SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 124/2016.

Sucre, 7 de abril de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ. 319/2015.

Distrito: Santa Cruz de la Sierra.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 3.957 a 3.961vta., interpuesto por Edwin Gualberto Álvarez Pantigozo en representación de  la Empresa GAS TRANSBOLIVIANO S.A. representada por, contra el Auto de Vista Nº 64 de fecha 3 de marzo de 2015, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz de fs. 3.930 a 3.932, dentro del proceso contencioso tributario que sigue la parte recurrente en contra de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el memorial de respuesta de fs. 3.965 a 3.967 vta., el auto a fs. 3.968 y vta., que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso contencioso tributario, el Juez Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 01 de fecha 03 de enero de 2009  de fs. 3.736 a 3.742, declarando improbada la demanda de fs. 35 a 41, interpuesta por  la Empresa GAS TRANSBOLIVIANO S.A. representada por María Eugenia Mosciaro Gil contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales, y por consiguiente firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº GSH-DTJC Nº 113/2007 de fecha 9 de octubre de 2007, por sus fundamentos legales.

En grado de apelación, interpuesto por el representante legal de la parte demandante de fs. 3.762 a 3.765, mediante Auto de Vista Nº 568 de fecha 24 de junio de 2009 de fs. 3.798 a 3.799, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, confirmó lo dispuesto por el Juez Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario en la Sentencia Nº 01 de fecha 03 de enero de 2009 corriente a fs. 3.736 a 3.742 de obrados.

Que, contra el referido Auto de Vista, la parte demandante interpuso recurso de casación en la forma de fs. 3.802 a 3.806, el mismo que fue resuelto mediante Auto Supremo Nº 067/2013 de fecha 9 de octubre de 2013, de fs. 3.908 a 3.910 vta., anulando obrados hasta fs. 3.797 bis inclusive, disponiendo que previo sorteo y sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa pronuncie nuevo auto de vista, en sujeción a lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), pronunciándose sobre los puntos reclamados en el recurso de apelación.

Que, en cumplimiento de dicho fallo, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió Auto de Vista Nº 64, confirmando la sentencia dictada en fecha 3 de enero de 2009 cursante de fs. 3.736 a 3.742 de obrados.

Que, el referido auto de vista, motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo por Edwin Gualberto Alvarez Pantigozo en representación de Empresa GAS TRANSBOLIVIANO S.A., bajo los siguientes argumentos: 

En la forma

Acusó vulneración al debido proceso, toda vez que el auto de vista impugnado carece de fundamentación y congruencia, así como vulneración de la tutela judicial efectiva, señalando como antecedentes las SCP 0604/2014 de 17 de marzo y SC 1768/2011 de 7 de noviembre.

Asimismo señala que el auto de vista es confuso y redactado sin ninguna esquematización que permita un entendimiento claro y preciso de su contenido, que transcribe artículos de la Ley 843 sin analizar ni fundamentar las razones por las cuales los gastos observados por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos no otorgan el derecho al crédito fiscal, pese a que hubiese transcurrido más de ocho años desde la emisión de la Resolución Determinativa, así como no  fundamentar las razones por las cuales los gastos de transportes aéreos para el traslado de operadores del ducto a estaciones de compresión y medición que se encuentran ubicadas en plena selva virgen y son inaccesibles en época de lluvias, no dan derecho a crédito fiscal, máxime si estos gastos son imprescindibles para las operaciones declaradas en el objeto social de la sociedad, y se encuentran vinculados a la actividad económica; así como el pago a los proveedores en cumplimiento de normas socio laborales, tampoco otorgan  beneficio al contribuyente.

Por otra parte indica que se desconoce el criterio de la administración tributaria para determinar cuales son las compras vinculadas al transporte de hidrocarburos por ducto, toda vez que el a quo y el ad quem se limitaron a repetir los argumentos de GRACO sin hacer una valoración de los argumentos de su parte, en cuanto a la pertinencia del beneficio del crédito fiscal por las compras vinculadas a su actividad principal, por lo que al no existir fundamento ni motivación alguna en el auto de vista, al no pronunciarse sobre agravios, y cargos girados en contra de la demandante, dicha resolución adolece de formalidades esenciales del proceso incurriendo en la causal de nulidad prevista en el inciso 4 del art. 254 de la norma civil adjetiva.

