiento, es decir no establece su rechazo,  lo cual incide en el ejercicio del derecho a la defensa del sujeto pasivo, puesto que si bien tuvo la oportunidad de presentar documentación con la cual pretendía respaldar sus argumentos, no obtuvo respuesta al respecto, desconociendo su efecto en el proceso y los hechos por los cuales se le hacía cargo de deuda tributaria, siendo que estaba obligado a pronunciarse sobre la misma, como lo establece la doctrina citada y el art. 68.7 de la Ley Nº 2492, otorgándoles una valoración respecto a los hechos o en su caso rechazándoles según las reglas establecidas en el art. 81 de la citada Ley. Al no hacerlo  vulneró el derecho del sujeto pasivo a recibir un pronunciamiento sobre sus pruebas. Respecto al precedente citado RJ AGIT-RJ-0185/2012, indica que el mismo no solo no contiene el texto referido, sino que además se trata de depuración de crédito fiscal en específico de los requisitos exigidos por norma para beneficiarse del mismo, por lo que no corresponde su análisis en el presente caso.

II.2. Sobre la nulidad de la Resolución de Recurso Jerárquico, sin considerar de manera correcta la Resolución Determinativa que contiene todos los fundamentos que sustentan efectivamente los derechos del contribuyente.-

Aduce que la AGIT, decidió anular obrados por falta de pronunciamiento sobre la documentación presentada por el sujeto pasivo en el proceso de determinación y no ingresó a resolver el fondo del recurso, no desvirtuando los argumentos citados en la demanda los fundamentos técnicos jurídicos citados, ni demuestran de forma indubitable, una errónea interpretación de la AGIT, limitándose solamente a realizar afirmaciones por demás generales y no precisas, sin exponer razonamientos de carácter jurídico, por las cuales cree que su pretensión no fue valorada correctamente, falencia que no puede ser suplida por este Tribunal.

Finalmente, se ratifica en todos y cada uno de los fundamentos de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1462/2014 de 27 de octubre, dictada en estricta sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso. Apoya sus argumentos en la Doctrina Tributaria, consistente en las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0089/2005, AGIT-RJ-1477/2014 y AGIT-RJ-0021/2015, respecto a la valoración de pruebas aportadas por el sujeto pasivo que deben reflejarse en la Resolución Determinativa y en la jurisprudencia sentada por la Sala Plena del Tribunal Supremo a través de las Sentencias Nº 288/2013 de 2 de agosto; 238/2013 de 5 de julio y 510/2013 de 27 de noviembre.

II.3. Petitorio.-

Concluyó solicitando se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1462/2014  de 27 de octubre de 2014.

II.4. De la Réplica y Dúplica.-

Formulada la réplica de fs. 54 a 56 vta. y la dúplica de fs. 59 a 60 vta., se dictó Autos para Sentencia, conforme sale a fs. 72  del expediente.

III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.-

Que, revisando los antecedentes del proceso, se advierte que la controversia consiste en determinar si es evidente que la AGIT por Resolución de RJ AGIT-RJ-1462/2014 de 27 de octubre, al confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ-RA 0679/2014, dejando sin efecto la Resolución Determinativa Nº 17-0058-2014 de 17 de febrero, incurrió en interpretación errónea de los arts. 81 y 98 de la Ley Nº 2492, por falta de valoración y pronunciamiento de los descargos presentados por el sujeto pasivo, por lo que corresponde determinar si lo demandado es o no evidente.

En ese contexto, de los datos que dan  lugar a la presente demanda, se tiene que el 25 de abril de 2013, la AT notificó al sujeto pasivo con la Orden de Verificación Nº 00130VE00657, comunicando la revisión de sus obligaciones con alcance al IVA Crédito Fiscal contenido en las Facturas Nos. 554253, 555157, 555932, 557406, 557773, 558409, 558449, 558863, 559219, 1051, 1329, 1190, 1191, 2068, 7971 y 95153 del periodo fiscal enero de 2010, Facturas Nos. 1953 y 95153 del periodo fiscal febrero de 2010 y facturas Nos. 1052144,44, 2317 y 3160 del periodo marzo de 2010; requiriendo la presentación de las Declaraciones Juradas (Form. 200 o 210), Libro de Compras, facturas de compras originales de los periodos observados, medio de pago de las facturas observadas y otra documentación que el fiscalizador solicite durante el Proceso de verificación (fs. 1 a 8 de antecedentes administrativos); posteriormente, el 10 de mayo de 2013 se elaboró el Acta de Recepción de Documentación, en la que consta la presentación por parte del Sujeto Pasivo de las declaraciones juradas formularios 200 de los periodos enero, febrero y marzo de 2010, Libros de Compras de los periodos señalados, facturas y medios de pago de las facturas observadas (fs. 14-15 de antecedentes administrativos).

