SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 131/2016.

Sucre, 6 de Mayo de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.041/2016.

Distrito: Santa Cruz de la Sierra.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 82 a 84 vta., interpuesto por María Ofir Tobías Callau, contra el Auto de Vista Nº 201 de 27 de abril de 2015, cursante de fs. 77 a 79, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social de beneficios sociales seguido por Antenor Herrera Mano contra María Ofir Tobías Callau, la contestación de fs. 87, el Auto de fs. 90 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

I.1. Sentencia

Que, tramitado el proceso social de beneficios sociales, el Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 134 de 15 de octubre de 2014 de fs. 62 a 63 vta., declarando probado el derecho demandado, con costas; ordenando a la demandada pague los beneficios sociales al actor conforme a los siguientes conceptos: indemnización de tres años, siete meses y siete días, aguinaldo de cinco meses y veintisiete días de la gestión 2013, vacación por dos años, salarios devengados más multa del 30 % por el monto que asciende a la suma de Bs.69.046,90.- (sesenta y nueve mil cuarenta y seis 90/100 bolivianos).

I.1.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducido por María Ofir Tobías Callau de fs. 65 a 66 vta., la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista Nº 201, confirmando la sentencia apelada, con costas.



I.2 Motivos del recurso de casación

La resolución de apelación motivó el recurso de casación de fs. 82 a 84 vta., interpuesto por María Ofir Tobías Callau, quien en lo fundamental sostiene:

  1. Que en fecha 08 de enero de 2011, contrató los servicios de Antenor Herrera Mano, para que se desempeñe como vaquero de una propiedad en la localidad de San Borja-Beni, con un haber mensual de Bs.800.- (ochocientos 00/100 bolivianos), tal como el actor mencionó hasta el 06 de mayo, fecha en que abandonó voluntariamente su trabajo sin previo aviso, por cuyo motivo perdió su derecho al desahucio e indemnización, estipulados en los arts. 16, 9.d) y f) y 13.g) e i) de la Ley General del Trabajo (LGT).
  2. Manifiesta que es una falacia lo que asevera el demandante respecto a haber trabajado sin remuneración económica; toda vez que, el demandante durante el tiempo de trabajo recibió mensualmente su salario, lo cual no fue valorado por el a quo, siendo que conforme al art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) se establece el derecho a ser oído.
  3. Expresa que ante la denuncia del actor a la Dirección Departamental de Trabajo por despido injustificado e intempestivo, absolvió la misma y con la finalidad de llegar a un acuerdo ofreciendo cancelar la suma de diez mil bolivianos, haciendo alusión al art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
  4. Que el juzgador no valoró ninguna prueba ni los pagos efectuados al demandante, siendo que el actor admitió haber recibido tales pagos, apreciándose con ello claramente la parcialidad del juzgador y dejándole en total indefensión.

1.2.1 Petitorio

Concluye expresando que plantea recurso de casación en el fondo contra el auto de vista impugnado, y al negar la acción y derecho del demandante al considerar contrario a las leyes, solicitó se dice Auto Supremo declarando procedente el recurso planteado, sin precisar empero un petitorio claro y concreto.




I.3 Respuesta al recurso de casación

Que, por memorial de fs. 87 y vta., el demandante responde el recurso de casación, solicitando la concesión del mismo y la remisión del proceso, de conformidad al art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así formulado el recurso de casación en el fondo, del análisis y examen exhaustivo de las piezas cursantes en el proceso y la normativa legal aplicable al caso en relación a la infracción acusada por la institución recurrente, es necesario referir las siguientes consideraciones:

1. Con referencia a la denuncia de abandono voluntario del trabajador de su fuente de trabajo, cabe referir que el empleador tenía la obligación de probar este hecho en el término de prueba; toda vez que, en materia laboral se aplica el principio de inversión de la carga de la prueba, que según instituyen los arts. 3.h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), el empleador tiene la obligación de desvirtuar las afirmaciones del demandante, sin perjuicio de que el trabajador pueda ofrecer las pruebas necesarias que sustenten el derecho de defensa. En ese contexto, se observa que la demandada no presentó prueba suficiente para desvirtuar las pretensiones del demandante, tales como: libro de planillas, boletas de pago, registro de ingreso y salida, entre otros documentos respaldatorios; no adjuntados al proceso para acreditar sus afirmaciones; concluyéndose en consecuencia, que los tribunales de instancia, resolvieron la causa en estricto cumplimiento y apego a la normativa laboral vigente, al concluir el derecho del trabajador al pago de los beneficios sociales reclamados. 

2. Con referencia a los supuestos pagos efectuados, es menester destacar que las documentales cursantes de fs. 21 a 31 en obrados, no contienen la firma de recepción del trabajador en señal de conformidad y la falta de pago de salarios se constituye en despido indirecto. En consecuencia la desvinculación laboral obedeció a la falta de pago oportuno de sus haberes mensuales.

Corresponde reiterar que, el despido indirecto tiene los mismos efectos que el despido injustificado, por el que, se reconoce al ex trabajador, el derecho de percibir todos los derechos y beneficios sociales emergentes de la ruptura laboral por culpa atribuible al empleador, quien incita y obliga al trabajador a tomar decisiones como consecuencia de la alteración de condiciones de la relación laboral, modificando de manera sustancial la armonía de la actividad laboral, pudiendo ser ésta por alteración del horario de trabajo, reducción de salario, traslado del trabajador a un puesto de trabajo inferior o, como en el caso presente, el impago del salario.

