TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



SENTENCIA Nº 009/2016-A

EXPEDIENTE        : 100/2015

DEMANDANTE        : Nidia Vargas

DEMANDADO(A)        : Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAA)

TIPO DE PROCESO        : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA        : R.A.S.D.M.AyA.-005/2015 de 20/01/2015

MAGISTRADO RELATOR        : Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

LUGAR Y FECHA        : Sucre, 10 de marzo de 2016

VISTOS EN LA SALA:

La demanda contencioso administrativa de fs. 66 a 69, por lo que Nidia Vargas impugna la Resolución Medio Ambiente 05 emitida el 20 de enero de 2015 por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la contestación de fs. 168 a 180 (en facsímil) y de fs. 190 a 197 y vuelta en original, los antecedentes procesales, así como de los de emisión de la resolución impugnada, y;

I.CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1.Antecedentes de hecho de la demanda.

La actora refirió que la Secretaría de Medio Ambiente y Agua del Departamento de Tarija con Resolución Administrativa (RA) S.D.M.AyA. 002/14 de 10 de abril de 2014, le inicio proceso administrativo sancionador en su condición de titular de la concesión minera denominada “ Rio Salado”, ubicada en la comunidad El Saladito, Provincia O´ Connor del Departamento de Tarija, habiéndose pronunciado la misma, por la presunta comisión de contravenciones meramente administrativas establecidas en el artículo 17 del Decreto Supremo (DS) Nº 28592 de 17 de enero de 2006.

Posteriormente, se emitió la RA S.D.M.AyA 005/2014 de 16 de mayo, imponiendo sanción administrativa de revocatoria de licencia ambiental y suspensión de actividades, acto administrativo que fue recurrido de revocatoria y fue resuelto a través de la RA S.S.M.AyA 005/2014 de 16 de mayo, imponiendo sanción administrativa de revocatoria de licencia ambiental y suspensión de  actividades, acto administrativo que fue recurrido de revocatoria y fue resuelto a través de la RA S.D.M.AyA. 006/14, emitida el 10 de abril de 2014 por el Secretario de Medio Ambiente y Agua, vulnerando el inciso b) del parágrafo II del artículo 4 del DS Nº 28592, por haber actuado sin jurisdicción ni competencia.

A continuación, el Secretario del Medio Ambiente y Agua pronunció la RA S.D.M.AyA.010/2014 de 29 de julio, que fue impugnada a través del recurso de  revocatoria presentado el 12 de agosto de 2014 y nuevamente, vulnerando la citada normativa, fue conocido y resuelto por la misma autoridad, quien pronunció la RA S.D.M.AyA 0014/2014 de 1 de septiembre.

Ante semejante actos ilegales, planteó recurso jerárquico en contra del último acto administrativo, el cual dio origen al pronunciamiento de la resolución del Medio Ambiente 05, pronunciada por la autoridad demandada, con la que resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo; es decir hasta fs. 25 inclusive, aclarando que en esa parte, los demandados obraron correctamente; sin embargo, lesionaron el debido proceso y el derecho a la defensa, en la disposición tercera de la parte resolutiva de la indicada resolución.

I.2. Fundamentos de la demanda.

Señaló que, al haberse anulado obrados hasta fs. 25, jurídicamente resulta imposible la existencia de la Disposición Tercera del “Por Tanto“ de la Resolución del Medio Ambiente 05 de 20 de enero de 2015, en lo que respecta a la nulidad de un documento público como es el Certificado de Dispensación 060601-02- EMAP-CD-024-06 de 27 de diciembre de 2006, es decir dentro de que proceso se anuló el indicado certificado, si justamente los demandados, para garantizar el debido proceso, anularon obrados hasta fs. 25.

