SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 139/2016.

Sucre, 12 de mayo de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ. 326/2015.

Distrito: Santa Cruz de la Sierra.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 509 a 518 vta., interpuesto José Mario Serrate Paz Ramajo, en representación de Telefónica Celular de Bolivia S.A. (TELECEL S.A.), contra el Auto de Vista Nº 119 de 6 de abril de 2015 de fs. 500 a 504, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social seguido Verónica Caprirolo Pérez, Flavia Suárez Molina y José Manuel Vaca Espínola, contra la empresa TELECEL S.A., la respuesta de fs. 521 a 522 vta., el Auto a. 523, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Cuarto de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 101 de 7 de agosto de 2013 de fs. 463 a 470, declarando probada la demanda, disponiendo que la empresa demandada pague a favor de los actores, Verónica Caprirolo Pérez, el monto de Bs.172.079.29.-, a Flavia Suárez Molina la suma de Bs.11.908.50.-, y a José Manuel Vaca Espínola Bs.71.053.87.-, por concepto de desahucio, indemnización, vacación prima, bono de antigüedad y la multa del 30%; corregida y enmendada el año de la sentencia, por auto de 24 de octubre de 2014 cursante a fs. 474 y vta. de obrados.

En grado de apelación formulada por la parte demandante de fs. 477 a 486 vta., la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 119 de 6 de abril de 2015 de fs. 500 a 504, revocando parcialmente la sentencia de 7 de agosto de 2013, y el Auto de 24 de octubre de 2014, disponiendo que la Empresa Telefónica Celular de Bolivia S.A. (TELECEL S.A), proceda al pago de los beneficios sociales a favor de los demandados Verónica Caprirolo Pérez Bs.157.764.23.-, a Flavia Suárez Molina Bs.107.555.96.- y a José Manuel Vaca Espínola Bs.67.991.37.-, disponiendo mediante Auto Nº 273 de 15 de junio de 2015 a fs. 508, no ha lugar a la solicitud de explicación y enmienda interpuesta por la empresa demandada.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por el representante legal del demandante manifestando en síntesis:

En la forma, solicitó la nulidad de obrados por vulneración de los arts. 201, 202 del (Código Procesal del Trabajo (CPT) y 196 del Código de procedimiento Civil (CPC), porque el auto de vista recurrido, a tiempo de hacer referencia a la nulidad denunciada por la parte demandada, sobre las contradicciones existentes en cuanto a la supuesta fecha de pronunciamiento de la sentencia que consigna 7 de agosto de 2012, considera que la fecha de la misma habría sido aclarada mediante auto de 24 de octubre de 2014, cuya fecha real sería 7 de agosto de 2013.

Al respecto, indica que esta conclusión es errada, no obstante de que la fecha de emisión de la sentencia figura con 7 de agosto de 2012, señalando que la aclaración que hace el juez de primera instancia en el auto de 24 de octubre de 2014 de fs. 474, no resulta creíble, porque el ultimo memorial presentado antes de la sentencia data de 24 de febrero de 2012, consignándose de manera curiosa recién la nota “pasen obrados a despacho para resolución recién en fecha el 29 de julio de 2013”, por lo que, entre la fecha en la que se efectuó el último actuado procesal y la fecha de emisión de la sentencia, que ahora se indica habría  sido el 7 de agosto de 2013,  han transcurrido 1 año, 5 meses y 6 días, terminó que vulnera lo previsto en el art. 201 del CPT, puesto que la autoridad tenía la imperiosa obligación de dictar sentencia al solo vencimiento del termino de prueba y en ningún caso luego de más de 1 año, 5 meses y 6 días de haber acaecido la última actuación procesal.

Que, en caso de aceptarse como valedera la justificación que realiza el tribunal ad quem, validando las actuaciones del a quo, se vulneró lo previsto en el art. 196 del CPC, puesto que esta normativa no le otorga al juez ninguna facultad de disponer la supuesta “corrección” de la fecha y año consignada en la toma de razón que se hizo en la sentencia, puesto que ello representaría alterar un registro “publico” cuyas fechas dan fe del momento de realización de un acto procesal como es la oportunidad en la que se hubiera dictado una resolución o sentencia. Por ello, de ser evidente que por un supuesto error numérico que refiere ese tribunal, se hubiera consignado una fecha errónea en la toma de razón de la sentencia, ello representaría haber incurrido en falsedad material e ideológica por parte del funcionario que realizó tal situación.