En ese antecedente, la AT en fecha 29 de noviembre de 2013, notificó al Sujeto Pasivo con la Vista de Cargo CITE:SIN/GGLPZ/DF/PPD/VC/198/2013, en la cual determinó las obligaciones tributarias por depuración del Crédito Fiscal, porque el Sujeto Pasivo presentó Notas Fiscales emitidas por el proveedor a otra Razón Social, por otro importe y con otra fecha; Nota Fiscal que no demostró la transacción mediante medios de pago evidentes, además no vinculada con la actividad del Sujeto Pasivo; Nota Fiscal con error de registro del Número de Autorización y/o Número de Factura en el LCV IVA del Sujeto Pasivo; Nota Fiscal registrada en un periodo fiscal que no le corresponde; Nota Fiscal con medios de pago insuficientes que no permiten verificar la validez de la transacción con el proveedor; Nota Fiscal duplicada, declarada en el Libro de Compras IVA en el período Enero de 2010 y Nota Fiscal que no consigna el NIT del Sujeto Pasivo; calculando preliminarmente la deuda tributaria de 55.057.- UFV´s compuesta por Tributo Omitido, mantenimiento de Valor, Intereses y Multas por incumplimiento de Deberes Formales, establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 79866, 79867 y 79868, otorgándole un plazo de 30 días corridos e improrrogables a partir de su legal notificación para la formulación de descargos y presentación de prueba, que cursa de fs. 194 a 203 de antecedentes administrativos.

Notificado con la Vista de Cargo, el 30 de diciembre de 2013, el sujeto pasivo mediante Nota, presentó documentación de descargo, consistente en copias autenticadas de Comprobantes de Egreso, Facturas, Comprobantes Bancarios, Comprobantes de Pago, Estados de Cuenta Bancaria, Cheques, Recibos, Rendiciones de Cuentas, Libros de Compras y otra documentación contable, cursantes de fs. 213 a 326 de los antecedentes administrativos y, el 14 de febrero de 2014, el sujeto pasivo hizo llegar a la AT la Nota PROSEC DC 012/14 de 12 de febrero de 2014, comunicando que el 10 de febrero de 2014, pagó a cuenta de la Vista de Cargo de 22.269.- UFV`s, según consta a fs. 348 de antecedentes administrativos; asimismo presentó otra Nota adjuntando descargos consistentes en fotocopias de comprobantes bancarios de pago de impuestos, facturas emitidas por BISA LEASING y testimonios de poder Nos. 1082/2009 y 1207/2008, correspondientes a Contratos de Arrendamiento Financiero; solicitando se consideren al momento de emitir la Resolución Determinativa, según corre de fs. 361 a 410 de antecedentes. Concluyendo el proceso de determinación, el 28 de febrero de 2014, la AT notificó al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa Nº 17-0058-2014 de 17 de febrero, en la cual resolvió de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del Sujeto Pasivo en 31.117.- UFV´s por concepto de deuda tributaria que incluye Tributo Omitido, Intereses, Sanción  por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales de los periodos fiscales enero, febrero y marzo de 2010; también declaró el monto cancelado de Bs. 26.253.-, como consta de fs. 411 a 428 de antecedentes administrativos.

Notificado con la Resolución Determinativa Nº 17-0058-2014 de 17 de febrero, emitida por el Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, la Empresa PROSEC INGENIEROS S.R.L., formuló recurso de alzada, señalando en concreto que la AT no valoró correctamente los descargos presentados  para emitir la Resolución Determinativa Nº 17-0058-2014 de 17 de febrero, vulnerando el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. Recurso que fue resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, por Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0619/2014 de 11 de agosto, cursante de fs. 1 a 13, anulando obrados hasta la Resolución Determinativa Nº 17-0058-2014 de 17 de febrero de 2014, emitida por la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, disponiendo que  el sujeto activo emita un nuevo acto administrativo, si corresponde, en estricto cumplimiento al art. 99 parágrafo II de la Ley Nº 2492.

En conocimiento de la resolución señalada, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0619/2014 de 11 de agosto de fs. 130 a 138 de antecedentes,, arguyendo que la documentación presentada en alzada, no podía ser considerada por la ARIT, porque no fue presentada dentro del plazo previsto para los descargos a la AT, además        que no cumplió los requisitos previstos por ley.