Añadió que no existe ni un solo argumento jurídico valido que sostenga la nulidad del Certificado de Dispensación porque toda nulidad del documento debe tramitarse en un debido proceso, en el que se permita el derecho a la defensa en igualdad de condiciones, tal como está garantizada por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), máxime que los demandados, demostrando que no tienen ideas propias y contaminando el debido proceso, consultaron al Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, si el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija , es la autoridad competente para otorgar el Certificado de Dispensación en el rubro de explotación de sal, interrogante que fue respondida por la citada repartición y cuyos argumentos, fueron transcritos en la página 11 de la resolución objeto de impugnación sin revisar la ley y concluyeron, que le certificado fue obtenido del Secretario de Medio Ambiente de Tarija, sin tener la competencia legal, aclarando que dicho fundamento constituye un craso error y un desconocimiento total del inciso h) del artículo 10, como de los artículos 59 al 68 del Reglamento para la Prevención y Control Ambiental, normas jurídicas que facultan a los Gobiernos Departamentales, antes Prefecturas, para emitir Certificados de Dispensación y establecen el procedimiento para su obtención.

Agregó que el inciso g) del artículo 8 del Reglamento de Medio Ambiente (DS Nº 24176), determina con meridiana claridad que el Prefecto del Departamento, a través de la instancia ambiental, como es la Secretaria de Medio Ambiente, tiene plena competencia para emitir y otorgar el Certificado de Dispensación y de conformidad con el numeral 1 del artículo 108 de la CPE, constituye una obligación y un deber de la autoridad demandada, conocer y hacer cumplir las leyes.

Indicó también, que en la página 13 de la resolución impugnada, al referirse a la anulación de los actos administrativos, citaron la Sentencia Constitucional Nº 0731/2010 de 26 de julio y en forma incongruente, actuaron contra sus propios argumentos, pues dispusieron en principio, la nulidad procesal y a continuación, la nulidad de un documento público, cuando ellos mismos extinguieron el proceso inicial; máxime si el inciso a) del parágrafo I del artículo 35 de la Ley 2341, no sostiene la nulidad del Certificado de Dispensación 060601-02-EMAP-CD-024-06 de 27 de diciembre de 2006, porque dicho documento público fue legalmente obtenido en la Secretaria de Recursos Naturales de Tarija, con base en el inciso h) del artículo 10 y de los artículos 59 al 68 del Reglamento de Medio Ambiente (DS Nº 24176), evidenciándose que se actuó con desconocimiento de las normas citadas precedentemente. Por otro lado refirió que la nulidad que dispone el artículo 55 del DS Nº 27173, se refiere a la nulidad procedimental y por tanto, no es aplicable a la nulidad de un documento público.

Asimismo, que tampoco es aplicable el artículo 25 del DS Nº 28592, porque no se planteó la nulidad del Certificado de Dispensación, con lo que se evidencia la vulneración del debido proceso y el derecho a la defensa, además de la actuación ultra petita.


I.3. Petitorio.

Con estos argumentos, solicitó que este Tribunal Supremo de Justicia, declare probada la demanda y deje sin efecto en su integridad el numeral Tercero del Por tanto de la Resolución Medio Ambiente 05 de 20 de enero de 2015, manteniendo vigente la Licencia Ambiental: Certificado de Dispensación 060601-02-EMAP-CD-024-06 de 27 de diciembre de 2006 otorgado por el Secretario Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Prefectura del Departamento de Tarija.

II. DE LA CONSTESTACION A LA DEMANDA

Que por providencia de fs. 91, subsanada la observación de fs. 71 se admitió la demanda contenciosa administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada pasea que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la citación, deberá efectuarse mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Asimismo, se ordenó librar provisión compulsoria para que por intermedio de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, garantizando el ejercicio del derecho a la defensa, se proceda a la notificación del tercer interesado, Secretario de Medio Ambiente y Agua del Gobierno Autónomo de Tarija, en el domicilio señalado en el memorial de fs. 90.

  Cumplidas las diligencias señaladas el 16 de julio de 2015 en Tarija y el 13 de agosto de 2015 en La Paz como consta por los formularios de fs. 112 y 223 respectivamente, devueltas las provisiones citatorias según se verifica con por el decreto de fs. 113 y 255, se dispuso a continuación su arrimo al expediente.

Providenciando el memorial de contestación a la demanda de 2,4 y 25 de septiembre de 2015, se tuvo apersonado a Edwin Quispe Mamani en representación legal de la Ministra de Medio Ambiente y Agua, en virtud del Testimonio de Poder Nº 58/2015, otorgado ante Notaria de Fe Publica Nº 21 correspondiente al Distrito Judicial de La Paz, a cargo de Maritza Castro Garnica documento que cursa a fs. 201 a 205.

