SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo N° 149/2016.

Sucre, 12 de mayo de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ. 336/2015.

Distrito: Santa Cruz de la Sierra.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 605 a 611, interpuesto María Esther Chávez Antelo en representación de la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “Guapay”, contra el Auto de Vista N° 320 de 5 de diciembre de 2013 de fs. 595 a 597, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social seguido Roxana Léanos Solíz, contra la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “Guapay”, la respuesta a fs. 614 y vta., el Auto a fs. 615, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia N° 60 el 18 de diciembre de 2007 de fs. 517 a 519, declarando probada la demanda, con costas, e improbada la excepción de prescripción, disponiendo que la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “Guapay”, pague a favor de la actora, la suma de $us.7.797.23.-, por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo de navidad y vacación.

En grado de apelación formulada por la parte demandada de fs. 527 a 528 vta., en cumplimiento del Auto Supremo Anulatorio N° 628 de 8 de octubre de 2013 cursante de fs 587 a 589, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista N° 320, confirmando en parte la Sentencia N° 60 de fs. 517 a 519, declarando improbada la excepción perentoria de prescripción, disponiendo que se cancele a favor de la actora la suma de Sus.6.315.57.-, por concepto de desahucio, indemnización y vacación, sin costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo, Interpuesto por la representante legal de la institución demandada, manifestando, en síntesis:

En el fondo, que el tribunal ad quem, en el auto de vista recurrido, aplicó erróneamente los arts. 120 de la Ley General del Trabajo (LGT); 163, 164 de su Decreto Reglamentario (DR) y 1495 y 1503 del Código Civil (CC), atentando contra los principios de legalidad, pertinencia, imparcialidad, garantías del debido proceso, tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, omitiendo referirse a cada una de las pruebas ofrecidas, limitándose a modificar parcialmente solo la parte del aguinaldo, sin la debida fundamentación en la que basan su decisión, transgrediendo lo previsto en el art. 236 del Código de procedimiento Civil (CPC).

Que dicho tribunal, sesgó el análisis y valoración de la parte recurrente, siendo que lo planteado fue la prescripción prevista en los arts. 120, 163 y 164 de la normativa citada, extremo que se apoyó con prueba fehaciente cursante en el expediente de fs. 13, 14, 15 y 17.

Al respecto sostuvo que, el supuesto derecho demandado se encontraba prescrito por el transcurso del tiempo, porque la prescripción sólo se interrumpía con citación de la demanda, conforme al tenor del art. 1503 del CC., puesto que, en el caso presente, la citación con la demanda y el auto de admisión de 6 de noviembre de 2002 a fs. 17, se realizó después de 2 años de la última actuación y de más de 3 años del supuesto despido.

Que el tribunal ad quem, no determinó porque no aplicó el art. 1503 del CC, tampoco estableció cual es la normativa que impide su aplicación, limitándose a copiar la errada apreciación de la sentencia y del anterior auto de vista, olvidando lo previsto en el art. 90 del CPC.

Denunció error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, aduciendo que el tribunal ad quem, como consecuencia de no haber efectuado una correcta valoración de las pruebas de descargo, no aplicó lo previsto en los arts. 373,397,474,476 del CPC y 1286 del CC, porque debió haber realizado una apreciación conjunta e integral de todo el material probatorio, emitiendo una resolución motivada, expresando los fundamentos y razones por las que estima o desestima la pretensión de los sujetos procesales, no solo en cuanto al derecho, sino también con referencia a los elementos tácticos debatidos en el proceso, que han sido objeto de prueba, que no obstante haber sido cuestionadas tales inobservancias mediante la excepción de prescripción, dicho tribunal omitió pronunciarse sobre los mismos.

En consecuencia, acusó la aplicación indebida de los arts. 194, 236 y 90 del CPC y 547 del CC.

Sostuvo que, en el periodo probatorio, se produjo prueba de descargo cursante de fs. 156 a 332, que no mereció valoración, consistentes en planillas de sueldo de octubre, noviembre y diciembre, donde se demostró que la actora no figura en la nómina del personal de la Mutual Guapay, evidenciándose que no es dependiente de dicha institución financiera; por otra parte, señaló que se emplazó a la actora a confesión provocada, esta no asistió a la misma, constituyéndose tal omisión en confesión presunta conforme al art. 424 del CPC.

