TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



SENTENCIA Nº 007/2016

EXPEDIENTE        : 133/2015

DEMANDANTE        : Oscar Flores Zambrana

DEMANDADO(A)        : Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT)

TIPO DE PROCESO        : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA        : AGIT-RJ 0060/2015 de 12 de enero de 2015

MAGISTRADO RELATOR        : Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

LUGAR Y FECHA        : Sucre, 10 de marzo de 2016

VISTOS EN LA SALA:

La demanda contencioso administrativa de fs. 26 a 30, complementada por memoriales de fs. 34 y 37, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0060/2015 de 12 de enero emitida por el Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la respuesta de fs. 334 a 337, los antecedentes procesales, y;

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

Que Oscar Flores Zambrana, dentro el plazo previsto en el art. 780 del Código de Procedimiento Civil (CPC), se apersonó ante el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, interponiendo demanda contenciosa administrativa, fundamentando en síntesis lo siguiente:

Que el objeto o cosa demandada, es la devolución del total de su mercadería reflejada en los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Cuadro de Valoraciones Nº 370/2014 que fue comisada ilegal e injustamente por la Administración de Aduana Interior Oruro, toda vez que en fecha 5 de enero de 2014, en inmediaciones de la Localidad de Vichuloma del Departamento de Oruro, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) interceptaron el camión donde transportaba su mercancía y, por motivos ajenos a su voluntad, el chofer del medio de transporte desafortunadamente no presentó documentación destinada a demostrar su legalidad, motivo por el cual condujeron el motorizado y la mercancía a dependencias de los Depósitos Aduaneros Bolivianos, accionar que resulta injusto y atentatorio a sus intereses, ocasionándoles grandes pérdidas económicas, teniendo en cuenta que la mercancía fue legalmente importada a territorio nacional y que fue demostrado en los recursos sustanciados.

En lo que refiere a la sustanciación del proceso por contrabando contravencional, reitera que el comiso de la mercancía se produjo el 5 de enero de 2014 y recién el 14 de mayo de 2014, se les notificó con el Acta de Intervención COARORU-C-0008/2014, que constituye el actuado administrativo por el que se inicia el proceso por Contrabando Contravencional, contraviniendo claramente lo establecido en el art. 96 del Código Tributario Boliviano (CTB), que establece el plazo de 10 días hábiles siguientes al inicio de la intervención, demostrando el primer agravio que cometió la Administración de Aduana Interior Oruro.

Refiere que posteriormente al ser notificado con el acta de intervención, con la finalidad de demostrar la legalidad de su mercancía, en tiempo hábil presentó en calidad de prueba de descargo la Declaración Única de Importancia DUI Nº C-9061, y en fecha 2 de julio de 2015 se notificó en secretaría la Resolución Sancionatoria en contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC Nº 1298/2014 de 27 de junio de 2014, donde otra vez se transgredieron normas que rigen el proceso, es así que por disposición del art. 99 del CTB, la Resolución Determinativa, tratándose de contrabando, debía dictarse y notificarse dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos, pero sin embargo, en el presente caso se notificó luego de más de un mes, sin embargo de los retrasos e incumplimiento de plazos, la administración aduanera emitió la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC Nº 1298/2014 de 27 de junio de 2014, que resulta ser injusta, ilegal y atentatoria a sus intereses por contravenir a los principios que rigen al proceso administrativo.

En lo que respecta al Recurso de Alzada que fue interpuesto dentro del plazo legal ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, refiere que la Administración de Aduana Interior Oruro, a momento de elaborar el Acta de Intervención Nº COARORU-C-0008/2014, consignó como mercancía 7 ítems que los clasifica como si se trataría de repuestos o partes, empero aclara que al momento de la intervención, se encontraba trasladando su mercancía en maquinarias de arados de forma desarmada, por el volumen que representa este tipo de maquinaria, no obstante que canceló todos los tributos establecidos por ley para su nacionalización, extremo que no fue considerado a momento de realizar la elaboración del Acta de Intervención.