En el memorial de contestación negativa, presentado el 2 de septiembre de 2015, por facsímil, la autoridad demandada señaló lo siguiente:

a.- Que en atención al memorial de solicitud de estudio de daño ambiental suscrito por Dillman Aguirre Puita, titular de la propiedad denominada Laguna de Yuquiporito en la que existe una concesión minera de sal rosada que estaría siendo explotada por persona ajena sin documentación ni derecho, con daño al medio ambiente, la Secretaría Departamental de Medio Ambiente  y Agua del Gobierno Departamental de Tarija, emitió el Informe Técnico de 9 de enero de 2014, respecto a la inspección ambiental de la AOP “ Concesión Minera Rio Salado “, concluyendo que la Licencia Ambiental ( Certificado de Dispensación 060601-02-EMAP-CD-024-06 de  27 de diciembre de 2006) podía ser controlada en el marco de sus atribuciones.

En ese marco, existiendo indicios de la comisión de las infracciones establecidas en los incisos a) y b) del parágrafo II del artículo 17 del DS Nº 28592, se determinó iniciar proceso administrativo a la ahora demandante, el cual culminó con la RA S.D.M.AyA. 010/2014 de 29 de julio, por la que el Secretario Departamental de Medio Ambiente , impuso sanción administrativa de revocatoria de licencia ambiental de la Concesión Minera Rio Salado, Certificado de Dispensación 060601-02-EMAP-CD-024-06 de 27 de diciembre de 2006, conforme a lo previsto por el artículo 18 del DS Nº 28592 de 17 de enero de 2006, además de ordenar la paralización de la obra, y que la concesión minera presente un plan de abandono y restauración de los daños causados en las áreas intervenidas.

b.- Refiriéndose a los argumentos de la demanda señaló que se debe considerar que la determinación pronunciada por el Ministerio, cuenta con suficiente respaldo legal y fue resuelta dentro de su competencia legal, toda vez que la Autoridad Competente para otorgar la licencia ambiental era la  Autoridad  Ambiental Competente Nacional (AACN) y no la autoridad Ambiental Competente Departamental (AACD).

c.- En cuanto a la validez del Certificado de Dispensación, otorgado por el Secretario Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la entonces Prefectura del Departamento de Tarija, se entiende que al haber sido tramitado ante esa instancia y luego de cumplidos ciertos requisitos, se presumiría su legitimidad; sin embargo, dicho acto fue dictado en franca usurpación de competencias y por tanto, es nulo conforme con los artículos 122 de la CPE y 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, infiriéndose que toda actuación administrativa, debe estar subordinada a normas jurídicas constitucionales, legales o reglamentarias preexistentes y externas al procedimiento administrativo y por tanto, es aplicable el principio de legalidad objetiva.

Agregó que el DS. Nº 24782, determina que quienes realicen actividades ambientales de prospección y exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y comercialización de minerales se sujetarán a lo dispuesto por el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras. Que en ese marco, las actividades de la Concesión Minera Rio Salado, son de extracción a tajo abierto, no son subterráneas y no se encuentran ubicadas en la Cordillera Oriental, Cordillera Occidental o Altiplano, consecuentemente, la otorgación de licencia corresponde a la Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN).

d.- Apunto que la recurrente afirma que no correspondía disponer la nulidad de la Licencia Ambiental ( Certificado de Dispensación) sin la existencia de un proceso inicial; sin embargo, no consideró que en la actuación administrativa fueron observadas normas constitucionales y procedimentales, así como aplicados principios que tienen por finalidad el resguardo de la legalidad objetiva y la protección de los derechos subjetivos de los administrados en la tramitación de las actuaciones administrativas del Estado, velando por el bien común de ese modo, se anuló un documento otorgado por autoridad  sin competencia.

Que, consecuentemente, la demandante no acreditó la legitimidad del Certificado de Dispensación, y se tuvo por cierta, la existencia de un vicio sustancial insubsanable que invalida ese documento, por lo que se cumplieron los presupuestos señalados por el artículo 35 de la Ley 2341, en concordancia con el artículo 122 de la CPE.

e.- Finalmente, indicó que el Ministerio demandado, se rige por el principio de legitimidad, adecuándose a la legalidad objetiva y no contrariando derechos subjetivos públicos. Que igualmente, se efectuó una valoración conforme con los principios de verdad material y al principio de uso real y efectivo.

