SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo N° 98/2016.

Sucre, 07 de abril de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.291/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 132 a 133 vta., interpuesto por Isabel Bravo Vda. De Mercado representada por Daniel Robles Prado, contra el Auto de Vista N° 320 de 17 de diciembre de 2014 de fs. 123 a 124, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral seguido por Paula Jurkevicius Molina, contra la empresa “Chily Bravo Tortas”, representada por Isabel Bravo Vda. de Mercado, la respuesta cursante de fs. 136 y vta., el auto de fs. 137 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Tercero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia N° 12 de 18 de marzo de 2014, de fs. 107 a 109 vta., declarando probada en parte la excepción perentoria de pago documentado y probado en parte la demanda cursante de fs. 5 a 6 sin costas, ordenando a la empresa Chily Bravo Tortas representada por Daniel Robles Prado, cancelar a favor de la actora la suma de Bs. 17.691,44 (diecisiete mil seiscientos noventa y uno 44/100), por concepto de desahucio, indemnización, vacación, aguinaldo y trapajo en días domingos, incluyendo la multa del 30% por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, y probada la excepción perentoria de pago documentado en parte en relación al pago de los beneficios sociales, conforme se evidencia a fs. 3 en el monto de Bs.16.791,67.-(Dieciséis mil setecientos noventa y uno 67/100 bolivianos).

En grado de apelación formulada por Isabel Bravo Vda. de Mercado, mediante memorial de fs. 111 a 112 de obrados, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 320 confirmó en todas sus partes la Sentencia N°12.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 132 a 133, interpuesto por Isabel Bravo Vda. de Mercado representada por Daniel Robles Prado, señalando en síntesis:

Denuncia, que el tribunal ad quem al emitir el auto de vista, violó, conculco, aplicó falsa y erróneamente la Constitución Política del Estado (CPE) y leyes que citan en el reverso por lo que la empresa a través de su mandante, pagó todos los beneficios sociales que le correspondían a la actora no adeudando saldo alguno por este concepto, por la relación jurídica laboral que presto la demandante en la avenida tres pasos al frente como encargada del punto de venta, confirmando el auto de vista la injusta sentencia que condena el pago del desahucio como si hubiera despido forzoso a la actora.

Agrega que el tribunal ad quem en el auto de vista condena a su mandante al pago del desahucio y multa del 30% en conformidad al art. 9 del DS 28699 desconociendo los pagos liquidados oportunamente, ante su retiro voluntario, fs. 2 a 4 de obrados.

También denuncia que la actora ocupa "un puesto de confianza, aspecto reconocido en su confesión espontanea, el auto de vista confirma la sentencia que condena su mandante al pago dominical cuando este es incluido dentro del sueldo mensual que percibía la actora por su labor de confianza y tampoco se produjo prueba alguna ni fue punto de controversia que la demandante hubiese trabajado en días domingos.

Prosigue señalando .que al amparo art. 1 del Reglamento de Ley de 21 de diciembre de 1948. D.S. 1592 de fecha 19 de abril de 1949, en el que se considera retiro voluntario el que tiene lugar cuando el trabajador notifica al empleador verbalmente o por escrito la rescisión del contrato individual de trabajo, por lo que de fs. 2 a 4 se demostró de manera clara que el retiro de la actora es voluntario, al momento de aceptar con su firma la liquidación y pago de sus beneficios sociales, por lo que acusó una violación, conculcación y agravio a la norma citada precedentemente.

Acusó también la aplicación forzosa que realizó el tribunal ad quem, hiso al confirmar la sentencia de fs. 107 a 109, que impone el pago del 30% de acuerdo al art. 9 del DS 28699, cuando del finiquito de pago de beneficios sociales se evidencia la conformidad de la demandante.

Concluyó: “...solicitando en última instancia, a la Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo, se dicte auto supremo casando el auto de vista, y se REVOQUE la sentencia de fs. 107 a 109, con la imposición de costas y multas al tribunal ad quem”.

CONSIDERANDO II: Queden mérito a los antecedentes del memorial del recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 132 a 133 vta., de obrados, formulado por Isabel Bravo Vda., de Mercado representada por Daniel Robles Prado, corresponde realizar las siguientes consideraciones:

En principio, es preciso señalar que el recurso de casación se equipara a una nueva demanda de puro derecho, que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 del Código de

Procedimiento Civil (CPC), debiendo realizar una fundamentación por separado de manera precisa, clara y concreta las causas que motivan la casación, ya sea en la forma, en el fondo o en ambos, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino demostrar conforme señala la ley en qué consiste la infracción que se acusa y es reclamada por la parte perjudicada que pretende a través de esta nueva demanda se reponga su derecho.

