SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo N° 150/2016.

Sucre, 12 de mayo de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ. 404/2015.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 258 a 264, interpuesto por Wilson Lazcano Barrancos y Daniel Abraham Flores Baptista, representantes legales del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) regional Chuquisaca, contra el Auto de Vista 523/2015 de 23 de octubre de 2015, cursante de fs. 250 vta. a 251, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso de calificación de renta de vejez que sigue Jorge Molina Vargas contra la institución recurrente, la respuesta de fs. 266 vta. a 269, el Auto a fs. 270 que concedió el recurso, el Acuerdo de Sala Plena N° 30/2016 de 15 de marzo de 2016, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, dentro de la Renta Básica de vejez con reducción de edad concedida a favor de Jorge Molina Vargas, la Comisión Nacional de Prestaciones del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), emitió la Resolución N° 00000781 de 12 de febrero de 2015 de fs. 198 a 202, disponiendo la suspensión definitiva de esta renta otorgada en favor del asegurado, en virtud a las razones expuestas en dicha resolución; disponiendo además otorgar pago global único con reducción de edad en favor del asegurado; debiendo descontarse del pago global otorgado, lo indebidamente cobrado, y en caso de no cubrir este monto adeudado, la Unidad Jurídica deberá proceder a la recuperación del saldo pendiente.

Dicha determinación fue impugnada a través del Recurso de Reclamación de fs. 204 a 205, recurso que fue resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución N° 408/15 de 3 de junio de 2015 (fs. 230 a 234) que resuelve confirmar la Resolución N° 00000781, de 12 de febrero de 2015 (fs. 198-202), por encontrarse conforme a los datos del expediente y normativa vigente.

En grado de apelación de fs. 235 a 236 deducido por Jorge Molina Vargas, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista N° 523/2015 de 23 de octubre 2015 de fs. 250 a 251, revocó la Resolución N° 408/15 de 3 de junio de 2015 emitida por el SENASIR, disponiendo se restituya al beneficiario los derechos adquiridos, debiendo seguir una investigación para verificar si las calificaciones adjuntas son legales y tienen apoyo legal por dichas instituciones para determinar lo que corresponde.

Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 258 a 264, interpuesto por los representantes legales del SENASIR, en el que esgrimen los siguientes fundamentos:

Expresa que el Tribunal Ad quem al emitir el Auto de Vista N° 523/2015, "...incurrió en error por la aplicación indebida de la norma, puesto que la Resolución N° 781 de 12/02/2015, la Comisión Calificadora de Rentas, considera la aplicación del Decreto Supremo N° 27991 de 28 de enero de 2015, que contiene disposiciones sobre el sistema de reparto.sic), la misma que en su art. 9 señala que el SENASIR cumplirá con la revisión de oficio o por denuncia debidamente justificada de las calificaciones y pagos globales concedidos, en virtud de lo cual el SENASIR al subsumir la norma al caso concreto, aplicó la Ley adecuadamente.

Que, de lo señalado se infiere que el mismo es concordante con el Decreto Supremo (DS) N° 27066 de 6 de junio de 2003 que dispone que el SENASIR tiene competencia para emitir resoluciones administrativas en los temas inherentes a sus funciones; en ese sentido, que la Resolución Ministerial (RM) N° 384 de 11 de junio de 2004 en su art. 3 establece que la recuperación de los montos de las prestaciones otorgadas por errores de cálculo se realizará con el descuento del 20% en atención de tratarse de recursos del Estado, disposiciones que no fueron consideradas por el tribunal de apelación.

Manifiesta que en aras de precautelar los intereses económicos del Estado, el SENASIR da cumplimiento a lo dispuesto por el art. 8 del Decreto Supremo N° 23215, Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República, en concordancia con los arts. 42.b y 43 de la Ley N° 1178, en ese sentido el SENASIR tiene la obligación de efectuar la revisión para determinar el daño económico causado al Estado considerando que las prestaciones pecuniarias otorgadas en forma indebida, constituyen enriquecimiento económico injusto de terceros y un empobrecimiento del Estado.

Hace referencia y transcribe el DS N° 21637 de 25 de julio de 1987; al art. 3 del Decreto Ley (DL) N° 924 de 15 de abril de 1987 y art. 1 de la RM 1361 de 4 de diciembre de 1997, concluyendo que el auto de vista coloca en desigualdad jurídica e indefensión al SENASIR por que en su fundamento no toma en cuenta los extremos mencionados, y si bien la corriente en la cual se cumple la actual Constitución Política del Estado (CPE), es de carácter proteccionista para los trabajadores, no es menos cierto que a efectos de mantener incólume el principio de seguridad jurídica dentro del Estado Plurinacional, la CPE, estipula con relación a las normas especiales en el parágrafo II del art. 67.