II.1. Petitorio.

Concluyó solicitando que en virtud de los antecedentes y fundamentos anotados, se declare improbada la demanda, en consideración a que la resolución impugnada fue pronunciada bajo el marco de la competencia dela autoridad demandada, sin vulnerar normativa ni derechos y en observancia de los principios de buena fe, transparencia y sana critica, velando por el debido proceso.

III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

     Continuando el trámite del proceso, teniéndose por renunciado el derecho a la réplica, no habiendo más que tramitar, a fs. 255 se decretó “autos para sentencia”.

Que el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le san gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de la legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, el Art. 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que “ El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiera oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado”.

Que, así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los arts. 2 y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia de esta Sala del Tribunal Supremo de Justicia para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación  a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por  el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

En el desarrollo del proceso en fase administrativa se cumplieron las siguientes fases, hasta su agotamiento, de cuya revisión se evidencia lo siguiente:

1.- De fojas 6 a 10 del expediente, cursa la RA S.D.M.AyA 002/14 de 10 de abril de 2014, en la que se señala que dando cuenta de los resultados de la Inspección Ambiental de la concesión minera de propiedad de la demandante, existen indicios de la comisión de una infracción meramente administrativa y otra de impacto ambiental, motivo por el cual, resolvió iniciar proceso administrativo a Nilda Vargas, por la presunta comisión de las infracciones administrativas establecidas en el DS. Nº 28592 específicamente, el inciso a) del parágrafo I del artículo 17; es decir, por no contar con los registros correspondientes de acuerdo a las disposiciones legales aplicables a las AOP´s e inciso b) del parágrafo II del mismo artículo, por presentar los instrumentos de Regulación de Alcance Particular que tienen carácter de declaración jurada con información alterada sobre los impactos que la AOP pueda producir o produzca sobre el medio ambiente y los recursos naturales.

2.- El 29 de julio de 2014, el Secretario Departamental de Medio Ambiente y Agua, emitió la Resolución Administrativa S.D.M.AyA. 0010/2014, por la que determino imponer sanción administrativa de Revocatoria de la Licencia Ambiental de la Concesión Minera Rio Salado “Certificado de Dispensación (CD) N º 060601-02-EMAP-CD-024-06 y Licencia Ambiental Nº 060601-02-LASP-012-06” por la comisión de la infracción de Impacto ambiental establecida en el inciso b) del parágrafo II del DS Nº 28592.

También impuso al representante legal, la suspensión de  actividades y/o paralización de la obra por la comisión de la infracción meramente administrativa, establecida en el inciso a), parágrafo I del artículo 17 del DS Nº 28592. Finalmente, impuso la presentación de un “plan de abandono y restauración de los daños causados de las áreas intervenidas” (fs. 29 a 35).

Dicho acto administrativo, fue confirmado por la misma autoridad mediante RA S.D.M.A y A 0014/2014, cuando el 1 de septiembre de 2014, resolvió el recurso de revocatoria planteado por la ahora demandante (fs.40 a 43).

3.- Nidia Vargas, a través del memorial de fs. 45 a 46 y vta., plateó recurso jerárquico, cuestionando la competencia del Secretario Departamental de Medio Ambiente para conocer el recurso de revocatoria y que por otra parte, no existió congruencia entre lo pedido y lo resuelto. Además de la ausencia de fundamentación y motivación.

4.- Dicho recurso fue resuelto con la emisión de la Resolución Medio Ambiente Nº 05, como sigue:

a.- Anuló obrados hasta el vicio más antiguo- fs.25 inclusive- al concluir que la RA S.D.M.AyA 0010/2014 no declaro manifiestamente la calidad de responsable de la infracción a la persona jurídica y/o natural a la cual se le atribuye la comisión de la infracción administrativa de impacto ambiental y aplicó incorrectamente la norma legal sustentatoria, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido conforme dispone el inciso b) del parágrafo II del artículo 25 del  DS Nº 28592.

b.-  Anuló la Licencia Ambiental Certificado de Dispensación (CD) Nº 060601-02-EMAP-CD-024-06 de 27 de diciembre de 2006, otorgada por el entonces Secretario Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Prefectura del Departamento de Tarija, autoridad incompetente para el caso conforme lo dispuesto por el inciso a) del parágrafo I del artículo 35 de la Ley 2341, articulo 55 del DS Nº 27113 e incisos a ) y c) del parágrafo II del artículo 25 del DS Nº 28592.

