SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo N° 146/2016.

Sucre, 12 de mayo de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-PDO.333/2015.

Distrito: Pando.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.


VISTOS El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 63 a 65 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, representado por Gunar David Zeballos Buezo, contra el Auto de Vista N° 113/15 de 21 de agosto de 2015, cursante de fs. 60 a 61, pronunciado por la Sala Civil, Social, Familia de la Niñez y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso laboral seguido Roñal Chambi Gómez contra la Institución recurrente, la respuesta al recurso de fs. 68 y vta., el Auto de fs. 69 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Cobija Pando, pronunció la Sentencia N° 91 015 de 17 de junio, cursante de fs. 38 a 39 vta. de obrados, declarando probada la demanda de fs. 5 y vta. Sin costas. Disponiendo que el Gobierno Autónomo de Pando, a través de su representante legal, cancele al actor la suma de Bs.25.523.- (veinticinco mil quinientos veintitrés 00/100 bolivianos) por subsidio de frontera.

Deducida el recurso de apelación por la institución demandada, representada para el caso por Gunar David Zeballos Buezo, por memorial de fs. 46 a 51 vta. de obrados, la Sala Civil, Social, Familia, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Pando, confirmó parcialmente la Sentencia N° 91 015, disponiendo el pago solamente de Bs.24.873,40.- (veinticuatro mil ochocientos setenta y tres 40/100 bolivianos). Sin costas.

El referido auto de vista, motivó que el Gobierno Autónomo Municipal Departamental de Pando, representado por Gunar David Zeballos Buezo, interponga el recurso de casación en el fondo y en la forma, acusando:

En el fondo, que el tribunal ad quem al reconocer el pago de subsidio de frontera, previsto por el art. 12 del Decreto Supremo (DS) N° 21137 de 30 de noviembre de 1985, incurrió en violación del art. 6 de la Ley N° 2027 Estatuto del Funcionario Público (EFP), que refiere que no están sometidos al Estatuto, ni a la Ley General del Trabajo (LGT), aquellas personas que con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable y cuyos procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB- SABS). En ese sentido, el Gobierno Autónomo de Pando, suscribió contratos de prestación de servicios personal con el actor, dejando claramente establecido que el contratado no podrá cobrar suma adicional al contrato, según el DS N° 27327 modificado por su similar DS N° 27375, que elimina el art. 10, sobre el gasto de la Partida 12100 “Personal Eventual” para contratos de personal que cumplan funciones administrativas, salvo los casos de misiones específicas, programas específicos y proyectos. Es decir que toda contratación bajo dicha partida no debe generar pago de aguinaldo ni otra clase de beneficios adicional bajo cualquier denominación. Aspectos que se determinó en la cláusula séptima, que los contratos de prestación de servicios de personal eventual, señala que no gozará de beneficios sociales conforme a la LGT y Decretos Reglamentarios.

En la forma, denunció que el auto de vista carece de falta de motivación y fundamentación, vulnerando el debido proceso, previsto en el art. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como las líneas constitucionales adoptadas en la Sentencia Constitucional (SC) N° 112/2010-R de 10 de mayo, reiterada por Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N° 1471/2012 del 24 de septiembre y la SCP N° 487/2014 de 25 de febrero, señalan que una de las garantías del debido proceso comprende la exigencia de motivación de las resoluciones, lo que significa que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige de manera que el justiciable a momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, aspectos que en criterio del recurrente omitieron los de alzada, emitiendo un fallo carente de fundamentos.

Concluyó solicitando se conceda el recurso y este Tribunal case el auto de vista recurrido.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso de casación en el fondo, analizando el contenido con relación a los datos del proceso, corresponde realizar las siguientes consideraciones de orden legal:

Resolviendo en el fondo, en cuanto a la denuncia que el tribunal ad quem al reconocer el pago de subsidio de frontera, previsto por el art. 12 del DS N° 21137 de 30 de noviembre de 1985, incurrió en violación del art. 6 de la Ley N° 2027 del EFP, que prevé que los funcionarios eventuales no están sometidos al Estatuto ni a la LGT; al respecto, cabe señalar que es necesario referirnos al texto íntegro del DS mencionado, recordando previamente que mediante DS N° 20030 de 10 de febrero de 1984, se instituyó el bono de frontera y que luego mediante el DS N° 21137 de 30 de noviembre de 1985, se sustituyó este bono con el subsidio de frontera, norma última que en su art. 12 dispone: “(Subsidio de frontera). Se sustituyen los bonos de frontera, zona o región, con un (Subsidio de frontera), cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del sector público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”.

