SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 200/2016.

Sucre, 30 de junio de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.074/2016.

Distrito: Santa Cruz de la Sierra.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 158 a 160 vta., interpuesto por Juan Saucedo Mostacedo, en representación legal del Señor Rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, Saúl Rosas Ferrufino, contra el Auto de Vista Nº 239 de 1° de septiembre de 2015, pronunciado por la Sala Social Contencioso Tributario y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que discurre de fs. 154 a 155, dentro del proceso social de cobro de beneficios sociales seguido por Rolando Virgilio Escalante Segundo contra el recurrente, el auto a fs. 166 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y;

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.- SENTENCIA.

Por memorial de fs. 24 a 26, Rolando Virgilio Escalante Segundo, demandó el pago de sueldos y  y beneficios sociales, dirigiendo su acción contra la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno de la ciudad de Santas Cruz, donde desempeñó las funciones de Docente en la Facultad de Ciencias de la Salud Humana, en la Carrera de Medicina.

Tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Quinto de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 128 de 10 de abril de 2015 fs. 128 a 132, declarando PROBADA la demanda sin costas, disponiendo se cancele en favor del actor la suma de Bs. 94.119,51 (Bolivianos noventa y cuatro mil ciento diecinueve 51/100),  más la actualización y reajustes dispuestos por el art. 9 del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006.

I.2. AUTO DE VISTA.

Que, notificada con la sentencia, la institución demandada, a través de su representante legal, Juan Saucedo Velasco, planteó recurso de apelación de fs. 135 a 137 vta., que fue resuelto por Auto de Vista Nº 239, pronunciado por la Sala Social Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el 1º de septiembre de 2015, que CONFIRMÓ la Sentencia Nº 128 de 10 de abril de 2015, con costas.

Que, contra el referido auto de vista, el representante legal de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, dedujo recurso de casación en el fondo de fs. 158 a 160 vta., que de conformidad al art. 277.I del Nuevo Código Procesal Civil, mereció el Auto Supremo (AS) Nº 33/2016-A de 22 de marzo de 2016, que dispuso la admisibilidad del recurso de casación, cuyos  argumentos  serán referidos en el punto siguiente.

II. RECURSO DE CASACION

Con carácter previo y antes de ingresar a la consideración de los fundamentos del recurso planteado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, es menester referir que en cumplimiento de lo establecido en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, Ley N° 0025, este Tribunal Supremo de Justicia tiene la facultad de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento con el propósito de evidenciar si en ellas concurrieron irregularidades de orden procedimental, para imponer las sanciones que correspondan, o en su caso restituir derechos y garantías amparados constitucionalmente que con una mala praxis judicial hayan sido conculcados por los jueces de instancia, aplicando al efecto la nulidad de obrados prevista en el art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC), que prevé “El Juez o Tribunal de Casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público”.

En consecuencia, dentro del marco normativo constituido por los arts. 17 de la Ley N° 025 de 24 de junio de 2010 y 252 del CPC, este Tribunal previo el análisis pertinente de los antecedentes del proceso social, evidencia los siguientes extremos:

Primero.- En virtud a la demanda incoada por Rolando Virgilio Escalante Segundo contra el ahora recurrente, en la que reclama el pago de sus beneficios sociales, el Juez de Partido Quinto de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 128, declarando PROBADA la demanda sin costas, disponiendo se cancele en favor del actor la suma de Bs. 94.119,51 (noventa y cuatro mil ciento diecinueve 51/100 bolivianos), más la actualización y reajustes dispuestos por el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Segundo.- La institución demandada (Universidad Autónoma Gabriel René Moreno), notificada con dicha resolución de primer grado, formuló recurso de apelación en los términos del memorial que discurre de fs. 135 a 137 vta., manifestando en lo principal como expresión de agravios: a) Que el juez de primera instancia no consideró ni compulsó la prueba presentada por la institución demandada, concretamente la certificación del Departamento Técnico Estadístico que demuestra la carga horaria del demandante; b) Errónea aplicación del art. 9 del DS 28699, no siendo aplicable en el caso de autos por ser la entidad demandada una entidad pública: c) Falta de análisis y compulsa de la confesión a la que fue deferido el demandante; d) Inexistencia del despido intempestivo.