5.- La resolución señalada precedentemente, dio lugar al proceso contencioso administrativo en cuya tramitación se observó el procedimiento de puro derecho.

IV. DE LA PLOBLEMÁTICA PLATEADA

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente del proceso, se evidencia lo siguiente:

La demandante, controvirtió la determinación de la autoridad demandada contenida en el Punto Tercero de la parte resolutiva de la Resolución Medio Ambiente 05, mediante la cual se declaró la nulidad del Certificado de Dispensación 060601-02-EMAP-CD-024-06 de 27 de diciembre de 2006 y al efecto señaló que dicha decisión ultra petita, fue tomada sin proceso previo en razón de haberse determinado la nulidad del proceso sancionatorio seguido en su contra y acusa la vulneración del debido proceso y del derecho a la defensa.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua aduce que la nulidad de obrados se debió a errores en el procedimiento sancionatorio y en cuanto a la nulidad del citado Certificado de Dispensación, informó que fue dispuesta por haberse verificado que fue emitido por el Secretario Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la entonces Prefectura del Departamento de Tarija, en franca usurpación de competencia y por tanto, es nulo conforme disponen los artículos 122 de la CPE y 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Justifico la decisión señalando que en la actuación administrativa fueron observadas normas constitucionales y procedimentales , aplicado principios que tienen por finalidad el resguardo de la legalidad objetiva y la protección de los derechos subjetivos de los administrados en la tramitación de las actuaciones administrativas del Estado, velando por el bien común. Además, que la demandante no acreditó la legitimidad del Certificado de Dispensación, por lo que se tuvo por cierta la existencia de un vicio sustancial insubsanable que invalida ese documento.

Por último, apuntó que el Ministerio demandado, se rige por el principio de legitimidad y que se efectuó una valoración conforme con los principios de verdad material y al principio de uso real y efectivo.

De acuerdo con la relación de antecedentes precedente y al objeto de la controversia planteada, se reitera que en la  demanda se impugna el punto tercero de la parte resolutiva dela resolución impugnada, que señala “ ANULAR la Licencia Ambiental: Certificado de Dispensación (CD) 060601-02-EMAP-CD-024-06 de 27 de diciembre de 2006, otorgada por el entonces Secretario Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Prefectura del Departamento de Tarija, autoridad incompetente para el caso, conforme lo dispuesto en el Artículo 35º, parágrafo I, Inciso a) de la Ley 2341, Artículo 55º del DS Nº 27113 y Artículo 25º, Parágrafo II, Incisos a) y c) del DS Nº 28592”.

Del mismo los antecedentes refieren también que es evidente que la demandante fue sometida a un procedimiento sancionatorio por la presunta comisión de una infracción meramente administrativa y otra de impacto ambiental, por las cuales fue sancionada a través de la Resolución Administrativa S.D.M.AyA 0010/2014, determinándose imponer sanción administrativa de  Revocatoria de la Licencia Ambiental de la Concesión Minera Rio Salado “ Certificado de Dispensación (CD) Nº 060601-02-EMAP-CD-024-06  y Licencia Ambiental Nº 060601-02-LASP-012-06 “por la comisión de la infracción de Impacto Ambiental establecida en el inciso b) del parágrafo II del DS Nº 28592.

Por otra parte, impuso al representante legal, la suspensión de actividades y/o paralización de la obra por la comisión de la infracción meramente administrativa, establecida en el inciso a) del parágrafo I del artículo 17 del DS Nº 28592.