En ese contexto, debe tenerse en cuenta que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista, cuando los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir las resoluciones hubiesen incurrido en errores “in judicando”, agravios que imperativamente deberán ser exteriorizados a través de los tres presupuestos contenidos en el art. 253 del CPC; vale decir, cuando se acredite: "que la resolución objeto del recurso hubiera sido emitida en virtud a una errónea interpretación o aplicación indebida de una ley" o "cuando la referida resolución contuviere disposiciones contradictorias", y finalmente, cuando se demuestre: "que en la valoración de las pruebas se hubiere incurrido error de derecho o derecho, aclarando que este último debe ser evidenciado por otros documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador".

En cambio; el recurso de casación en la forma, procede cuando el juez o tribunal de alzada hubiesen incurrido en violación de las formas esenciales del proceso, previstas en cualquiera de los incisos del art. 254 del CPC que se trasuntan en errores procedimentales o error “in procedendo”, debiendo el recurrente realizar la debida fundamentación, precisando de manera clara y suficiente los agravios que den lugar a la nulidad de obrados que en el caso de análisis, el recurrente no cita en cuál de los incisos de la norma adjetiva señalada funda su agravio, para la nulidad impetrada: además el recurrente debía observar la importancia que tiene el cumplimiento de los requisitos descritos en el art. 258. 2. del CPC. relativos a la cita clara, concreta y precisa de la ley o leyes violadas o aplicadas erróneamente o del error de derecho o hecho en la apreciación de las pruebas, con la conclusión de un petitorio claro congruente con lo pedido en el recurso y a las normativas acusadas como transgredidas, por cuanto el legislador cuida que el recurso cumpla su finalidad de abrir la competencia del tribunal de casación y que éste no incurra en arbitrariedad alguna.

En esa línea, es preciso aclarar que para la eficacia del recurso de casación en el fondo, como en la forma, es suficiente la acreditación de uno de dichos presupuestos y no necesariamente de todos, porque al evidenciar dicho error in judicando o in procedendo en cualquiera de sus variantes, se abre la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para ingresar a considerar y resolver el mismo, disponiendo lo que en derecho corresponda en cualquiera de las formas o en ambas.

Ahora bien, aclarado como se tiene en qué consiste y cuál la finalidad del recurso de casación en la forma y en el fondo corresponde puntualizar que en el caso de autos, si bien el recurrente planteó recurso de casación en el fondo y forma, en consecuencia, correspondía realizar una fundamentación por separado, en cumplimiento a las normas adjetivas señaladas supra, señalando cuales fueron las vulneraciones en que incurrió el tribunal de alzada. Sin embargo, el recurrente no observó en absoluto las normas legales que describen claramente cuándo y cómo procede el recurso de casación en ambos casos; dicha inobservancia por supuesto, conlleva a la falta de fundamentación en el fondo que consiste en señalar de manera clara, precisa y concreta, describiendo cuales son las normas violadas, indebidamente aplicadas o erróneamente interpretadas, o si se incurrió en error de hecho o de derecho y en la forma, referir de qué manera se incurrió en vulneración de las formas esenciales del proceso, que acarrean la nulidad de obrados y además que derechos se han vulnerado con dichos actos, el recurrente simplemente se limitó a realizar un relato, haciendo una relación de los hechos intrascendenteA que ya fueron considerados y resueltos. Confundiendo términos que corresponden a la forma y al fondo del recurso, lo cual demuestra el desconocimiento total de la técnica legal recursiva, prevista en el código ritual de la materia, aspectos que impiden a este Tribunal Casación abrir su competencia para resolver el fondo del litigio siendo por tanto aplicables los arts. 271.1. y 272.2. ambos del por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1. de la Constitución Política del Estado y 42.I.1. de la Ley N° 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 132 a 133 vta., interpuesto por Isabel Bravo Vda. De Mercado representada por Daniel Robles Prado. Con costas.

Se regula el honorario profesional por haber contestado el recurso, en la suma de Bs.500.-(quinientos 00/100 bolivianos), que mandara hacer efectivo el tribunal ad quem.


Regístrese. notifíquese v devuélvase.