SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA


Auto Supremo N° 135/2016

Sucre, 06 de mayo de 2016

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.045/2016

Distrito: Santa Cruz de la Sierra

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 133 a 136 vta., interpuesto por Ina Valeria Bruzzone Arancibia representada por María del Carmen Arancibia Valdez, contra el Auto de Vista N° 35 de 6 de octubre de 2015, cursante de fs. 127 a 131, pronunciado por la Sala Social Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral por cobro de beneficios sociales, seguido por la recurrente contra la empresa Buganvillas Hotel Suite Spa; la respuesta de fs. 140 a 141 vta., el Auto a fs. 142 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

  1. Sentencia

Tramitado el proceso de referencia, la Juez Segundo de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia N° 29/15 de 24 de junio de 2015, de fs. 107 a 110 vta., declarando probada la demanda, ordenando al Hotel BUGANVILLAS SUITE & SPA R.L., a través de su representante, pague al tercer día de su legal notificación a Ina Valeria Bruzzone Arancibia, el monto de Bs. 13.689,00.-(trece mil seiscientos ochenta y nueve 00/100 bolivianos) por concepto de desahucio, reintegro por incremento salarial, horas extras, más la multa del 30%; sin lugar a recalculo de la multa por haber sido incluida en la liquidación final, correspondiendo la actualización de UFVs, a calcular en ejecución de sentencia conforme al art. 9 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006.

  1. Auto de Vista

En grado de apelación de fs. 114 a 115 vta.. deducido por Carlos Alberto Baldiviezo Velasco en representación de la empresa demandada, la Sala Social Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista N° 35 de fs. 127 a 131, revocó en todas sus partes la Sentencia apelada N° 29/15.

El fundamento de la Resolución de Vista para revocar la Sentencia reside en que no corresponde el pago del desahucio en razón a que existe prueba contundente de que la demandante recibió el preaviso de 90 días; el retroactivo de los meses de febrero a marzo de 2013 no corresponde su pago por estar cancelados según planillas de fs. 81 a 93 y comprobante de operaciones que cursa de fs. 24 a 25 de obrados; y con relación al pago de horas extraordinarias, de la revisión de reportes de asistencia de fs. 21 a 23, se determina que no existe hora extraordinaria, no pudiendo ser tomada en cuenta una fotocopia simple de la tarjeta que fue rechazada por la empresa, la que no tiene nombre ni logo de la empresa. Asimismo, señala que se probó con el finiquito a fs. 8 que la actora recibió sus beneficios sociales dentro del plazo estipulado en el DS N° 28699 antes de los 15 días, por lo que no corresponde el pago de multa alguna.

I.2 Motivos del recurso de casación

El referido auto de vista, motivó a la demandante a interponer el recurso de casación en el fondo de fs. 133 a 136 vta., esgrimiendo los siguientes argumentos:

Señala que el Tribunal de apelación incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba, aplicando de forma indebida los arts. 12 de la Ley General Del Trabajo (LGT) y 49 de la Constitución Política del Estado (CPE), como así también la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N° 1262 de 2013 al basar su decisión relativa a la prueba del preaviso de terminación de relación laboral de 9 de enero de 2013 como idónea, sin tomar en cuenta que dicho documentó fue ampliamente impugnado a lo largo del proceso porque adolece de errores de edición, la que fue fabricada y no le fue entregada como manifiesta la parte demandada en la cual existen errores ortográficos y fue firmado un año antes de efectuada la supuesta entrega, no encontrándose identificado el testigo, estando recibida en el Ministerio del Trabajo con fecha 9 de enero de 2013, y no lleva firma del funcionario que estampa la nota de esta oficina, adoleciendo de toda credibilidad por ser prefabricada para el proceso.

Que tampoco se tomó en cuenta la nota de 12 de abril a fs. 3, dirigida al gerente general y recursos humanos del Hotel Buganvillas, donde reclama que nunca se le dio respuesta, demostrando el reclamo extrañado por el vocal relator y que genera error de hecho en la apreciación de la prueba.

Indica que con relación al comprobante de operación de fs. 24 a 25, no se consideró que dicho depósito lo realizó el empleador el 12 de julio de 2013, después de los quince días previstos por la ley laboral para el pago de los beneficios sociales, y el merituado convenio salarial aprobado por el Ministerio del Trabajo, se encuentra con sello de recibido por esta oficina el 8 de agosto de 2013, planilla presentada por el demandado, cuyo original se encuentra de fs. 75 a 76 del expediente; debiendo considerarse que fue echada de su fuente laboral el 9 de abril de 2013, y que el empleador depositó dicha suma después de tres meses de efectuado el retiro forzoso.

