SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA


Auto Supremo N° 133/2016.

Sucre, 6 de mayo de 2016.

Expediente: SC-CA.SAU-LP.043/2016.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 106 a 108, Interpuesto por Bertha Adriana Castro Infantes, contra el Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR); el Auto de Vista N° 111/15 a fs. 103 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el marco del recurso de reclamación de renta única de vejez; la respuesta de fs. 113 a 115, el auto a fs. 116 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, dentro del recurso de reclamación de renta básica de vejez seguido por Bertha Adriana Castro Infantes, la Comisión de Calificación de Rentas de la Dirección General de Pensiones, mediante Resolución N° 017715 de 16 de septiembre de 1998 a fs. 29 vta., resolvió otorgar en favor de Bertha Adriana Castro Infantes, renta básica de vejez, equivalente al 30% de su promedio salarial, en el monto de Bs.300.-(Trecientos 00/100 bolivianos), a partir del mes de agosto de 1998.

Posteriormente la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, emitió la Resolución N° 0000975 de 28 de marzo de 2014, de fs. 51 a 54 de obrados, disponiendo la suspensión definitiva de le renta básica de vejes, otorgada en favor de la asegurada Bertha Adriana Castro Infantes y otorgó pago global único con reducción de edad, debiendo pasar esta suma a cubrir el monto de lo indebidamente cobrado, debiendo Asesoría Legal, proceder a la recuperación de lo indebidamente cobrado.

Formulado el recurso de reclamación interpuesto por la asegurada cursante de fs. 68 a 69, la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución N° 783/14 de 29 de septiembre de fs. 75 a 78, resolvió confirmar la Resolución N° 0000975 de 28 de marzo de 2014, de fs. 51 a 53.

Esta decisión motivó el recurso de apelación interpuesto por Bertha Adriana Castro Infantes de fs. 85 a 86 resuelto mediante Auto de Vista N° 111/15 de 21 de septiembre, emitido por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmando la Resolución N° 783/2014 de 29 de septiembre de fs. 75 a 78 de obrados, sin costas.

Ante esta determinación, Bertha Adriana Castro Infantes, interpuso recurso de casación en el fondo de fs. 106 a 108, acusando en síntesis:

Como consecuencia de la suspensión definitiva de su renta sostuvo que de fs. 16 y 17 existe documentación de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), que no ha sido mencionada menos tasada que data desde hace 20 años, citando lo previsto en los arts. 151 y 159 del Código Procesal del Trabajo (CPT) referentes a la prueba y sobre la prueba complementaria cuando no existen planillas, en el marco del Manual de Prestaciones de Rentas.

Se señala lo previsto en el art. 14 del Decreto Supremo (DS) N° 27543 y que, ante todo sin tomar en cuenta que en materia social la prueba se determina en la conciencia, es decir, en su contenido social antes que jurídico, extremo que el auto de vista recurrido, no tomó en cuenta, sino se basó simplemente en los informes técnicos de la repartición de revisión de rentas, hecho que le perjudica, ya que no da lugar a que tenga una renta de vejez digna, lesionando sus derechos, consagrados desde hace 17 años, que a estas alturas es difícil encontrar nuevamente documentación que reafirme la ya existente que no fue evaluada, menos considerada.

Que, de acuerdo a la documentación de fs. 16 a 22 y 26, trabajó 15 años y 5 meses, hecho que la habilita el derecho a una jubilación de acuerdo a lo establecido por los arts. 45 del Código de Seguridad Social (CSS), y art. 87 del Reglamento del CSS y del Manual de Prestaciones arts. 23 y sgts., aclarando que, en la época de su solicitud solo exigían documentos que cursan en obrados de fs. 1 a 22, extremo que cumplió estrictamente.

