SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 110/2016.

Sucre, 07 de abril de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.305/2015.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 207 a 215, interpuesto por José Raúl Reyes Ríos, contra el Auto de Vista Nº 362/2015 de 30 de julio (fs. 201 a 204 vta.), pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso laboral seguido por el recurrente contra el Colegio Don Bosco, la respuesta de fs. 218 a 220 vta., el auto de fs. 221 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite del proceso social, la Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, de la ciudad de Sucre, emitió el Auto de 10 de octubre de 2014 de fs. 62 a 63 vta. del testimonio, declarando probada la excepción de incompetencia planteada de fs. 50 a 51 de obrados, inhibiéndose del conocimiento de la causa, disponiendo la remisión del proceso al juez competente, con costas.

En grado de apelación formulada por el recurrente (fs. 66 a 71), la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en cumplimiento del Auto Supremo Anulatorio N° 287 de 6 de mayo de 2015 de fs. 126 a 128 de obrados, mediante Auto de Vista Nº 362/2015, (fs. 201 a 204 vta.), confirmó totalmente el Auto de 10 de octubre de 2014, de fs. 62 a 63 del testimonio, con costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 207 a 215, interpuesto por el demandante José Raúl Reyes Ríos, manifestando en síntesis:

En la forma:

Que el tribunal ad quem, en el auto de vista recurrido, no se pronunció ni respondió fundadamente a todos los puntos  apelados, es decir, sobre las pruebas que demuestran la competencia de la Juez de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario, sobre los boletines originales de la comunidad Salesiana que demuestran que el Centro de Comunicación e Informática Educativa en adelante CIED, es propio del Colegio Don Bosco.

Que es violatorio de su derecho a la defensa, que no se hayan agregado al cuaderno procesal de alzada, las pruebas que solícito en el otrosí 2do y 3ro del memorial de apelación, hecho que significa violación al debido proceso y falta de fundamentación, con evidente violación del art. 90  del Código de Procedimiento Civil (CPC), citando al respecto, jurisprudencia contenida en el Auto Supremo (AS) N° 287 de 6 de mayo de 2015, emitido por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera.

Que el tribunal de alzada, se limitó a considerar el borrador del contrato de fs. 3 a 4, sin tomar en cuenta que, las pruebas aportadas, evidencian que dicho contrato no se cumplió, tampoco dice nada sobre la confesión del Director del aludido colegio, quien afirma que el CIED, es del propio colegio, un brazo operativo y técnico, y no una empresa particular o consultora, como se estableció en el auto de vista impugnado.

En el Fondo:

Denunció violación, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Supremo (DS) N° 28899 de 1 de mayo de 2006 y 46 y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), al desconocer la competencia de la autoridad para conocer y resolver su demanda, puesto que, de acuerdo a las pruebas aportadas, evidencian la existencia de la relación laboral, ya que prestó sus servicios intelectuales al colegio Don Bosco, con las características esenciales previstas en el art. 2 del DS citado, que no se tomó en cuenta el principio protector relacionado a la regla in dubio pro operario y la condición más beneficiosa, ya que la entidad educativa, pretende soslayar su responsabilidad del pago de sus beneficios sociales aduciendo que la relación entre partes, fue de carácter civil.

Que el auto de vista, violó los arts. 397 del CPC y 1286 del Código Civil (CC), por cuanto en la apreciación de las pruebas se incurrió en error de derecho y error de hecho, evidenciados por documentos y actos auténticos los cuales demuestran la equivocación manifiesta del juzgador.

En este sentido señaló que, se otorgó indebidamente validez de contrato civil a un documento que nunca se aplicó y tampoco nació a la vida jurídica, que se consideró erróneamente que el Centro Salesiano de Comunicación e Informática Educativa, era una empresa consultora privada con personalidad jurídica propia e independiente del Colegio Don Bosco, y que se pretende desconocer erróneamente la relación laboral existente, extremos que no son ciertos como se demostró en la prueba adjunta.

Concluyó solicitando anular o en su defecto casar el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo, declarar improbada la excepción de incompetencia, disponiendo la prosecución del proceso.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso corresponde su análisis y consideración, de donde se tiene lo siguiente:

1.- Resolviendo en recurso de casación en la forma, donde la parte recurrente denuncia que el tribunal ad quem, no se habría pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas y reclamadas en los tribunales inferiores, es decir, sobre todos los puntos apelados, ni sobre las pruebas que demuestran la competencia de la juez a quo.

Al respecto, revisado el contenido textual del auto de vista recurrido, se evidencia que el tribunal de segunda instancia, circunscribió su fallo a lo previsto en el art. 236 del CPC, pues la parte recurrente manifiesta que el aludido tribunal no se habría pronunciado sobre todos los puntos y sobre las pruebas, sin especificar a qué puntos o a que pruebas se  refiere, haciéndolo de manera general, motivo por el cual, no procede la nulidad de obrados solicitada por el recurrente.