En el fondo

IVA Crédito Fiscal

Acusó que la sentencia y el auto de vista han negado indebidamente a la empresa el crédito fiscal por compras vinculadas a su actividad, toda vez que Gas Transboliviano es una empresa que presta el servicio público de transporte de gas por ductos, hacia la república Federativa del Brasil, donde operan seis estaciones de medición y compresión que están distribuidas a lo largo de 557 kilómetros y que deben ser atendidas por grupos especializados de ingenieros los 365 días del año sin excepción, los que deben ser transportados, alimentados, alojados, dotados de equipo de protección personal EPP, y además deben gozar de condiciones de trabajo acordes al riesgo.

Que, es obligación de la empresa el transporte a las estaciones, la alimentación, servicios médicos y seguros; sin embargo, para GRACO estos son gastos insulsos, superfluos, e innecesarios, que para los jueces de instancia ni siquiera merecen un pronunciamiento o valoración.

IVA Transporte de energía no facturada

Indica que si se compara el monto de la observación con el monto facturado mensualmente, el resultado es totalmente ilógico y abusivo, y que este extremo se explicó de manera clara y pormenorizada, además de adjuntar documentos, que demuestran la existencia de válvulas de control de flujo en el punto de recepción del gas natural, de manera tal que todas las cantidades puestas a disposición del cargador deben pasar por estas válvulas, por tanto las cantidades fueron medidas con exactitud y no son susceptibles de ajustes, es decir que el cargador paga exactamente por la cantidad que recibe y jamás se ha dado, en quince años que la empresa opera el ducto, un “ajuste” en el volumen entregado, este hecho evidencia que lo trasportado fue facturado y la posición de la administración tributaria es una opinión sin respaldo documental que la pruebe.

IVA. IT Pagos diferidos

En el mal entendido de GRACO, el hecho generador se produce el ultimo día de cada mes y por tanto siguiendo este criterio establecido en el numeral 41.f),h), i) de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 emitida por el SIN, califica nuestra declaraciones de impuestos como venta de servicios declaradas en meses posteriores al hecho generador, sin considerar que esta norma no es aplicable a la empresa, en razón a que el Decreto Supremo (DS). 29527 de 23 de abril de 2008, indica que el periodo de medición se inicia a partir de las 6:00 am del primer día de comercialización, hasta las 06:00 am del primer día del mes siguiente, y que la emisión se realizara una vez concluida la medición referida en el punto anterior, por lo que la empresa emite factura cuando termina la medición a las 06:00 am del primer día del mes siguiente, puesto que sería imposible emitir la factura el último día del mes sin conocer exactamente el monto de la factura, puesto que la misma  se emite una vez se conocen los volúmenes entregados y que la forma de medición no  se realiza en base a decisión discrecional de la empresa, sino en aplicación del DS. 29527.

Asimismo señala que el SIN ha emitido las Resoluciones Determinativas Nº 17-000001-11, 17-000002-11, 17-0000017-11, 17-0000018-11, 17-0000019-11 y 17-0000020-11, donde se deja sin efecto todo cobro, cargo y ejecución que tenga su origen en el diferimiento de pago, a favor de la empresa, y en efecto aplicando a periodos anteriores a la fecha de publicación del D.S. 29527, por lo que existe un reconocimiento y un precedente indiscutible de aplicación del mismo por parte del SIN.

Concluyó solicitando se anule obrados hasta el vicio mas antiguo, o en su defecto se case el auto de vista impugnado dejando sin efecto la Resolución Determinativa Nº GSH-DTCJ Nº 113/2007 emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los fundamentos del recurso de casación, los antecedentes del proceso, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Que, con carácter previo a resolver el recurso de casación planteado, corresponde tener presente que en ejercicio de la facultad conferida en el art. 17 de la Ley Órgano Judicial (LOJ) de 24 de junio de 2010, este Tribunal tiene la facultad de revisar de oficio los antecedentes del proceso, a objeto de verificar el cumplimiento de los plazos y leyes que regulan su correcta tramitación y conclusión, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de oficio, conforme establece el art. 252 CPC.

