SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 154/2016.

Sucre, 12 de mayo de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.340/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo miguel Hurtado Zamorano.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 206 y vta. a 208, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista Nº 197/2014 de 17 de diciembre de fs. 202 a 203, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del trámite instaurado por Marha Luizaga Saavedra, beneficiaria de la renta de invalidez, como derecho habiente de su finado padre Estanislao Luizaga Heredia, el Auto a fs. 213 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que dentro del trámite de solicitud de renta única de vejez promovido por Estanislao Luizaga Heredia, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 0001022 de 1 de abril de 2014 de fs. 96 a 98, resolvió la suspensión definitiva de la renta básica de orfandad vitalicia otorgada en favor de Martha Luizaga Saavedra, por el área de revisión de rentas, determinar lo indebidamente cobrado por el derecho habiente y por la unidad de asesoría legal, proceder a la recuperación de lo indebidamente cobrado por Martha Luizaga Saavedra.

Ante esta situación, la solicitante planteó recurso de reclamación de fs. 108 y vta. a 111, que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 395/14 de 18 de junio de 2014 de fs. 115 a 117, confirmando la Resolución Nº 0001022 de 1 de abril de 2014 de fs. 95 a 97 de obrados., disponiendo la suspensión definitiva de la renta de orfandad vitalicia otorgada a favor de Martha Luizaga Saavedra, por haber contraído matrimonio con José Osman Romay Loayza. 

En grado de apelación interpuesta por la asegurada de fs. 188 a 191 por Auto de Vista Nº 197/2014 de 17 de diciembre de fs. 202 a 203, la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó en parte la Resolución Nº 395/14 de 18 de junio, manteniendo firme y subsistente la suspensión definitiva de la renta vitalicia de orfandad, emitida por la Comisión de Reclamación, por consiguiente, desestimó la recuperación de lo indebidamente cobrado por la asegurada.

Esta resolución originó que el representante del SENASIR interponga el recurso de casación en el fondo de fs. 206 y vta. a 208, señalando en síntesis:

Sobre los cobros indebidos sostuvo que, mediante Resolución Nº 1022 de 1 de abril de 2014 de fs. 96 a 98, se procesa a la recuperación de lo indebidamente cobrado, documento que hace plena prueba de acuerdo a los arts. 1287, 1289, 1296 y 1523 del Código Civil (CC), normativa que denuncia como violada, en tal sentido señaló que el auto de vista recurrido, pretende validar su decisión en el Informe SENASIR/U.N.O./NOV.RENTAS Nº 2302/2013, documento meramente informativo.

Por otra parte, señaló que, el tribunal a quem, debió atenerse a la verdad formal y limitar su decisión a lo contenido en el expediente, debiendo regirse a la verdad material prevista en los arts. 180. I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial, normativa violado por el citado tribunal, señalando al respecto, jurisprudencia contenida en la Sentencia Constitucional Nº 1905/2010 de 25 de octubre y 0713/2010 de 26 de julio; que dentro del caso concreto y aplicando la jurisprudencia citada, se evidencia que, mediante Resolución Nº 345 de 28 de febrero de 1968 a fs. 75, se mantuvo la renta de orfandad concedida a favor de la asegurada, de forma posterior se reportó el matrimonio de la interesada con José Osman Romay Loayza, de donde se evidencia que la ahora recurrente, contrajo matrimonio desde 1975, siendo claro el hecho de que obró con intencionalidad de cobrar de forma indebida un beneficio que no le correspondía y que por justicia debe ser recuperado.

Por otra parte sostuvo que, se probó de manera fehaciente la mala fe de la interesada, al haber presentado a fs. 80 de obrados, declaración jurada de su Carnet de Identidad, manifestando que los datos presentados ante el ente gestor son correctos y fidedignos.

Cabe aclarar que los cobros indebidos encuentran su fundamento legal en lo previsto por el art. 5.h) del Decreto Supremo (DS) Nº 27066 de 6 de junio de 2003, según el cual, el ente gestor, no solamente tiene la facultad de revisión de las rentas concedidas en dinero, sino también de exigir la devolución o restitución de las cantidades indebidamente percibidas.  

En este sentido, denunció como normas legales violadas, los arts. 180 de la CPE, 963, 1287, 1289. Par. I, 1296 y 1523 del CC, 5.h) del DS Nº 27066 de 6 de junio de 2003, 8 del DS Nº 23215, en concordancia con los arts. 42. b) y 43 de la ley Nº 1178.                      