Refiere que de acuerdo al principio de verdad material que rige en material administrativa, dentro del término de apertura de prueba solicitó inspección ocular que se celebró en dependencia de los Depósitos Aduaneros Bolivianos, donde procedió al armado de la maquinaria para demostrar lo referido, es por ello que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0779/2014 de 27 de octubre, entre lo más resaltable estableció lo siguiente: “… se evidencio que la mercancía incautada corresponde a arados marca Baldan, Massey y Tatu, que fueron internados a territorio nacional en una sola pieza y que de manera posterior fueron desarmados para facilitar el traslado de dicha mercancía debido al volumen que representa este tipo de maquinaria (…) se evidencia que la mercancía incautada por la Administración Tributaria Aduanera corresponde a la descrita en la DUI C-9061, pues ésta consiste en arados de industria brasilera de las marcas detalladas en el parágrafo que antecede, toda vez que al ser armados, se constató que son los consignados en la DUI C-9061 (general)… ”.

De lo citado, refiere que demostró de forma clara y objetiva la legalidad de sus mercancías, en virtud a ello a través de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0779/2014, se revocó totalmente la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC Nº 1298/2014 de 27 de junio de 2014, dejando sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Informe de Valoración y Liquidación de Tributos, con relación a los ítems 1,2,3,4,5,6 y 7 del Cuadro de Valoración Nº 370/2014.

Por último, en lo que refiere a la sustanciación del Recurso Jerárquico promovido por la Administración de Aduana Interior de Oruro, refiere que de la misma forma se demostró plena y totalmente la coincidencia existente entre los documentos presentados como pruebas de descargo, como es la Declaración Única de Importación DUI Nº C-9061 y lo encontrado físicamente, empero la AGIT considera la existencia de  la vulneración de derechos y principios constitucionales, referidos al debido proceso y a la defensa y en virtud a ello emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0060/2015 de 12 de enero, donde dispuso anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0779/2014 y a su vez la reposición de actuados hasta la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC Nº 1298/2014, hasta que la Administración de Aduana Interior Oruro cumpla las previsiones contenidas en los arts. 99.II de la Ley Nº 2492 y 19 del Decreto Supremo (DS) Nº 27310, valorando los descargos y teniendo en cuenta la mercancía entera (unidad funcional).

I.2. Fundamentos de la demanda.

Alega que esta última resolución le causa grandes agravios, toda vez que en la sustanciación del Recurso de Alzada y del Jerárquico, se demostró de forma clara, evidente y objetiva, la legalidad de su mercancía, misma que encuentra su respaldo legal en la DUI Nº C-9061 y anular obrados significaría volver al inicio del Proceso por Contrabando Contravencional, toda vez que la Aduana deberá valorar las pruebas nuevamente y emitir una nueva resolución, lo que supone que no será a su favor, lo cual significa pérdida de tiempo, más aún si se demostró de forma contundente la legalidad de su mercancía.

I.3. Petitorio.

Con estos argumentos solicita que se declare probada la demanda y se ordene que la Administración de Aduana Interior Oruro proceda a la devolución de la mercancía reflejada en los ítems 1,2,3,4,5,6 y 7 del Cuadro de Valoración Nº 370/2014, más si demostró la legalidad dentro de los recursos interpuestos con anterioridad, por ello reitera que la nulidad de obrados iría en desmedro de sus intereses por la sustanciación del nuevo proceso que conllevaría, además del hecho de que la mercancía es el único capital con el que cuenta para la manutención de su familia y por lo cual han pasado una serie de dificultades económicas.