Continúa señalando respecto al principio de seguridad jurídica y a que el SENASIR cumple con el procedimiento aprobado para los trámites de Renta única de vejez con reducción de edad conforme lo dispuesto por el art. 45.II concordante con el art. 48, ambos de la CPE.

Añade que el auto de vista basó su fundamento en lo estipulado por el art. 477 del Reglamento al Código de Seguridad Social (RCSS), sin tomar en cuenta que existe norma específica que regula los trámites de renta de vejez con reducción de edad, por lo que el tribunal de apelación no cumplió con el art. 48 de la CPE, ni hace referencia a la misma CPE que estipula en su art. 67.II que el Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo a ley, norma que obliga a la observancia de cada una de las normas que integran el sistema de seguridad social integral de acuerdo a ley.

Expresa que no se debe dejar de lado que, dentro de las atribuciones del SENASIR está la de suspender provisional o definitivamente una renta en aplicación al DS N° 27066 de 6 de junio de 2003, en su art. 5.II, por lo que en inconsistencia en la densidad de aportes, y debiendo considerar la acreditación de 165 cotizaciones en ambos regímenes, correspondía otorgar pago global único con reducción de edad en favor del asegurado Jorge Molina Vargas; en ese sentido el tribunal de apelación no consideró el art. 9 del DS N° 27991 de 28 de enero de 2005.

Señala que el tribunal de apelación tampoco cumplió con el art. 1 de la RM N° 1361 de 4 de diciembre de 1997, concordante con el art. 23.1 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCP y A), aprobado por la Resolución Secretarial N° 10.0.0.087 de 21 de junio de 1997.

Refiere que el tribunal ad quem al emitir el auto de vista ignora y no considera lo dispuesto por el art. 1296 del Código Civil (CC), relativo a la plena prueba que hacen los despachos, títulos y certificados públicos, no habiendo merecido la suficiente valoración los documentos cursantes en el expediente aportados por el asegurado, las resoluciones, certificaciones e informes emitidos por el SENASIR, a efectos de formular un fallo motivado y congruente, habiendo el tribunal de apelación incurrido en error de hecho y derecho al momento de realizar la apreciación de las pruebas cursantes en el expediente.

Continúa enunciando como normas incorrectamente aplicadas, violadas e ignoradas a; los arts. 48 y 67.II, ambos de la CPE, art. 5.II del DS N° 27066 de 6 de junio de 2003; art. 9 del DS N° 27991 de 28 de enero de 2005, concordante con lo dispuesto por el art. 477 del Reglamento al Código de Seguridad Social (RCSS); el DS N° 21637 de 25 de julio de 1987; art. 3 del DL N° 924 de 15 de abril de 1987; art. 1 párr. cuarto de la RM N° 1361 de 4 de diciembre de 1997 art. 23 del MPRCPyA y el acápite 2.5 del Instructivo para la calificación de renta única en curso de adquisición aprobado mediante la Resolución Administrativa N° 001 de 14 de enero de 1998.

Concluye solicitando se case el auto de vista recurrido y se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación N° 408/15 de 3 de junio de 2015 de fs. 234 a 230.

CONSIDERANDO II: Que, conforme al acuerdo de Sala Plena N° 30/2016 de 15 de marzo de 2016 (fs. 281), emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por el art 38.16 de la Ley N° 025, por el cual se autoriza el sorteo extraordinario del presente proceso y, expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo, se coligen los siguientes aspectos para su respectiva resolución:

Respecto a la aseveración que realizan los recurrentes, de que el tribunal Ad quem al emitir el Auto de Vista N° 523/2015, “...incurrió en error por la aplicación indebida de la norma, puesto que la Resolución N° 781 de 12/02/2015, la Comisión Calificadora de Rentas, considera la aplicación del Decreto Supremo N° 27991 de 28 de enero de 2015, que contiene disposiciones sobre el sistema de reparto..."{sic), la misma que en su art. 9 señala que el SENASIR cumplirá con la revisión de oficio o por denuncia debidamente justificada de las calificaciones y pagos globales concedidos, en virtud de lo cual el SENASIR al subsumir la norma al caso concreto, aplicó la Ley adecuadamente; al respecto, debe tenerse presente que lo expresado en el recurso no constituye una verdadera expresión de agravio, ni contiene una crítica legal al auto de vista impugnado que desvirtúe de manera razonada y razonable los fundamentos que lo sostienen, incumpliendo lo dispuesto por el art. 258.2 del Código de Procedimiento Civil (CPC), por lo que este Supremo Tribunal de Justicia al no encontrar en la expresión vertida por los recurrentes en dicho párrafo, norma o normas violadas, o aplicadas falsa o erróneamente, o la especificación en qué consiste la violación, falseada o error, se ve impedido de ingresar a realizar mayor análisis al respecto, en razón a que ésta instancia se constituye en un Tribunal de puro derecho y no de hecho, porque este último está reservado a los de instancia, requiriéndose así, para aperturar su competencia a efectos de realizar su labor de control jurisdiccional, el cumplimiento estricto de los arts. 250, 253, 254, 255, 258, 262 y 272, del CPC. Lo propio ocurre con la aserción de los recurrentes que señalan, que en aras de precautelar los intereses económicos del Estado, el SENASIR da cumplimiento a lo dispuesto por el art. 8 del DS N° 23215, Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República, en concordancia con los arts. 42.b) y 43 de la Ley N° 1178, teniendo el SENASIR la obligación de efectuar la revisión para determinar el daño económico causado al Estado considerando que las prestaciones pecuniarias otorgadas en forma indebida constituyen enriquecimiento económico injusto de terceros y un empobrecimiento del Estado.

En relación a la acusación de que el Tribunal de Apelación no consideró el DS N° 27066 de 6 de junio de 2003 que dispone que el SENASIR tiene competencia para emitir resoluciones administrativas en los temas inherentes a sus funciones; y que, la RM N° 384 de 11 de junio de 2004 en su art. 3 establece que la recuperación de los montos de las prestaciones otorgadas por errores de cálculo se realizará con el descuento del 20% en atención de tratarse de recursos del Estado; es menester señalar que, el Tribunal de Apelación no negó la competencia que el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) tiene para emitir resoluciones administrativas en los temas inherentes a sus funciones; ni puso en duda la facultad administrativa de la que goza en atención del art. 9 del Decreto Supremo N° 27991 de 28 de enero de 2005, para que ésta repartición pública pueda cumplir con la revisión de oficio o por denuncia debidamente justificada de las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos. Por ello, el tribunal de apelación, acertadamente manifestó en el segundo considerando del auto de vista dictado que, conforme el art. 477 del RCSS que establece que las prestaciones en dinero concedidas podrán ser objeto de revisión, de oficio o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento y que la revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas; concluyendo respecto al caso presente que: “...si bien esta revisión fue efectuada en el marco de la normativa glosada, empero, no se demostró ni se mencionó siquiera que el error en el cálculo en la renta asignada al demandante es producto de documentación, datos o declaraciones fraudulentas prestadas por ésta, es decir, el ente asegurador no cumplió con el presupuesto previsto en la parte in fine del Art. 477 del RCSS. De ahí que la Comisión de Calificación de Renta al procederá la revisión de oficio de la renta en curso de pago determinó indebidamente la suspensión definitiva de la renta única de vejez a favor del asegurado y otorgar el pago global único con reducción de edad y por último dispone que del pago global otorgado deberá descontarse lo indebidamente cobrado, en caso de no cubrir este monto lo adeudado, la unidad Jurídica deberá proceder a la recuperación del saldo pendiente, aplicando el Art. 477 del RCSS, asumiendo de hecho que el error en el cálculo de la renta es culpa de la beneficiarla, cuando en rigor de verdad no es así, aspecto que tampoco fue advertido por la Comisión de Reclamación del SENASIR que confirmó este fallo a través de la Resolución 408/15 de 03 de junio de 2015 y que debe ser enmendado en esta instancia." (las negrillas son añadidas).