Concluyó solicitando  que el Tribunal Supremo de Justicia case en parte el auto de vista recurrido y confirme en su totalidad la Resolución Nº 395/14 de 18 de junio de 2014 de fs. 115 a 117, esencialmente en lo que respecta a la recuperación de lo indebidamente cobrado por Martha Luizaga Saavedra.

CONSIDERANDO II: Que así expuestos los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:

En el caso objeto de  análisis, el representante de la institución recurrente cuestiona el fallo del Tribunal ad quem, por haber confirmado  en parte la Resolución Administrativa Nº 395/14, de 18 de junio de 2014 y disponer se disponer se desestime la recuperación de lo indebidamente cobrado por rentista Martha Luizaga Saavedra, motivo por el cual denuncia como normas legales violadas las descritas en la parte del resumen del presente Auto Supremo.

A tal efecto, corresponde señalar que el tribunal ad quem al emitir el Auto de Vista Nº 197/2014, de 17 de diciembre, cursante de fs. 202 a 203 de obrados, no ha puesto en tela de juicio la facultad que tiene el SENASIR para proceder a la revisión, de oficio o a denuncia, de las rentas en curso de pago y adquisición conforme a los arts. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (R-CSS), 4.c) del Decreto Supremo Nº 26189 de 18 de mayo de 2001 y 3 de la Resolución Ministerial Nº 384 de 11 de junio de 2004, evidenciándose que dejó sin efecto lo referente a la recuperación de lo indebidamente cobrado, determinado en la Resolución Nº 0001022 de 1 de abril de 2014 de fs. 96 a 98, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR y confirmada a través de la Resolución Nº 395/14 de 18 de junio de 2014 de fs. 115 a 117 de obrados, manteniéndose incólume en resto de las decisiones asumidas, es decir, la suspensión definitiva de la renta vitalicia de orfandad, emitida por la Comisión de Reclamación del SENASIR. 

Ahora bien, es preciso dejar claramente establecido que para el ejercicio de la facultad anteriormente señalada - revisión de rentas -, se debe tener en cuenta que el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (CSS), establece: “Las prestaciones en dinero concedidas podrán ser objeto de revisión, de oficio o a denuncia, a causa de errores de cálculo o de falsedad de los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento. La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas, caso en el que la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas”.

De la "ratio legis" de la segunda parte de dicha norma, aplicable al caso por la jerarquía normativa prevista en el art. 410 de la Constitución Política del Estado se colige que, a efectos de proceder al descuento de los montos que fueron cobrados indebidamente por la rentista, es menester determinar primeramente que la prestación que se le otorgó, debe ser realizado en base a documentación, datos o declaraciones fraudulentas, proporcionadas por la asegurada, única situación en que procede la devolución de las prestaciones indebidamente recibidas, surtiendo además efectos retroactivos, aspecto que no se observa en el caso de autos, puesto que no se comprobó o demostró que la asegurada hubiera actuado de mala fe en el cobro que estaba realizando hasta el momento de la suspensión definitiva de su renta concedida por el ente gestor, puesto que el SENASIR no acreditó que este hecho sea atribuible a la rentista o que se hubiese originado en la información proporcionada por ésta cuando solicitó se le conceda su renta vitalicia de orfandad, requisito que - como se ha visto anteriormente -, es de inexcusable cumplimiento para disponer la devolución de los excedentes cancelados, a ello debe añadirse que de acuerdo con el artículo 6 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado con Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, es obligación de los funcionarios del SENASIR la recepción del expediente, la verificación de la densidad de cotizaciones, la evaluación de la renta, la inclusión de los beneficiarios y la calificación de la renta, correspondiendo a la asegurada únicamente la presentación correcta de la documentación requerida por el señalado manual para la prestación de su renta, lo que precisamente fue cumplido por parte de la solicitante, por consiguiente y no siendo atribuible a la rentista este hecho; resulta incorrecto que se proceda a la devolución del supuesto cobro indebido, dispuesto por el ente gestor en sus resoluciones emitidas por las diferentes comisiones, cobro que dicho sea de paso, no fue cuantificado hasta el momento el cobro indebido.

Merced a lo anotado anteriormente, se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso, corresponde fallar de acuerdo a las previsiones contenidas en los art. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por permisión del art. 633 del R-CSS.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa,  Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 206 y vta. a 208, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.


Registrase, notifíquese y devuélvase