Sostuvo que, otra causal de nulidad, resulta del hecho que en los apartadas 3 y 4 del memorial de solicitud de explicación y complementación, se pidió de manera expresa se explique igualmente las razones por las que se dispuso el pago de aguinaldo de navidad para la demandante Verónica Caprirolo Pérez desde el 2005, contraviniendo la jurisprudencia contenido en el AS Nº 379 de 28 de septiembre de 2012, que determinó que la imprescriptibilidad dispuesta en el art. 48 de la CPE, solo puede retrotraerse dos años antes de la vigencia de la CPE, igualmente se solicitó sobre el pago de vacaciones a favor de los demandantes por todos los años de servicio, omitiendo considerar los alcances del art. 33 del Decreto Reglamentario (DR) a la Ley General del Trabajo (LGT).

Señaló que, otra causal de nulidad de obrados, resulta el hecho que en la sentencia, el a quo a tiempo de exponer las conclusiones a las que arribó, refiere que habría existido relación laboral con los demandantes, citando un decreto supremo que no guarda relación alguna con la fecha que refiere, como es el caso del DS 2350 (cuando lo correcto es DS Nº23570) que indica sería del 26 de julio de 1993, norma que se desconoce, luego denuncia falta de congruencia legal que motiva el incumplimiento de la última parte del art. 202.a) del CPT, motivo por el cual, solicitó la nulidad de obrados hasta el pronunciamiento de una nueva sentencia.

En el fondo, denunció la aplicación indebida de los arts. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006; 4 de la LGT y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), al no haber existido vinculación de naturaleza laboral con los demandantes.

Que, el tribunal ad quem, otorgó un criterio absolutamente proteccionista a favor de los actores, al considerar que se habrían dado las características de la relación laboral, haciendo cita para ello de los arts. 2 del DS 28699, 4 de la LGT y 48 de la CPE, que no son de aplicación al caso presente, porque no existió relación laboral con los actores por haber sido su vinculación de orden civil comercial.

Agrega que llamó su atención que el tribunal ad quem, considere que existió relación laboral, como si la actividad que realizaron hubiera sido por cuenta ajena, cuando en realidad el servicio que efectuaron de ninguna manera representaron tareas “…sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica” puesto que las actividades de venta pueden efectuarse a través de distintos canales de distribución que no sólo pueden ser de orden laboral, sino como en el caso de los actores, mediante contrato de tipo civil comercial, cual consta por las literales de fs. 1 a 48, 352 a 389 y las testificales de fs. 390, 446 y 447.

Que, la aplicación de los arts. 2 del DS Nº 28699, 4 de la LGT y 48 de la CPE que cita el auto de vista recurrido, resulta inadecuada, puesto que no se valoró que en la presente acción, los demandantes nunca mantuvieron una relación laboral con TELECEL S.A., porque de ninguna manera prestaron servicios como trabajadores dependientes de dicha empresa.

En este contexto, TELECEL S.A., tiene convenido con distribuidores, servicios de comercialización de sus productos, quienes realizan tal labor por cuenta propia sin ningún tipo de subordinación y dependencia, actividad que se conoce como “free lancers”, percibiendo una comisión económica en función del resultado de su actividad por la que extienden la factura correspondiente, actividad que no tiene una relación laboral, por encontrarse su realización en el marco de lo previsto en el art. 1260 del Código Civil (CC), citando además lo prescrito en el art. 1271 del Código de Comercio referido a las comisiones, normativa en base a la que se puede apreciar que por el servicio acordado no existe remuneración o salario, sino únicamente el pago de una comisión, por la cual los actores debían emitir la factura respectiva. 

Denunció la vulneración del art. 154 del CPT, al no considerar la aplicación de jurisprudencia existente respecto a fallos de la Corte Suprema de Justicia actual  Tribunal Supremo de Justicia, que determinaron en caso idénticos iniciados en contra de TELECEL S.A., que las personas que se encuentran bajo el concepto de “Free Lancer”, como los actores, no tiene relación laboral; en este sentido la uniforme jurisprudencia existente al respecto ha determinado que en este tipo de relaciones contractuales, no existe vinculación laboral, fallos que al tener la condición de jurisprudencia, constituyen fuente directa del derecho, como el AS Nº 634 de 16 de noviembre de 2010, emitido dentro de un proceso laboral sustanciado contra TELECEL S.A., fallo plenamente aplicable al presente caso, por lo que no había razón ni justificación alguna para que el tribunal ad quem, hubiera efectuado abstracción del cumplimiento de la línea jurisprudencial prevista en el citado auto supremo.