Señala que se encuentran probadas las horas extras realizadas, tomando en cuenta la naturaleza del servicio en el área de eventos y por qué las tarjetas manuales que presentó con la demanda se encuentran debidamente selladas por la asistente de recursos humanos del Hotel, no habiendo presentado nunca el demandado la tarjeta magnética original que indica tener con el nombre de la funcionaria grabada, ni presentó extractos impresos con dicha tarjeta y que cursan en toda administración, documental solicitada al tenor de lo estipulado por el art. 160 del CPT.

Refiere que al haber confusión en la valoración de la prueba o error de hecho por parte del vocal relator, porque la empresa debe otro finiquito laboral a fs. 8, porque este no contempló la cancelación de desahucio, incremento salarial y horas extras ya que se procedió a despedir de su fuente laboral intempestivamente, siendo su contrato por tiempo indefinido por lo que tiene derecho al cobro de sus beneficios sociales.

Acota que, para que el resultado de la actividad probatoria refleje una determinada decisión que apoya o refuta un enunciado, es preciso la mediación de una herramienta reconocida por la doctrina como la tarifa legal de la prueba, la libre valoración y la sana crítica entendidas como un conjunto de elementos de convicción asociados a la apreciación racional del valor de las pruebas disponibles. En el presente caso, el error de hecho se presenta cuando se da por demostrado un hecho con un medio probatorio mal interpretado o cuando se deja de apreciar la totalidad de la prueba, siendo el caso de hacerlo.

1.2.1 Petitorio

Concluyó solicitando se dicte resolución casando el auto de vista recurrido, manteniendo la Sentencia N° 29/15 de 24 de junio.

  1. 3 Respuesta al del recurso de casación

Por memorial de fs. 140 a 141, la Empresa Hotel BUGANVILLAS SUITE & SPA, dio respuesta al memorial de recurso de casación, fundamentando el mismo y solicitando se declare improcedente o en su caso infundado el recurso, con costas.

CONSIDERANDO II:

  1. 1 Fundamentos jurídicos del fallo

Expuestos así los fundamentos del recurso de casación en el fondo, del análisis de su contenido, se desprende que el único reclamo está referido a determinar si el auto de vista recurrido, al revocar la sentencia de primera instancia, ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba, y han aplicado de forma indebida los arts. 12 de la LGT y 49 de la CPE, así como la SCP N° 1262/2013.

Identificada la controversia, del análisis, revisión y evaluación del auto de vista recurrido, la sentencia y los datos del proceso en su conjunto, se establece lo siguiente:

Para la Resolución de este proceso, es necesario cita del art. 12 de la LGT, que establece: "El contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio. En el primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo sin previo aviso a la otra, conforme a las siguientes reglas: 1) Tratándose de contratos con obreros con una semana de anticipación, después de un mes de trabajo ininterrumpido; con 15 días, después de 6 meses y con 30 después de un año; 2) Tratándose de contratos con empleados, con 30 días de anticipación por el empleado y con 90 por el patrón, después de 3 meses de trabajo ininterrumpido. La parte que omitiere el aviso abonará una suma equivalente al sueldo o salario de los períodos establecidos...’’] por su parte el art. 13 de la citada norma, dispone que: "Cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado, independientemente del desahucio, a indemnizarle por el tiempo de servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo,...”. De la normativa transcrita, se colige que no les está permitido a las partes rescindir el contrato de trabajo sin previo aviso; que en caso de omisión de dicho deber se sanciona al infractor con una suma equivalente al sueldo por el periodo que corresponda sea este el trabajador o empleador; ahora bien, cuando el retiro fuere por causa ajena a la voluntad del trabajador, el patrono está obligado a cancelarle el desahucio.

También debe hacerse referencia a los arts. 180.1 de la CPE y art. 30.11 de la LOJ, que prevén como un principio procesal de la jurisdicción ordinaria a la verdad material, la que fue entendida por este Tribunal, como un principio que busca que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los acontecimientos suscitados, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia; en esa lógica el art. 48.1 y II de la CPE, establece que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que las mismas se interpretaran y aplicaran bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de las trabajadoras y los trabajadores.