Tercero.- la Sala Social Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolviendo el recurso de apelación, pronunció el Auto de Vista Nº 239, de cuya lectura se establece que esta resolución efectúa el resumen de los fundamentos del recurso de apelación, de la contestación al mismo, para mencionar en el segundo considerando al art. 236 del CPC, referido a la pertinencia de la resolución.

No obstante de que el propio Tribunal de Alzada reconoce el mandato de aquella disposición legal, únicamente se limita a mencionar los arts. 62 y 49 inc. c) del Código Procesal del Trabajo (CPT), referido el primero a la facultad de los jueces y magistrados para imprimir en los procesos laborales el trámite que legalmente le corresponda y el segundo a la facultad del Tribunal de Alzada para conocer los recursos de apelación, para concluir que dicha facultad no significa que la parte recurrente debe omitir el requisito esencial de impugnación mediante la fundamentación y expresión de agravios, resultando inverosímil que como único fundamento del recurso se manifieste que “El Juez A quo ha valorado correctamente las pruebas aportadas en el proceso al ordenar y sentenciar el pago de los beneficios sociales, conforme la liquidación detalle, por el tiempo de servicio establecido, correspondiente (debió decir correspondiendo) de igual manera la multa del 30% al no ser excluyente el decreto (no menciona siquiera el número del D.S.), siendo evidente que la Juez A quo ha dictado su sentencia conforme a los dictados de su conciencia y la sana crítica (…)”, ingresando la resolución sin más fundamento que el glosado a la parte resolutiva para confirmar la sentencia apelada.

Como se aprecia por la relación precedente, el auto de vista, no resuelve los puntos de la apelación que fueron descritos en el punto segundo de la presente resolución en los incisos a) d), menos contiene el debido fundamento que permita confirmar el fallo de primer grado, transgrediendo el mandato del art. 262-I del Nuevo Código Procesal Civil, al disponer que el auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación.

En suma, el auto de vista objeto del recurso de casación es carente de fundamentación y motivación, transgrede los Principios de Congruencia y Pertinencia que deben ser observados en toda resolución sea esta judicial o de cualquier otra índole que sea pronunciada por autoridad competente, aspectos que no pueden dejar de ser observados por el Tribunal Supremo de Justicia en su labor de ejercer el control de legalidad, en la especie, del Auto de Vista Nº 239.

Con relación a lo anterior, se cita la Sentencia Constitucional (SC) 0486/2010-R de 5 de julio, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional que refiere: “El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”. De lo anterior se infiere que el fallo del Ad quem debió enmarcarse dentro de los alcances del art. 236 del CPC.

Deberá además tenerse presente lo normado por el Art. 17 de la Ley No. 025 del Órgano Judicial que refiere en su parágrafo II que: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse, solo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”. Entendiéndose que dicho régimen normativo regula la función contralora de la autoridad ordinaria de apelación, respecto de los de primera instancia y los de casación respecto de los de apelación, marcando el límite y el alcance sobre el cual deben desarrollar su actividad jurisdiccional; a no ser que de la revisión de oficio de la actuación de los jueces de grado se establezca, como en el presente caso, incumplimiento a las normas legales por parte de los encargados de resolver el recurso de apelación.

Al no haber resuelto el Tribunal de Alzada sobre los puntos objeto del recurso de apelación, esta deficiencia determina la anulación de obrados.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso de autos en virtud de la norma remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo, y por haber sido formulado el recurso de apelación aún en vigencia del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 239, pronunciado por la Sala Social Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el 1º de septiembre de 2015, que cursa de fs. 154 a 155 y se dispone que sin espera de turno y sorteo previo, el Tribunal ad quem, resuelva la apelación con la pertinencia del art. 236 de la norma Adjetiva Civil.

No siendo excusable el error en la que ha incurrido el Tribunal ad quem, se impone multa de un día de haber a cada uno de los Vocales signatarios del Auto recurrido en casación, para tal efecto comuníquese a la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

En aplicación del art. 17-IV de la Ley N° 025, notifíquese al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.