II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Que, admitida la demanda por auto de fs. 39, se corrió traslado a la autoridad demandada, que citado Daney David Valdivia Coria, en su condición de Director Ejecutivo General de la AGIT, primeramente a través del memorial de fs. 73 a 78, interpuso excepción de incompetencia y posteriormente, en tiempo hábil por memorial de fs. 334 a 336, respondió la demanda; por su parte los Vocales de la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Auto Nº 100/2015 de 15 de mayo (fs. 85 a 86) declaran probada la excepción de incompetencia y disponen la remisión de obrados ante la Sala Especializada del Tribunal Supremo de Justicia para la sustanciación del trámite; que radicada la causa mediante proveído de 3 de junio de 2015, se admitió la respuesta a la demanda, presentada por la entidad demandada, de cuyo memorial se extraen los siguientes fundamentos:

Que, la mercancía decomisada consigna maquinaria de arados, sin embargo la Administración Aduanera solamente tomó como datos la mercancía decomisada (desarmada), aspecto que demuestra la ausencia de ejecución de sus facultades de control, verificación e investigación prevista en los arts. 21, 66 núm. 1 y 100 de la Ley Nº 2492, para que se identifique la marca y descripción exacta de la mercancía decomisada, situación que deja en indefensión al sujeto pasivo, toda vez que al nacionalizar una mercancía como en el presente caso, donde ni la DUI ni la documentación de soporte consignan la marca de los tornillos y accesorios que se utilizan para armarla, constituye una omisión que incide directamente en la valoración de los descargos presentados por el sujeto pasivo, lo que implica que la Administración Aduanera no realizó la DUI conforme a las reglas de la sana crítica y el Principio de Verdad Material, previstos en los arts. 81 de la Ley Nº 2492  y 4 inc. d) de la Ley Nº 2341, que se debió considerar los descargos que consignan la mercancía entera y no desarmada y de esa forma verificar y constatar la documentación con la mercancía decomisada, estableciendo de manera concreta si la DUI presentada como descargo es completa, correcta y exacta, conforme determina el art. 101 del Reglamento de la Ley General de Aduanas; que la Resolución Sancionatoria, al no tomar en cuenta los datos objetivos de la DUI para determinar si corresponde amparar la legal importación de la mercancía decomisada, se encuentra viciada de nulidad.

En respuesta, citó como doctrina tributaria SIDOT V3, la STG-RJ70278/2008 y la Sentencia Nº 510/2013 de 27 de noviembre de 2013 emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, recalcando que los argumentos del demandante no son evidentes, de modo que la resolución jerárquica impugnada fue dictada en sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso, por lo que se ratifican en todos y cada uno de los fundamentos de la resolución jerárquica impugnada.

II.1. Petitorio.

Con estos argumentos impetra que se declare improbada la demanda interpuesta por Oscar Flores Zambrana por el que impugna la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0060/2015.    

Aceptada la respuesta a la demanda por decreto de fs. 344, y corrida en traslado, el demandante presentó réplica de fs. 347 a 348, mientras que la entidad demandada su dúplica de fs. 352 a 353, decretándose autos para sentencia a fs. 354.

III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

III.1. Trámite administrativo.

De la revisión de los antecedentes administrativos que fueron adjuntados a la presente causa, se advierte que a consecuencia del control operativo aduanero llevado a efecto por el COA el 5 de enero de 2014, se interceptó el camión con placa de circulación Nº 2705FTR que transportaba maquinaria de arado de procedencia extranjera, y al no haberse exhibido ninguna documentación que acredite la legal internación de la mercancía a territorio nacional, se procedió al comiso preventivo de la mercancía y posterior depósito en el recinto aduanero de la “DAB”, es así que a través del Acta de Intervención: COARORU-C 0008/2014 (fs. 226 a 227), calificándose el hecho como contravención aduanera de contrabando, de conformidad con el art. 181 inc. f) de la Ley Nº 2492, otorgándose el plazo de tres días para la presentación de descargo; ante ello, el día 13 de marzo de 2014, Oscar Flores Zambrana solicitó la devolución de su mercancía decomisada, adjuntando la DUI C-9061; posteriormente la Administración de la Aduana Interior de Oruro, dictó la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC Nº 1298/2014 (fs. 295 a 301), declarando probado la comisión de contravención aduanera por contrabando tipificado por el art. 181 inc. b) del CTB atribuido a Oscar Flores Zambrana y al chofer del motorizado.

