SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 113/2016.

Sucre, 7 de abril de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-PDO.308/2015.

Distrito: Pando.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 376 a 377, interpuesto por Jerónimo Pinheiro Lauria y Jacinto Condori Torrez en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, contra el Auto de Vista Nº 91/15 de 22 de junio de 2015 cursante de fs. 352 a 353, emitido por la Sala Civil, Social, Familia, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso social por pago de subsidio de frontera, seguido por el Sindicato de Aseo Urbano de Cobija representado legalmente por Luis Arturo Castillo Llusco en su calidad de Secretario General, el memorial de contestación de fojas 380 y vta., el Auto de concesión del recurso de 24 de agosto de 2015 cursante a fojas 381; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija, Distrito Judicial de Pando, emitió la Sentencia Nº 66 015 de 4 de mayo de 2015 (fojas 333 a 335), que declaró probada la demanda de fojas 279, disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, cancele el subsidio de frontera de los trabajadores de la Unidad de Aseo Urbano del Municipio de Cobija, conforme a los montos establecidos a cada uno de los trabajadores solicitada en la demanda de fojas 279, sin costas.

En grado de apelación de fojas 341 y vta., interpuesto la entidad demandada, la Sala Civil, Social, Familia, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, pronunció Auto de Vista Nº 91/15, que confirmó la sentencia apelada Nº 66 015, sin costas.

Que, contra el referido Auto de Vista, la entidad demandada, interpuso Recurso de Casación en el fondo (fojas 376 a 377), en el que señala los siguientes argumentos:

Denuncia la violación del artículo 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), porque la demanda obligatoriamente debía interponerse en la vía civil y no en la vía laboral, sustentándose en los artículo 5 y 6 de la Ley Nº 2027, referido a los servidores públicos que prestan sus servicios en relación de dependencia, ya que los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija y sus dependencias se encuentran sometidos a esa Ley y se encuentran al margen de la Ley General del Trabajo (LGT).

Arguye la falta de aplicación del “ARTÍCULO 234” (sic) de la CPE, disposición constitucional referida a que los servidores públicos deben cumplir sus responsabilidades de manera eficiente, puntualidad y responsablemente, sin ninguna falta u observación en su labor; y por el contrario los demandantes al iniciar su demanda vulneran dicha disposición constitucional generando inclusive conductas de tipo penal contra el Gobierno Municipal de Cobija.

Manifiesta que el Auto de Vista viola el artículo 1 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, al no considerar que los demandantes no están sujetos a la Ley General del Trabajo, por ser funcionarios públicos, y por ende están sujetos a lo dispuesto por los artículos 4, 5 y 6 de la ley Nº 2027 del Estado del Funcionario Público.

Alega por último, la falta de aplicación del artículo 232 de la CPE, considerando que las personas individuales, que independientemente de su jerarquía y calidad, prestan servicios en relación de dependencia en una entidad pública, están sometidas al ámbito de aplicación de  las normas legales en vigencia.

Concluyó el memorial del recurso, solicitando casar el Auto de Vista Nº 91/2015 de 22 de junio de 2015, disponiendo se remita el presente proceso a la autoridad competente o en su defecto archivando obrados.

La parte demandante, mediante memorial de fojas 380 y vta., responde al recurso interpuesto, señalando que la sentencia impugnada ha cumplido el procedimiento establecido y observando los principios que rigen en materia laboral, y circunscribiéndose estrictamente a las disposiciones sociales y laborales. Concluyendo su memorial solicitando se confirme en todas y cada una de las partes la Sentencia Nº 66/2015 de 4 de mayo de 2015 y el Auto de Vista Nº 91/2015 de 22 de junio.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo, y el memorial de contestación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

       De la lectura del memorial del recurso, se advierte que carece de fundamentación legal y técnica recursiva en su desarrollo, siendo el mismo completamente superficial en su contenido; no advirtiendo que el Recurso de Casación se constituye en una nueva demanda de puro derecho y que en su planteamiento debe cumplir ciertos requisitos indispensables para su procedencia, debiendo realizar una crítica legal del Auto de Vista impugnado. Si bien la entidad recurrente cita artículos que consideran violados o inobservados, empero, no precisan en términos razonados y razonables, en qué consiste la infracción que se acusa, ni fundamentan cómo, porqué y de qué manera hubieran sido vulneradas dichas normas, soslayando que el recurso de casación en el fondo como lo plantea-, debe fundarse en errores (infracciones) in judicando, en que hubiese incurrido el Tribunal de instancia al emitir su resolución, debiendo identificarse estas infracciones por separado y subsumirlas a las causales insertas en la norma prevista por el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aspectos legales que no han sido cumplidos por la entidad recurrente, además de ser incongruente al observar la infracción del artículo 122 de la CPE, que debía interponerse a través de un recurso de casación en la forma o nulidad.

Al respecto, Gonzalo Castellanos Trigo en su obra “Análisis doctrinal y jurisprudencial del Código de Procedimiento Civil Boliviano” (páginas 35, 66 y 95) dice: “El recurso de casación en el fondo no constituye instancia, porque el tribunal debe limitarse a examinar las cuestiones de derecho, para determinar si a los hechos, tal cual están establecidos en la sentencia recurrida, se les ha aplicado correctamente o no el derecho.” (las negrillas son añadidas).        

En ese entendido, de la lectura del recurso planteado se colige que el mismo no cumple con estos postulados, constituyéndose en un recurso impreciso, repetitivo y carente de relevancia jurídica, sosteniendo únicamente que los demandantes son funcionarios públicos y por tanto no se encuentran amparados por la Ley General del Trabajo; no obstante de las deficiencias observadas teniendo en cuenta la nueva visión de la justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, que se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, entre otros, se ingresa a examinar y resolver el fondo de la litis, a objeto de dar una respuesta oportuna a las partes integrantes del proceso.