Asimismo, se debe tener presente que, toda resolución judicial debe constituir una unidad jurídica lógica y las apreciaciones de la parte considerativa no deben ser contradictorias, por lo que enfáticamente se demuestra que la parte resolutiva emerge como resultado coherente de los enunciados previos, que entre otras cosas, debe cumplir con el principio de congruencia, es decir, que debe ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso y que, salvo expresa autorización de la ley, no puede contener más de lo pedido (ultra petita), ni debe dejar sin analizar y sin resolver ninguna pretensión sostenida por las partes (citra petita).

Se impone además, en mérito a lo dispuesto en el art. 236 del citado Adjetivo Civil, que los tribunales de alzada ajusten sus resoluciones de segunda instancia con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y los datos del proceso.

Que la motivación de las resoluciones judiciales se constituyen en un deber jurídico que hace al debido proceso, esto implica que todo impartidor de justicia que deba resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

Por otra parte, debe tenerse presente que la motivación de las resoluciones judiciales se constituyen en un deber jurídico que hace al debido proceso, implicando que todo administrador de justicia al resolver una causa, debe inexcusablemente exponer los hechos, efectuar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Estas connotaciones encuentran también respaldo en la jurisprudencia de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0092/2012 de 19 de abril, cuyo Fundamento Jurídico III. 2. expresa que: "La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que: “...las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores...".

Cumpliendo la obligación procesal de las normas citadas precedentemente y haciendo un análisis minucioso del auto de vista, se observa que el tribunal ad quem no se ha pronunciado con la debida motivación y fundamentación sobre lo reclamado en el recurso de apelación, tal es así que de manera escueta se limita a señalar que la sentencia realizó un análisis e interpretación correcta de las disposiciones legales, asimismo se refiere de manera genérica y sin fundamentación motivada en la norma aplicable con relación a los cargos impuestos del IVA, IT y pagos diferidos, y omite referirse a la presunta nulidad de la sentencia; agravios denunciados en el recurso de apelación de fs. 3.762 a 3.765, que no fueron resueltos, avocándose de manera incongruente a manifestar que la resolución de primera instancia actúo correctamente sin señalar de manera clara como, porqué y de qué manera se llega a esa conclusión.

En ese entendido, se hace necesaria la valoración y posición de manera objetiva del tribunal ad quem para determinar si la Administración Tributaria actuó conforme la norma para establecer la sanción a la empresa recurrente, por lo que, al realizar un análisis prolijo de obrados se evidencia que esto no ocurrió, al no citar el tribunal de alzada la normativa legal que regula la materia y aplicable al caso de autos, advirtiéndose que no se cumplió con la previsión contenida en los arts. 190, 192 y 236 del CPC, normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio conforme instituye el art. 90 del CPC, cuya inobservancia importa nuevamente la nulidad de oficio, impidiendo que la competencia de este Tribunal se abra, toda vez que no existe pronunciamiento sobre cada uno de los conceptos reclamados por la parte recurrente.

Por lo anotado y en el marco legal descrito, al haberse vulnerado el derecho de las partes a obtener de los jueces de instancia una determinación clara y precisa sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas, sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso, en consecuencia, por lo verificado es justo y conforme a derecho dar respuesta a los agravios planteados, correspondiendo enmendar el error y dar aplicación a las previsiones de los arts. 271.3, 252 y 275 del CPC aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 214 y 297.II de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 201, ANULA obrados hasta la fecha de sorteo de la causa de fs. 3929 inclusive, disponiendo que el Tribunal ad quem bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo auto de vista, resolviendo con pertinencia, motivación y exhaustividad todos los puntos controvertidos sometidos a su conocimiento, en sujeción a lo dispuesto por los arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil.

Se impone multa de un día de haber a los vocales firmantes del auto de vista.

Remítase copia de la presente decisión al Consejo de la Magistratura en cumpliendo a lo previsto por el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.