Expresa que, si bien es cierto que los principios laborales como el protector, primacía de la relación laboral e inversión de la prueba, brindan tutela al trabajador, ello no implica vulnerar el criterio de imparcialidad con el que debía actuar al momento de administrar justicia, los que no pueden ser utilizados como fuente de injusticia en contra del empleador, menos disponer el pago de conceptos que no corresponden, puesto que la finalidad de tales principios es aclarar dudas que pudieran surgir dentro de la presente acción judicial, conforme lo establece el art. 63 del CPT, citando al respecto los AASS Nos. 114 de 10 de marzo de 2004, 62 de 29 de enero de 2004 y 65 de 7 de febrero de 2007.

Expresa su disconformidad porque se pretende reconocer a los actores pagos que no les corresponde, por no haber tenido relación laboral, al tratarse de personas que realizaron servicios de distribución de productos, por cuenta propia, independiente, sin subordinación con su propio personal y equipo de trabajo, en el marco de lo previsto en los arts. 1260 y 1271 del C.Com.

Asimismo se debe tener presente, que si bien la carga de la prueba corresponde al empleador, no es menos cierto que al tenor de la última parte de los arts. 66 y 150 del CPT, la parte demandante no está liberada de tener que acreditar sus afirmaciones, extremo incumplido por los demandantes, puesto que las literales ofrecidas no pueden constituir prueba alguna para el actor, por lo que no habría razón ni fundamento legal para alejarse del lineamiento jurisprudencial establecido en el AS Nº 634/2010 citado, al cursar prueba suficiente sobre la relación civil comercial con el actor como las literales de fs. 1 a 48, 252 a 389 y las testificales de fs. 390, 446 y 447.

Vulneración del art. 19 de la LGT, porque al no haber relación laboral con los actores, no correspondería que se practique liquidación alguna sobre un sueldo promedio inexistente, que desconocen de donde surge, porque toda liquidación se efectúa sobre la base de del promedio de ingresos de los últimos tres meses anteriores a la ruptura contractual.

También denunció la vulneración de la Ley de 18 de diciembre de 1944 y art. 57 de la LGT, al considerar el pago del aguinaldo y las primas, conceptos que única y exclusivamente está limitado para las personas que estuvieran sujetas a una relación de dependencia y subordinación, situación que no acontece en el caso presente.

Finalmente sostuvo la vulneración del art. 133 del CPT, al no considerar la excepción perentoria de prescripción opuesta, vulnerándose igualmente el art. 120 de la LGT en cuanto al pago de conceptos por más de 2 años de servicios, porque, el tribunal ad quem en el auto de vista recurrido, la rechazó con el fundamento de que no fue presentada dentro del plazo previsto por ley, afirmación que atenta contra el párrafo segundo del art. 133 citado, que permite  oponer excepciones perentorias, incluso en ejecución de sentencia, razón por la que no había razón para no considerar la excepción de prescripción opuesta, siendo viable su consideración.

Añadió que, tanto en el auto de vista como en la sentencia, a los actores se les otorgó pagos por conceptos incluso hasta de la gestión 2005, extremo que no corresponde ya que cualquier reclamo que pudiera haberse originado por tales periodos de tiempo, han prescrito al haber transcurrido mucho más de los dos años que prevén los arts. 120 de la LGT y 163 de su DR, materializado por el TSJ, a tiempo de emitir los AASS Nos. 124 de 16 de marzo de 2004 y 117 de 30 de junio de 1997.

Concluyó solicitando que este Tribunal, case el auto de vista recurrido y declare improbada la demanda y probada la excepción perentoria de prescripción, con costas.

CONSIDERANDO II: Que, así interpuesto el recurso de casación en la forma y en el fondo, de la revisión de los antecedentes procesales, se establece lo siguiente:

Resolviendo en la forma:

Referente a las contradicciones existentes en cuanto a la supuesta fecha de pronunciamiento de la sentencia de primera instancia que, inicialmente se consigna 7 de agosto de 2012 y de forma posterior por auto complementario se establece que fue emitida el 7 de agosto de 2013, motivo por el que la parte recurrente solicita nulidad de obrados.