Por otra parte señaló que, el auto de vista recurrido, en base a una fundamentación lacónica, al confirmar la resolución N° 783/2014 de 29 de septiembre de fs. 75 a 78, que suspende su renta y le condena a pagos indebidos, sin lugar a una defensa, infringiendo el art. 16 de la Constitución Política del Estado (CPE), al descontarle como cobros indebidos, aspecto que no es correcto al contrario es arbitrario cualquier descuento, porque existiría presunción de culpa, al respecto esta la Sentencia Constitucional (SC) N° 0058/2000 de 24 de junio.

En este sentido, denunció la transgresión de los derechos consagrados en los arts. 7.k) de la anterior CPE y art. 45 de nueva CPE, que confiere un seguro social oportuno eficaz y completo, es decir, bajo el principio de integralidad traducido en la CPE abrogada.

Por ultimo sostuvo que, le suspenden definitivamente su renta, esgrimiendo disposiciones como el DS N° 27699 de 6 de junio de 2003 y art. 5 del DS N° 27991 de 28 de enero de 2005, no aplicable al caso, porque su solicitud es de 1998, cuando estaban vigentes otras normas, concediéndole solo un pago global con reducción de edad, hecho que considera una aberración, porque cuando se jubiló, tenía 57 años, como evidencia el certificado de nacimiento que adjunto, por lo que corresponde la rehabilitación de su renta y que al condenarle a pagos indebidos se transgredió los arts. 45 del CSS, 87 de su Reglamento, 23 y 83 de la RS N° 10.0.0.087 del Manual de Prestación de Rentas de 21 de julio de 1997, 151, 159 del C, 14 del DS N° 22543, 7. k) y 158 de la CPE anterior, 16 y 45 de la actual CPE.

Concluyó solicitando que este tribunal case el auto de vista recurrido, disponiendo la rehabilitación de su renta y la suspensión del pago indebido.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:

En el caso de análisis, la recurrente expresa indignación y disconformidad con el fallo del Tribunal de Segunda Instancia, por haber confirmado la Resolución N° 783/2014 de 29 de septiembre de fs. 75 a 78 de obrados, que a su vez confirmó la Resolución N° 0000975 de 28 de marzo de 2014 de fs. 51 a 54, que resolvió suspender definitivamente su renta de vejez, con el fundamento de haberse evidenciado inconsistencia en la densidad de cotizaciones al no figurar la asegurada en planillas los periodos 12/70 a 12/74 de la ENFE, por lo que de acuerdo a la Calificación de Años de Servicio de fs. 18 a 22, la interesada solo contaría con 136 cotizaciones por los periodos 10/75 a 12/82 para ambos regímenes por servicios prestados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, donde se dispuso determinar también lo indebidamente cobrado por la asegurada; decisión que fue asumida después de 17 años que se concedió la renta, lo que constituye un acto arbitrario.

Al respecto, el artículo 14 del DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas...”. Concordante con su artículo 18 que dice: "...Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo...”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: "Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo”. Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el artículo 83 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales, concordante con la Resolución Ministerial N° 550 de 28 de septiembre de 2005.

Al respecto, revisados los antecedentes que informan al proceso, se constata que, la asegurada a momento de presentar su solicitud de renta básica de vejez, entre ellos a fs. 16 el certificado expedido por la Caja Ferroviaria de Salud y a fs. 17, certificación extendida por la ENFE, documentos en los cuales se demuestra de forma contundente que la solicitante trabajó en las empresas descritas precedentemente y aportó para el seguro de vejez a largo plazo durante los periodos extrañados por el SENASIR, desde diciembre de 1970 a diciembre de 1974, es decir, por el tiempo de 4 años y 1 mes, documentación que no fue tomada en cuenta por los personeros del ente gestor a momento de emitir sus resoluciones.

En base a estos lineamientos y en virtud a los aludidos documentos, se desvirtúa lo afirmado por el SENASIR, que argumenta que la solicitante no figuraba en planillas, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por el solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones, así como el tribunal ad quem, a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el artículo 14 del citado DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el artículo 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues solo se evocaron a considerar la documentación que tenía en su poder, vulnerando el mandato del art. 48 de la CPE, referente a la irrenuncíabilidad de los derechos.