Una vez notificado Oscar Flores Zambrana con la Resolución Sancionatoria de contrabando contravencional, por memorial de 22 de julio y complementado por memorial de 30 de julio, ambos del 2014 (fs. 87 y 100 a 102), impugnó esa decisión interponiendo recurso de alzada, arguyendo que existió una mala valoración de las pruebas, toda vez que la Aduana Interior Oruro se limitó a realizar la verificación física de la existencia de partes de maquinarias de arado, sin considerar el hecho de que su mercancía fue legalmente importada a territorio nacional en forma completa, tal cual evidenciaría la DUI C-9061; recurso de alzada que fue contestado por la administración aduanera a través de memorial de 25 de agosto de 2014 (fs. 111 a 120 del 1er. cuerpo) y en cumplimiento del art. 204 inc. IV del CTB se abrió termino de prueba de 20 días común y perentorio para ambas partes, en cuyo término el demandante Oscar Flores Zambrana ofreció como prueba, inspección ocular en la DAB, acto procesal que se llevó a cabo el día 16 de septiembre de 2014 (Acta de fs. 128 a 129), donde el demandante procedió al armado de todas las piezas de la mercancía en un sola unidad que concuerda con la DUI; ante esta situación, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0779/2014 de 27 de octubre de 2014 por la cual revoca totalmente la Resolución Sancionatoria de Contrabando y deja sin efecto el comiso definitivo de la mercancía detallada en el Cuadro de Valoración Nº 370/2014.

Finalmente contra este fallo, el Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, formuló recurso jerárquico emitiéndose la resolución AGIT-RJ 0060/2015, por el que el Director Ejecutivo General de la AGIT, anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0779/2014, anulando obrados con reposición de actuados hasta la Resolución Sancionatoria de Contrabando No.  AN-GRORU-ORUOI-SPCC Nº 1298/2014, disponiendo que la referida Administración Aduanera, valore los descargos y tome en cuenta la mercancía entera (unidad funcional), todo conforme previsión de los arts. 99-II de la Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del DS Nº 27310 (RCTB).

III.2. Competencia de la demanda contenciosa administrativa.

Que, en virtud a la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución de la controversia en única instancia, es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, en cumplimiento al mandato conferido por los arts. 2 num 2) y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y arts. 778 a 781 del CPC, siendo el objeto conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, según la veracidad o no del reclamo planteado, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales, con relación a los hechos sucedidos en la fase administrativa frente a los argumentos expuestos por el demandante y, realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional y la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Al presente, corresponde analizar si existe o no infracción de disposiciones legales, como derechos lesionados por la resolución jerárquica denunciada en la demanda, de cuyo contenido se logra sintetizar que la problemática central, está referida al hecho de que la administración aduanera no habría realizado una correcta valoración de las pruebas, toda vez que el demandante habría demostrado que la mercancía reflejada en los ítems 1,2,3,4,5,6 y 7 del Cuadro de Valoración Nº 370/2014, fue legalmente internada a territorio nacional y que se encontraría legalmente respaldada a través de la DUI Nº C-9061 y disponer la anulación de obrados hasta que se realice una valoración de la mercancía entera, le causaría grandes agravios por la pérdida de tiempo y sobre todo porque esa mercancía constituye un instrumento para la manutención de su familia.

V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

V.1. Respecto a la incorrecta valoración de las pruebas.

En el caso de autos, corresponde ingresar al análisis de esta problemática a efecto de dar respuesta al reclamo planteado y así verificar si tiene o no sustento legal:

El art. 218 inc. d) de la Ley Nº 2492 establece el procedimiento para la tramitación del Recurso de Alzada, determinando lo siguiente: “Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la contestación, con o sin la respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se dispondrá la apertura de término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios al recurrente y a la autoridad administrativa recurrida …”, lo cual significa que durante ese término de prueba, el recurrente, en este caso el demandante, debe probar por todos los medios legales de prueba su pretensión o en su caso las infracciones denunciadas en el recurso de alzada; sobre el particular, el art. 215.I de la citada ley, establece: “Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con excepción de …”, en el caso de autos, el demandante como resultado de la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC Nº 1298/2014, interpuso Recurso de Alzada impugnando dicha resolución, arguyendo que existió de parte de la administración aduanera, incorrecta elaboración del acta de intervención por cuanto no se consideró el hecho de que la mercancía era trasladada en piezas separadas, asimismo denunció que existió mala valoración de las pruebas, toda vez que la Administración de Aduana Interior Oruro se limitó a realizar la verificación física de la existencia de partes de maquinarias de arado, sin considerar el hecho de que su mercancía fue legalmente importada a territorio nacional en forma completa, tal cual evidenciaría la DUI C-9061; ante ello, el demandante con la finalidad de demostrar estos argumentos, a través del memorial de 9 de septiembre de 2014 (fs. 124) solicitó como medio legal de prueba, inspección ocular de la mercancía comisada, audiencia procesal que se llevó a cabo el día 16 de septiembre de 2014 en dependencias de Depósitos Aduaneros Bolivianos (Acta de fs. 128 a 129), donde demostró que la mercancía comisada y descrita en el Cuadro de Valoración Nº 370/2014 (fs. 233) no constituyen piezas separadas y diferentes, es así que en presencia del Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro, el demandante articuló todas las piezas comisadas y demostró que las mismas son parte de los arados que fueron internados legalmente a territorio nacional, pero que posteriormente fueron desarmados para facilitar el traslado de la mercancía, esto debido al volumen que significa la maquinaria de arados.

En correlación con lo señalado precedentemente, en lo que respecta al ofrecimiento y producción de la prueba, el art. 68 num. 7) de la Ley Nº 2492 estipula dentro de los derechos del sujeto pasivo lo siguiente: “A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución”, por su parte, en lo que refiere a la carga de la prueba, el art. 76 de la citada Ley, dispone: “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.”, dentro de esta misma norma, el art. 77 parágrafo primero señala de forma textual: “Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho”, asimismo el art. 81 de la referida norma determina que: “Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, …”.

Dentro del marco legal citado precedente, en el caso de autos se colige que la AGIT, al momento de emitir la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0779/2014, realizó una correcta valoración de los antecedentes y de las pruebas producidas en el proceso, es así que en previsión de lo establecido por el art. 81 de la Ley Nº 2492, efectuó una valoración de las pruebas de acuerdo a las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente la decisión de dejar sin efecto el comiso definitivo impuesto en la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC Nº 1298/2014, toda vez que el demandante cumplió con la carga de la prueba establecida en el art. 76 de la Ley Nº 2492, toda vez que demostró documentalmente y a través de la audiencia de inspección ocular, que la totalidad de la mercancía comisada por la administración aduanera, es mercancía que ingresó legalmente al territorio nacional cumpliendo todas las obligaciones aduaneras y tributarias exigidas por ley, en ese sentido al estar acreditado la legalidad de la mercancía comisada, no corresponde atribuirle al demandante la conducta del art. 181 inc. b) de la Ley Nº 2492, decisión que tuvo como fundamento la aplicación del principio de “verdad material” que se encuentra instituido en la Constitución Política del Estado y leyes nacionales, donde hace hincapié en el deber ineludible que tienen los operadores de la administración de justicia (jurisdicción ordinaria y  administrativa), de resolver las causas sometidas a su conocimiento sobre la base de los hechos tal cual se presentaron, dejando de lado los ritualismos o formalismos procedimentales, cuando éstos obstaculicen la averiguación de la verdad material de los hechos.            

