SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 94/2016.

Sucre, 7 de abril de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.287/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación parcial de fs. 81 a 83 vta., interpuesto por el Restaurante de Comida Rápida “XISS”, representado por Mario Fernando Cortez Baptista, contra el Auto de Vista Nº 248/2014 de 29 de octubre (fs. 76 a 78), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social seguido por Rita Marisol Rodríguez Pinto, contra el Restaurante Comida Rápida “XISS”, el auto de fs. 86 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia de 23 de febrero de 2012 (fs. 57 a 59 vta.), declarando probada en parte la demanda de fs. 6 a 7, disponiendo que la parte demandada, a través de su personero legal, pague a favor de la actora la suma de Bs. 7.124.73.-, por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo y salarios devengados, más la actualización y multa prevista por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.  

En grado de apelación, interpuesta por la parte demandada (fs. 61 a 62 vta.), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 248/2014, confirmó la sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

Que, contra el referido auto de vista, el representante legal del Restaurante de Comida Rápida “XISS”, interpuso recurso de casación, manifestando en síntesis:

Que, el tribunal de alzada, al otorgar derechos sociales a la actora, no consideró lo previsto en el art. 151 del Código Procesal del Trabajo (CPT), puesto que en el caso presente, no existe norma legal o resolución que establezca que las planillas como medio deben estar firmadas por el trabajador, estableciéndose que el aludido tribunal, no consideró la norma descrita, citando también el art. 159 del mismo cuerpo legal que considera a los documentos, entre ellos las planillas, por lo que el criterio del tribunal ad quem, en sentido de que estos documentos tampoco se encontraban visados por el Ministerio de Trabajo, vulneran las normas descritas, toda vez que las mismas no fueron cuestionadas, por consiguiente, las planillas de pago adjuntas, constituyen un documento idóneo para certificar el salario mensual y el tiempo de servicios, citando al respecto lo previsto en el art. 1 de la Resolución Ministerial (RM) Nº 448/08 de 29 de julio de 2008, señalando también jurisprudencia contenida en el Auto Supremo Nº 88/2014 de 26 de junio.

En merito a la jurisprudencia descrita, sostuvo que la actora, trabajó como auxiliar de cocina, desde el 18 de julio de 2010, es decir 13 días del mes de julio y 14 días el mes de agosto de 2010, o sea 27 días, y no así 3 meses y 9 días, como se sostuvo en sentencia, prueba que debió ser considerada por cumplir con las exigencias previstas en los arts. 159 y 161 del CPT.

Que el tribunal de apelación, sostuvo que la prueba testifical del contador y la confesión provocada no son suficientes, refiriendo a que la juez a quo valoró correctamente las pruebas producidas por las partes, por lo que corresponde el pago de los beneficios sociales a favor de la actora.

Al respecto, sostuvo que no se puede dejar de considerar la declaración testifical del contador, quien manifestó que en la elaboración de las planillas, se puede demostrar que la actora, únicamente trabajó 27 días, cumpliendo con el principio de la inversión de la prueba, la cual no fue valorada por el juzgador, por lo que el tribunal ad quem, incurrió en error de hecho y de derecho, en lo que se refiere a la apreciación de las pruebas, por lo que a la actora no le corresponde el pago de indemnización por el tiempo de servicios, desahucio, aguinaldo y otros, conforme se establece en el art. 3 de la RM Nº 447 de 8 de julio de 2009, referente a la aplicación del art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 de su Reglamento, citando también lo previsto en el art. 2 del DS Nº “110” (sic), (lo correcto es DS Nº 0110 de 1 de mayo de 2009).

En cuanto al pago de duodécimas de doble aguinaldo, no corresponde,  por no haber cumplido tres meses de trabajo, señalando al respecto, lo previsto en el art. 2 del DS Nº 2317 de 29 de diciembre de 1950.

Por otra parte citó los arts. 255.1), referente a las resoluciones contra las cuales procede el recurso de casación y el 274, relativo al recurso de casación, ambos del Código de Procedimiento Civil (CPC), aduciendo que se vulneró el principio de congruencia, por haber omitido observar este principio, no obstante de haber cumplido el requisito de la motivación en sus decisiones, ya que en el caso que nos ocupa, claramente se demuestra que no se valoró la prueba de manera objetiva en su conjunto, por consiguiente se ha otorgado un beneficio “ultra petita”, que vulnera el principio citado, ya que las pretensiones deducidas y debatidas, han merecido una resolución contradictoria, lo que manifiesta la falta de congruencia, conforme se tiene previsto en el art. 253.3) del CPC.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo solicitó se declare improcedente el pago de indemnización por tiempo de servicios, desahucio y otros a favor de la actora, por no corresponder en derecho.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, corresponde su análisis, de donde se establece lo siguiente:

En el caso objeto de examen, la controversia traída a colación, versa principalmente en determinar si corresponde o no reconocer a favor de la actora el pago de los derechos y beneficios sociales demandados, concedidos en sentencia y confirmados por el tribunal de segunda instancia en el auto de vista recurrido, fallo con el que la parte recurrente no condice, argumentando que no corresponde el pago por los conceptos descritos en sentencia, toda vez que la demandante solamente trabajó 27 días, porque para tener el beneficio de desahucio e indemnización, el trabajador debe cumplir 90 días de trabajo continuo.