En este sentido, citó jurisprudencia contenida en los AA.SS. Nos. 562 de 1 de octubre de 2004, 33 de 4 de febrero de 2002, donde se establece que el tribunal de alzada tiene la obligación de pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos apelados, empero el tribunal ad quem, no dio cumplimiento a dicha obligación, incurriendo en error de hecho al no haber realizado un análisis fundamentado sobre la adecuada valoración de la prueba aportada y sin realizar la respectiva motivación y fundamentación jurídica, violando el principio al debido proceso, de imparcialidad e igualdad de las partes y al principio de congruencia, citando al respecto jurisprudencia contenida en la S.C. N° 577/2004-R y AA.SS Nos. 64 de 4 de mayo de 1998; 104 de 27 de abril de 2000 y 314 de 23 de octubre de 2002.

En la forma: Solicitó la nulidad de obrados, porque la supuesta distribución de la causa, se realizó sin la intervención del Vocal Semanero, contraviniendo lo previsto en el art. 117 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), con relación al art. 123 del mismo cuerpo legal y, violando la garantía constitucional del debido proceso y la seguridad jurídica, hecho que no permitió el sorteo efectivo del proceso para que conozca el juez natural de turno, motivo por el que solicito la nulidad prevista por el art. 123 de la citada ley.

Nulidad de obrados por oscuridad e imprecisión en la demanda, porque si bien indica que su pretensión de la actora es de $us.7.797.-, sin embargo, no se acredita a que derechos corresponde dicha suma, esta falta de formalidad no abre la competencia del juez, que de oficio debió rechazar la demanda con la finalidad de que se subsane.

Nulidad por falta de pronunciamiento expreso del mandato del art. 424 del CPC, referente a la confesión presunta, que el juez a quo deliberadamente obvio su cumplimiento y que, de igual forma el tribunal ad quem, no se pronunció sobre la pretensión planteada en apelación sobre la falta de consideración y determinación de la confesión presunta, puesto que la norma procesal contenida en el art. citado, es de cumplimiento obligatorio, cuya inobservancia provoca violación al debido proceso y a la seguridad jurídica, citando el AS N° 628 de 2013, fallo que se refiere al art. 17.1, de la LOJ y que, en el caso presente, el tribunal ad quem, no cumplió con lo dispuesto en dicho art. y con el art. 90 del CPC; en suma, el juez a quo, no cumplió con el mandato del art. 424 del citado código, referente a determinar expresamente sobre la confesión presunta y el tribunal ad quem, expresado como agravio en el recurso de apelación, infringiendo lo dispuesto por el art. 236 del CPC, norma que es de cumplimiento obligatorio conforme dispone el art. 90.1 del Código Adjetivo Civil.

Concluyó solicitando que este Tribunal, anule el auto de vista impugnado, la Sentencia de fs. 517 a 519 y demás actos nulos o case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo case la sentencia y declare improbada la demanda, con costas.

CONSIDERANDO II: Que, así interpuesto el recurso de casación en la forma y en el fondo, de la revisión de los antecedentes procesales, se establece lo siguiente:

Resolviendo en la forma: Referente a la solicitud por falta de intervención del Vocal Semanero, en la distribución de la presenta causa, contraviniendo lo previsto en el art. 117 de la LOJ, con relación al art. 123 del mismo cuerpo legal.

Al respecto, analizado los antecedentes procesales, se advierte que, si bien es cierto, la normativa descrita precedentemente, disponía que en la distribución de los procesos nuevos entre los diferentes juzgados, debería intervenir el vocal semanero, sin embargo, este hecho no fue reclamado en su debido momento, constando que recién lo hizo en casación, activándose en este caso el principio de preclusión previsto en los arts. 3.e) y 57 del CPT.

En observancia del citado principio, la parte que no usa una potestad procesal conferida en tiempo y forma, la pierde irremisiblemente; por lo que no es posible volver a estados superados dentro de la secuencia procesal, tal como pretende el demandado, no existiendo mérito que justifique la nulidad reclamada, más aún si se considera que ningún trámite o acto judicial podrá declararse nulo, si la nulidad no estuviere expresamente determinada por ley, salvo que dicho acto judicial deje a la parte reclamante en estado de indefensión, presupuesto que no acontece en autos.