Por lo que, en base a las consideraciones arriba expuestas corresponde dejar claramente establecido que al tenor de la exigencia inserta en el art. 251, concordante con el art. 254 del CPC y conforme la uniforme jurisprudencia emitida por esta Corte Suprema y el actual Tribunal Supremo de Justicia, se tiene que a efectos de la aplicación del instituto de la nulidad, convergen varios principios, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante; motivos por los cuales, no resultan evidentes las alegaciones acusadas por la parte recurrente.

Resolviendo el recurso de casación en el fondo, en el que la parte recurrente, cuestiona el fallo del tribunal de apelación, por haber confirmado el auto de 10 de octubre de 2014, cursante de fs. 62 a 63, emitido por la juez a quo, que declaró probada la excepción de incompetencia, planteada a fs. 50 y 51 de obrados, inhibiéndose del conocimiento de la causa, motivo por el que denunció la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 2 al 6 del DS N° 28699, 46 y 48 de la CPE, 397 de CPC y 1286 de CC.

Al respecto, sobre la normativa descrita precedentemente, se aclara que, las mismas no sirvieron como fundamento o base del fallo de segunda instancia, por lo tanto no pudieron ser violadas, mal aplicadas e interpretadas erróneamente, por lo que no se ingresa en mayores detalles, sobre este punto.

Ahora bien, ingresando al fondo del tema, realizado el análisis de antecedentes, se evidencia que, el actor, mediante memorial de fs. 20 a 21, inicia la demanda de pago de beneficios sociales, contra el Colegio Salesiano “Don Bosco”, de la ciudad de Sucre.

Ante esta circunstancia, la institución educativa demandada, a través de su representante legal de fs. 52 a 53, opone excepción de incompetencia, resuelta mediante Auto de 10 de octubre de 2014 de fs. 62 a 63 de obrados, que declaró probada dicha excepción, fallo que fue apelado por el actor mediante memorial de fs. 66 a 71 y que fue confirmado por el tribunal ad quem, mediante Auto de Vista N° 362/2011, hecho que motivó el recurso de casación objeto de examen.

Al respecto, en el caso presente se advierte que se habría demandado el pago de beneficios sociales y derechos adquiridos consignados en la demanda, donde el actor manifiesta que ingresó a trabajar como Diseñador, Proyectista y Director del Proyecto de Tecnología e Informática Educativa (CIED), del Colegio Don Bosco, desde el 1 de febrero de 2009, hasta el 31 de diciembre de 2013, fecha en que habría terminado su relación laboral por despido forzoso, intempestivo y sin justificación, motivo por el cual reclama el pago de desahucio, indemnización, aguinaldos, vacaciones primas y bono de antigüedad, considerando para ello respecto de los primeros, es decir, sobre el pago de beneficios sociales, que el actor fue contratado cuando se encontraba sometido a las previsiones de la Ley General del Trabajo (LGT) y respecto de los últimos, o sea sobre derechos adquiridos, porque son derechos sociales adquiridos irrenunciables conforme prevé el art. 48.II de la CPE y 4 de la LGT.     

Estos aspectos a “prima facie” no pueden ser admitidos o desvirtuados por el a quo, pues existen cuestiones de hecho que deben ser dilucidadas en el transcurso del proceso para que en sentencia se reconozca o se niegue el pago de los mismos, según se acrediten mediante pruebas que demuestren o desvirtúen los derechos reclamados por el actor, pero de ninguna manera la juez de la causa puede negar su competencia amparada en los arts. 152 de la Ley de Órgano Judicial (LOJ) Nº 025 de 24 de junio de 2010 y 47 del Código Procesal del Trabajo (CPT), por la presunta inexistencia de una relación laboral entre el actor y la institución demandada, porque supuestamente no se cumplieron con las características de dependencia, subordinación y exclusividad, y por ende la inexistencia de los derechos demandados, que todavía al inicio del proceso no están acreditados o desvirtuados y con mayor razón si el actor pretende entre otros, derechos sociales que son tutelados por la Ley General del Trabajo.

Por ello se establece que no fue acertada la decisión del tribunal de alzada al confirmar totalmente el Auto de 10 de octubre de 2014, pronunciado por la Juez de Partido Tercero del Trabajo y Seguridad Social cursante  de fs. 62 a 63 de obrados.

Por lo que en el caso presente, este extremo debe ser enmendado, por lo que la Juez de primera instancia debe admitir y tramitar la presente demanda, de acuerdo a lo previsto en el art. 43 del CPT, en relación al art. 4 del mismo cuerpo legal, concordante con el art. 73. 4 de la LOJ, porque de los datos del proceso, se advierte que existe materia justiciable en esta vía, que deberá ser determinada conforme a los datos del proceso por la juez a quo, otorgando o negando los mismos, es decir, declarando probada o improbada parcial o totalmente la demanda, pero con plena competencia, porque de lo contrario se estaría causando indefensión al actor.       

Por lo que en ese marco legal, se concluye que el auto de vista no se ajusta a las normas legales en vigencia, correspondiendo resolver conforme prevén los arts. 271.4) y 274 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPTrabajo.   

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, CASA el auto de vista recurrido, y deliberando en el fondo, dispone que la juez asuma competencia en la presente causa e imprima el trámite legal correspondiente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.