En autos, se establece que el retiro voluntario del trabajador fue inducido por el empleador en tanto le privó de sus haberes mensuales, aspectos que certifica las pruebas cursantes a fs. 21 a 31 de obrados, lo que ciertamente constituye despido indirecto, forzoso e injustificado atribuible al empleador, pues la doctrina en la materia señala que no solamente la rebaja de salarios constituye causal de aplicación del art. 2 del Decreto Supremo (DS). de 9 de marzo de 1937, sino también cualquier otro hecho que altere las condiciones normales existentes en el desarrollo del trabajo. En esa línea esta Sala ratificó la jurisprudencia anterior en sentido que la falta oportuna de pago de salarios, se constituye en una causal de retiro indirecto.

En efecto, el art. 52 de la LGT, concordante con el art. 5 de la CPE, establece que el trabajo prestado por cuenta ajena, sea que se origine en acuerdo verbal o escrito, tiene como contraprestación ineludible el salario. Consiguientemente, el incumplimiento de esta obligación por parte del empleador constituye infracción del contrato de trabajo que conlleva la carga perjudicial para el trabajador y su familia, dada la categoría social que reviste el salario, más aún si conforme al art. 53 del citado sustantivo laboral, su pago no puede exceder de quince días. En este caso se produce un perjuicio mucho mayor al de la rebaja de salario, cuya acción es también reconocida como despido indirecto de conformidad al art. 2 del DS. de 09 de marzo de 1937.

Al constituirse el perjuicio ocasionado como moral y fundamentalmente económico, originado por la empleadora con el incumplimiento de sus deberes legales y contractuales, traducido en la privación del salario, coloca al trabajador en situación tal que no le permite continuar trabajando en la empresa; por lo que, la desvinculación laboral producida en estas circunstancias al ser imputable a la empleadora contrae la obligatoriedad del art. 13 de la LGT, en el entendido que el retiro es producido por causas no imputables al trabajador. Por lo que, se advierte que el tribunal de alzada en todos los puntos cuestionados como vulnerados, aplicó correctamente la ley, respondiendo en consecuencia a la verdad de los hechos, sin que sea cierta la infracción acusada por la recurrente.

Siguiendo el razonamiento anterior y tomando en cuenta la previsión del art. 48 de la CPE, que consagra la irrenunciabilidad de los derechos sociales reconocidos a los trabajadores, así como el art. 52 de la LGT, en cuya definición el salario constituye una contraprestación al trabajo efectivo del trabajador y se emplea para su sustento y el de su familia, no pudiendo demorar su pago fuera de los plazos establecidos por ley, precisamente por su finalidad de subsistencia al que responde, por lo que, la falta de pago adquiere mayor trascendencia que la simple rebaja. Así entonces, la desvinculación laboral asumida en tales condiciones trae consigo la necesidad del trabajador de conseguir otra colocación que le permita su subsistencia diaria, circunstancias en la que resultaría inadmisible y contrario a todo principio laboral, la exigencia de presentar un pre aviso o de privarle del derecho a la indemnización y desahucio.

3. En referencia al arreglo de Bs.10.000.-, es imperioso resaltar que por mandato constitucional instituido en el art. 48.III de la norma suprema y art. 4 de la LGT, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Bajo este principio, el trabajador está imposibilitado de privarse, voluntariamente de las garantías que le otorga la CPE y la legislación laboral. Lo que sea renunciado está viciado de nulidad absoluta, no teniendo la autonomía de la voluntad ámbito de acción para los derechos irrenunciables. Esto evidencia que el principio de la autonomía de la voluntad de Derecho Privado se ve severamente limitado en el Derecho Laboral. Consiguientemente, al no ser evidente la denuncia efectuada por la recurrente, se destaca que los de instancia obraron en corrección y justicia, conforme a las leyes en materia laboral vigentes.

4. En referencia a la falta de valoración de las pruebas aportadas al proceso por la demandante, se advierte que tal aseveración es infundada; toda vez que, la parte demandada no desvirtúo las pretensiones del actor en la etapa probatoria, más al contrario ofreció pruebas de fs. 21 a 31 de obrados que conllevan al convencimiento del juzgador de que la demandada evadió sus obligaciones laborales para con su trabajador y pretender efectuar arreglos económicos que vulneran los derechos del trabajador. En consecuencia, este Tribunal de casación concluye que, no es evidente lo cuestionado por la parte recurrente, porque el ad quem obró en estricta observancia de la ley.

               Consiguientemente, en mérito a lo referido se concluye que no son evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación, al carecer de sustento fáctico y jurídico; lo que conlleva a afirmar que el tribunal de alzada realizó adecuada apreciación y valoración de los antecedentes del proceso en la emisión del Auto de Vista N° 44/2011, no incurriendo en transgresión de norma alguna, correspondiendo en tal circunstancia resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

Por lo expuesto, se concluye que no son evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 82 a 84 vta., al carecer de sustento fáctico y jurídico; lo que conlleva a afirmar que el tribunal de alzada realizó adecuada apreciación y valoración de los antecedentes del proceso en la emisión del Auto de Vista Nº 201, no incurriendo en trasgresión de norma alguna, correspondiendo en tal circunstancia resolver en el m arco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 82 a 84 vta. interpuesto por María Ofir Tobías Callau. Con costas.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.