En efecto, y como consecuencia del análisis efectuado de que el beneficiario una vez presentado el trámite, entregó todas las pruebas documentales requeridas para la calificación de su renta, habiendo en mérito a ello la Comisión de Calificación de Renta emitido la Resolución N° 016016 por la que se otorgó en favor de Jorge Molina Vargas, renta básica de vejez con reducción de edad y calificación de renta complementaria de vejez con reducción de edad, equivalente al 78% de su promedio salarial, en el monto de Bs. 2.829,30 correspondiendo a la básica el 38% Bs. 1.316,10, a la complementaria el 40% Bs. 1.385,37, más incrementos de ley, no constando que hubiere presentado documentación, datos o declaraciones fraudulentas que hubieren inducido al error en el cálculo en la renta asignada, por lo que resulta correcta la determinación del tribunal ad quem de revocar la Resolución N° 408/15 de 3 de junio de 2015, emitida por el SENASIR, disponiendo la restitución al beneficiario de los derechos adquiridos y una investigación para verificar si las certificaciones adjuntas son legales y tienen apoyo legal por dichas instituciones para determinar lo que corresponde. Por lo que, del fundamento expuesto, se concluye que no resulta pertinente la alusión de los recurrentes de que el tribunal de apelación no cumplió, ni hizo referencia a los arts. 48, y 67-II de la CPE; que no consideró el art. 9 del DS N° 27991 de 28 de enero de 2005, ni cumplió con el art. 1 de la RM N° 1361 de 4 de diciembre de 1997, concordante con el art. 23.1 del MPRCPA, aprobado por la Resolución Secretarial N° 10.0.0.087 de 21 de junio de 1997; así como que tampoco colocó en desigualdad jurídica e indefensión al SENASIR por no tomar en cuenta el DS N° 21637 de 25 de julio de 1987; el art. 3 del Decreto Ley N° 924 de 15 de abril de 1987 y art. 1 de la RM N° 1361 de 4 de diciembre de 1997, pues no se advierte en el Auto de Vista recurrido la inobservancia de normas particulares como específicas que integran el sistema de seguridad social.


Asimismo, cabe indicar que no es evidente que el tribunal de apelación hubiere colocado en desigualdad jurídica e indefensión al SENASIR, pues se verifica que esta institución intervino en igualdad de condiciones en el proceso, habiendo sido notificado legalmente con el auto de vista, interpuso recurso de casación de fs. 258 a 264 en el plazo establecido por ley, que fue corrido en traslado y concedido posteriormente por parte del tribunal ad quem, motivo por el cual éste Supremo Tribunal resuelve mediante el presente Auto Supremo sus pretensiones; debiendo considerarse que la normativa que transcribe para fundamentar la desigualdad que denuncia, se refiere a los niveles operativos que regulan la administración de los regímenes del Sistema de Seguridad Social, a la taza de cotización para financiar las prestaciones de los sistemas básicos y complementarios y a la facultad de los asegurados de acogerse a la renta con reducción de 8% por cada año de disminución de edad; la que de ninguna manera repercute en una posible desigualdad jurídica.

En relación a la aseveración de que el tribunal ad quem no consideró lo dispuesto por el art. 1296 del Código Civil (CC), no habiendo merecido la suficiente valoración los documentos cursantes en el expediente aportados por el asegurado, y las resoluciones, certificaciones e informes emitidos por el SENASIR, a efectos de formular un fallo motivado y congruente, habiendo incurrido en error de hecho y derecho al momento de realizar la apreciación de las pruebas cursantes en el expediente; al respecto, se debe tomar en cuenta la uniforme jurisprudencia al señalar que la apreciación y valoración de la prueba por los juzgadores de instancia, es incensurable en casación y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la misma, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el art. 253.c) del CPC, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador"

Al efecto, el tratadista Pastor Ortiz Mattos, en su obra, “El Recurso de Casación en Bolivia”, página 158, expresa “...El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico”, y “El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto. ”

Por lo expresado, si se acusa error de hecho, la especificación debe recaer en los medios de prueba aportados al proceso y a los que el juzgador de instancia no les atribuyó el valor que la ley le asigna; y si se acusa error de derecho éste debe tener relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, demostrándose que se otorgó o negó el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, lo que en el recurso de casación planteado no se especificó y al no haberse demostrado tal extremo, no corresponde efectuar una nueva valoración de la prueba.

Además, debe considerase que este Tribunal Supremo de Justicia a través de la jurisprudencia emanada, ha establecido que debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, por mandato del art. 180-1 de la CPE y del art. 30.11 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, que establecen como principio procesal la verdad material, con la finalidad de esclarecer de que toda resolución, contemple de forma inexcusable la manera y forma de cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales, es decir dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales rigurosos que no conducen a la correcta aplicación de la justicia, que en la especie, la verdad material se antepone a la negación formal del SENASIR, toda vez que el asegurado presentó documentos que de ningún modo pueden ser desconocidos, conforme lo ha entendido correctamente el tribunal de alzada, que constituye prueba suficiente para el reconocimiento de la renta.

