SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 118/2016.

Sucre, 07 de abril de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.313/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 199 a 200, interpuesto por Patricia Miranda Chávez en representación de la Universidad Abierta Privada Latinoamericana (UPAL),  contra el Auto de Vista N° 157/2014 de 25 de junio, cursante de fs. 185 a 188, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso laboral seguido por Claudia Marcela Hinojosa Luizaga. La respuesta de fs. 203 a 206, el Auto de fs. 207 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, pronunció Sentencia el 7 de octubre de 2011, de fs. 163 a 167, declarando probada en parte la demanda de fs. 2 a 3, de obrados, disponiendo que la UPAL a través de su representante legal Octavio Deheza Ugarte, cancele a Claudia Marcela Hinojosa Luizaga la suma de Bs.42.776,54.-(cuarenta y dos mil setecientos setenta y seis 54/100 bolivianos) por desahucio, indemnización, aguinaldo, vacaciones, primas y bono de antigüedad, más los reajustes y multas establecidos en el art. 9 del Decreto Supremo (DS) N° 28599 de 1 de mayo de 2005, e improbada en los demás puntos demandados y así mismo improbado el responde formulado por la parte demandada mediante memorial a fs. 12 de obrados.

En grado de apelación formulada por la UPAL a través de su representante legal Gustavo Jorge Octavio Daheza Ugarte, mediante memorial de fs. 171 a 172 de obrados, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista N° 157/2014 de 25 de junio, de fs. 185 a 188, confirmó la Sentencia de 7 de octubre de 2011 de fs. 163 a 167, con costas en ambas instancias.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs.199 a 200, interpuesto por la UPAL representada por Patricia Miranda Chávez señalando en síntesis:

Que, el Auto de Vista N° 157/2014, no consideró las pruebas de fs. 34 a 140 del expediente, por el cual se evidenció las causales del despido justificado, por lo que la actora no debería contar con beneficio de indemnización y desahucio, pruebas que evidencian las constantes faltas al extremo la falta de respeto del elemento de la subordinación, incidiendo con el incumplimiento de sus obligaciones.

Agrega que la prueba literal de fs. 66 referida al certificado de trabajo, refeccionado por la demandante, por lo que se confirmó el ingreso como trabajadora de la UPAL el día de febrero de 2008, y no así como establece la sentencia y el auto de vista para determinar los 3 años 11 meses y 18 días, considerándolos como tiempo de servicios sin interrupción, aspecto que da por admitido ese periodo sin valorar las pruebas cursantes de fs. 64, 66, 70, 73, 75, 76 y 80.

También denuncia que no fueron valoradas las pruebas a fs. 140, sobre las vacaciones, si las actividades de una universidad y en particular de la UPAL, se efectúan cada fin de año efectuando un intervalo de semestre a semestre, correspondiendo la vacación colectiva, cuando conforme a fs. 81 la actora pidió vacación para realizarse una cirugía plástica, conforme el informe médico a fs. 82, por lo que le corresponde el saldo de 4 días conforme la prueba de fs. 140, avalando la cirugía el auto de vista pero no consideró el permiso.

Así mismo con respecto a las primas, el auto de vista alegó que debe de existir un permiso, omitiendo el Reglamento de Universidades Privadas de Bolivia, siendo las mismas sin fines de lucro conforme establece el art. 5.I, por lo que no corresponde dicho beneficio.

Concluyó, “...solicitando se conceda el presente recurso para que el Tribunal Supremo de Justicia case el auto de vista o en su caso anulen por las normativas señaladas”, sin precisar un petitorio claro y concreto.

CONSIDERANDO II: Que, en mérito a los antecedentes del memorial del recurso de casación de fs. 199 a 200 de obrados, formulado por la UPAL, que consigna en la suma que recurren de casación en la forma y en el fondo, corresponde realizar las siguientes consideraciones:

En principio, es preciso señalar que el recurso de casación se equipara a una nueva demanda de puro derecho, que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 del Código de Procedimiento Civil (CPC), debiendo realizar una fundamentación por separado de manera precisa, clara y concreta las causas que motivan la casación, ya sea en la forma, en el fondo o en ambos, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino demostrar conforme señala la ley en qué consiste la infracción que se acusa y es reclamada por la parte perjudicada que pretende a través de esta nueva demanda se reponga su derecho.