Este mismo razonamiento se debe aplicar en cuanto la solicitud de nulidad de obrados por oscuridad e imprecisión en la demanda, puesto que tal extremo, tampoco fue reclamado oportunamente, convalidando con esta actitud, los vicios procesales denunciados.

Con relación al pedido de nulidad porque el auto de vista recurrido no se pronunció con relación a la pretensión planteada en apelación sobre la falta de consideración y determinación de la confesión presunta prevista en el art. 424

del CPC.

Sobre este punto, analizado el auto de vista recurrido, se advierte que el tribunal de alzada, si se pronunció sobre el tema en cuestión, señalando que no puede dar por confesa a la demandante, ya que a la audiencia se presentó con poder notarial su señora madre, a quien la juez de la causa no le tomó su declaración debido a la observación del abogado de contrario quien señaló que el poder no le facultaba a confesar, que debió presentarse un poder especial conforme lo manda el art. 405 del CPC, motivo por el cual la juez a quo no declaró confesa a la demandante, disponiendo que este aspecto se determinará en sentencia.

Sobre el tema, debe recordarse que, si bien la confesión judicial provocada o juramento de posiciones se encuentra delimitada conforme lo prescrito por los arts. 166 y 167 del CPT, sin embargo, la aplicabilidad de esta normativa, debe ser contrastada con dos elementos: por una parte, con la inexcusable valoración conjunta del elenco probatorio a la que se sujeta el juzgador, la libre valoración de la prueba de acuerdo a los principios que forman la sana crítica, la lógica y la experiencia, sin encontrarse sujeto a la tarifa legal, conforme lo prescrito en los arts. 3.j) y 158 del Código Adjetivo Laboral; y por otra parte, con el cumplimiento irrestricto de los principios protectivos resguardados constitucionalmente a favor de toda trabajadora o trabajador, conforme lo dispone el art. 48.II de la CPC, motivo por el que, corresponde desestimar la nulidad de obrados solicitada por la parte recurrente.

En base a las consideraciones arriba expuestas, se debe dejar claramente establecido que, al tenor de la exigencia inserta en el art. 251, concordante con el art. 254 del CPC y conforme la uniforme jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo, se tiene que a efectos de la aplicación del instituto de la nulidad, convergen varios principios, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir no hay nulidad sin perjuicio; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante; motivos por los cuales, no resulta evidente las alegaciones acusadas por la parte recurrente.

Resolviendo el recurso de casación en el fondo, donde la parte recurrente cuestiona el fallo del tribunal de segunda instancia por haber dispuesto el pago de los derechos y beneficios sociales a favor de la demandante, señalando que no le corresponde por encontrarse prescritos por el transcurso del tiempo, conforme lo previsto en los arts. 120 de la LGT y 163 de su DR, con el fundamento de que la prescripción solo se interrumpe con la citación con la demanda, conforme prevé el art. 1503 del CC, denunciado también como otro punto que, la actora no fue dependiente o funcionaria de la institución demandada.

En este contexto, a efectos de realizar el cómputo de la prescripción, analizado los antecedentes procesales se advierte que, la desvinculación de la relación laboral entre la trabajadora y la institución demandada, se produjo el 30 de diciembre de 1999, conforme se evidencia en el finiquito de fs. 1, aspecto corroborado en la demanda de fs. 13 a 14 de obrados, mientras que la demanda laboral fue presentada el 12 de febrero del 2000, afirmación extraída del sello de recepción a fs. 14, o sea, después de aproximadamente un año y dos meses de producirse la desvinculación laboral, hecho que interrumpió la prescripción, conforme determina el art. 126 del CPT, pues si se considera el tiempo transcurrido entre la ruptura de la relación laboral y la presentación de la demanda, no han pasado más de los dos años previstos por ley para realizar el reclamo de sus derechos y beneficios sociales, estipulado en el art. 120 de la LGT, que establece: “Las acciones y derechos provenientes de esta Ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido de ellas”, concordante con el art. 163 de su DR-LGT.

En base a estos antecedentes se evidencia que, la actora al haber presentado su demanda antes del vencimiento de los dos años, interrumpió el término de la prescripción prevista en la normativa citada ut supra, motivo por el que corresponde reconocer el pago de los beneficios sociales demandados por no encontrarse prescritos, tal como acertadamente determinaron los juzgadores de instancia, quienes para arribar a la decisión asumida, realizaron una correcta, adecuada y razonable valoración de la prueba, conforme le facultan los art. 3.j), 158 y 200 del CPT, desvirtuando lo aseverado por el recurrente sobre este punto.