La Autoridad General de Impugnación Tributaria por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1462/2014 de 27 de octubre, confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0619/2014 de 11 de agosto, dictada por la Autoridad Regional  de impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por PROSEC INGENIEROS  S.R.L. contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, anulando obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Resolución Determinativa Nº 17-0058-2014 de 17 de febrero, con objeto de que se emita un acto que contenga la debida fundamentación, pronunciándose sobre todos los antecedentes  y hechos del proceso, de conformidad a lo previsto en el  art. 212.I.b) del Código Tributario Boliviano(CTB).  

IV. PROBLEMÁTICA PLANTEADA Y ANALISIS JURÍDICO DE LA RESOLUCIÓN.-

IV.1. Expuestos así los antecedentes, con relación a la  controversia de la demanda, cabe señalar en principio que la Constitución Política del Estado Plurinacional, en el parágrafo II del art. 115, garantiza a toda persona el derecho al debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Derecho que se encuentra también amparado en el num. 7 del art. 68 de la Ley Nº 2492, que refiere que el Sujeto Pasivo, tiene derecho al debido proceso, a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en dicha Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos componentes al redactar la correspondiente Resolución.

Por su parte el art. 76 de la Ley Nº 2492,  otorga a las partes el derecho de hacer valer sus derechos. En esa misma línea el art. 81, refiere que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las pruebas ofrecidas fuera de plazo, las que habiendo sido requeridas por la AT durante el Proceso de Fiscalización, no hubieran sido presentadas ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa.

Para ello, el art. 98 de la indicada ley, establece que una vez notificada con la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de 30 días para formular y presentar descargos que desee hacer.

En ese orden, el Art. 99.II de la precitada ley, prevé que “La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.” (Las negrillas son añadidas)

Finalmente el art. 36.II de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable supletoriamente al caso, por disposición del art. 74.1 de la Ley Nº 2492, dispone que serán anulables los Actos Administrativos cuando incurran en cualquier infracción del Ordenamiento Jurídico, o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados y el art. 55 del Decreto Supremo (DS) Nº 27113 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de Procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público.

IV.2. Ahora bien, con relación a la prueba, cabe señalar que según la doctrina consiste: “En las razones extraídas de las fuentes de prueba, exteriorizada en los considerandos del Acto Administrativo que resuelven el fondo de la Controversia Tributaria, que producen la convicción o certeza en el juzgador sobre la existencia o no del hecho objeto de la prueba; es decir, de la hipótesis de la incidencia tributaria en si misma; y con relación al Acto Administrativo en sí, refiere como derecho fundamental a un debido Procedimiento Administrativo la obtención de una Resolución fundada, y que consiste en el derecho a que la administración se pronuncie sobre todas y cada una de las cuestiones formuladas en el expediente, lo cual implica el derecho a que en la Resolución recaiga un pronunciamiento sobre los argumentos formulados, debiendo la Administración pronunciarse expresamente sobre los argumentos invocados por el contribuyente de lo contrario la Resolución final adolecería de nulidad por producir indefensión”, según YACOLA, Daniel Estares: BRAVO, Cucci Jorge; GAMBA, Valega Cesar. “Tratado de Derecho Procesal Tributario”. Volumen I. Doctrina procesal Tributaria 1ra. Edición, Lima Perú. Editorial Pacífico SAC.2012, pág. 127-128 y 194-195.

De igual manera refiere: “la prueba es el medio mediante el cual es posible la demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan como generadores de una obligación o para el reconocimiento de un derecho”, por tanto la actividad probatoria consiste en la “actividad de aportar al proceso oportunamente y por medios de prueba aceptados legalmente, los motivos o razones tendientes a demostrar la verdad de los hechos alegados y llevar al convencimiento del operador jurídico, funcionario administrativo o judicial acerca de la veracidad de los hechos alegados”, según WHITTINGHAM GARCIA, Elizabeth. “Las Pruebas en el Proceso Tributario”. Bogotá: Edit. Temis SA, 2005. Pág. 13.             

De lo expuesto se tiene que la prueba es un elemento fundamental en todo proceso, como garantía del debido proceso, así en la vía administrativa: “tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador”, según el “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, de OSSORIO, Manuel. Nueva Edición. Buenos Aires Argentina: Editorial Heliasta SRL., 2006. Pág. 804.          