Respecto de la acusación que efectúa la parte recurrente, en relación con la supuesta incompetencia del Juez A quo como del Tribunal Ad quem para asumir conocimiento de la causa, esta afirmación no es evidente, pues en aplicación de los artículos 4, 9 y 43 del Código Procesal del Trabajo (CPT), los jueces en materia laboral y de seguridad social tienen competencia para conocer de las acciones sociales suscitadas como emergencia de la aplicación de las leyes laborales. En el caso de autos se acude a la jurisdicción laboral, toda vez que se encuentra en controversia el pago de derechos sociales cual es el pago del subsidio de frontera. Asimismo, es preciso aclarar que en razón de la materia, la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010 en su artículo 73, refiere que: “Las juezas y jueces en materia de Trabajo y Seguridad Social, tienen competencia para: (…) 4) Conocer y decidir acciones individuales o colectivas, por derechos y beneficios sociales, indemnizaciones y compensaciones y, en general, conflictos que se susciten como emergencias de la aplicación de las leyes sociales, de los convenios y laudos arbitrales”; norma concordante con el artículo 15 de la misma norma legal que dispone: “El Órgano Judicial sustenta sus actos y decisiones en la Constitución Política del Estado, Leyes y Reglamentos, respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias establecidas en la Constitución. En materia judicial se aplicará con preferencia a cualquier otra disposición legal o reglamentaria. La ley especial será aplicada con preferencia a la ley general…”. En ese contexto y tratándose la presente Litis sobre el pago del subsidio de frontera como un derecho adquirido, se tramitó en la judicatura laboral, en resguardo de los derechos adquiridos e irrenunciables de los demandantes, por lo que no es evidente la vulneración del artículo 122 de la CPE.

En relación a la falta de aplicación o inobservancia del artículo 234 de la CPE, esta norma determina que: “Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: 1. Contar con la nacionalidad boliviana. 2. Ser mayor de edad. 3. Haber cumplido con los deberes militares. 4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. 5. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución. 6. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. 7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país”. De lo señalado se advierte que este precepto legal no fue el sustento jurídico de ninguna determinación del proceso, es más ni siquiera fue mencionada dicha disposición legal ya que no tiene relación con el caso de autos y es más trata de condiciones que debe cumplir una persona para desempañarse como funcionario público.

Respecto a la violación acusada del artículo 1 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, que ésta dispone que: “No están sujetos a las disposiciones de la Ley General del Trabajo ni de este Reglamento, los trabajadores agrícolas, los funcionarios y empleados públicos y del ejército”. Al respecto, la Jurisprudencia emitida por este Supremo Tribunal al resolver casos similares, ha establecido de manera uniforme que no corresponde a los servidores públicos el pago de beneficios sociales, sino solamente la recomendación de cancelar los derechos adquiridos, a fin de no ocasionar mayores perjuicios a sus empleados como acontece en la especie, en ese sentido, la jurisdicción y competencia de esta Judicatura se abre para tutelar los mismos, precautelando, precisamente, el derecho al trabajo.

Por otra parte, se debe precisar que en autos la problemática gira en torno al pago del subsidio de frontera; al respecto, el Decreto Supremo (DS) Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, contempla una serie de normas para racionalizar el sistema salarial en el país, (en base al reordenamiento determinado por el DS Nº 21060 de 29 de agosto de 1985), en su capítulo II, precisamente establece la racionalización salarial, y en su artículo 12, dispone que: “Se sustituyen los bonos de frontera, zona o región, con un (Subsidio de frontera), cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”.

Que, del entendimiento de la norma glosada se infiere que, dicha disposición hace referencia a funcionarios y trabajadores del sector público, indicando que también abarca a las empresas privadas; en este sentido, el término funcionario no sólo se aplica al sector público; sino, hace referencia a empresas privadas, en un sentido genérico, como parte de las actividades dentro del Estado, pues dicho subsidio debe ser pagado a favor de todo trabajador en función de la ubicación geográfica en la que se encuentre -frontera en este caso- por lo que no es evidente lo señalado en el recurso, que este beneficio no ampara a los servidores públicos, como pretende interpretar la entidad recurrente.

Adicionalmente debe tenerse presente que, es deber primordial del Estado proteger los derechos de los trabajadores, en ese sentido la Constitución Política del Estado, en el artículo 48 parágrafo II), dispone: “Las normas laborales se interpretaran y aplicaran bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”, como así también el parágrafo IV, del art. 48 de la Carta Magna, dispone que “Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”. Por ello este Tribunal Supremo de Justicia, no puede desconocer el verdadero sentido y obligación que tiene el Estado, de proteger y defender el capital humano, dado que las normas legales en materia laboral, reconocen derechos de cumplimiento obligatorio, interpretación favorable al trabajador y deben garantizar la acumulación e irrenunciabilidad de los beneficios y derechos de los trabajadores.

Por lo precedentemente detallado y esgrimido del recurso interpuesto, este Alto Tribunal de Justicia concluye, que no siendo evidentes las infracciones aludidas en el recurso, de lo que se concluye que el Auto de Vista se ajusta a las normas legales en vigencia, por lo que, no habiendo incurrido el Tribunal de Alzada, en la vulneración de las normas invocadas, corresponde aplicar el artículo 273 del CPC, con la facultad remisiva del artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I. 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fojas 376 a 377 interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija. Sin costas en aplicación del artículo 39 de la Ley Nº 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.