De cuyo marco normativo, se advierte claramente que la única condición básica para que proceda el pago de este derecho al trabajador, sea funcionario público o privado, es que “el lugar de trabajo se encuentre dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales”, puesto que, este derecho tiene por objeto precautelar la integridad territorial de nuestro Estado, por ello, se incentiva a todo trabajador que preste servicios en las fronteras de nuestro país.

En ese sentido, se establece que la norma no establece como requisito la modalidad del contrato de trabajo, sino simplemente a la existencia del hecho, que en el caso de análisis, por las literales de fs. 2 y 3, 18 a 20 y de 23 a 35 del expediente, se establece que el actor prestó sus servicios en Asesoría Legal del Gobierno Autónomo de Pando, desde el mes de febrero del 2012 hasta el 12 de febrero de 2015, es funcionario público y de ningún modo sometido a otras normas como erróneamente maneja la institución recurrente, además se tiene que no fue un funcionario eventual, contratado para funciones extraordinarias, sino que formaba parte de una repartición importante de la gobernación; en consecuencia, la judicatura laboral de acuerdo a la jurisprudencia tiene competencia para conocer casos de funcionarios públicos para restituir los derechos laborales adquiridos de funcionarios públicos. En ese entendimiento, el actor no percibió el subsidio de frontera en el salario que percibía mensualmente, según consta en los contratos de fs. 23 a 35 y papeletas de pago de fs. 18 a 19, incumpliendo la institución empleadora el mandato previsto en el art. 12 del DS N° 21137 de 30 de noviembre de 1985, derecho que debió reconocer desde el primer contrato, como lo hizo en el Contrato de Prestación de Servicio Personal D.RR.HH. N° 166/2015, en la cláusula séptima, que reconoce en el porcentaje del 20% del salario mensual, pagando inclusive al actor por el mes de enero y febrero del 2015, según consta en la prueba a fs. 3 de obrados, conforme concluyó el tribunal ad quem, con mejor criterio que el juez a quo, en función de los antecedentes que fueron valorados de acuerdo a la sana crítica, que constituye una de las características que diferencian a la materia de otras, porque el Juez no está sometido a la tarifa legal de la prueba, sino a formar su libre convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, observando las circunstancias del pleito, la conducta de las partes y su conocimiento y formación general, de modo que logre llegar en lo posible a la verdad material de los hechos, que se sustenta a la jurisdicción ordinaria, por disposición del art. 180.1 de la CPE y art. 30.11. de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

En la forma, en cuanto a la falta de motivación y fundamentación del auto de vista y vulneración del debido proceso; del contenido del referido auto de vista se advierte que el mismo fue pronunciado con la pertinencia, exhaustividad y congruencia prevista en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), conteniendo una debida fundamentación y motivación de la decisión adoptada sobre el agravio llevado a su conocimiento en virtud al recurso de apelación, como fue la falta de pago de subsidio de frontera al actor, que en base a los antecedentes fueron reconocidos por el Juez a quo y por el tribunal de alzada, toda vez que el reconocimiento de este derecho no hace diferencia la forma de contrato o función del actor, sino simplemente establecer que la ciudad de Cobija, se encuentre en la frontera misma con la República Federativa del Brasil, conforme han establecido los de grado en base a los hechos y las pruebas aportadas por las partes al proceso y que fueron valoradas de acuerdo a la facultad conferida por los arts. 3.j) y 158 del CPT, no siendo por tanto evidente la vulneración del debido proceso que amerite la nulidad del auto de vista, como erróneamente solicita la institución recurrente.

Bajo estos fundamentos, se concluye que el Tribunal de apelación no incurrió en errónea interpretación de las normas citadas por el representante de la institución recurrente, al contrario, se observa que el fallo se ajusta a las normas que rigen la materia, por lo que corresponde resolver el recurso conforme a los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables al caso por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 63 a 65 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, representado por Gunar David Zeballos Buezo. Sin costas, en virtud del art. 39 de la Ley 1178 (SAFCO).


Regístrese, notifíquese, devuélvase.