Con relación al principio de “verdad material”, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia Constitucional (SC) 0548/2007-R, de 3 de julio, reiterada por la SC 2029/2010-R, de 9 de noviembre, sostuvo que es: “ … una vivificación del valor superior 'justicia' la obligación, en la tarea de administrar justicia, de procurar la realización de la 'justicia material', como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones, jueces y tribunales, así como normas materiales y adjetivas destinadas a la solución de la conflictividad social; en síntesis, la justicia material es la cúspide de la justicia, donde encuentra realización el contenido axiológico de la justicia; por ello, está encargada a todos los órganos de administración de justicia…". El criterio sostenido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es que la estructura del sistema de administración de justicia boliviano, no pueda concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para obtener el logro y realización de los valores constitucionales, como son la igualdad, la libertad y la justicia social; en ese orden, la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, obliga a los administradores de justicia a procurar la resolución del fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable, todo ello en cumplimiento a lo previsto por el los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que dispone: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”, norma constitucional, que se encuentra relacionada con la previsión contenida en el art. 4 inc. d) de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002, aplicable en materia tributaria por mandato del art. 200 del CTB, por el cual, hace referencia a los principios que sustentan a la actividad administrativa, al establecer lo siguiente: “Principio de verdad material. La Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil”, lo que significa que la entidad administrativa por mandato constitucional y legal, debe hacer prevalecer la verdad material, esto es la verdad de los hechos comprobados, sobre la formalidad pura y simple.

En base al razonamiento realizado, no es correcto que la AGIT anule la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0779/2014 de 27 de octubre de 2014, mucho menos anular obrados con el argumento de que la Administración Aduanera no cumplió estrictamente con las previsiones de los arts. 99-II de la Ley Nº 2492 y 19 del DS Nº 27310, es decir que esta omisión procesal por parte de la entidad estatal, no puede ser motivo para causar indefensión al demandante, cuando en los hechos “verdad material” se acreditó fehacientemente a través de medios legales de prueba, que la mercancía comisada por la administración aduanera, se encuentra respaldada por la DUI C-9061, documento éste que demuestra la importación legal de la mercancía en territorio nacional y que fue expedida en virtud al cumplimiento de las formalidades previstas en los arts. 63 y 75 de la Ley Nº 1990 de 18 de julio de 1999 (Ley General de Aduanas) y 101, 110 de su Reglamento.

Entonces, no resulta válido que frente al incumplimiento de las responsabilidades -por descuido o mala diligencia- de parte de la Administración de Aduana Interior Oruro (entidad estatal), se afecten derechos fundamentales del demandante como ser el derecho a la vida, salud, alimentación y trabajo, además de afectar un valor supremo como es la justicia social que se encuentra reconocido y protegido en todo Estado Constitucional de Derecho, ya que la administración aduanera tenía la obligación de investigar, verificar y constatar si los argumentos expuestos por el demandante eran verídicos en cuanto se refiere a la legalidad de la mercancía incautada y sobre todo respecto al hecho de que la mercancía se encontraba desarmada al momento de su decomiso, conforme facultad establecida por los arts. 21 y 100 de la Ley Nº 2492 en correlación con lo previsto por los arts. 31 y 33 de la Ley General de Aduanas.

V.2. Conclusión.

Que, del análisis precedente, el Supremo Tribunal de Justicia concluye que la AGIT no realizó una correcta valoración de los antecedentes del proceso, por cuanto no ingresó a verificar el hecho de que el demandante demostró la legalidad de la mercancía incautada, en ese sentido antes de direccionar el proceso al cumplimiento de formalismos legales, debió analizar si la Resolución de alzada fue resuelta de manera justa y adecuada en el marco de las disposiciones legales vigentes y sobre todo respetando los derechos y garantías del demandante, y al no haber actuado de esa forma, consintió de manera tácita la infracción de derechos y garantías constitucionales del demandante, desconociendo plenamente los principios de legalidad, debido proceso y sobre todo del principio de verdad material que se encuentran respaldados por la CPE, por consiguiente, corresponde emitir resolución dejando sin efecto la Resolución Jerárquica impugnada.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 2 num. 2) y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y arts. 778 a 781 del CPC, falla declarando PROBADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por Oscar Flores Zambrana cursante de fs. 26 a 30 y subsanada a fs. 34;  en su mérito se deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0060/2015 de 12 de Enero de 2015, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0779/2014 de 27 de octubre de 2014 emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria - La Paz.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada, con nota de atención.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.