Finalmente, impuso la presentación de un “plan de abandono y restauración de los daños causados de las áreas intervenidas“, acto administrativo que fue anulado por la instancia jerárquica, al haberse considerado que no se respetó el procedimiento correspondiente, decisión que no fue controvertida por la demandante y que tiene como efecto inmediato y directo la inexistencia de todas las actuaciones administrativas hasta fojas 25 inclusive; consiguientemente, la sanción aplicada es inexistente hasta que se subsanen los defectos señalados en la resolución jerárquica.

En ese marco, resulta relevante apuntar que obviamente el recurso jerárquico planteado por la ahora demandante se refirió a cuestionar la citada resolución administrativa y no a solicitar una revisión de la Licencia Ambiental, motivo por el cual, la autoridad demandada vulneró la prohibición del principio de no reformatio in peius que amparaba a la actora al formular su  recurso jerárquico, agravando su situación inicial pues habiendo determinado la nulidad de todo lo actuado y por ende, de la sanción impuesta, resolvió en el indicado punto tercero, declarar nula la Licencia Ambiental- Certificado de Dispensación (CD) Nº 060601-02-EMAP-CD-024-06 de 27 de diciembre de 2006, por presunta incompetencia de la autoridad que emitió dicho acto, argumento que no fue expuesto por la actora en el indicado recurso jerárquico y que evidentemente agravó su situación inicial.

A ello se añade, que la nulidad de la Licencia Ambiental concedida el año 2006 a Nidia Vargas- ahora demandante- no formó parte de la Resolución Administrativa S.D.M.AyA 002/14 de 10 de abril de 2014,  con la que fueron formulados los cargos contra la actora, concluyéndose entonces, que evidentemente en actuación ultra petita, la autoridad demandada, agravó la situación inicial de la recurrente y además vulneró la prohibición señalada por el artículo 76 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que señala que no se podrá imponer sanción administrativa alguna sin la previa aplicación de procedimiento punitivo, resultando evidente lo afirmado por la demandante , ello en resguardo de las garantías constitucionales que sustentan la potestad punitiva del Estado y que garantizan a las personas no ser condenadas sin haber sido oídas y juzgadas en un debido proceso, considerándose asimismo, que los grandes principios formadores del procedimiento administrativo, son también el debido proceso, informalismo, contradicción e imparcialidad.

Respecto a los fundamentos de la autoridad demandada corresponde efectuar las siguientes precisiones:

Sobre el principio de la legalidad objetiva o principio supremo de razonabilidad y justicia, corresponde señalar que en el ámbito sancionador administrativo, el principio de legalidad se refiere exclusivamente a la reserva de ley; es decir, a la aplicación de los aforismos (nulla poena sine lege scripta), de  taxatividad ( nulla poena sine lege certa), prohibición de analogía, irretroactividad de la norma sancionatoria no favorable, retroactividad de la  favorable y non bis in ídem.

En este punto, corresponde citar a Agustín Gordillo, quien señala que es frecuente confundir el principio de legalidad objetiva con el apego ciego a la irrazonabilidad de la norma reglamentaria, como supuesto “ cumplimiento de la ley “; sin embargo el principio de la juridicidad o legalidad objetiva no es otra cosa que la aplicación razonada y jerárquica de los grandes principios jurídicos, tales como el de razonabilidad o justicia natural, ambos de nivel constitucional y supraconstitucional, por encima de los frecuentes desvaríos de la norma reglamentaria, del acto o comportamiento administrativo.

En el marco de la fundamentación jurídica precedente y de las pretensiones deducidas en la demanda, se concluye que lo afirmado por la autoridad demandada, carece de sustento legal; es decir, que al pronunciarse a través de la Resolución de Recurso Jerárquico Resolución/Medio Ambiente Nº 05 de 20 de enero de 2015, ha incurrido en interpretación errónea y aplicación indebida de las normas cuyo análisis correspondió en el desarrollo de la fundamentación correspondiente a la presente resolución.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contencioso Administrativa y Social Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 2 del artículo, en relación con el artículo. 4 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, y los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 66 a 69, interpuesta por Nidia Vargas, contra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua; en consecuencia, se revoca el numeral tercero del “Por tanto “  de la Resolución /Medio Ambiente Nº 05 de 20 de enero de 2015 pronunciada en Recurso Jerárquico, manteniendo vigente e resto del a misma.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada. Sea con las formalidades de rigor.


Regístrese, notifíquese y cúmplase.