En este entendido, debe aclararse que la prescripción prevista en el art. 1503 del CC, no se aplica en materia laboral, por la sencilla razón de que es esta materia el término de la prescripción está previsto en los arts. 120 de la LGT y 163 de su DR, que por ser una ley especial, es de aplicación preferente, no siendo por tanto evidente la infracción denunciada.

Con referencia a que la actora no figura en la nómina del personal de la Mutual Guapay, hecho que demostraría que no es dependiente de esta institución financiera, por lo tanto no existiría relación laboral entre partes.

Sobre el tema, analizados los antecedentes que informan al proceso, a fs. 1, cursa Credencial del Departamento de Cartera de la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “GUAPAY” a nombre de la actora Roxana Leaños, como cobradora, de fs. 2 a 9, registro e informe de visitas canceladas realizadas como notificador de dicha institución, coincidiendo con lo señalado en su demanda de fs. 13 a 14 de obrados, Instructivo de Políticas de Recuperación de Créditos cursante de fs. 9 a 11, de fs. 243 a 246 comprobantes de cheques de pago expedidos por la institución demandada, a fs. 262 a 278, planillas de pago mensual a notificadores donde se encuentra consignado el nombre de la demandante Léanos Solíz Roxana; hechos que demuestran categóricamente la existencia de una relación laboral entre la actora y la institución demanda, con las características esenciales de dependencia, subordinación y exclusividad y la percepción de remuneración o salario, en cualquiera de sus formas o manifestaciones, exigidas en el art. 1 del DS N° 23570 de 26 de julio de 1993, ratificadas en el art. 2 del Decreto Supremo N° 28699 de 1 de mayo de 2006, antecedentes que fueron debidamente analizados y compulsados por los juzgadores de instancia, razón por la que no puede considerarse que no existió relación laboral entre las partes en conflicto, como erradamente pretende hacer creer la representante legal de la empresa demandada, puesto que la prueba documental con la que pretende justificar que las funciones desempeñadas por la demandante emanaron de un contrato no laboral, no constituyen prueba idónea y contundente que confirme tal aseveración, resultando insuficiente para desvirtuar los fundamentos expuestos por la actora, como era obligación de la parte demandada, según lo determinado en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, porque para privar a las trabajadoras y a los trabajadores de los derechos y beneficios sociales que la ley le reconoce, debe existir prueba suficiente que permita al juzgador formar un claro y amplio criterio sobre las causas por las cuales no correspondería reconocer a su favor lo que en derecho reclaman; extremo que no aconteció en el presente caso, debiendo tenerse presente además que, de acuerdo al art. 5 del DS N° 28699 “cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente”, porque determinar en el caso presente que no existió relación de dependencia y subordinación, se estaría convalidando un fraude laboral porque se abriría la posibilidad de realizar contratos de carácter civil, con el objeto de encubrir una relación laboral con el fin de eludir el reconocimiento de los derechos de las

trabajadoras y los trabajadores, los cuales son irrenunciables de acuerdo a los arts. 162 de la Constitución Política del Estado (CPE) anterior, 48. III de la CPE vigente y 4 de la LGT.

En síntesis, estas guías de orientación llevan al convencimiento de que entre la actora y la empresa demandada, existió relación de dependencia y subordinación, es decir, bajo el ámbito de la LGT y no dentro de la esfera del derecho privado o civil, hecho por el cual corresponde reconocer a favor de los demandantes los derechos y beneficios sociales concedidos por los juzgadores de instancia, quienes para arribar a la determinación asumida, valoraron de manera correcta la prueba adjuntada al proceso, conforme le facultan los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, no siendo evidente las infracciones denunciadas.

Bajo estas premisas, se concluye que el auto de vista objeto del recurso de casación, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación a norma legal alguna, correspondiendo resolver el mismo de acuerdo a los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 605 a 611. Con costas.

Se regula el honorario del profesional abogado de la demandante, en la suma de Bs.500.- que mandará pagar el tribunal de apelación.


Regístrese, notifíquese, devuélvase.