IV.3. Consiguientemente, en el caso de autos, de la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que el Sujeto Pasivo presentó documentación de descargo, en dos ocasiones, la primera el 30 de diciembre de 2013, es decir dentro del plazo previsto por el art. 98 de la Ley 2492, consistentes en Comprobantes de Egreso, Facturas, Comprobantes Bancarios, Comprobantes de Pago, Estados de Cuenta Bancaria, Cheques, Recibos, Rendiciones de Cuentas, Libros de Compras y otra documentación contable, que cursa  de fs. 213 a 326 del anexo 3 de antecedentes administrativos, la misma que fue valorada en el  Acto Administrativo definitivo, exponiendo en su fundamentación, el valor asignado a la misma.

La segunda, el 14 de febrero de 2014, antes de la emisión de la Resolución Determinativa, el Sujeto Pasivo puso en conocimiento de la AT la Nota PROSEC DC 012/14 comunicando que el 4 de febrero de 2014, pagó 22.269 UFV a cuenta de la Vista de Cargo, acreditando a fs. 348, del anexo 3 y, en la misma fecha, a través de otra Nota presentó descargos consistentes en fotocopias de Comprobantes Bancarios de pago de impuestos, Facturas emitidas por BISA LEASING y Testimonios Nº 1082/2009 y 1207/2008, por Contratos de Arrendamiento Financiero (fs. 361 a 410, del anexo3), solicitando sean considerados para emitir la Resolución Determinativa, lo cual demuestra que la Administración tuvo conocimiento de los referidos descargos.

Del análisis de la Resolución Determinativa y demás antecedentes del proceso, se establece en principio que, si bien la AT explicó los motivos de observación y estableció que los descargos no fueron suficientes ni apropiados para desvirtuar los cargos, empero no lo hizo de manera fundamentada, es decir no explicó porque no eran suficientes y pertinentes para desvirtuar lo determinado por la AT, cuando por la prueba presentada el 14 de febrero de 2014, el Sujeto Pasivo hizo conocer que el 4 de febrero de 2014, el pago a cuenta de la Vista de Cargo de 22.269.-UFV`s, con la documentación que respalda, siendo ésta valorada parcialmente porque refirió que fue tomada en cuenta, declarando pagado el monto.

Sin embargo, respecto a la otra nota presentada por el sujeto pasivo, el 14 de febrero de 2014, en la que adjuntó los descargos consistentes en comprobantes bancarios de pago de impuestos, facturas expedidas por BISA LEASING y Testimonios de Poder Nos. 1082/2009 y 1207/2008, correspondientes a Contratos de Arrendamiento Financiero de fs. 361 a 410, anexo 3); solicitando se consideren los mismos al momento de emitir la Resolución Determinativa, la AT no se pronunció al respecto, es decir, no realizó ninguna valoración y menos se pronunció, estableciendo su impertinencia, el valor que se asigna o en su caso si   la misma estaba fuera de plazo.

V. CONCLUSIONES.-

Que, el silencio de la AT, de no haber valorado todos los descargos, vulnera el  debido proceso y el ejercicio del derecho a la defensa del Sujeto Pasivo, quien merecía una respuesta positiva o negativa al respecto, omisión que hace que la deuda tributaria carezca de sustento y vicie de nulidad la Resolución Determinativa, porque según el art. 68.7. de la Ley Nº 2492 y el art. 81 de la citada ley,  debió pronunciarse aceptando o negando la prueba y no dejar en indefensión al Sujeto Pasivo, que tiene todo el derecho de contar con una resolución debidamente fundamentada y motivada, respecto a sus pretensiones, en este caso sobre las pruebas presentadas para desvirtuar el adeudo determinado por la AT, de cuya labor dependerá si corresponde o no la emisión del acto administrativo definitivo. 

Por los  fundamentos  de hecho y de derecho expuestos, se colige que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al confirmar la Resolución de Alzada, que  anuló la Resolución Determinativa Nº 17-0058-2014 de 17 de febrero, no incurrió en errónea interpretación de los arts. 81 y 98 de la Ley Nº 2492; toda vez que en principio la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, no ingresó a valorar prueba en alzada, sino que solamente basó su decisión en la advertencia de que la prueba presentada por el Sujeto Pasivo en el Proceso de Determinación, que no fue valorada por la AT, fundamento que deviene en los argumentos de la demanda carezcan de sustento legal.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia,  en ejercicio de la facultad conferida por los arts.2.2 y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, en única instancia declara IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 31 a 39, interpuesta por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. En consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1462/2014 de 27 de octubre de 2014, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada a los fines dispuestos en la presente sentencia.


Regístrese, notifíquese y cúmplase.