En ese contexto, debe tenerse en cuenta que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista, cuando los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir las resoluciones hubiesen incurrido en errores in judicando, agravios que imperativamente deberán ser exteriorizados a través de los tres presupuestos contenidos en el art. 253 del CPC vale decir, cuando se acredite: "que la resolución objeto del recurso hubiera sido emitida en virtud a una errónea interpretación o aplicación indebida de una ley" o "cuando la referida resolución contuviere disposiciones contradictorias", y finalmente, cuando se demuestre: "que en la valoración de las pruebas se hubiere incurrido error de derecho o de hecho, aclarando que este último debe ser evidenciado por otros documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador".

En cambio, el recurso de casación en la forma, procede cuando el juez o tribunal de alzada hubiesen incurrido en violación de las formas esenciales del proceso, previstas en cualquiera de los incisos del art. 254 del CPC, que se trasuntan en errores procedimentales o error in procedendo, debiendo el recurrente realizar la debida fundamentación, precisando de manera clara y suficiente los agravios que den lugar a la nulidad de obrados, en el caso de análisis la recurrente no cita en cuál de los incisos de la norma adjetiva señalada se funda, su agravio, para la nulidad impetrada. Es decir, en ambos casos los recurrentes debían observar la importancia que tiene el cumplimiento de los requisitos descritos en el art. 258.2 del CPC, relativos a la cita clara, concreta y precisa de la ley o leyes violadas o aplicadas erróneamente o del error de derecho o hecho en la apreciación de las pruebas, con la conclusión de un petitorio claro congruente con lo pedido en el recurso y a las normativas acusadas como transgredidas, por cuanto el legislador cuida que el recurso cumpla su finalidad de abrir la competencia del Tribunal de Casación y que éste no incurra en arbitrariedad alguna.

En esa línea, es preciso aclarar que para la eficacia del recurso de casación en el fondo, como en la forma, es suficiente la acreditación de uno de dichos presupuestos y no necesariamente de todos, porque al evidenciar dicho error in judicando o in procedendo en cualquiera de sus variantes, se abre la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para ingresar a considerar y resolver el mismo, disponiendo lo que en derecho corresponda en cualquiera de las formas o en ambas.

Ahora bien, aclarado como se tiene en qué consiste y cuál la finalidad del recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde puntualizar que en el caso de autos, si bien la representación de la Universidad recurrente planteó recurso de casación en el fondo y en la forma, en consecuencia, correspondía realizar una fundamentación por separado, en cumplimiento a las normas adjetivas señaladas supra, señalando cuales fueron las vulneraciones en que incurrió el tribunal de alzada. Sin embargo, la recurrente no observó en absoluto las normas legales que describen claramente cuándo y cómo procede el recurso de casación en ambos casos; dicha inobservancia por supuesto conlleva a la falta de fundamentación en el fondo que consiste en señalar de manera clara, precisa y concreta, describiendo cuales son las normas violadas, indebidamente aplicadas o erróneamente interpretadas, o si se incurrió en error de hecho o de derecho y en la forma, referir de qué manera se incurrió en vulneración de las formas esenciales del proceso, que acarrean la nulidad de obrados y además que derechos se han vulnerado con dichos actos, los recurrentes simplemente se limitaron a realizar un relato intrascendente, haciendo una relación de los hechos intrascendentes, que ya fueron considerados y resueltos por los tribunales de instancia. En todo caso en el recursos se confunde los requisitos, que corresponden a la forma y al fondo del recurso, lo cual demuestra el desconocimiento total de la técnica legal recursiva, prevista en el código ritual de la materia, aspectos que impiden a este Tribunal de Casación abrir su competencia para resolver el fondo del litigio, siendo por tanto aplicables los arts. 271.1 y 272.2 ambos del CPC, por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 199 a 200 interpuesto por la Universidad Abierta Privada Latinoamericana (UPAL) representada por Patricia Miranda Chávez. Con costas.

Se regula honorarios del abogado de la demandante en la suma de Bs.500.- que mandará pagar el tribunal ad quem, con cargo a la entidad demandada.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.