SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 112/2016.

Sucre, 7 de abril de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.307/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 108 a 109 vta., interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por Olga Duran Uribe y Sandra Argote Céspedes, contra el Auto de Vista Nº 175 de 2 de junio de 2014 de fs. 104 a 105, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del recurso de reclamación instaurado por Carlos Ramírez Irigoyen Martínez, contra el SENASIR, la respuesta de fs. 116, el auto de fs. 122 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite de solicitud de compensación de cotizaciones presentado por Carlos Ramiro Irigoyen Martínez, la Comisión de Calificación de rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 5473 de 11 de junio de 2012 (fs. 37), resolvió otorgar en favor de Carlos Ramiro Irigoyen Martínez, el formulario de compensación de cotizaciones número 11,987, en el cual se considera un monto de compensación de cotizaciones de Bs.3.775.80.-, el que previa aceptación, es válido para la emisión del certificado de compensación de cotizaciones por procedimiento manual.

Ante esta situación, el solicitante planteó recurso de reclamación cursante a fs. 47, que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 00715/13 de 18 de septiembre de 2013 de fs. 71 a 75, confirmando la Resolución Nº 5473, de 11 de junio de 2012, de fs. 37 de obrados.

Resolviendo el recurso de apelación interpuesto por el asegurado a  fs. 88 vta., por Auto de Vista Nº 175, de 2 de junio de 2014, que cursa de fs. 104 a 105 vta., la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, revocó en parte la Resolución Nº 5473 de 11 de junio d 2012 de fs. 51 y la resolución de la Comisión de Reclamación Nº 00715/13 de 18 de septiembre de 2013 y deliberando en el fondo, ordenó al SENASIR,  reconocer al solicitante Carlos Ramiro Irigoyen Martínez, todos sus aportes realizados en el Banco Industrial y Ganadero del Beni S.A., periodos 03/09/1980 a 24/08/1986, quedando firmes y subsistentes los aportes y salarios reconocidos por el SENASIR de las otras empresas.  

Esta resolución originó que las representantes del SENASIR interpongan el recurso de casación en el fondo, señalando en síntesis:

Que el auto de vista impugnado sostuvo que se desconocen los aportes que realizó por los periodos 03/09/1980 a 24/08/1986, del Banco Industrial y Ganadero del Beni S.A., y señalan que se debió reconocer dichos aportes.

Al respecto mencionó que no se consideró lo previsto en el art. 63  de la Ley Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996, además que el SENASIR  constituye el conjunto de seguros de invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales, vigente al 30 de abril de 1997 y que la cotización al tenor del art. 13. f) del CSS, es el aporte a los Regímenes del Seguro Social y de Asignaciones Familiares para la cobertura de las cargas financieras.

Dentro del trámite de compensación de cotizaciones del asegurado, no se reconocen los periodos 09/80 a 08/86, y no se certifica, debido a que el interesado no figura en el estudio matemático actuarial, requisito indispensable a efectos del reconocimiento de aportes, bajo ese contexto, el auto de vista prescinde aplicar la norma legal concreta y no da las razones valederas para ello.

Al respecto, citó los arts. 24. I de la Ley Nº 65 de 10 de diciembre de 2010, referido a la compensación de cotizaciones, 1 del Reglamento Parcial a la Ley Nº 65, 2 de la Resolución Ministerial (RM) Nº 498 de 7 de septiembre de 2005, 1 de la Resolución Administrativa (RA) Nº 0774 de 20 de octubre de 1999, 1 de la R.A. Nº 618 de 6 de noviembre de 2001.

En base a esta normativa, señaló que el tribunal de alzada se excedió en el reconocimiento de antigüedad del asegurado, prescindiendo totalmente del procedimiento establecido, vulnerando también la R.M. Nº 498 y el art. 3 del DS Nº 17083, al pretender su reconocimiento de antigüedad de un asegurado que no figura en los listados de reconocimiento de antigüedad dentro de la documentación del SENASIR correspondiente a los archivos, pues su tratamiento especial impide su certificación supletoria extraordinaria.                    

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:

En el caso de análisis, se visualiza que el representante de la institución recurrente, no está de acuerdo con el fallo del tribunal de segunda instancia, por haber revocado en parte la Resolución Nº 5473 de 11 de junio de 2012 y la Resolución Nº 00715/13 de 18 de septiembre de 2013, ordenando al SENASIR, reconocer a Carlos Ramiro Irigoyen Martínez, todos sus aportes realizados en el Banco Industrial y Ganadero del Beni S.A., periodos 03/09/1980 a 24/08/1986, pues según el ente gestor, no se certificó por dichos periodos porque el interesado no figura en el estudio matemático actuarial. 

