SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 164/2016.

Sucre, 27 de junio de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-OR. 347/2015.

Distrito: Oruro.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 200 a 201 vta., interpuesto por la H. Alcaldía Municipal de Oruro, representada por su H. Alcalde Edgar Rafael Bazan Ortega, contra el Auto de Vista N° AV-SECCASA 134/2015 de 13 de agosto, de fs. 191 a 196, emitido por la Sala especializada, Contenciosa, Contenciosa-Administrativa Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso por cobro de beneficios sociales seguido por Juan Carlos Gonzáles Corso contra la institución municipal recurrente, la respuesta de fs. 204 a 207 vta., el Auto de fs. 209 que concedió el recurso;  los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso, la Juez de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social del departamento de Oruro, emitió la Sentencia N° 153/2014 el 15 de diciembre de fs. 160 a 165 vta., declarando probada en parte la demanda de fs. 29 a 30 de obrados, sólo en lo que respecta a la relación laboral entre el 9 de julio de 1998 al 31 de diciembre de 2012, con el pago de indemnización por el tiempo de servicios en la suma de Bs. 44.907,86.-(cuarenta y cuatro mil novecientos siete 86/100), sin lugar al pago de desahucio, bono y vacaciones. Suma que deberá ser cancelada en tercero día de su ejecutoria, bajo alternativa de dar cumplimiento a lo determinado y previsto en el numeral II del art. 9 del Decreto Supremo (DS) N° 28699 de 1 de mayo de 2006.

En grado de apelación formulado por ambas partes, de fs. 167 a 168 la parte demandante, y de fs. 177 a 178 la institución demandada; la Sala especializada, Contenciosa, Contenciosa-Administrativa Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro pronunció el Auto de Vista N° AV-SECCASA 134/2015, declarando improcedente el recurso planteado por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y procedente en parte la apelación del demandante Juan Carlos Gonzáles Corso, solo en lo que corresponde al desahucio en la suma de Bs. 9.222,39.- (nueve mil doscientos veintidós 39/100 bolivianos)  y vacaciones de la última gestión trabajada en la suma de Bs. 3.074,13.- (tres mil setenta y cuatro 13/100 bolivianos) confirmando la sentencia N° 153/2014 en cuanto al derecho a indemnización de Bs. 44.907,86.-, estableciéndose la suma total a pagar por concepto de beneficios sociales en Bs. 57.204,38.- ( cincuenta y siete mil doscientos cuatro 38/100 bolivianos)  dentro de (3) tercer día de ejecutoriada la sentencia. Asimismo dispuso que se calcule en ejecución de sentencia la multa del 30% establecido en el art. 9 del DS N° 28699, desde los 15 días de su despido hasta el día anterior a que haga efectivo el pago.

Contra el referido fallo, la H. Alcaldía Municipal de Oruro, representada por su H. Alcalde municipal, planteó el recurso de casación de fs. 200 a 201 vta.; quien fundamenta de la siguiente manera:

Expresa que el auto de vista en su primer considerando señala que existieron contratos continuos y que el trabajador es regular, resultando ser contradictorio este término porque un trabajador regular no está establecido dentro de las normas laborales o el estatuto del funcionario público.

Señala que se llegó a establecer la solicitud de bono pro fundación 2015 de parte del ex funcionario, pero indica que existe un informe de la Contraloría General del Estado en sentido de que este es un bono cuestionado, encontrándose observado el pago del mismo por estar al margen de la ley llegándose a suprimir toda retribución adicional y el informe concluye que existe responsabilidad civil solidaria para varios funcionarios del G.A.M.O. encontrándose a la espera de un decreto que el Gobierno Central emita para respaldar dicho bono; por lo que solicita se valoren estos antecedentes.

Manifiesta que en el considerando II se establece los contratos de trabajo, sin embargo, se aclara que la relación fue bajo la modalidad de contratos civiles de los que se establece que estos no son susceptibles de pago de beneficios sociales, condiciones aceptadas por el actor, por lo que no se consideró ni valoró las pruebas documentales aportadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, no procediendo los beneficios sociales, vulnerándose las normas que rigen la materia, incumpliendo lo que dispone la norma bajo las que se regula toda gestión municipal como es la Ley 1178 y su reglamentación.

Indica que en el tercer considerando se llega a establecer que si bien la supuesta relación laboral estaría inmersa dentro del lapso de 1998 a 2012, fue antes de la vigencia de la Ley N° 2028 y de la Ley 321 en la que establece la inserción a la Ley General del Trabajo (LGT) en su art. 1, por lo que no existía la obligación del pago de los beneficios sociales.

Concluye solicitando se case el auto de vista recurrido y " en consecuencia se deje sin efecto pago alguno por concepto de sueldos devengados y otros supuestos derechos reclamados y se proceda al archivo de obrados..."

CONSIDERANDO II: Que, expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo, se coligen los siguientes aspectos para su resolución.