Respecto a la acusación de normas incorrectamente aplicadas, violadas e ignoradas en referencia a los arts. 48.1 y 67.II ambos de la CPE, art. 5.II del DS N° 27066 de 6 de junio de 2003; art. 9 del DS N° 27991 de 28 de enero de 2005, concordante con lo dispuesto por el art. 477 del Reglamento al Código de Seguridad Social; el DS N° 21637 de 25 de julio de 1987; art. 3 del DL N° 924 de 15 de abril de 1987; art. 1 párr. cuarto de la RM N° 1361 de 4 de diciembre de 1997 art. 23 del MPRCPA y el acápite 2.5 del Instructivo para la Calificación de Renta Única en Curso de Adquisición aprobado mediante la RA N° 001 de 14 de enero de 1998; es menester señalar que, no es suficiente enumerar las normas que el recurrente considera infringidas, y transcribirlas literalmente, sino que, debe hacer un análisis y una crítica al auto de vista recurrido, indicando además cómo fueron omitidas o vulneradas estas normas, a efectos de que este Supremo Tribunal pueda realizar el control de legalidad correspondiente; al no haberlo realizado, resulta imposible suplir las falencias de la parte recurrente, en consecuencia no corresponde resolver al respecto.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta lo establecido por el art. 45.IV de la CPE, que dispone: “El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.’’ Al respecto, la Sentencia Constitucional N° 55/2013 de 11 de enero, expresó: "... que los derechos a la seguridad social constituyen un conjunto, en el que se encuentra el de la jubilación, y tanto el acumulado de potestades como cada uno de esos derechos de forma individual, gozan de proclamación y regulación constitucional propia, encontrando cada uno de ellos su contenido intrínseco, de ese modo es que tal como se señaló en la SCP 0280/2012 de 4 de junio, la jubilación protege “...a la persona humana de las contingencias propias de la vejez -como hecho natural- por su deterioro físico y psicológico, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales”.

En la recientemente citada Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP), se realizó el desarrollo normativo propio para nuestro país del derecho a la jubilación, en el siguiente sentido: “El derecho a la jubilación, como parte del derecho a la seguridad social, fue reconocido por el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1952, expresando que la seguridad social comprende, entre otros aspectos, las prestaciones de vejez. Asimismo, el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), establece que: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...”, teniendo derecho a la vejez u otros casos de


pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

También el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), indica que: Cada uno de los Estados parte en el Pacto se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos por él reconocidos", y en el art. 9 del mismo Pacto, establece que: ‘‘Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

Por su parte, el Artículo XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), señala que toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja, entre otros, contra las consecuencias de la vejez, que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.

El art. 13.1 de la CPE, establece que: Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. (...)

En nuestro país, el beneficio de jubilación que recibe un adulto mayor, es un derecho en razón de poder cubrir sus necesidades básicas, puesto que con su pago se sustenta así mismo, y eventualmente a los familiares que sigan bajo su dependencia, más aun tomando en cuenta que las personas de la tercera edad, constituyen un grupo de atención prioritaria en aumento.

El Estado y la sociedad en su conjunto por los riesgos a los que están expuestos, tiene la obligación de dar prioridad a la prevención y el cuidado de la calidad de vida de los adultos mayores, quienes en su momento aportaron a la construcción y mantenimiento del Estado desde el sector activo, correspondiendo que ahora pertenecen al sector pasivo, se reconozca las consecuencias de su trabajo y la calidad de grupo de atención prioritaria. (...)

A modo de síntesis, esta Sala advierte que el derecho a la jubilación, como elemento de los derechos a la seguridad social, tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas que cumplan los requisitos para acceder a ese beneficio, sea por el transcurso del tiempo o por otros motivos, los recursos económicos consecuentes a su trabajo, necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que aceden a ese beneficio, sea por su edad o por sus particulares circunstancias.

Por lo expuesto precedentemente, se concluye que el Tribunal de Alzada aplicó e interpretó correctamente la normativa vigente a momento de emitir la resolución recurrida, correspondiendo resolver el recurso deducido por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) de fs. 258 a 264, en la forma dispuesta por los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de fs. 258 a 264.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992.


Regístrese, notifíquese, devuélvase.