En autos, la actora manifiesta que el preaviso de terminación de relación laboral de 9 de enero de 2013 no le fue entregado, habiendo impugnado dicho hecho a lo largo del proceso por ello denuncia error de hecho en la valoración de la prueba, y aplicación indebida del art. 12 de la LGT y 49 de la CPE; ahora bien, conforme lo determina en sentencia la Juez a quo, y analizado este documento que cursa a fs. 20 del expediente, se establece que fue emitido como cite RR.HH 0016/2016, con fecha de emisión el 9 de enero de 2013, el que refiere a preaviso de terminación de relación laboral; este documento lleva el sello del Ministerio del Trabajo con fecha 9 de enero de 2013, sin firma del dependiente que impuso dicho sello en esas oficinas; y, no lleva la firma de recepción de la funcionaría Ina Valeria Bruzzone Arancibia, ahora demandante, constando únicamente la nota literal de “no la quiso firmar se reuso”{sic), con fecha 10 de enero de 2012, a Horas 11.00 am, y con una rúbrica sin identificación alguna, por lo que este documento no constituye como expresa la Juez a quo "...prueba eficaz para demostrar más allá de toda duda razonable, que se hubiese entregado el PRE AVISO...”] hechos que no fueron advertidos por el tribunal de apelación, desconociendo así los derechos de protección previstos por el art. 48.1 y II de la CPE siendo entonces evidente la aplicación indebida del art. 12 de la LGT y 49 de la CPE por el tribunal de apelación al no considerar estos aspectos.

Además, debe tenerse presente que la parte demandada no presentó ni ofreció como testigo a efectos de que confirme lo actuado a la persona que hubiera estampado su rúbrica en el documento, debiendo tomarse en cuenta que en la materia laboral rige el principio de inversión de la prueba, en virtud del cual, la carga de la prueba le corresponde al empleador en el marco de lo previsto en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT; es decir, que el empleador demandado debe desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente, situación que no se dio en el caso de autos, puesto que la declaración de dos testigos ofrecidos por la empresa demandada y que son empleados de la misma, no pueden merecer la credibilidad necesaria al efecto, como hubiera sido la presencia de la persona que conforme expresó el demandado, sirvió de testigo en el momento que supuestamente la trabajadora se rehusó recibir la carta de pre aviso, no desvirtuándose dicho extremo con prueba suficiente y dentro de los plazos legales. Al no haberlo hecho, corresponde la cancelación del desahucio conforme lo estableció la juez a quo en sentencia.

Asimismo, es menester tenerse en cuenta los lineamientos establecidos en la SCP 1262/2013 de 1 de agosto de 2013 que expresa:

“...la estabilidad laboral en definitiva tiende a otorgar un carácter permanente a la relación laboral generando en el trabajador seguridad, paz y confianza para el adecuado desempeño de sus funciones, sin la presión que ejerce sobre la conciencia de la persona de ser despedido de su trabajo arbitrariamente y muchas veces sólo por el capricho de los que ostentan temporalmente el poder o dirección de una entidad laboral; sin que esto implique que el trabajador no cumpla debidamente las obligaciones para las que fue contratado; de donde resulta que en todo Estado de Derecho se busca alcanzar esta meta reafirmando los principios de estabilidad e inamovilidad funcionaría como regla y como excepción el despido justificado; en nuestra legislación laboral por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT, o en su caso en los reglamentos internos de cada entidad laboral.

En este escenario y considerando los alcances de protección que tiene la garantía constitucional de estabilidad laboral; la institución del preaviso establecida en el art. 12 de la LGT, en relación a la comunicación que hace la parte empleadora de rescindir el contrato de trabajo con noventa días de anticipación, resulta contraria al elemento sustancial del derecho fundamental a la estabilidad laboral, como es la de evitar la desvinculación laboral por la sola voluntad del empleador sin que medie una causa legal justificada, relacionada estrictamente a las obligaciones inherentes al contrato de trabajo, cuando esta se configura habitualmente, en una manifestación de voluntad unilateral del empleador de poner en conocimiento que dentro el plazo determinado en la ley, será resuelto el contrato de trabajo, conforme se expresó en el Fundamento Jurídico II 1.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en cambio el derecho fundamental a la estabilidad laboral para su materialización excluye toda decisión unilateral del empleador de extinguir la relación laboral sin que exista una causa legal justificada; es decir, que la extinción laboral en ejercicio de este precepto priva al trabajador de su fuente laboral injustificadamente atentando contra su estabilidad laboral; en este sentido sobre el tema, Guillermo Cabanellas de Torres con acierto afirma: "La situación entre patronos y trabajadores es distinta en este problema. En el caso de que un trabajador, sin alegación de causa justificada, deje su empleo, no perjudica muy gravemente al patrono, porque éste encuentra con facilidad, quizás inmediatamente, un reemplazante; en cambio, el trabajador despedido, principalmente en época de crisis de trabajo, debe agotar sus ya escasas reservas económicas antes de lograr otro empleo para su actividad”.

