SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 168/2016.

Sucre, 27 de junio de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-LP.351/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 94 a 95, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por Martha Irene Espada Estrada, contra el Auto de Vista Nº 064/2015 S.S.A.II de 2 de junio, de fs. 90 a 91, pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del recurso de reclamación instaurado por Sabina Marila Domínguez Claros contra el SENASIR, la respuesta de fs. 99 a 101, el auto a fs. 169 que concedió el recurso en cumplimiento al Auto Supremo Nª265/2015 de 7 de septiembre de fs. 123 a 124, que declaro legal el recurso de compulsa; los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite de solicitud de renta única de viudedad promovido por Sabina Marila Domínguez Claros, derecho-habiente al fallecimiento de su esposo Luis Gerardo Domínguez Claros, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 00001668 de 13 de mayo de 2014 a fs. 58, resolvió otorgar en favor de Sabina Marila Domínguez Claros, renta única de viudedad equivalente al 80 % de la renta que le correspondía a su causante, en el monto de Bs. 2.263.61 (Dos mil doscientos sesenta y tres 61/100 bolivianos).-, incluido incrementos de Ley, que se pagará a partir del mes de marzo de 2014.

Ante esta situación, la solicitante planteó recurso de reclamación  de fs. 70 a 71, que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 730/14 de 29 de septiembre de 2014 de 74 a 77, confirmó la Resolución Nº 00001668 de 13 de mayo de 2014.

En grado de apelación interpuesta por la asegurada de fs. 80 a 81, por Auto de Vista Nº 064/2015 S.S.A. II, de 2 de junio, de fs. 90 a 91, la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó la Resolución Nº 730/14, disponiendo que el SENASIR, reconozca y efectivice el pago retroactivo, único y de una vez de la renta única de viudedad de Sabina Marila Domínguez Claros Vda. de Espinoza, incluyendo incrementos de ley, a partir de septiembre de 2012 a febrero de 2014. 

Este fallo, originó que la representante legal del SENASIR, interponga recurso de casación en el fondo de fs. 94 a 95, que transcribiendo parte del segundo considerando del auto de vista recurrido, citó lo previsto en los arts. 52 del Código de Seguridad Social (CSS) y el 32 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición.

Señaló que, el infundado auto de vista, basó su decisión en el hecho de que la titular presentó el 1 de octubre la supuesta documentación requerida para acreditar su condición de viuda, siendo que luego de presentada inicialmente esta documentación, se le hizo una observación, en la que se hace notar que  cuenta con una partida de matrimonio con Cecilio Pérez Gira, con fecha de inscripción 5 de septiembre de 1959, de donde se colige que, con posterioridad, el 10 de febrero de 2014 que presentó la sentencia de anulabilidad absoluta de matrimonio, al afirmar que es en esa fecha que salvó las observaciones realizadas por el SENASIR.

Que, el auto de vista extrañamente estableció que, los requisitos para la renta de viudedad,  de conformidad al art. 4 de la RM Nº 1361,  es simplemente el certificado de defunción, cuando  los mismos están plasmados en la contratapa de la caratula del expediente, donde claramente se establece que los requisitos para una renta de derechohabiente, no son solo el certificado de defunción, pues se debe cumplir con varios pasos, previstos en el DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004.

Por otro lado, el SENASIR al haber detectado una anormalidad, observó el trámite, por no acreditar claramente su derecho y el mismo es corregido recién por la viuda, que presentó toda la documentación que aclara su situación marital, recién en febrero de 2014, al respecto citó lo previsto en los arts. 471 y 539 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS). 

Por esta razón, denunció errónea apreciación y como normas legales mal aplicadas, los articulos citados precedentemente, así como la RM Nº 1361 de 4 de diciembre de 1997.                          

Concluyó solicitando  que el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido y confirme la Resolución Nº 730/14 de 29 de septiembre de 2014, emitida por el SENASIR.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:

En el caso de análisis, se visualiza que el representante de la institución recurrente, no está de acuerdo con el fallo del tribunal de segunda instancia, por haber revocado la Resolución Nº 730/14 de Fs. 74 a 77 y disponer que el SENASIR, reconozca y efectivice el pago retroactivo, único y de una vez, de la renta única de viudedad de Sabina Marila Domínguez Claros Vda. de Espinoza, incluyendo incrementos de ley, a partir de septiembre de 2012 a febrero de 2014, pues según el ente gestor, el pago de la renta de viudedad solamente correspondería a partir del mes de marzo de 2014. 