Al respecto, analizados los antecedentes procesales se evidencia que, como resultado de la demanda interpuesta por los actores, la Juez Cuarto de Partido del Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 101, consignando como fecha de pronunciamiento el 7 de agosto de 2012; ante esta circunstancia, la parte demandada solicitó explicación y enmienda conforme consta en el memorial de fs. 472 a 473 de obrados, extremo que fue aclarado mediante Auto Complementario de 24 de octubre de 2014 de obrados, en el que se resolvió corregir y enmendar el año de emisión de la sentencia dictada en día 7 de agosto “siendo lo correcto año 2013” y no 2012 como errónea e involuntariamente se consignó en la sentencia de primera instancia, donde también se ordenó que por Secretaria, se proceda a subsanar y corregir el año que errónea e involuntariamente se consignó en la sentencia, siendo lo correcto 2013, así como su respectivo número de registro.    

En base a tales antecedentes, se deduce que la fecha de emisión de la sentencia fue el 7 de agosto de 2013 y no así  7 de agosto de 2012; atribuyéndose este hecho como un error involuntario por parte de la juez a quo a tiempo de consignar el año de emisión de la Sentencia Nº 101 de obrados, en todo caso se aclara que este extremo, de ninguna manera afecta el fondo de la causa, motivo por el que no existe razón para disponer la nulidad solicitada por la parte recurrente.

Realizada esta aclaración, no resulta evidente la vulneración del art. 201 del CPT, denunciada por la parte demandada, que la juez a quo, emitido la sentencia de primera instancia después de más de 1 año, 5 meses y 6 días, manifestado que la autoridad, debía emitir su fallo al solo vencimiento del termino de prueba.

Al respecto, cursa en obrados la nota de fs. 462 firmada por la Secretaria del Juzgado que señala: “El expediente pasa a despacho a hrs. 09:00 a.m. del día lunes 29 de julio del 2013  para dictar resolución final”, cumpliendo lo previsto por el art. 80 del CPT.

Como se puede advertir, el proceso pasó a despacho el 29 de julio de 2013, y la Sentencia en realidad fue dictada el 7 de agosto del mismo año, es decir, nueve (9) días después de haber ingresado el expediente a despacho; o sea, dentro del término establecido en el art. 79 del CPT, que señala que las sentencias serán dictadas dentro del plazo máximo de 10 días, además de haberse cumplido con lo establecido en los arts. 80 y 201 del CPT, puesto que para establecer el cómputo de los 10 días que tiene el juez para emitir sentencia, corre a partir de la nota en la cual el Secretario consigna la fecha en que el expediente pasa a despacho y no así a la finalización del periodo probatorio, como erróneamente alega la parte recurrente, de donde se constata que la juez a quo emitió su resolución dentro de los diez (10), días previsto por ley, no siendo evidente la acusación planteada.

Con relación a la solicitud del memorial de explicación y enmienda de fs. 472 a 473, donde pide se explique las razones por las que se dispuso el pago del aguinaldo para la demandante Verónica Caprirolo Pérez desde el año 2005, el pago de vacaciones a favor de los demandantes, así como sobre la existencia de relación laboral con los demandantes; se debe recordar a la parte recurrente que esta solicitud no procede, toda vez que la complementación y enmienda está reservada para corregir cualquier error de forma, sin alterar lo sustancial de la sentencia, como ocurrió en el caso presente con la consignación errada del año de emisión de la sentencia de primera instancia emitida en el presente caso, conforme previene el art. 196.2) del CCPT, pero no aspectos de fondo como erradamente pretende la parte demandada, motivo por el cual no procede la nulidad solicitada.

En base a las consideraciones arriba expuestas corresponde dejar claramente establecido que, al tenor de la exigencia inserta en el art. 251, concordante con el art. 254 del CPC y conforme la uniforme jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo, se tiene que a efectos de la aplicación del instituto de la nulidad, convergen varios principios, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir “no hay nulidad sin perjuicio”; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante; motivos por los cuales, no resulta evidente las alegaciones acusadas por la empresa recurrente.

Resolviendo el recurso de casación en el fondo, la parte recurrente manifiesta que entre los actores y la empresa demandada, no existió relación laboral con las características previstas por ley, sino que dicha relación fue de carácter estrictamente civil y comercial.