Al respecto, el artículo 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente DS, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. Concordante con su artículo 18 que dice: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los arts. 13, 16 y 17 del presente DS…”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el artículo 83 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición (MPCPA), dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales, concordante con la RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005.

Por su parte el art. 23 del Manual Único de Compensación de Cotizaciones, aprobado mediante resolución Administrativa SENASIR Nº 021.07 de 11 de enero de 2007, determina que la densidad de aportes  por procedimiento manual, así como para los procesos semiautomáticos, se realizará en base a la documentación e información que fuera presentada por el afiliado al momento de iniciar su trámite. Así mismo el art. 24, 2 de la citada resolución señala que el SENASIR puede realizar certificación por vía extraordinaria en los trámites de compensación de cotizaciones, por procedimiento Manual, mediante la utilización de los siguientes documentos acreditables que cursan en la  carpeta de tramites del afiliado: 1) Boletas de pago original, 2) Certificado de aportes originales, 3) Calificación de años de servicio, 4) Finiquito original que sea anterior a mayo de 1997, 5) Aviso de alta y baja de los Entes gestores de salud y certificados de trabajo.         

Al respecto, revisados los antecedentes que informan al proceso, se constata que, el asegurado, a momento de presentar su solicitud de compensación de cotizaciones, entre otros documentos adjuntó, a fs. 16 finiquito, a fs. 40, certificado de trabajo y a fs. 82 a 83 certificación en original de aportes, documentos en los cuales se demuestra de forma contundente que el solicitante trabajó en el Banco Industrial y Ganadero del Beni S.A. y aportó para el seguro de vejez a largo plazo durante los periodos extrañados por el SENASIR, documentación que no fue tomada en cuenta por los personeros del ente gestor a momento de emitir sus resoluciones.

En base a estos lineamientos y en virtud a los aludidos documentos, queda comprobado que el asegurado trabajó en los periodos extrañados por el ente gestor, desvirtuando con ello lo afirmado por el SENASIR, que argumenta que el solicitante no figuraba en el estudio matemático actuarial, fundamento que utiliza el SENASIR, para negar lo solicitado por el asegurado, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por el solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el art. 14 del citado DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del MPRCPA, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues solo se evocaron a considerar la documentación que tenía en su poder, vulnerando el mandato del artículo 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), referente a la irrenunciabilidad de los derechos.            

En base a tales antecedentes, corresponde en el caso presente calificar a favor del solicitante los periodos efectivamente trabajados correspondiente a las gestiones que fueron desconocidas por el ente gestor, los cuales han sido reparados de forma acertada por el tribunal de segunda instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del RCSS.

A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria, debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los art. 180. I de la CPE y 30. 11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen como principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

Bajo tales antecedentes, se evidencia en obrados que el tribunal ad quem, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación presentada por el asegurado.

De tal manera, conforme a la normativa precitada y a lo dispuesto en los art. 158 y 162 de la CPE de 1967, vigente al inicio del presente proceso, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios además que se ratifican en los art. 35 I y 45 II y IV, de la actual CPE, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.

Por otra parte, el derecho a la seguridad social y el derecho a la jubilación, están también reconocidos por los Convenios y Tratados Internacionales contenidos en el Convenio Nº 102 de la Organismo Internacional del trabajo (OIT) de 1952, la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25.1) y la Declaración Americana de Derechos y deberes del Hombre (art. XVI), que gozan de proclamación y regulación propia, protegiendo todos, al ser humano de las contingencias propias de la vejez, como base del ejercicio de otros derechos fundamentales como la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, vestimenta y alimentación, que busca cubrir las necesidades básicas del beneficiario de la renta, que es considerado de atención prioritaria para el Estado y en etapa  de vulnerabilidad, aspecto por el cual, la interpretación de la norma aplicable a este sector y la realización de tales derechos, deben tener la prevalencia del derecho sustantivo antes que las formalidades, haciendo de tal manera efectivos los valores, principios y fines del Estado, consagrados en el Capítulo Segundo, Título Primero correspondiente a la primera parte de la CPE.        

Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario, se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el artículo 271. 2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva, contenida en los artículos 633 del RCSS y 15 del MPRCPA, aprobado por Resolución Secretarial (RS) Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los artículos 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 108 a 109 vta., interpuesto por el SENASIR.

Sin costas, en aplicación del artículo 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y artículo 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992. 


Regístrese, notifíquese y devuélvase.