Al respecto, revisados los antecedentes procesales, la actora manifiesta en su demanda que ingresó a trabajar en el Restaurante de Comida Rápida “XISS”, percibiendo un salario mensual de Bs. 1000.-, desde 8 de mayo de 2010, hasta el 27 de agosto de 2010,  fecha en que fue despedida sin causa justificada, por el solo hecho de exigir el pago de sus salarios devengados de más de tres meses, hecho que motivo a instaurar la presente demanda solicitando el pago de sus beneficios sociales y salarios devengados, extremos que no fueron desvirtuados por la parte empleadora como era su obligación, pese a que de acuerdo a los artículos 3.h), 66 y 150 del CPT, referidos al principio de la inversión de la prueba, que determinan que en materia social la carga de la prueba corresponde al empleador, incumpliendo la parte demandada con estos preceptos; puesto que, para privar a los trabajadores de los beneficios sociales que reconocen las leyes, debe existir prueba suficiente que permita al juzgador formar claro y amplio criterio sobre las causales de retiro en que hubiese incurrido el trabajador, porque las pruebas referentes a las planillas de pago de sueldos del mes de julio y agosto de 2010 de fs. 15 a 16, en las que se encuentra consignado el nombre de la trabajadora Rita Marisol Rodríguez Pinto, con las que la parte recurrente pretende justificar que la actora solamente trabajó 27 días y no así 3 meses y nueves días, no se encuentran firmadas por los trabajadores, puesto que cuando a uno le cancelan su salario por planillas tiene que ir estampada la firma de todos los empleados, requisito que se extraña en dichos documentos, pues para que tengan valor legal se debe cumplir con lo previsto en el art. 162 del CPT que prevé: “Los documentos no firmados sólo tendrán valor si son reconocidos expresamente por la parte a quien se atribuyen…”, extremo que no sucedió en el caso de autos, ya que la demandante, en ningún momento reconoció como válidas tales pruebas; de otro lado, en cuanto a la declaración testifical de descargo de Alberto Torres Rojas, en su condición de contador de la parte demandada, el art. 169 del CPT señala: “Hacen fe probatoria las declaraciones de dos o más testigos que concuerden en personas, cosas, hechos, tiempos y lugares”, (el resaltado es de nuestra autoría), presupuesto procesal que no fue cumplido por la parte demandada, porque la declaración de un sólo testigo, como sucedió en el caso presente, no tiene el valor legal probatorio que le asigna la norma descrita; en síntesis, estos hechos desvirtúan lo alegado por la parte recurrente, de donde se deduce que la trabajadora prestó sus servicios en el Restaurante de Comida Rápida “XISS” por el tiempo de tres meses y nueve días como determinaron los juzgadores de instancia, por lo que corresponde el pago por concepto de indemnización conforme determina el art. 2 del DS Nº 0110 de 1 de mayo de 2009.    

En cuanto al pago de duodécimas de aguinaldo, que según la parte recurrente no correspondería, al respecto, cabe manifestar que al haberse establecido que la trabajadora desempeño sus funcione por un tiempo de 3 meses y 9 días, corresponde el pago de duodécimas de aguinaldo doble por su incumplimiento, conforme determina el art. 2 del DS Nº 2317 de 29 de diciembre de 1950, concordante con los arts. 1 y 2 de la Ley de 18 de diciembre de 1944.

Por último, referente a la violación al principio de congruencia por parte de los juzgadores de instancia, en primer lugar cabe manifestar que, este aspecto debió ser reclamado en el recurso de casación en la forma y no en el fondo como erradamente pretende la parte recurrente, en segundo lugar, analizado los antecedentes procesales, se evidencia que este hecho no fue expresado como agravio en el recurso de apelación de fs. 61 a 62, interpuesto por la parte demandada, activándose en consecuencia, el principio de preclusión previsto en los art. 3. e) y 57 del CPT, no siendo por tanto evidente la violación al citado principio.

En base a los antecedentes descritos, se llega a la convicción de que, a la actora le corresponde el pago de los derechos y beneficios sociales, como acertadamente determinaron en sus fallos los de instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba conforme prescriben los arts. 3 j) y 158 del CPT, toda vez que los derechos reconocidos a favor de las trabajadoras y los trabajadores son irrenunciables conforme determina el artículo 48.III, concordante con el artículo 4 de la LGT.

Que, en ese marco legal, se concluye, que el auto de vista recurrido, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación de norma legal alguna, por consiguiente, corresponde resolver en la forma prevista por los artículos 271. 2) y 273 del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los artículos 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 81 a 83 vta. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.