En ese contexto, a fin de determinar si una relación de trabajo tiene las características esenciales laborales, hay que tener en cuenta que todo trabajo es una prestación a favor de otro, por lo que siempre existe la realización de un acto, un servicio o ejecución de obra; la distinción radica en el modo de la relación existente entre quienes lo brindan y lo reciben, a tal fin corresponde observar el papel realizado por cada una de las partes, que ante las exigencias de las reglas impuestas por el empleador, es posible que se pretenda ocultar o encubrir la realidad bajo apariencias de una relación no laboral, por lo que a este fin la doctrina del derecho laboral destaca entre los varios componentes de la relación laboral, el elemento de la dependencia o subordinación, según el cual, quién recibe el trabajo tiene la facultad de dirigirlo e imponer sus reglas, tomando los frutos de ese trabajo, por lo que para determinar la relación se debe recurrir al principio de primacía de la realidad que privilegia los hechos frente a las formalidades y apariencias impuestas por el empleador, principio establecido en el artículo 4.d) del DS Nº 28699, así como también el principio de la verdad material previsto en los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la LOJ, que obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto cumplimiento de las garantías procesales.   

En este marco, conforme establece el art. 1 del D.S. Nº 23570 de 26 de julio de 1993, las características esenciales de la relación laboral son: a) La relación de dependencia y subordinación  del trabajador respecto del empleador, b) La prestación del trabajo por cuenta ajena y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación, concordante con el art. 2 de la misma norma legal que establece que en las relaciones laborales en las que concurran aquellas características esenciales precedentemente citadas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo.

Al respecto, de la revisión de la documentación adjuntada durante la tramitación del proceso, se evidencia que entre los actores Verónica Caprirolo Pérez, Flavia Suarez Molina y José Vaca Espínola  y la empresa demandada Telefónica Celular de Bolivia (TELECEL S.A.), se suscribieron contratos, bajo el nomen de “Contrato de Comisión Comercial”, en los cuales se establecieron una serie de condiciones, deberes, obligaciones y prohibiciones, rendir cuentas y deber de información, impuestas a los demandante, incluso hasta sanciones en caso de incumplimiento o inobservancia de obligaciones pactadas en el presente contrato, así también consta en antecedentes que les daban instrucciones, recomendaciones, responsabilidades que debían asumir en el desempeño de sus funciones, además de la existencia de exclusividad al establecer que, no podrán desarrollar actividades relacionadas a la comercialización de bienes o servicios que formen parte de aquellos ofrecidos por empresas competidoras con el comitente por tener el mismo giro comercial y tipo de servicios. En suma no podrán realizar prácticas que impliquen competencia desleal hacia el comitente, hechos que fueron debidamente analizados y compulsados por los juzgadores de instancia, los que demuestran categóricamente la relación de dependencia, y subordinación, exclusividad, de los actores con la empresa demandada, por cuanto dada la naturaleza del trabajo realizado, reúne todas las características exigidas por los arts. 1 del DS Nº 23570 y 2 del DS Nº 28699, razón por la que no puede considerarse como una relación de carácter civil o comercial como erradamente pretende hacer creer el representante legal de la Empresa TELECEL S.A., puesto que la prueba documental con la que la parte demandada pretende justificar que las funciones desempeñadas por los demandantes emanaron de un contrato enmarcado dentro de la esfera civil-comercial, regulada por disposiciones civiles y no laborales, motivo por la que no correspondería el pago de los beneficios sociales a los demandantes, no constituyen prueba idónea y contundente que desvirtúe tal afirmación, resultando insuficiente para desvirtuar los fundamentos expuestos por el actor, conforme correspondía hacerlo a la parte demandada, según lo previsto en los arts. 3.h); 66 y 150 del CPT, porque para privar a los trabajadores de los derechos y beneficios sociales que la ley les reconoce, debe existir prueba suficiente que permita al juzgador formar un claro y amplio criterio sobre las causas por las cuales no correspondería reconocer a su favor lo que en derecho reclaman; extremo que no aconteció en el presente caso, debiendo tenerse presente además que, de acuerdo al art. 5 del DS Nº 28699 “cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente”, porque determinar en el caso presente que no existió relación de dependencia y subordinación, se estaría convalidando un fraude laboral porque se abriría la posibilidad de realizar contratos de carácter civil, con el objeto de encubrir una relación laboral con el fin de eludir el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, los cuales son irrenunciables de acuerdo a los art. 48.III de la CPE y 4 de la LGT.

En cuanto a la emisión de facturas por parte de los actores, deviene precisamente de la firma de los contratos de trabajo, que se constituye en una obligación tributaria que nace como consecuencia de la relación laboral que, en ninguna caso puede utilizarse como un elemento que desnaturalice los requisitos previstos en los arts. 1 del DS Nº 23570 y art. 2 del DS Nº 28699.    