La institución recurrente expresa que el auto de vista en su primer considerando señala que existieron contratos continuos y que el trabajador es regular, resultando ser contradictorio este término porque un trabajador regular no está establecido dentro de las normas laborales o el estatuto del funcionario público; al respecto, de la lectura del Auto de Vista AV-SECCASA 134/2015, recurrido, se verifica que en el primer considerando el mismo expresa los fundamentos de la impugnación de cada uno de los recurrentes, no constituyendo por tanto lo contenido en dicho considerando una valoración, crítica o fundamento respecto a lo invocado por las partes, sino más bien un resumen de sus exposiciones en apelación; por lo que no resulta ser evidente que el tribunal de apelación hubiere contradicho términos en el considerando primero, resultando incoherente la acusación y por ende este Supremo Tribunal se ve en la imposibilidad de resolver al respecto.

En cuanto a la alusión del bono pro fundación 2015 del cual señala que existe informe de la Contraloría General del Estado en sentido de que este es un bono cuestionado, encontrándose observado el pago del mismo por estar al margen de la ley llegándose a suprimir toda retribución adicional y el informe concluye que existe responsabilidad civil solidaria para varios funcionarios del G.A.M.O. encontrándose a la espera de un decreto que el

Gobierno Central emita para respaldar dicho bono, por lo que solicita se

valoren estos antecedentes; debe tenerse presente que el tribunal Ad quem resolvió al respecto indicando que la procedencia de los bonos deberán ser sujetos de su comprobación, no habiéndose en el caso de autos acreditado esa correspondencia, por lo que al haber la juzgadora de primera instancia desestimado por infundado, obró correctamente. Siendo ésta la forma de resolver del Tribunal de apelación, este Supremo Tribunal considera inútil ingresar a analizar al respecto, por encontrarse ya resuelto en instancias inferiores.

Respecto  a la aclaración de que la relación fue bajo la modalidad de contratos civiles de los que se establece que estos no son susceptibles de pago de beneficios sociales, condiciones aceptadas por el actor, por lo que no se consideró ni valoró las pruebas documentales aportadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, no procediendo los beneficios sociales, vulnerándose las normas que rigen la materia, incumpliendo lo que dispone la norma bajo las que se regula toda gestión municipal como es la Ley 1178 y su reglamentación; al respecto, es menester señalar que en el Considerando II del auto de vista recurrido, el tribunal de apelación expresa los fundamentos de derecho, señalando con relación al contrato de trabajo su definición conforme al Diccionario de Derecho laboral, el ámbito de aplicación de la LGT y sus características. Y, a tiempo de resolver al respecto manifiesta acertadamente que se comprobó una relación laboral con las características propias de la misma, y que según la prueba cursante en obrados fue desde 1998 a diciembre de 2012, relación que surgió antes de la vigencia de las Leyes 2028 y 2027, por lo que esa relación correctamente está bajo la protección de la LGT; no existiendo elemento probatorio que compruebe que esa relación concluyó con un retiro voluntario, mucho menos que hubo un contrato específico hasta 2012, verificándose contratos escritos hasta el 2010 con vigencia hasta marzo de 2011, habiendo subsistido la relación laboral hasta el 2012, por lo que los contratos a tiempo determinado se convirtieron a tiempo indefinido. Resultando por tanto no ser evidente que la relación fue bajo la modalidad de contratos civiles y por ende que estos no son susceptibles de pago de beneficios sociales.

En relación a que no se consideró ni valoró las pruebas documentales aportadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro; debe tener presente que la uniforme jurisprudencia nos enseña que la apreciación y valoración de la prueba por los jueces de instancia, es incensurable en casación, y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la misma, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el  del art. 253.3 del Código de Procedimiento Civil (CPC), que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador.", lo que en autos no aconteció.

Consecuentemente, se comprueba que los tribunales de instancia han arribado a la libre valoración de las pruebas en función al art. 158 de la LGT en sujeción a lo dispuesto en los arts. 3 inc. g) y h); 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), al ser deber primordial del Estado proteger los derechos de los trabajadores, en cumplimiento a los principios de primacía de la realidad, de proteccionismo e inversión de la prueba en materia laboral, por cuanto todo trabajador goza del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por los arts. 162 de la Constitución Política del Estado, 4 y 13 de la LGT.

Por último, en referencia a la aserción que efectúa el recurrente, que en el tercer considerando se llega a establecer que si bien la supuesta relación laboral estaría inmersa dentro del lapso de 1998 a 2012, esta fue antes de la vigencia de la Ley N° 2028 y de la Ley 321 en la que establece la inserción a la LGT en su art. 1, por lo que no existía la obligación del pago de los beneficios sociales; cabe señalar que este argumento no deja de ser una mera afirmación deducida por el representante de la institución recurrente, no constituyendo una acusación de infracción a norma alguna, por cuanto no cumple con lo establecido por el art. 258.2 del CPC, quedando por tanto únicamente como expresión de valoración de dicha normativa efectuada por el recurrente, por lo tanto no está sujeta a análisis y resolución por parte del Supremo Tribunal de Justicia.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto anteladamente, no siendo evidentes las violaciones aducidas por la H. Alcaldía Municipal de Oruro, a través de su H. Alcalde Edgar Rafael Bazan Ortega en el recurso de fs. 200 a 201 vta., corresponde resolver el recurso conforme disponen los arts.  271. 2 y 273 del CPC, con la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 200 a 201 vta.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.