Este análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuenta por los representantes del SENASIR al momento de emitir sus resoluciones, ni por el tribunal ad quem, que no valoró la prueba, conforme determina el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social (R-CSS), correspondiendo en el caso presente, calificar a favor de la solicitante los periodos efectivamente trabajados correspondiente a las gestiones que fueron desconocidas por el ente gestor.

A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria, debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así el art. 180.1 de la CPE y 30. 11 de la Ley del Órgano Judicial , establecen como principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

De tal manera, conforme a la normativa precitada y a lo dispuesto en los artículos 158 y 162 de la CPE de 1967, vigente al inicio del presente proceso, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios además que se ratifican en los art. 35. I y 45. II y IV, de la actual CPE, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.

Por otra parte el derecho a la seguridad social y el derecho a la jubilación, están también reconocidos por los Convenios y Tratados Internacionales contenidos en el Convenio N° 102 de la Organismo Internacional del Trabajo (OIT) de 1952, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 25.1 y la Declaración Americana de Derechos y deberes del Hombre en su art. 16, que gozan de proclamación y regulación propia, protegiendo todos, al ser humano de las contingencias propias de la vejez, como base del ejercicio de otros derechos fundamentales como ser el derecho a la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, etc, que busca cubrir las necesidades básicas del beneficiario de la renta, que es considerado de atención prioritaria para el Estado y en etapa de vulnerabilidad, aspecto por el cual, la interpretación de la norma aplicable a este sector y la realización de tales derechos, deben tener la prevalencia del derecho sustantivo antes que las formalidades, haciendo de tal manera efectivos los valores, principios y fines del Estado, consagrados en el Capítulo Segundo, Título Primero correspondiente a la primera parte de la Constitución Política del Estado.

A modo de aclaración, respecto al cobro indebido, cabe señalar que, al no haberse tomado en cuenta, tanto por el ente gestor como por el órgano jurisdiccional, los periodos descritos precedentemente, corresponde desestimar la devolución del supuesto cobro indebido; puesto que la otorgación de la renta básica de vejez concedida mediante Resolución N° 017715 de 16 de septiembre de 1998 a fs. 29 de obrados, no obedeció a documentos o declaraciones fraudulentas conforme prescribe el art. 477 del R-CSS que señala: “Las prestaciones en dinero concedidas podrá ser objeto de revisión de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento: La revisión que revocare la prestación concedida o redujere el monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas”.

De igual manera, el artículo 9 del DS N° 27991 de 28 de enero de 2005 y el art. 2.b) de la Resolución Administrativa (RA) N° 044 de 18 de julio de 2001, autorizan primero a la Dirección de Pensiones y luego al SENASIR, a revisar de oficio o por denuncia justificada las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos, siendo los documentos cursantes en archivos, prueba para ejecutar dichas revisiones, estando para ello, autorizadas a realizar descuentos por planillas en mérito a la variación de cálculos; sin embargo en virtud a las previsiones contenidas en el art.477 del R-CSS, el descuento sólo procederá cuando se comprueba que la decisión obedeció a documentos y actos fraudulentos, situación que no sucedió en el caso de autos, puesto que el error provino del SENASIR y no así de parte del solicitante que de ninguna manera intervino en la calificación de su renta, es más facilito de manera oportuna la documentación necesaria en el marco del art. 4 de la Resolución Ministerial N° 1361 de 4 de diciembre de 1997 y 493 del R-CSS, en base a la cual se le calificó su renta.

Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido, carece de motivación y sustento legal, no se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el art. 271. 4. y 274 del CPC, aplicables a la norma remisiva, contenida en los art. 633 del R-CSS y art. 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por Resolución Secretarial N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, CASA el auto de vista recurrido y deliberado en el fondo; dispone la restitución inmediata de la renta de vejez a favor de la asegurada, desde el momento de la suspensión indebida.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 SAFCO y art. 52 del Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.