En base a lo expuesto, no es evidente la aplicación indebida de los arts. 2 del DS Nº 28699; 48 de la CPE y 4 de la LGT, normativa que fue aplicada de forma correcta por el tribunal de apelación a tiempo de emitir el auto de vista recurrido.

Por otra parte, en cuanto a la denuncia de vulneración del art. 154 del CPT, por no haber considerado la jurisprudencia respecto a los fallos la anterior Corte Suprema de Justicia, y actual Tribunal Supremo; no es evidente, en primer lugar porque, la transgresión a esta normativa no fue denunciada en el recurso de apelación de fs. 477 a 486 interpuesto por la parte recurrente, activándose el principio de preclusión señalado en los arts. 3.e) y 57 del CPT y, en segundo lugar, porque la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo Nº 634 de 16 de noviembre de 2010, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera, no se aplica al caso de autos, puesto que en el citado fallo, se determinó que no existió relación laboral, a diferencia del caso de análisis, donde en los contratos suscritos entre los actores y la empresa demandada se establecieron las características esenciales de la Relación laboral previstas en los arts. 1, del DS Nº 23570 y art. 2 del DS Nº 28699, porque el hecho de que el supuesto contrato de comisión comercial, normado dentro de la esfera del ámbito civil, denominado “free lancers”, término que por supuesto no se menciona en ninguna de las cláusulas de los contratos suscritos entre partes, no es un óbice o impediente legal que prive a los actores de los beneficios sociales que por ley les corresponde.

Con respecto a la vulneración del art. 19 de la LGT, por haber determinado se practique liquidación sobre un sueldo promedio inexistente, corresponde señalar que, los actores a tiempo de interponer su demanda señalan con precisión cual era el sueldo promedio indemnizable, extremo que no fue desvirtuado por la parte demandada como era su obligación conforme determinan los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, por lo que corresponde desestimar la infracción acusada.

Referente a la vulneración de la Ley de 18 de noviembre de 1944 y art. 57 de la LGT, al haber dispuesto el pago de aguinaldo y primas, conceptos que según el recurrente, estarían exclusivamente reservados para aquellas personas sujeta a una relación de dependencia y subordinación.

Al respecto corresponde manifestar que, al haberse determinado la existencia que entre las partes en conflicto existió relación laboral con las características esenciales previstas en los arts. 1 del DS Nº 23570 y art. 2 del DS Nº 28699  al no haberles cancelado estos beneficios, corresponde reconocer a favor de los actores el pago por estos conceptos, como de manera acertada determinaron los juzgadores de instancia.

Finalmente, en cuanto la vulneración del art. 133 del CPT, por no haber considerado la excepción de perentoria de prescripción, prevista en los arts. 120 de la LGT  y 163 de su Decreto Reglamentario.

En este sentido el art. 133 citado señala: “Las excepciones perentorias serán resueltas juntamente con la causa principal”.

“En ejecución de sentencia sólo podrán oponerse las excepciones perentorias sobrevinientes y fundadas en documentos preconstituidos”. Extremo que no se dio en el caso presente, puesto que analizados los antecedentes procesales, no se evidencia el planteamiento de dicha excepción como medio de defensa previsto por ley, motivo por el cual, no fue objeto de pronunciamiento en la Sentencia Nº 101 de 7 de agosto de 2013, ya que según lo previsto por el art. 134 del CPT: “Los tribunales laborales no podrán aplicar de oficio la prescripción que no fue invocada por quienes podrían valerse de ella”. No siendo por tanto evidente la infracción acusada sobre este punto.

Estas guías de orientación llevan al convencimiento de que entre los actores y la empresa demandada TELECEL S.A., existió relación de dependencia y subordinación, es decir, bajo el ámbito de la Ley General del Trabajo y no dentro de la esfera del derecho privado o civil, hecho por el cual corresponde reconocer a favor de los demandantes los derechos y beneficios sociales concedidos por los juzgadores de instancia en sus fallos, quienes para arribar a la determinación asumida, valoraron de manera correcta la prueba adjuntada al proceso, conforme le facultan los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT.              

Bajo estas premisas, se concluye que el auto de vista objeto del recurso de casación, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación a norma legal alguna, correspondiendo resolver el mismo de acuerdo a los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 509 a 518. Con costas.

Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs.500.-que mandará a pagar el tribunal de apelación.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.