(...) en sentido de que al estar consagrada en la Constitución Política del Estado la estabilidad laboral como un derecho fundamental cuyo alcance de protección tiene como regla general otorgar un carácter permanente a la relación laboral, y como excepción el despido pero por una causa legal justificada y no por la sola voluntad del empleador; bajo este parámetro el preaviso establecido por el art. 12 de la LGT, por constituir una atribución unilateral del empleador para rescindir el contrato de trabajo sin que medie ninguna de las causales previstas en el art. 16 de la LGT y 9 de su Reglamento, ciertamente contraviene esta garantía; en tal antecedente las autoridades ahora demandadas al rescindir la relación laboral que sostenían con el ahora accionante aplicando el art. 12 de la LGT, incurrieron en un despido injustificado, máxime si persistieron en su decisión al no dar cumplimiento con la conminatoria de reincorporación dispuesta por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz conforme se tiene del informe cursante a fs. 15, vulnerando con ello el mandato de protección contenido en el art. 46.1.2 de la CPE y en consecuencia lesionaron su derecho al trabajo. Por consiguiente corresponde conceder la tutela demandada. ” En relación a la multa establecida, es menester también hacer referencia al art. 9 del DS N° 28699 de 1 de mayo de 2006, que dispone: 7. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo Indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda-UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. II. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor”. La norma legal transcrita, precisa un plazo perentorio para el pago de beneficios sociales al trabajador que cesa en sus funciones, previendo la imposición de una multa de 30% a favor del trabajador sobre el monto total a cancelarse incluyendo el mantenimiento de valor calculado y actualizado sobre la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda, cuando el pago se efectivice vencido el plazo otorgado; disposición legal que está estrechamente vinculada al DS N° 110 de 1 de mayo de 2009, que tiene por objeto garantizar la correcta aplicación del pago de la indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores, así como el pago oportuno bajo alternativa de imponerse las sanciones establecidas sin discriminar si la desvinculación laboral fue intempestivo o por voluntad del trabajador.

En autos, la Juez de primera instancia de manera adecuada determinó en sentencia que al existir despido injustificado le corresponde a la actora el derecho al desahucio por los tres meses de ley y al no haberse pagado el mismo, se activa el pago de la multa del 30% y la actualización en UFV, previsto por el art. 9 del DS N° 28699 de 1 de mayo de 2006.

En cuanto al incremento salarial que expresa la recurrente fue depositado después de tres meses de efectuado el retiro forzoso; debe tenerse presente al respecto que la actora demandó la reposición del incremento salarial que le correspondería percibir por los meses trabajados en 2013, y, de obrados se verifica de los comprobantes de operación del Banco de Crédito de fs. 24 y 25, el depositó en la cuenta de la actora del retroactivo de los meses de enero a marzo de 2013, por lo que no corresponde el pago de estos meses; debiendo tomarse en cuenta además que el DS N° 1549/13 que dispone el incremento salarial, fue emitido en fecha posterior a la desvinculación laboral de la actora, y que en cumplimiento de éste, se firmó convenio salarial entre BUGANVILLAS HOTEL CONDOMINO S.R.L. y los trabajadores del mismo a fs. 77, por lo que, en mérito a dicho convenio, se procedió a la cancelación de los retroactivos a los trabajadores a partir del mes de enero de 2013.

En relación a la afirmación de que se encuentran probadas las horas extra realizadas, tomando en cuenta la naturaleza del servicio que realizaba; analizados los datos del proceso y la Resolución de vista, se verifica que el Tribunal de Apelación obró correctamente al determinar en el Auto de Vista que no existe hora extraordinaria, teniendo que considerarse además que las tarjetas presentadas por la parte demandante fueron rechazadas por la empresa demandada, no teniendo el valor legal conforme lo determina el art. 161 del CPT; no siendo además evidente que la documental relativa a las tarjetas magnéticas originales fueran solicitadas por la parte actora al tenor de lo estipulado por el art.

160 del CPT.

Por lo anteriormente fundamentado, corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.4 y 274.II del Código de Procedimiento Civil y del art. 220.V del Código Procesal Civil, aplicables a la materia por permisión de la Disposición Transitoria Sexta (en vigencia plena desde el 6 de febrero de 2016 por disposición de la Ley N° 719 de 6 de agosto de 2015 y del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, CASA EN PARTE el Auto de Vista, en consecuencia, declara probada en parte la demanda, ordenando a la empresa demandada Hotel BUGANVILLAS SUITE & SPA R.L., a través de su representante, pague a tercero día de su legal notificación a Ina Valeria Bruzzone Arancibia, la suma de Bs.9.360,00.-(nueve mil trecientos sesenta 00/100 bolivianos) por concepto de desahucio, más la multa del 30% que debe calcularse sobre dicho monto y la actualización en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda al momento del pago.

Sin multa por ser excusable.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.