SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 177/2016.

Sucre, 27 de junio de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.049/2016.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 386 a 389, interpuesto por Roberto Rasguido García, representante legal de la Empresa Pureza Corp., contra el Auto de Vista Nº 286/2014 de 10 de diciembre, cursante de fs. 382 a 384, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales, seguido por Rubén Julio Ayala Peredo contra la empresa recurrente, la contestación de fs. 391 a 392, el auto a fs. 393, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Tercero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, pronuncio la Sentencia el 23 de marzo de 2012, cursante de fs. 358 a 360 vta., declarando parcialmente probada la demanda de fs. 4 a 5 y subsanada a fs. 8 de obrados, en lo referente a los derechos laborales correspondiente al segundo periodo de trabajo, asimismo declara probada en parte la excepción perentoria de pago opuesta por la parte demandada con escrito de fecha 28 de septiembre de 2.011 de fs. 23 a 24, sin costas. En consecuencia se dispone que la Empresa Pureza Corp, mediante su representante legal Sr. Roberto Rasguido García pague al demandante Rubén Julio Ayala Peredo derechos sociales de indemnización, aguinaldo, vacación y prima, la suma total de Bs.10.613,99.- (diez mil seiscientos trece 99/100 bolivianos), que deberá hacerse efectiva dentro de  tercero día de ejecutoriada la resolución bajo alternativa de ley, sin perjuicio de la multa y las actualizaciones prevista por el art. 1 de la R.M. Nº 447 de 8 de julio de 2009.

Que, en grado de apelación promovida por la empresa demandada, de fs. 363 a 365, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista Nº 286/2014, confirmando en parte la sentencia apelada con la modificación que debe cancelarse la suma de Bs.11.288.05.- (once mil doscientos ochenta y ocho 05/100 bolivianos), más actualización y multa prevista por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. Sin costas por la conformación parcial.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 386 a 389, interpuesto por la empresa demandada, en base a los fundamentos que se sintetizan a continuación:

I.- Denuncia la Violación e Interpretación Errónea y aplicación indebida de la Ley.-

1.- El auto de vista emitido por el tribunal ad quem, pasó por alto los antecedentes que cursan en el expediente que dan cuenta de la conducta asumida por parte del actor evidenciando que lo que se produjo fue abandono de trabajo y no retiro voluntario, ya que si bien Rubén Julio Ayala Peredo presento carta de renuncia fechada el 04 de abril de 2011, que cursa en obrados, lo que representa que el demandante debió trabajar hasta el 03 de mayo, sin embargo vencido este término este continuo asistiendo a la empresa hasta el 17 de mayo de 2011, dando lugar a que se interpretara que había desistido de su alejamiento, hasta que descubrieron que había vendido un equipo de agua sin reportarlo, cuando se le pregunto de esta situación se limitó a responder que después aclararía optando por dejar de asistir a trabajar lo que constituye abandono de trabajo, sorprendiendo posteriormente con una citación del Ministerio del Trabajo; sobre el tema corresponde examinar el inc. 2) del art. 12 de la Ley General del Trabajo (LGT), prevé que tratándose de contratos con empleados la recisión debe efectuarse con 30 días de anticipación. 

II.- Error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas.-

1.- Indica que el juez a quo y el tribunal ad quem, tomaron en cuenta el salario base percibido por el actor conforme la prueba cursante de fs. 102 a 104, es decir abril, marzo y febrero/2011, empero cometieron un error matemático al determinar la suma de Bs. 1.200,00.- (mil doscientos 00/100 bolivianos), porque la media aritmética de Bs. 906.00, 1.062,21 y 1.045,71 es Bs. 1004,64,. Incluyendo las comisiones del salario base, consta que el salario de febrero/2011 resulta Bs. 2.824,64(1.004,64 + 1.820,00), de marzo/2011 la suma de Bs. 2.091,70 (1.004,64), más la comisión que expreso en el punto 1.2.1 del memorial de fs. 364 de la suma de        Bs. 1.029,50, porque si bien en primera instancia no acompaño el recibo de la comisión marzo/2011, empero en su memorial de apelación confesó espontáneamente la suma percibida por comisión haciendo aplicable el art. 167 del Código Procesal del Trabajo (CPT), tomando en cuenta que en la confesión el hecho admitido en ella no requiere más pruebas, y de abril Bs. 3.482,64 (1.004,64 + 2.633,00)resultando el salario promedio indemnizable Bs. 2.799,66.- En tal sentido, corresponde modificar la liquidación efectuada en sentencia.