Al respecto, revisados los antecedentes que informan al proceso, se advierte que, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, en base al Informe Nº 0240/2014 de 6 de febrero, a fs. 43, emitió la Resolución Nº 00001668 de 13 de mayo de 2014, a fs. 59, resolviendo conceder a favor de la asegurada Sabina Marila Domínguez Claros, renta única de viudedad, a partir del mes de marzo de 2014, fallo que fue confirmado mediante Resolución Nº 730/14, con el fundamento de que el 10 de febrero de 2014, subsanó la observación, adjuntando el Testimonio de nulidad de partida matrimonial de la asegurada Sabina Marila Domínguez Claros con Cecilio Pérez Gira, con quien la nombrada señora parecía haber contraído matrimonio el 5 de septiembre de 1959, por lo que, según el ente gestor se debe aplicar lo previsto en el art. 471 del RCSS, disponiendo el pago de la renta a partir del mes de marzo de 2014.

En este contexto, de la revisión de actuados se advierte que la asegurada, a tiempo de iniciar su trámite de renta de viudedad y, antes de que se le conceda la renta de viudedad, presentó la documentación requerida consistente en Certificado de Defunción, así como la demandada de anulabilidad absoluta de matrimonio contra Cecilio Pérez Gira, con el argumento de que siendo menor de edad fue obligada a contraer matrimonio con el nombrado señor; llegándose a emitir  la Sentencia Nº 440/2013 de 19 de noviembre, que declaró PROBADA la demanda, disponiendo la anulabilidad absoluta del matrimonio celebrado el 5 de septiembre de 1959 entre Cecilio Pérez Gira y Sabina Marila Domínguez Claros y que, por el Servicio de Registro Cívico del Distrito, se proceda a la anulación de la partida matrimonial de Cecilio Pérez Gira y Sabina Marila Domínguez Claros, registrado en el libro 2-59, Partida Nº 125, folio 17, Oficialía de Registro Civil Nº 9, sentencia que fue declarada  ejecutoriada mediante Auto de 23 de diciembre de 2013, conforme se evidencia de fs. 9 a 22 de obrados.

Por lo tanto, no corresponde aplicar lo previsto en el art. 471 del RCSS, toda vez que esta normativa prescribe que: “La falta de presentación de cualquiera de los documentos que acrediten el derecho del solicitante, determinará que se tome como fecha de la solicitud el día de la presentación del o los documentos que falten…”. Extremo que no ocurrió en el caso de autos, toda vez que la asegurada, adjunto toda la documentación requerida a tiempo de presentar su solicitud de renta de viudedad, hecho que desvirtúa lo alegado por el SENASIR, que al disponer se pague la renta de viudedad solamente a partir de marzo de 2014, obró con discrecionalidad y exceso de poder, al pretender desconocer a la asegurada los derechos que le asisten por mandato constitucional.

En virtud a estos antecedentes se llega a la conclusión que, al haberse determinado, en base a la documentación presentada durante la solicitud y posterior tramitación del proceso, se advierte que la asegurada procedió a la anulación de su primer matrimonio, conforme consta por los documentos aparejados al expediente de acuerdo al instructivo para la calificación de renta única de viudedad, en sujeción al art. 93 del RCSS, en concordancia con el art. 23 y siguientes del Manual de Prestaciones aprobado mediante Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, por lo que corresponde reponer el derecho conculcado a favor de la asegurada, es decir, desde el fallecimiento del esposo de la derecho habiente, a partir del mes de septiembre de 2012 a febrero de 2014, como acertadamente determinó el tribunal de segunda instancia, quienes para arribar a la determinación asumida, valoraron la prueba de manera acertada, conforme lo previsto en el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable por mandato del art. 633 del RCSS, porque determinar que se le conceda el pago de la renta de viudedad, desde el mes de marzo de 2014, como estableció el SENASIR en la Resolución Nº 00001668, confirmada mediante la Resolución Nº 730/14, se le estaría privando cobrar su renta de aproximadamente 1 año y cinco meses, lo cual ciertamente atenta a la beneficiaria sus derechos que son irrenunciables conforme determina el art. 48 y siguientes de la Constitución Política del Estado. 

Por lo referido, se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso, corresponde resolver el recurso de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC aplicables por disposición de los arts. 630 y 633 del RCSS.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 94 a 94, interpuesto por el SENASIR.G

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.