III.-Sobre la prima.-

1.- Respecto a la prima correspondiente al año 2009, tomando en cuenta el art. 1 del Decreto Ley (DL) Nº 27.12.1943 relacionado con la Ley 22.11.11945 y el art. 57 del DL de 24.05.1939 elevado a rango de Ley l 08.12.1.1942 considerando los estados financieros traídos en el memorial de casación, permite desprender que el promedio salarial indemnizable es de Bs. 2.131, 58 y no de Bs. 2.824,64, tampoco se descuenta de la liquidación los Bs. 1.721,25, entregado a la parte adversa reconocidos en su demanda de fecha 09 de junio de 2011, y en su memorial de cumple lo ordenado de fecha 30 de junio de 2011, según los cuales el actor reconoce que debe descontarse la suma de dinero antes referida de la liquidación. 

Concluyó, solicitando se conceda el recurso de casación en el fondo, a fin de que el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada en parte de la demanda del actor, con costas.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, analizando su contenido en base a los antecedentes del proceso, se tiene lo siguiente:

1.- Que, revisados los antecedentes procesales, se evidencia que tal acusación no es evidente, toda vez, que la empresa demandada por su propio interés debió demostrar el abandono de trabajo, a través de una denuncia ante las instancias pertinente de la Jefatura Departamental del Trabajo, para su verificación por parte de algún funcionario de dicha institución lo que hubiera contribuido a demostrar el abandono de trabajo del actor, por tanto no existe prueba que demuestre que el actor haya hecho abandono injustificado por más de 6 días; sin embargo, estos aspectos no fueron desvirtuados por la empresa demandada, resultando aplicable el principio de inversión de la prueba, en atención a los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

2.- En cuanto al error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, sobre el cálculo de la indemnización se ha tomado en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses, empero, no corresponde mayor consideración al respecto. Adicionalmente, debe tenerse presente que el juzgador en materia laboral no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba, propia del proceso civil, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en principios científicos que informan la crítica de la prueba, con arreglo del art. 158 del CPT. Asimismo, conforme lo determina el art. 3 inciso j) del Código Adjetivo Laboral, uno de los principios en los que se basa todo procedimiento en materia laboral es la: “Libre apreciación de la prueba, por la que el Juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados”.

3.- En relación al pago de la prima, que de acuerdo a los fallos de instancia se reconoció en favor del trabajador, por dicho concepto por todo el tiempo trabajado, traducido en 2 años, 5 meses y 16 días, con un monto de Bs. 2.799,66 para la respectiva determinación del referido reclamo, amerita la observancia del art. 57 de la Ley General del Trabajo (LGT), modificado por el art. 3 de la Ley de 11 de junio de 1947, que dispone: “El pago de prima, distinto del aguinaldo, se sujetará a las normas establecidas por los arts. 48 y 49 y 50 del DS de 23 de agosto de 1943”; modificándose la primera parte del art. 48 del DR. LGT. en los siguientes términos: “Las empresas que hubieren obtenido utilidades al finalizar el año, otorgarán a sus empleados y obreros, una prima anual de un mes de sueldo o salario (art. 27 del DS 3691, de 3 de abril de 1954).” Asimismo, la segunda parte del citado art. 48 del Decreto Reglamentario de la LGT, textualmente señala: “Serán acreedores al beneficio que establece la Ley, los empleados y obreros que hubieren trabajado más de tres meses y un mes, calendarios respectivamente. A los que hubiesen prestado sus servicios por un tiempo menor de un año, se les concederá la prima en proporción al tiempo trabajado”.

En relación con lo señalado en el párrafo precedente, el art. 181 del CPT, establece: “La falta de balance legal del empleador que tiene la obligación de presentarlo, hará presumir que ha obtenido utilidades.” En este sentido y en virtud de los fundamentos expresados, corresponde el pago de la prima por el tiempo de prestación de servicios, de 01 de diciembre de 2008 hasta el 17 de mayo de 2011, por un plazo de 2 año, 5 meses y 16 días, hecho admitido según el art. 167 del CPT, por lo que se evidencia que el Tribunal de Alzada, calculó correctamente el tiempo de prestación de servicios y el respectivo monto total que corresponde el pago de la prima.

A ello se añade que, el objeto del proceso laboral es la protección de los derechos del trabajador cuya irrenunciabilidad consagra el art. 48. I y II de la actual Constitución Política del Estado (CPE), en ese entendido, el auto de vista recurrido se pronunció sobre los aspectos reclamados de manera acertada, por una parte y, por otra, en base a la prueba  idónea cursante en obrados, donde se acreditó la relación del demandante con la empresa demandada; en consecuencia el tribunal ad quem, al emitir la resolución, en grado de apelación, conforme el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), resolvió correctamente el fondo de la causa en estricta sujeción a las disposiciones laborales en vigencia.

En virtud a lo expresado, se concluye que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, por lo que corresponde dar aplicación a la disposición contenida en los arts. 271 inc. 2) y  273 del CPC, en virtud de la permisión de la norma remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional Boliviano, con la facultad conferida por los arts. 184.I de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 386 a 389. Con costas.

Se regula el honorario profesionales del abogado en la suma de Bs. 500 que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.